lunes, 30 de abril de 2012

“Las elites son muy agresivas con los gobiernos que presentan posibilidades de cambios”


MARTIN BECERRA, INVESTIGADOR DEL CONICET SOBRE EL SISTEMA DE MEDIOS EN ARGENTINA

Los procesos de concentración mediática y de oposición de estos grandes medios a los gobiernos populares en América latina son un dato que observan las embajadas norteamericanas en la región. Las relaciones con los gobiernos.

Por Natalia Aruguete
–¿Es posible establecer un denominador común en la mirada de la Embajada de Estados Unidos sobre el escenario mediático de América latina?
–Las embajadas (de Estados Unidos) en los distintos países de América latina tienen un comportamiento bastante similar cuando se trata de gobiernos que son francos adversarios o tienen una línea claramente enfrentada con Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Honduras cuando estaba (Manuel) Zelaya, antes del golpe de Estado. La regularidad del comportamiento estadounidense consiste en ser un articulador de la oposición a esos gobiernos que considera hostiles. Además, hay una diferencia entre la administración Bush y la de Obama, que en el libro vemos como importante. El golpe en Honduras se produjo con el cambio de administración en Estados Unidos. Eso hizo que la actitud de la embajada cambiara y pasara a escandalizarse por el comportamiento de los golpistas con los que venía reuniéndose, incluidos los empresarios mediáticos. Otro análisis merece el grupo de países grandes, Brasil y México, que son en sí mismos enormes mercados, enormes negocios en la actualidad, además de potenciales negocios a futuro. Entre éstos también hay diferencias. No es lo mismo Brasil que México, que es prácticamente una extensión de la economía estadounidense. Hay países que son amigos, como Chile o Colombia. Chile es un buen alumno que no genera disturbios. En cambio, Colombia, uno de los países latinoamericanos donde más inversión y presencia estadounidense hay, es un país con una tradición de conflicto que despierta la necesidad de actuar mucho más activamente de parte de Estados Unidos.
–La embajada tiene la idea de que los medios chilenos son “numerosos, competitivos, modernos y libres”. No critica el alto nivel de concentración que ustedes observan en el libro. En el caso de la Argentina, lo advierte al menos. ¿A qué responden las diferencias en la mirada de Estados Unidos entre países “aliados” y “enemigos”? –En principio, en Chile no hubo ningún debate acerca de la regulación de los medios y la concentración que existe en ese mercado, como sí hubo en la Argentina, con presidentes –como es el caso de Cristina Fernández y de Luiz Inácio Lula da Silva– que enuncian el rol político que tienen los medios, más allá de que se traduzca en regulación o no. Lula tuvo enfrentamientos públicos con O’Globo. Ese no es el caso de Chile. La Concertación chilena –y el presidente Sebastián Piñera menos aún– ni siquiera ha verbalizado la concentración mediática y la convergencia entre el interés económico de un grupo de medios y su línea editorial.
–¿Eso significa que son los gobiernos los que estimulan o limitan el involucramiento de la embajada en este terreno? –En los tres casos que mencioné diría que sí. Incluso en el caso de Colombia. Porque cuando la embajada se involucra tiene informantes, fuentes que provienen de la dirigencia política de esos países. Es decir, en los distintos países funciona como un “confesionario” de diversos actores. Los cables de Wikileaks reúnen el testimonio de las escuchas que la embajada realiza de fuentes calificadas de la elite política, empresarial y mediática. En Chile, esa elite ni siquiera verbaliza la cuestión de los medios.
–En su análisis mencionan que existe una “circularidad” entre medios y política, sobre todo en la Argentina y Brasil, donde la embajada usa testimonios de la elite política, económica y periodística como fuente de información y es, al mismo tiempo, fuente de información de los medios. –Esa circularidad es muy endogámica. Para sostener sus cables internos, en muchos casos la embajada se vale del testimonio de algunas de sus fuentes calificadas: empresarios, políticos, grandes periodistas o dueños de medios de comunicación. Al mismo tiempo, esos periodistas, políticos y empresarios citan el despacho de los diplomáticos norteamericanos del cual ellos fueron la fuente informativa. Y lo usan como una fuente de autoridad para legitimar la posición pública que tienen cuando escriben la columna dominical. El de Joaquín Morales Solá es un caso emblemático: cita a la embajada para legitimar la información que brinda, pero es al mismo tiempo el periodista que más contacto tiene con esa institución. Esa endogamia produce una alta ineficacia informativa. En este aspecto se nota el estilo de los distintos embajadores.
–¿Podría citar algún ejemplo que grafique esta diferencia? –Hay embajadores como (Earl) Anthony Wayne (fue embajador en la Argentina durante la sanción de la ley de medios), que son cuadros diplomáticos. Y comprenden el peligro que encierra basar el diagnóstico de un país como éste en un grupo muy pequeño. Porque, provengan de los medios, del gobierno o de la oposición, son muy pocas personas para hablar de todo un país. Funcionarios como Wayne toman distancia. Otros embajadores, en cambio, no toman distancia, quedan engrampados y les erran por mucho a los diagnósticos.
–¿Estas diferencias en la performance de los diplomáticos norteamericanos responden a cuestiones subjetivas o a que no hay una línea unívoca en la política exterior hacia la región? –Hay matices que, desde luego, tienen que ver con la dimensión subjetiva. Con respecto a la descalificación que realiza la embajada en Bolivia sobre el presidente Evo Morales, creo que otros embajadores no habrían caído tan bajo. Pero más allá de la cuestión de estilo, la línea acérrimamente crítica hacia el gobierno de Morales no se habría modificado si cambiaba el embajador.
–¿Por qué? –Hay un rasgo que avala lo que digo. Cuando la embajada se relaciona con la elite política, económica y mediática de los países de la región –-elite que valora mucho ese contacto– es esta elite la que otorga la regularidad, y no la subjetividad del funcionario, que puede ser más liberal o más conservador.
–¿Por qué la elite tiene tanta incidencia para delinear esa regularidad política de la diplomacia estadounidense? –Porque la regularidad está situada en el plano sociopolítico de las elites de la región, que son muy agresivas con todos los gobiernos que presentan posibilidades de cambios. Tal es la agresividad que, cuando el embajador recibe ese testimonio, si es ingenuo o comparte esa mirada, “compra” ese diagnóstico. En otros casos son más distantes, como lo fue Wayne con la ley de medios en Argentina: escuchó al Gobierno, escuchó a los columnistas de los diarios más concentrados y luego observó: “En realidad, a nosotros no nos parece que esté en riesgo la libertad de expresión, sino que es una excelente oportunidad para hacer negocios con las señales estadounidenses. El Gobierno nos abre la puerta para eso”.
–En esta observación se vislumbra un claro pragmatismo de parte de Estados Unidos. –Cuando redactábamos el libro, con Sebastián Lacunza, discutimos mucho este aspecto. El es periodista y yo vengo de la academia. Desde la universidad miramos más las determinaciones económicas de los procesos sociales; el periodismo suele mirar más las determinaciones políticas o ideológicas. Yo creo que los cables reúnen las dos cosas: es importante la dimensión política, pero no basta para hacer una lectura del funcionamiento de la embajada norteamericana, que en muchos casos defiende intereses comerciales y punto. Lo político maquilla su posicionamiento, pero, en definitiva, aparece la cuestión económica fuertemente.
–Sin embargo, en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia se manifiesta más fuertemente esta dimensión político-ideológica. –Pero lo diría por el lado contrario. Con Bolivia, Venezuela y Ecuador aparece una lectura más radical en lo político-ideológico. Pero, desde esa lectura, podríamos preguntarnos por qué no avalan todo lo que ha hecho Vicente Fox o Felipe Calderón, que es un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, la embajada en México no opera con un criterio sólo ideológico, porque ven que el monopolio de Telmex les quita posibilidades de negocios a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses. Y lo ven como una aberración desde el punto de vista del libre mercado. Lo cual me hace sospechar que la oposición a Correa, a Evo y a Chávez sea únicamente política. Creo que hay también una cuestión de intereses económicos. Evidentemente, el plan económico que desarrollan estos tres gobiernos no favorece la presencia comercial de Estados Unidos.
–¿Qué efectos tuvo el proceso de discusión del proyecto de la ley de medios argentina en la relación entre la embajada y empresarios mediáticos opositores al Gobierno? –A pesar de lo que dicen los editorialistas y políticos, la política exterior de un país tan importante como Estados Unidos, o incluso Brasil, no se define solo por una cosa. Hubo dos acontecimientos casi simultáneos: Argentina adoptó la norma japonés-brasileña de TV digital mientras (José Antonio) Aranda y la plana mayor de Clarín le aseguraba a la embajada que Argentina adoptaría la norma estadounidense. Y al mismo tiempo impulsó la ley de medios. La embajada puso en la balanza una cantidad de cuestiones.
–¿Y cómo operaron ambas políticas? –La elección de la norma nipón-brasileña fue un revés para los Estados Unidos. Pero la ley de medios no solo que no les molestaba sino que, al intentar desarticular la concentración del mercado de TV por cable –cuya posición dominante ejerce (el Grupo) Clarín– beneficia hipotéticamente la situación de las señales norteamericanas. En eso, la embajada demuestra pragmatismo y sangre fría, con mucho distanciamiento respecto del fervor y de la posición cerril que adoptaron los grandes grupos comerciales de medios.
–¿”Sangre fría” significa darse cuenta de que los medios no tienen toda la razón ni están en una situación de absoluto poder? –Eso por un lado. Pero también significa relativizar la importancia de un hecho, por más importante que sea en la política interna, al lado de la gran cantidad de intereses que ellos deben defender en forma simultánea.
–A partir del reconocimiento de la embajada a Pedro Carmona como presidente de Venezuela, cuando se había tratado de un golpe de Estado, ¿es posible inferir una posible influencia, o al menos conocimiento previo, de que el golpe se fuera a producir? –En el caso hondureño yo diría que sí, pero en el venezolano, no. Lo que sí es claro en Venezuela y Ecuador es el reconocimiento de la embajada como articuladora y financiadora de ONG y medios de comunicación, así como columnistas y periodistas opositores a Correa y Chávez, que adoptaron posiciones golpistas. Pero eso es una reconstrucción indirecta; no podría afirmar que la embajada fue la que alentó el golpe.
–Ese financiamiento no es fácil de captar en otros países. –Claramente no. En el caso venezolano, la embajada admite literalmente que hay flujo económico hacia ONG y medios de comunicación. En ningún otro país he visto eso.
–¿Por qué generó tanta alerta en la diplomacia norteamericana el desarrollo de la red de medios estatales que impulsó Chávez? –Aparece indignada, denunciadora, financiadora de toda expresión opositora, con un discurso que se asemeja mucho al de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). Lo mismo vale para Bolivia. Insisto en que estas tres embajadas (la de Venezuela, Bolivia y Ecuador) se comportan de forma muy distinta de las del resto de los países. No abundan en matices que sí muestran las de otros países. Cuando la diplomacia en Buenos Aires plantea que una cosa es el interés de los empresarios mediáticos que los visitan y otra es la libertad de expresión, están haciendo una distinción fundamental, que forma parte de la discusión que se dio la sociedad argentina cuando se debatió la ley de medios. Las otras embajadas no aceptan esta diferencia.
–No solo en estos tres países, tampoco la embajada en Chile se plantea esa diferencia. –Sí, tenés razón. Mi hipótesis es que no se la plantea porque no es un tema. Pero OK, no la plantea. Sí lo hace en Colombia, que es un país aliado.
–Y allí, además, critican la falta de libertad de expresión de parte del gobierno. –Por supuesto, pero además ellos no lo hacen motu proprio, sino que había personajes de altísimo nivel dentro del gabinete de Alvaro Uribe que discuten a Uribe. Es la interna del gobierno relatada por la embajada, recogiendo voces que dicen que Uribe es peligroso porque no vacila en violar los derechos humanos.
–¿Qué pudieron visualizar, a través de los cables de Wikileaks, sobre la mirada estadounidense de la relación entre Luiz Inácio Lula da Silva y los grandes medios brasileños? –Allí opera un doble pragmatismo. Por un lado, el pragmatismo de los gobiernos de Lula –que ha continuado con el gobierno de Dilma Rousseff–- con el sistema de medios concentrados. Por el otro, el pragmatismo de la embajada cuando testimonia esto. A pesar de que en Brasil también la embajada se nutre de información de destacadísimos columnistas de grandes medios, que tienen una mirada muy crítica de esos gobiernos y le piden una posición mucho más agresiva. Pero la embajada, con mucha altura, recoge testimonio, cita fuentes y punto. Durante la candidatura de Dilma, (su adversario, José) Serra se refirió a la candidata del PT como “la Juana de Arco guerrillera”, citando como fuente de autoridad a la embajada. Una campaña que Estados Unidos debió desmentir. En la Argentina, la embajada también tuvo que desmentir a Clarín. Claramente tiene un perfil muchísimo más moderado que los voceros de los grupos dirigentes en nuestros países.
–¿Por qué en el libro se plantea que Wikileaks avivó un debate histórico sobre quién informa, con qué criterios y qué se oculta? –El hecho de liberar tal caudal de información y que la organización WikiLeaks decidiera aliarse con cinco grandes medios para su difusión –-alianza que quedó rápidamente frustrada porque el líder de Wikileaks interpretó que esos grandes medios editorializan cualquier pavada o lo están traicionando– se inscribe en la discusión sobre qué rol juegan los medios. Por un lado, porque esa discusión es fruto de la desintermediación de la labor que históricamente hicieron los medios. Esto es un proceso que aún no concluyó.
–¿En qué elementos se basa para decir que no concluyó? –En que el primer impulso que tuvo Julian Assange fue hacer una alianza con los medios, porque entendía que a través de Internet los cables no tendrían trascendencia pública, por eso necesitaba de la intermediación de los medios, pero no es menos cierto que esa labor se ha resentido mucho. Hay una erosión de esa labor entre los años ’70 y la actualidad, entre otras cosas por la proliferación de redes informacionales y sociales que van componiendo el paisaje mediático. El otro nivel de discusión que aparece en escena es el rol político de los medios como editores y seleccionadores de una porción de la realidad. La desnaturalización del credo de la objetividad periodística es simultánea al proceso de discusión sobre la desintermediación de los hechos. Es un combo explosivo visto desde los medios tradicionales, porque pone en tela de juicio dos pilares fundamentales de éstos. Un medio tradicional no pensaba que hubiera forma de que la gente se enterara de algo si no era a través suyo. Segundo, edita (la información) sosteniendo un fetiche de objetividad que permite que eso que edita circule como si fuera natural. Esas dos cuestiones están puestas en tela de juicio en toda la región. Más aún, en relación con los grandes medios, están puestas en tela de juicio por los propios gobiernos.
–Desde el análisis de la estructura de medios, ¿qué evidencia esta convergencia entre el mundo digital y los periódicos, en la difusión de los cables de Wikileaks? –Esa es una de las enseñanzas del caso Wikileaks. Pero insisto en que es un proceso, de ninguna manera licuaría el poder que tienen los medios de establecer, construir y diseñar agenda. Ese poder existe y seguirá por muchos años más, pero por primera vez está siendo asediado por condiciones sociopolíticas y tecnológicas, lo cual deriva en crisis socioeconómicas.
–¿En qué sentido? –En que hay condiciones sociopolíticas que reclaman la apertura del juego y desmitifican la labor presuntamente objetiva del periodismo, más condiciones tecnológicas que multiplican las ventanas de información. Yo no soy un apocalíptico de los medios tradicionales, ni creo que ya operó su reemplazo por los nuevos medios. El caso Wikileaks lo enseña. De hecho, de la información de esos cables, intermediados por estos grandes diarios, a la Argentina le llegaba básicamente lo que publicaba El País de España, replicado por Clarín y La Nación. Me refiero a antes de que se liberaran. Y lo que llegaba es que los K estaban desequilibrados o la Presidenta era bipolar, pero evitaban tematizar todo lo demás que hemos visto. Es Santiago O’Donnell, en su libro ArgenLeaks, quien saca a la luz algo que los diarios no habían mencionado.
–¿A qué se refiere? –A que ni los (diarios) afines ni los opositores tematizaron las visitas que recibió la embajada en Buenos Aires de (Héctor) Magne-tto, por ejemplo, que son fundamentales. No sólo para entender el sistema de medios, sino para entender la política argentina de los últimos ocho o nueve años. Esto también habla de la labor editorial intermediadora de los medios tradicionales, que todavía opera como tapón. Sobre todo en un esquema de opinión pública polarizada como el que tenemos hoy en la Argentina. Los medios son un obstáculo para la aparición de temas gigantescos en la agenda. Afortunadamente, existen mayores posibilidades de discutir eso hoy que hace veinte años, por razones sociopolíticas y tecnológicas.
Fuente: Página/12

domingo, 29 de abril de 2012

Ofensiva del capital internacional sobre las tierras

        
Por Gerson Teixeira, João Paulo Rodrigues

El mundo se enfrenta a importantes desafíos para garantizar las condiciones de vida del planeta, cuyo futuro está marcado por la intensidad y velocidad de la evolución del proceso de calentamiento global. Según la comunidad científica internacional, los riesgos para la seguridad alimentaria subyacentes al proceso de cambios climáticos son muy fuertes. En este caso, biodiversidad, tierra y agua asumen significados cada vez más estratégicos para el futuro de la humanidad.

Los países de América Latina beneficiados por la naturaleza con la abundancia de esos recursos (además de la riqueza mineral) tienen el deber de protegerlos en beneficio de sus generaciones presentes y futuras y, por supuesto, para acciones solidarias, vía comercio, o no, con el resto del mundo.

La relevancia estratégica de esos recursos recomienda que las políticas correspondientes de preservación, acceso y utilización deban integrarse a los propósitos de seguridad de las naciones. En ese contexto, los instrumentos para regular la posesión y el uso de la tierra en América Latina deberían reflejar esa visión contemporánea que incorpora, por lo tanto, su dimensión geopolítica.

Además de la democratización del acceso a la tierra y la opción por un nuevo modelo agrícola centrado en la búsqueda de la soberanía alimentaria, con el protagonismo de la producción agroecológica por los campesinos, nos parece irrenunciable e ineludible la imposición de controles rigurosos a la propiedad de las tierras por parte de extranjeros en nuestros países, lo que no está ocurriendo, principalmente en Brasil y en Argentina, debido a la herencia del neoliberalismo.

De hecho, más allá de involucrar la cuestión inherente al ejercicio de la soberanía sobre nuestros territorios, el contenido de ese tema pasó a ser componente de la agenda política global debido a que registra impulsos neocoloniales.

Durante toda la década del ’90, el BIRD (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial) asumió una posición protagónica en la elaboración y en la implementación de políticas agrarias, centradas enteramente en la promoción del libre mercado de tierras. Con ese propósito el BIRD promovió: “...el estímulo a la mercantilización total del acceso a la tierra rural, a ser implementada con cambios institucionales y legales, a fin de elevar la productividad de la tierra, favorecer el libre flujo de fuerza de trabajo en el campo, atraer el capital privado a la economía rural y potenciar la integración subordinada de sectores específicos del campesinado pobre al régimen de acumulación comandado por la burguesía agroindustrial-financiera” (1).

Y, en una clara estrategia para facilitar al capital externo el acceso a las tierras rurales, el BIRD no dudó en influenciar y presionar a los gobiernos nacionales, cooptados por la agenda neoliberal, para promover cambios en los planes político-administrativo, jurídico y tributario. Cambios en el aparato institucional orientados a “...expandir y acelerar las relaciones de arrendamiento y compra/venta de tierras rurales” (2).

Intensificación con la crisis

A partir de la crisis del capitalismo internacional, en 2008, la ofensiva del gran capital sobre las tierras rurales, en todas partes del planeta, se hizo aún más fuerte y explícita.

La propia FAO ha alertado sobre los graves desdoblamientos del proceso en curso de ‘toma de tierras’ en los países del Sur, fruto de acciones especulativas, o no, del capital externo, con fuerte presencia del capital financiero. Tal proceso cobró impulso a partir de la crisis económica de 2008 en los países del Norte como salida, en particular, a la crisis de los derivados.

Esa realidad es retratada en las precisas y alarmantes palabras de la asesora de Vía Campesina, Camila Montecinos: “Después de las últimas crisis económicas, los grandes capitales especulativos no tenían donde invertir su dinero y percibieron que invertir en la compraventa de tierras para producir comida era un gran negocio. Están comprando y exigiendo que se les entregue tierras de la misma forma como son entregadas las concesiones mineras. (...) Eso está aconteciendo en todas las partes y, en América Latina, los países más afectados son Argentina y Brasil. (...) Esos capitales especulativos se apoderan de tierras que actualmente están en manos campesinas o del Estado”.

Y concluye de forma enfática: “De esa forma, hoy hay una intención consciente y sistemática [del gran capital internacional] de apoderarse de la alimentación, de controlar el comercio, la producción y los territorios” (3).

Esa ofensiva del grande capital ha sido posible gracias a una conjunción de factores como: (i) los efectos de las recurrentes posiciones de desequilibrio de la oferta alimenticia y agrícola, en general, debido a las frecuentes pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos gradualmente más severos; (ii) la expansión de los agrocombustibles; y (iii) la apuesta por el atractivoeconómico de los mercados voluntarios e institucionalizados de carbono; en este caso, en gestación en las negociaciones en el ámbito de la COP del Clima.

Cabe abrir un paréntesis para resaltar que el comercio mundial de créditos de carbono, una verdadera mercantilización del aire, sirve de instrumento del gran capital para controlar territorios y adueñarse de las riquezas naturales allí existentes, principalmente en los territorios indígenas, como se está intentando hoy en Brasil. Empresas internacionales, como la Celestial Green Ventures (irlandesa) y la Viridor Carbon Services (británica) buscan firmar contratos (ilegales e inconstitucionales) con pueblos indígenas de la amazonía brasileña que son verdaderos atentados a la soberanía nacional y a la cultura de esos pueblos, además de la tentativa de usurpar sus riquezas naturales. El cacique Osmarino Manhoari Munduruku no duda en condenar ese tipo de proyectos, debido a que prohíbe a su pueblo cazar, pescar, plantar, recoger frutas del matorral o cortar madera, durante los próximos 30 años. Y, más aún, asegura a esas empresas los derechos de uso absoluto sobre las tierras indígenas, de realizar todos los análisis y estudios técnicos y posibilita, sin restricciones, el acceso de sus técnicos a las áreas definidas por el contrato.(4)

De acuerdo con los cálculos del BIRD, el capital especulativo externo, combinando las diferentes prácticas en una estratégica única para apoderarse de territorios, ya se apropió de más de 65 millones de hectáreas en los países del Sur, en especial, en África y América Latina.

Según la FAO, lo que más preocupa hoy es la volatilidad de los precios de los alimentos, lo que repercute en graves amenazas a la seguridad alimentaria principalmente en los países no desarrollados. Maíz, trigo y arroz, tres cereales que componen la base de la alimentación mundial, están entre los productos que más registraron incremento de los precios desde 2008.

El Informe del Banco Mundial de septiembre de 2011 señala que los precios en julio estaban, en promedio, 33% por encima de los registrados en el mismo mes del año pasado. En el caso del maíz, el aumento fue del 84%; del azúcar, del 62%; del trigo, del 55%; y del aceite de soja, del 47%.

En ese escenario en el cual los stocks mundiales de alimentos se mantienen bajos, sin previsión de recuperación y precios volátiles, el hambre y la inseguridad alimentaria se transforman en componentes de desagregación social y desestabilización política de las naciones más vulnerables.

Agrava esta situación la fuerte expansión de los precios de los insumos agrícolas como consecuencia directa del alza del petróleo, cuya cotización aumentó 45% en el último año, presionando sobre los costos de producción. En especial, vale señalar el valor de los fertilizantes, que subió 67% en el mismo período. Esto porque la producción de insumos, como agrotóxicos y fertilizantes, es muy intensiva en energía. Además, la concentración de la comercialización tanto de los insumos cuanto de los productos agrícolas en manos de pocas empresas transnacionales termina por promover especulación en el mercado de commodities.

En suma, cabe al movimiento popular del campo y a los pueblos indígenas levantar la bandera de resistencia a esa ofensiva del capital internacional sobre las tierras de nuestro continente. Serán batallas en las cuales los medios de comunicación hegemónicos no ahorraran esfuerzos y recursos para desinformar a la sociedad, distorsionar informaciones y ejercer influencias sobre los gobiernos, en defensa de los intereses del capital. Son batallas que van más allá de la defensa de los recursos naturales en nuestros países. Esas luchas también giran en torno a los principios de la soberanía nacional y de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. (Traducción ALAI)

Referencias Bibliográficas:

(1) Pereira, João Márcio Mendes. In Capturando a terra. Sauer, Sérgio e Pereira, João Márcio Mendes (orgs.). Expressão Popular, São Paulo/SP, 2006, p. 17.
(2) Idem, p.22.
(3) Montecinos, Camila. Entrevista a Radio del Mar. Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=N&cod=61716

(4) Munduruku, Osmarino Manhoari. In Editorial del sitio Vermelho. : http://altamiroborges.blogspot.com.br/2012/04/creditos-de-carbono-e-soberania.html


Publicado en América Latina en Movimiento, No. 474

viernes, 27 de abril de 2012

Surgimiento de un nuevo modelo de sindicalismo en la Argentina: sus principales características

Para el debate

 

Por- Santiago Duhalde**

Resumen

Este texto realiza una caracterización del nuevo modelo sindical surgido en la Argentina a partir de fines de la década del 80 como consecuencia de la recomposición que sufrió la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) a partir de la victoria en su seno de una nueva dirigencia gremial. Este modelo resalta otros valores y objetivos diferentes de los del modelo sindical tradicional. En última instancia, de lo que se trata es de explicitar las diferencias formales y de hecho, en la experiencia sindical, en lo que tiene que ver con las prácticas democráticas. Para esto hemos realizado una revisión de documentos institucionales de la ATE, correspondientes a los años de la primera presidencia de Carlos Menem, y de entrevistas y reportajes a sus principales dirigentes publicadas en distintas revistas de la época.

Un nuevo modelo sindical
La puesta en práctica de nuevas acciones sindicales por parte de ATE fue la ejecución de maniobras de resistencia frente a la implementación de políticas de gobierno que trajeron como consecuencia un acrecentamiento en la distribución regresiva de la riqueza y un aumento, hasta entonces insospechado, de la desocupación. También fueron acciones de resistencia frente al avasallamiento de derechos conquistados por los trabajadores a través de décadas de lucha, y contra el desguace del Estado –único actor capaz de equilibrar las desventajas que acarrea el “libre mercado”–. Pero también fue una estrategia frente a las políticas de la dirigencia cegetista y a una forma de hacer sindicalismo ligada a un patrón de acumulación y a un modelo de...(Click para seguir leyendo)

**(2007-2012) Doctor en Historia Contemporánea, École Doctorale Pratiques et Théories du Sens, Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis.(2007-2012) Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.(2001-2006) Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Curriculum completo hacer click