El dictador Jorge Rafael Videla recibió 50 años de
prisión. Las penas fueron bajando hasta los cinco años que recibió la
apropiadora de Francisco Madariaga. El tribunal dio por probado el plan
sistemático y los secuestros de los niños aún no encontrados.
Por Alejandra Dandan
El
Tribunal dijo que los represores robaron los niños en “el marco de un
plan general de aniquilación sobre parte de la población civil”.
Imagen: Pablo Piovano.
Y el día llegó. La Justicia dio por probado que la existencia de una
“práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y
ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de
aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el
argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo
de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”.
Esa definición, pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes
que no lo había dado por probado, reclamada durante más de 36 años por
las Abuelas de Plaza de Mayo y por los nietos identificados, la dijo
ayer la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen
Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de bebés. El dictador
Jorge Rafael Videla recibió la pena histórica de 50 años de prisión, que
se da por primera vez, por haber organizado esa práctica. El tribunal
condenó además a otros ocho represores, entre ellos a Reynaldo Bignone,
Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta.
Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún
están desaparecidos, es decir, dieron por probados sus secuestros y
entendieron que el delito continúa. También impulsaron una investigación
sobre el emblemático vicario castrense Emilio Graselli y dispusieron la
rectificación de las partidas de nacimiento. “Es un día memorable para
la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país
donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos
haciendo entre todos”, señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo.
La sala de los tribunales de Retiro estaba en silencio. Frente a la
línea de acusados, el blazer azul de Videla, el poncho de Bignone, la
chalina de Riveros, se ubicó a las 18.18 Roqueta, seguida por los jueces
Julio Luis Panela, Domingo Altieri y Pedro García de la Torre. Roqueta
leyó poco después el artículo en el que por primera vez aparece definido
legalmente el robo de niños como sistema. La sala escuchó. Luego leyó
el nombre de Videla, los nombres de sus víctimas y llegó a la condena.
Cuando leyó el monto de la pena, los 50 años pedidos por todas las
querellas y la fiscalía de Martín Niklison, un número que pareció en
ciertas ocasiones imposible, ahí, sí, se escuchó un suspiro colectivo en
forma de alivio.
“Tengo una mezcla de sensaciones”, dijo Estela de Carlotto,
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo apenas se levantó de la sala.
“Porque por un lado celebro la condena de 50 años para Videla, lo cual
se da por primera vez, y está el reconocimiento explícito y claro de la
Justicia de que hubo un robo sistemático de niños y se condena al
responsable emblemático. Pero por otro, las demás penas fueron más
livianas de lo que esperábamos, aunque los abogados tienen su
explicación, todavía podremos verlas.”
Estela se sentó al lado de Francisco Madariaga, que llevó a juicio a
sus apropiadores Víctor Gallo y Susana Colombo. Detrás estaba Abel
Madariaga, su padre, el único padre sobreviviente de los 35 casos
revisados durante el juicio. Atrás y adelante estaban Elsa Pavón con su
nieta Paula Logares; Macarena Gelman, María Victoria Montenegro, Rosa
Roisinblit con su nieto Guillermo y Sara Méndez –la única de esas madres
que sobrevivió– pegada a su hijo Simón, ahora recuperado.
“Yo lloré como una desgraciada, para serte sincera, porque fue la
primera vez que escuché que existía el nombre de mi hermana”, dijo, como
pudo, Adriana Moyano, la tía de Victoria Moyano Artigas, apenas se paró
de su silla. “Treinta y cinco años para ver la cara de los que vieron
nacer y sostuvieron a nuestro sobrina”, replicó al lado, Elsa Poblete.
“Magnacco estaba ahí –dijo–: agarrando a mi sobrina.”
El punto más importante de la sentencia sin duda fue la definición
del robo de niños. En una fórmula compacta, precisa y muy cuidada, el
tribunal desplegó lo que no estaba dicho hasta ahora y a partir de ahora
repetirá la Justicia. Después de leer una serie de nulidades, Roqueta
pronunció el punto ocho de su sentencia: “No hacer lugar a los planteos
de prescripción penal interpuestos por las defensas –dijo y siguió– por
tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados
mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción,
retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta,
alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro,
cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan
general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil
con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del
terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura
militar, artículo 118 de la Constitución”.
No dijo “plan”, pero dijo “práctica sistemática”, tal como lo habían
sostenido la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía. Esa
decisión había quedado pendiente desde el Juicio a las Juntas, en el que
se absolvió a Videla por cinco de los seis casos que llegaron a juicio.
Allí se consideró que ese práctica sistemática no existía y que las
apropiaciones eran casos “aislados”.
Las penas
Al lado de Videla, el que recibió la segunda pena más alta fue el
marino Antonio Vañek, condenado a 40 años de prisión como responsable de
la Armada. El resto de las penas fueron más bajas de lo que se había
pedido. Sin embargo, entre ellas, hubo una escala más alta para los
lugares de mando, los llamados “instrumentadores” del plan: entre ellos,
Acosta por la ESMA, condenado a 30 años de prisión y Riveros por Campo
de Mayo, condenado a 20 pero juzgado sólo por dos casos.
Bignone recibió una pena de 15 años de prisión, menos de los 50 que
pidió la fiscalía. Llegó a juicio por su participación en la última
junta de comandantes, como Rubén Franco. Los dos estaban acusados por la
firma de dos resoluciones: la de la autoamnistía y la que declaró la
muerte de los desaparecidos, es decir también de los niños. Las
querellas se esforzaron en mostrar, durante el debate, el documento con
el peso y los efectos de cualquier otro acontecimiento jurídico y penal.
Por alguna razón que anoche aún no se conocía, el tribunal condenó a
Bignone pero absolvió a Franco.
Entre los autores directos –los responsables de haberse quedado con
los niños– se hallaron las penas más bajas. Víctor Gallo y su ex mujer
Susana Colombo, acusados por la apropiación de Francisco Madariaga,
recibieron 15 y 5 años de prisión. Francisco lloró cuando Roqueta leyó
la condena a Gallo, y luego volvió a hacerlo cuando pronunció la de
Colombo. La pena para Gallo fue más baja que la que este Tribunal le
había puesto a Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval (que
fue de 16 años) y la pena sobre Colombo fue la mínima, un dato que
permite entender que los jueces tomaron aquello que ella argumentó
durante el juicio: que su silencio fue producto de la violencia de
género.
El tribunal anunció que dará a conocer los fundamentos de la
sentencia el 17 de septiembre. Allí habrá otros elementos para analizar.
La condena a Videla es una de ellas, de la lectura de ayer se
desprendieron datos importantes para esta y otras causas. Uno de ellos
es que la acusación incluyó el caso de Macarena Gelman, que nació en
territorio uruguayo. La decisión es importante porque pese a que hay
antecedentes en el fallo de Orletti y de Arancibia Clavel, las defensas
alegaban que no podía incluirse porque la causa específica del Plan
Cóndor todavía no tiene sentencia.
El otro dato, más fino jurídicamente, es que la acusación incluyó a
niños que aún están desaparecidos, entre ellos el hijo de Laura Carlotto
y nieto de la presidenta de Abuelas, y a Clara Anahí Mariani, la nieta
de Chicha Mariani. Para los abogados aparece una revisión de cosas que
dejó escrita la Cámara Federal en la causa 13 de 1985. Al descartar los
casos que habían llegado a juicio porque los niños no estaban, entendió
que no había delito. “La defensa había usado esos argumentos: dijo que
no se sabe si están vivos y tampoco está probado que estén apropiados,
por eso una definición sobre eso a nivel jurídico y simbólico es muy
importante”, había dicho un día antes a Página/12 Alan Iud, del equipo
jurídico de Abuelas.
A la noche, los ocupantes de la sala donde se habían realizado las
audiencias durante un año y medio se retiraban. Estela de Carlotto se
chocaba con Mirta Guarino, que llegaba de afuera. A Victoria Montenegro
la agarraban las Abuelas de las filas de adelante. Taty Almeida, de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se emocionaba con el juicio
justo, legal, “jamás por mano propia”. En ese momento pasó Elsa Pavón
por la puerta de la sala. Chiquitita, abajo de la campera, como pudo
levantó el dedo pulgar de la mano derecha y así dejó la sala. “Tuvieron
un juicio justo en plena luz del día –dijo– y con toda la justicia y la
ley que no tuvieron los nuestros.”
En los pasillos estaban todos. No se escuchó el Himno Nacional que
los familiares de los represores suelen ponerse a cantar en los finales
de los juicios como si fuese el escudo desde donde batallar. La Cámara
de Casación habilitó una sala para ellos y siguieron la sentencia a
través de una pantalla. Afuera se amontonaban las abuelas. Una de ellas
le dijo a otra: “Misión cumplida”. Era Jorgelina Azzarri de Pereyra, la
madre de Liliana Pereyra, una de las mujeres cuya historia y tránsito
por la maternidad clandestina se escuchó en las audiencias. Una mujer
que, además, encontró a su nieto hace cuatro años, pero él aún vive con
otra identidad. “¿Por qué misión cumplida? Por los años de lucha, de
pedir, de elaborar, a medida que pasan los juicios, los hijos y los
nietos van logrando esto que es pedir justicia.”
Afuera de los tribunales, con la noche cerrada y el frío, los
organismos de derechos humanos estaban acompañados por jóvenes de
agrupaciones políticas y sociales. Cuando los vio, más temprano, Isabel
Fernández Blanco, una de las sobrevivientes, decía: “¡Ya no estamos
solos!”.
Fuente: Página/12
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