LA ADMISION DE LOS REPRESORES >DEBATE
POR LOS ACUSADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD QUE QUIEREN ENTRAR EN UBA XXII
En la Universidad de
Buenos Aires, en estas últimas semanas, asistimos a un debate de especial
interés, no solo para quienes trabajamos y/o estudiamos en ella, sino para el
conjunto de la sociedad, que con su esfuerzo la sostiene. Se trata de la
cuestión sobre si la universidad pública debe o no hacer lugar a la solicitud
de ingreso a sus aulas de (por el momento) tres miembros de la última dictadura
cívico-militar.
En la Facultad de
Filosofía y Letras nos hemos expresado contundentemente por la negativa a
través de una resolución unánime del Consejo Directivo, luego de un profundo
debate en el que participaron distintos organismos de derechos humanos. En el
Consejo Superior de la Universidad, el tema sigue pendiente, aunque una
comisión de notables creada para asesorar a sus miembros, e integrada por el
ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni y los profesores
Raúl Gustavo Ferreyra (Facultad de Derecho); la diputada Adriana Puiggrós y
José Schulman (profesores de Filosofía y Letras); Osvaldo Varela y Alfredo
Sarmiento (Psicología) ha vertido su dictamen en sintonía con lo resuelto por
nuestra facultad y también por la Facultad de Ciencias Sociales.
Entre los argumentos
esgrimidos por esta comisión, me permito señalar el siguiente: “La
particularidad del caso es que quienes aspiran a incorporarse a su comunidad
universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la
tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos
delitos de los que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad
universitaria, es decir, una tesis negacionista de los delitos que han
victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que
pretenden incorporarse”. Un argumento contundente, ya que ninguna comunidad
puede ser obligada a incorporar a quienes han procurado en forma directa o
indirecta atentar contra sus propios integrantes. Me permito recordar que la
Facultad de Filosofía y Letras guarda la memoria de sus 423 estudiantes,
docentes y administrativos asesinados y/o desaparecidos durante aquella
dictadura genocida.
Algunas expresiones
vienen sosteniendo que el Estado democrático debe amparar el derecho a estudiar
de cualquier ciudadano y en particular aquellos en situación de encierro,
cuestión que comparto plenamente. Sin embargo, la universidad, tal vez más que ninguna
otra institución pública, debe reconocer junto al conjunto de la sociedad y su
Poder Judicial que hay una distancia inconmensurable entre un delito común y el
genocidio y el terrorismo de Estado, cuya modalidad, tal como lo viene
demostrando la Justicia, radica precisamente en la apropiación del aparato de
Estado para perseguir, asesinar, torturar, secuestrar, desaparecer ciudadanos
mediante un plan sistemático, que también incluyó el robo y la sustracción de
identidad de niños. Nuestro país, en consonancia con la legislación
internacional, sostiene que éstos son delitos de lesa humanidad y, por tanto,
imprescriptibles. Es por ello también que no existe ejercicio posible de
reinserción social de quienes los cometieron (objetivo explícito del programa
UBA XXII en cárceles).
Sostengo que en esta
profunda distinción radica uno de los fundamentos principales a tener en cuenta
a la hora de tomar una decisión por el Consejo Superior de la Universidad, en
paralelo a los aspectos reglamentarios y legales que avalan su potestad para
dirimir sobre la admisibilidad de estos genocidas. Nadie duda de que la
intención de los terroristas de Estado viene siendo la provocación. En este
caso, colocar a la universidad en un supuesto y aparente dilema. Es la misma
intención que han tenido con la sociedad toda, incluyendo al campo de la
política. Pero la consecución de los juicios, gracias a la lucha persistente
del pueblo argentino junto a sus organizaciones más conspicuas y un gobierno
coherente, es la muestra evidente de que la verdad puede más que las argucias
formales de quienes hicieron del Estado una fábrica de muerte. Nuestra
universidad no debería darle la espalda a semejante aprendizaje.
* Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras (UBA).
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