La crisis económica macrista como un drama y una oportunidad

Devaluación, inflación, salarios y competitividad. La estrategia para evitar el círculo vicioso de la inestabilidad económica

La propuesta es que después de la debacle cambiaria macrista es factible proponerse la recuperación del salario real mejorando la competitividad de la economía para superar a mediano plazo la restricción externa.

Por Daniel E. Novak

Fuente:Pagina/12

 

Imagen: Alejandro Leiva

En el marco del descalabro que deja la espantosa gestión económica del macrismo vuelve a ser relevante la acepción oriental bivalente de la palabra crisis, como drama y como oportunidad.

Drama

Comenzando por el drama, desde finales de 2016 y hasta octubre de este año el dólar aumentó 270 por ciento, los precios mayoristas se incrementaron 199 por ciento, los precios al consumidor (costo de vida) 160 por ciento y los salarios 125 por ciento. 

Comparando el aumento de los precios minoristas con el de los salarios se deduce fácilmente que en términos reales, es decir el poder adquisitivo, cayó en ese período casi 14 por ciento en promedio, lo que significa que los trabajadores con su remuneración actual pueden comprar el 86 por ciento de lo que compraban hace 35 meses.

También se puede comparar la evolución de los precios mayoristas con relación al aumento del dólar, ya que esto da una medida de la evolución de la competitividad de las empresas, tanto en los mercados internacionales como en el mercado interno con relación a los productos importados. 

Si los precios mayoristas, que representan los costos internos de las empresas por la compra de insumos, aumentan menos que el valor del dólar, eso significa que esos costos medidos en dólares habrán disminuido. Haciendo esa relación se puede comprobar que el costo en dólares de los insumos se redujo más de 23 por ciento, en ese lapso.

En realidad, el de los insumos no es el único costo de las empresas ya que también tienen como costo de producción los salarios. Si se compara ahora el aumento en los salarios en pesos con el incremento del dólar en ese período, el costo salarial en dólares se redujo nada menos que 39 por ciento en ese lapso de 35 meses.

La oportunidad

También irrumpe la oportunidad de esta crisis. Combinando la reducción del costo de los insumos con el de los salarios en dólares, estimando que éstos representan en promedio la tercera parte de los costos totales de producción, se concluye que la mejora en la competitividad internacional de las empresas argentinas entre diciembre 2016 y octubre último es, en promedio, de aproximadamente el 26 por ciento. 

Si se pudiera mantener esta relación de precios internos, salarios y dólar, las empresas productoras de bienes transables internacionalmente estarían en mucho mejores condiciones de competir en los mercados externos y en el propio, con un margen bruto de explotación que podría duplicar o más el de hace dos años y medio.

La importancia de la competitividad internacional está dada por la necesidad de dar solución a la restricción externa  y que sólo se puede resolver a largo plazo recuperando un superávit comercial suficiente para atender los compromisos con el resto del mundo. Para ello es crucial que las empresas, sobre todo las industriales, puedan incrementar de manera permanente sus exportaciones y/o sustituir eficientemente importaciones.

Pero es obvio que mantener esta relación de precios, dólar y salarios implicaría convalidar la fuerte caída del poder adquisitivo y eso es insostenible, sobre todo para un gobierno que procurará recobrar la sensibilidad social perdida durante estos últimos cuatro años. La pregunta es ¿cómo se hace para recuperar el poder adquisitivo salarial sin perder la mejora de la competitividad de las empresas locales?

El problema a resolver es lo que los economistas denominan, haciendo gala de dependencia cultural, pass-through, que en castellano sería el pasaje, casi automático, de las devaluaciones a los precios internos. Para eso es preciso entender porqué se produce ese pasaje casi automático y qué se puede hacer para neutralizarlo, aunque más no sea parcialmente.

Este pasaje tiene distintas instancias. La primera es la de los bienes importados, para consumo o para inversiones o para insumos de cosas que se producen en el país. Es obvio que en los bienes para consumo el traslado al precio interno de un ajsute cambiario del 100 por ciento porque el producto se encarecerá en la misma proporción que el dólar. Pero en el caso de los insumos y bienes de capital, el traslado a los precios finales sólo debería ser en la proporción en que esos bienes integren el costo de producción de los bienes locales. Sí, pero no siempre es así de obvio.

Pasaje

Lamentablemente el de los bienes importados no es el único caso del pasaje de la devaluación a precios; lo mismo sucede con los productos que se exportan, sobre todos los de origen primario (agropecuarios, minería). 

Es fácil comprender en el caso de los agropecuarios. Argentina produce alimentos con calorías para aproximadamente 400 millones de personas y tiene 45 millones de habitantes. Esto significa que la demanda internacional de los productos agropecuarios es casi diez veces la interna y, por lo tanto, si los precios de los mismos no aumentan en el mercado interno lo mismo que el dólar, se exportaría toda la producción y, para que eso no suceda, los precios internos deben aumentar en la misma proporción. Salvo que se hiciera algo para evitar ese impacto. Una evidencia clara de esto es que los precios mayoristas de cereales y oleaginosas aumentaron en ese lapso 250 por ciento, casi lo mismo que el dólar.

Pero el problema más grave del pasaje de la devaluación a precios es el extremo grado de dolarización de la economía local, que hace que las empresas hagan los cálculos de sus negocios, y especialmente de sus ganancias, en dólares. Y más si se trata de empresas multinacionales que, en su mayoría detentan posiciones dominantes en mercados muy concentrados que les dan ventajas para fijar precios. Esto hace que, además de los bienes exportables e importables, el pasaje de devaluación a precios se produzca en casi todos los bienes y servicios de la economía.

Si este traslado automático no se verificó hasta ahora en su totalidad fue “gracias” a la fuerte recesión, que hizo que la caída de la demanda no les permita a las empresas trasladar a precios toda la devaluación de este período, como seguramente querrían. El problema es precisamente que, si se recupera la demanda sin aplicar medidas complementarias, en no mucho tiempo los precios minoristas alcanzarán a los mayoristas y éstos al dólar, sobre todo si éste se estabiliza, perdiendo la mejora en la competitividad y con un salario real tan o más deteriorado que el actual.

Secuencia

¿Cómo habría que hacer para que el drama no se coma a la oportunidad? La respuesta no es difícil, aunque la forma de lograrlo tampoco es sencilla. La secuencia de objetivos en una primera etapa sería la siguiente: 

1) incrementar los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido; 

2) evitar que los precios minoristas alcancen a los mayoristas, que aumentaron más;

3) evitar que los precios mayoristas alcancen el incremento pasado del dólar; y 

4) estabilizar el valor del dólar en torno a su valor actual.

¿Cuáles serían los instrumentos para lograr todo esto? La principal herramienta para lograrlo es la constitución de un Consejo Económico Social integrado por entidades empresarias, sindicatos, organizaciones sociales y el Estado. Sin esta instancia, la puja distributiva intersectorial llevaría rápidamente al fracaso de la iniciativa, hiperinflación mediante.

En ese marco institucional se puede convocar a una reapertura de paritarias con la consigna de recuperar el poder adquisitivo perdido en promedio, lo que implica una mejora inmediata del 16 por ciento nominal. 

El compromiso empresario debería ser el de trasladar a precios este aumento sólo en su exacta incidencia, es decir la tercera parte del incremento salarial (inicialmente 5/6 por ciento). Para compensar estas subas remanentes de precios el incremento salarial debería alcanzar a un total de 27 por ciento en un lapso de seis meses, con un aumento remanente de precios minoristas de 9,5 por ciento.

Para que los precios minoristas no sigan con el pasaje es necesario neutralizar el impacto remanente del aumento del dólar en los precios de la canasta básica alimentaria. Esto se llama incrementar las retenciones a las exportaciones de productos primarios con bajo grado de elaboración interna, que no sólo aumentaron más que el promedio de precios mayoristas sino que tampoco necesitan capturar el valor de toda la devaluación para ser más competitivos y cuya recaudación se puede afectar directamente al incremento de jubilaciones y planes sociales que acompañen al de los salarios.

Adicionalmente, habría que obtener acuerdos amables o no tanto, si es necesario, con las empresas formadoras de precios en los mercados concentrados de bienes y servicios no transables internacionalmente, para interrumpir el pasaje a precios de la devaluación pasada remanente y que trasladen sólo la exacta incidencia de la recuperación salarial actual. La misma estrategia habría que aplicar a las empresas productoras y distribuidoras de combustibles y energía (tarifas) y para que los precios mayoristas no alcancen el aumento ya producido en el valor del dólar.

El resultado

En síntesis, el objetivo es lograr la recuperación del poder adquisitivo interno de los salarios y demás ingresos fijos, evitando que esto implique el aumento del costo salarial en dólares para preservar la mejora transitoria en la competitividad de las empresas. Con este esquema, se lograría que en el término de seis meses los salarios tengan un aumento nominal del 27 por ciento y los precios mayoristas y minoristas un incremento remanente del 9,5 por ciento, con un dólar estabilizado en torno a los valores actuales, lo que demuestra que no es necesario volver a incrementar el valor del dólar para aplicar derechos de exportación que no sean confiscatorios.

El resultado final sería entonces que el salario y los ingresos fijos recuperarían el poder adquisitivo interno de fines de 2016 pero el costo salarial en dólares sería 24 por ciento más bajo que en ese momento. Adicionalmente, los precios mayoristas, con un aumento remanente del 9,5 por ciento, permanecerían aún por debajo de la devaluación total en casi 15 por ciento. El efecto combinado de esto y del costo salarial en dólares dejaría una mejora remanente de la competitividad internacional superior al 17 por ciento.

Este análisis, que quizás suene un tanto teórico, sólo pretende demostrar que, después de la debacle cambiaria macrista, es factible proponerse la recuperación del salario real mejorando la competitividad de la economía para superar a mediano plazo la restricción externa. Y también romper el mito de que cualquier devaluación siempre implica redistribución regresiva del ingreso. Porque en lo que aquí se expone el ajuste pasaría por los formadores de precios y los productores de bienes primarios que podrían ser competitivos aun con un dólar más bajo que este de pánico. Para lo cual sólo hace falta mucha voluntad política y capacidad de negociación.

* Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, subcoordinador de la carrera de Economía.

Del ajuste en las universidades a la esperanza de la educación

Representantes universitarios de todo el país coinciden en la difícil situación que dejó el macrismo en el ámbito de la educación superior. A pesar del panorama crítico, expresan sus expectativas en las políticas que pueda impulsar el gobierno de Alberto Fernández.

Por Horacio Raúl Campos

Fuente:Pagina/12

 

Imagen: RC

Los diferentes estamentos del mundo universitario de todo el país – autoridades académicas, investigadores, docentes, nodocentes y gremialistas– realizaron un duro balance de los cuatro años de políticas del macrismo hacia las casas de estudios superiores públicas y se mostraron con expectativas en torno a los proyectos para el sector que deberá poner en práctica el gobierno de Alberto Fernández.
Reducciones presupuestarias –del plan Progresar y de fondos para infraestructura–, disminución salarial, un plan económico que obligó a estudiantes a abandonar sus estudios y el abandono de la investigación científica son algunas de las decisiones tomadas por la gestión de Mauricio Macri que fueron cuestionadas por los referentes consultados por el Suplemento Universidad.
Mercedes Leal, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), aseguró que “uno de los hechos más destacados que se evidencia en el balance de la gestión de Macri es el descrédito y desprestigio permanente al que fuera sometida la universidad pública al ser asociada a la baja calidad académica, producto de la masividad y la prolongada duración de sus estudios”.
“Se puso en cuestión su papel como mecanismo de ascenso social y se intentó deslegitimar su importancia como dispositivo de progreso individual y colectivo. No se puede omitir en este análisis la violación a la autonomía universitaria, producto de la irrupción de las fuerzas de seguridad en territorio de las universidades nacionales, con el objeto de amedrentar a estudiantes y docentes”, detalló Leal.
Con respecto al financiamiento, la decana precisó que “la meta del 6 por ciento de inversión anual establecida por la Ley de Educación no se cumplió en ninguno de los cuatro años de la gestión de Cambiemos” y agregó que “diversos estudios sostienen que entre 2016 y 2018 se produjo una caída del 9 por ciento la inversión educativa nacional en términos reales, que sumado a los índices inflacionarios tuvieron un impacto adverso en los presupuestos y en el poder adquisitivo del salario de docentes e investigadores”.
Cuestionó al gobierno saliente también porque “se eliminaron otras fuentes de financiamiento como los programas específicos de la Secretaría de Políticas Universitarias orientados al desarrollo de políticas académicas como el Doctorar, y los proyectos de Mejoramiento de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Humanas, entre otros, que posibilitaban la formación de doctores y mayores dedicaciones docentes”.
“Las políticas de becas sufrieron también una reducción significativa, y además, se desplazó su sentido solidario hacia a uno meritocrático (Progresar). En suma, diría que con las medidas adoptadas el macrismo no consideró a las universidades públicas como un factor estratégico para el desarrollo nacional”, afirmó.
Para Leal, las universidades públicas tienen que recuperar “su potencia como mecanismo de ascenso social y aporte imprescindible en la construcción de una sociedad cada vez más democrática y con justicia social”.

Hacen falta más fondos

El secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad de Nacional Hurlingham (UNAHUR), Jorge Aliaga, analizó que las políticas de Cambiemos en materia de educación “afectaron más a la educación en general y a las áreas de ciencia y técnica que a las universidades públicas”.
“La parte gremial de docentes y de nodocentes tuvieron mejores capacidades y éxitos a la hora de tratar de parar el terrible ajuste del macrismo, que eliminó muchos programas. Sí hubo pérdidas salariales, aunque menos que los empleados públicos en general”, aseguró Aliaga.
Destacó que “los servicios públicos se encarecieron por la inflación y eso impactó en todos lados, pero sobre todo en las universidades del interior del país, que tienen gastos muy grandes en logística”.
“En la parte de las ciencias hubo un daño enorme cuando desde el gobierno se puso en duda la rigurosidad del ingreso y evaluación del CONICET. Se ridiculizaba las áreas de sociales con burlas. Todo absurdo. Hay un permanente discurso contra el sistema de universidades: ‘para qué tantas universidades en todos lados’. Es una cuestión ideológica”, advirtió Aliaga. Y puso como ejemplo el discurso de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en mayo de 2018 cuando se preguntó: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”.
Con respecto al nuevo gobierno, Aliaga puntualizó que “se suele ver primero lo más urgente” y que “hace falta también reconstruir planes nacionales, que el macrismo anuló con la excusa de respetar el federalismo, aunque en realidad las actividades transferidas a las provincias fueron para que se arreglasen solas”.
“Desde ya que hacen falta más fondos y hacer una recomposición salarial”, juzgó Aliaga, que se expresó a favor de que el Estado nacional “priorice algunas carreras a través de un sistema de becas focalizado, como ya se hizo con Enfermería, porque becar todas las carreras es imposible porque saldría carísimo”.

Menos universidades, menos programas

El docente de la UBA y becario posdoctoral del CONICET Sergio Friedemann, por su parte, criticó a Macri al recordar que cuando era candidato a presidente se había preguntado ‘¿qué es esto de universidades por todos lados?’”, y planteó un interrogante: “¿en qué condiciones puede pronunciarse que las universidades públicas no son necesarias y que no son un derecho que deba ser garantizado por el Estado?”. La respuesta: “Puede hacerlo quien, al mismo tiempo, promulgue un proyecto de país excluyente y no inclusivo, dependiente, y no soberano. Un proyecto agroexportador y de valorización financiera, es cierto, no necesita de universidades. Un proyecto de país excluyente y elitista no las considera un derecho”.
Friedemann subrayó que “si al macrismo las universidades les parecen prescindibles, la noción de derecho tiene la potencia de prevalecer y resistir a la ofensiva que se ha llevado adelante contra la necesaria existencia de una universidad pública de calidad e inclusiva”.
Para Juan Manuel Diez Tetamanti, profesor adjunto e investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), “la cuestión presupuestaria se sintió muchísimo a partir del gobierno de Macri y hubo también menos proyectos de investigación durante la gestión que terminó ahora”. Resaltó que “también se bajaron muchos programas como el voluntariado universitario, que es el más fuerte de extensión, porque contemplaba fondos para trabajar con organizaciones sociales, municipios y otras instituciones”.
“Ese programa se había establecido en 2006 y duró hasta 2015. Por ese motivo, hubo una explosión del extensionismo universitario. Con el macrismo se cortaron también otros programas vinculados a proyectos nacionales con países de América Latina y África, además de los del CONICET”, cuestionó Diez Tetamanti.
Recordó que el gobierno kirchnerista “favoreció la extensión universitaria para involucrar a la universidad con la sociedad” y aseguró que el macrismo “hizo todo lo contrario, impulsó políticas tendientes a divorciar la universidad con la sociedad”, aunque, a pesar de eso, hubo acciones “que continuaron con o sin presupuesto”.
Ejemplificó que la UNPSJB “articula con Comodoro Rivadavia por medio de la Agencia Comodoro Conocimiento, creada en 2014, en el contexto de un municipio petrolero”.
Diez Tetamanti, por otra parte, estimó que el flamante gobierno “deberá apuntar a recuperar los salarios, porque son los más bajos de América Latina, darle fuerza a la política de articulación del Estado, las universidades y la investigación científica y refundar el papel de la extensión, porque eso significa evitar que las universidades se conviertan en islas elitistas”.

Gestar políticas inclusivas

“Fueron cuatro años de una gestión que nos dolió”, aseguró Laura Leguizamón, licenciada en Trabajo Social por la Universidad nacional de La Rioja (UNLaR) y diplomada en Diversidad Sexual y Derechos Humanos (CLACSO-FALGBT). “Las universidades nacionales, nuestro orgullo, públicas, gratuitas y laicas, la conquista de 1918, que hoy suena a resistencia simbólica, son banderas que continúan izadas, pero el desfinanciamiento es tal que la gratuidad apenas se percibe”, reflexionó Leguizamón.
Advirtió que “no se puede omitir la inequitativa distribución del presupuesto asignado a las universidades nacionales, porque la UNLaR empezó el 2019 con déficit y se avizoraba el peor panorama, que sumó a los aumentos de los servicios, el transporte y el combustible, que desarticularon el proyecto de boleto estudiantil”.
“Por otro lado, el discurso oficial nos decía que había que aguantar y acompañar, y mostraba cómo incrementaban el presupuesto, pero lo que no se veía era cómo se licuaba frente a la crisis. O se hablaba despectivamente de las universidades como fue el caso de la ex gobernadora Vidal”, recordó.
Sobre el nuevo gobierno, Leguizamón señaló que “sin lugar a duda se espera un trabajo arduo, una tarea en la que estamos dispuestos a colaborar”, porque a su entender “se requiere gestar políticas inclusivas, universales, recuperar el Ministerio de Educación, redistribuir de forma equitativa el presupuesto asignado a las universidades nacionales, recuperar también el sistema de investigación nacional, y fortalecer las extensiones que son el nexo cotidiano entre universidad y territorio”.

La construcción de un sentido común

La socióloga de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Nayla Pis Diez puntualizó que hay “dos orientaciones que ordenaron la política oficial macrista hacia las universidades y el sistema nacional de ciencia y tecnología, y que en estos cuatro años se han venido pensando y denunciado juntas, y sirve mucho, porque se complementan: el ajuste presupuestario y el intento de construcción de un sentido común sobre el derroche de esos recursos, sea por corrupción, ineficiencia o temas irrelevantes en las investigaciones del CONICET”.
“Todos los informes de organizaciones sindicales y universidades coinciden en que en estos cuatro años el presupuesto de las universidades nacionales cayó en su participación en el PBI, en su participación en el presupuesto total y también con respecto a los índices de inflación. Esto se tradujo no sólo en un ajuste neto a los salarios, sino también en la reducción o subejecución de partidas destinadas a la infraestructura y en la cantidad y el monto de las becas para estudiantes”, destacó Pis Diez, doctora en Ciencias Sociales por la UNLP.
Por su parte, Mauro Benente, abogado y docente de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y de la UBA, graficó: “El gobierno de Macri cambió la política universitaria y transformó los sueños en pesadillas: no creó universidades, achicó el presupuesto, contrajo los salarios de docentes y no docentes, diseñó un plan económico que obligó a estudiantes a abandonar sus estudios y redujo el Plan Progresar”.
Benente advirtió que en el gobierno anterior al macrismo se crearon 23 universidades nacionales e institutos universitarios “en regiones en las cuales no había acceso a los estudios superiores, se incrementó el presupuesto del sistema universitario y se aumentaron salarios de docentes y nodocentes”.
Destacó que contrariamente a lo que hizo el macrismo, “durante el gobierno del Frente para la Victoria hubo una moderada redistribución de ingresos y políticas focalizadas como el Plan Progresar, que permitió que jóvenes y adultos de sectores populares pudieran acceder a la universidad”.
También hizo hincapié en los “discursos ofensivos hacia la educación pública en general y la educación superior en particular” de los funcionarios neoliberales. Como símbolo recordó las palabras de la entonces gobernadora Vidal sobre el acceso a la universidad pública de los sectores de clase baja.

Críticas y expectativas

Adriana Chiroleu, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), subrayó que “una evaluación de lo que fue el gobierno de Macri en materia universitaria no puede eludir una mirada comparada con la gestión precedente”. Y en esa comparación sobresale “una reducción de su financiamiento, piedra basal de relaciones tensas y de confrontación con los actores universitarios”.
“La gestión de Macri se tradujo en una disminución del financiamiento como porcentaje del PBI, en la falta de una actualización adecuada de los montos según inflación, en la subejecución de partidas, en la pérdida del lugar prioritario de las universidades públicas como consultoras del Estado y en la caída del presupuesto para infraestructura”, argumentó Chiroleu.
Evaluó que “si bien la incidencia de esa pérdida de recursos fue diferencial, probablemente las instituciones más perjudicadas hayan sido las de reciente fundación, varias de ellas radicadas en el conurbano bonaerense, que aún no habían completado su dotación de recursos físicos y humanos”.
“Como contracara del buque insignia de los gobiernos kirchneristas, es decir la expansión de oportunidades en el ámbito universitario, se revirtieron sus dos formas de concreción: la expansión institucional y la ayuda económica a estudiantes carenciados, y hubo también reducción del número de becas y la forma en que se ejecutaron programas”, afirmó.
Acerca de la nueva gestión, Chiroleu opinó que “afrontará desafíos singulares por las expectativas que su llegada genera en el sector y por el contexto general de penuria económica que impondrá jerarquizar el destino de los recursos” y que “pese a las restricciones, resulta vital proseguir y aún profundizar la política de expansión de oportunidades de los sectores sociales más postergados”.
Propuso, no obstante, “plantear programas más integrales, reformular la ayuda económica sumando un financiamiento adecuado y sobre todo evaluar su impacto para potenciar sus efectos no sólo en el ingreso, sino en la permanencia y el egreso”.
Las evaluaciones de los representantes consultados por este Suplemento plantean con crudeza el desafío que deberán afrontar el flamante ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk. Una nueva etapa está en marcha para revertir la situación dejada por cuatro años de neoliberalismo.

“La propuesta de Guzmán le vendría bien a Argentina y al mundo”

El economista belga sostiene que Argentina debería “desconocer” el acuerdo que firmó Macri con el FMI, porque viola normas constitucionales locales y las reglas del organismo, y además fue suscripto bajo presión del gobierno de Trump.

Por Raúl Dellatorre

 

"Argentina está ante una oportunidad histórica”, señaló Toussaint. 

“Argentina tiene una oportunidad histórica de desconocer el acuerdo con el FMI, porque tiene argumentos para hacerlo”, sostiene Eric Toussaint, portavoz de CADTM, red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo. Estuvo en Buenos Aires en la semana anterior, en la que participó de una Audiencia Púbica sobre qué hacer con la deuda, convocada por la diputada nacional Fernanda Vallejos. Toussaint elogió la propuesta de Martín Guzmán, el ministro de Economía designado, de suspender por dos años el pago de capital e intereses. “El desconocimiento del acuerdo con el FMI respaldado en la Doctrina internacional de la deuda odiosa consolidaría esa posición, y generaría una corriente de simpatía en el mundo”, afirma el economista belga, que subraya que “Macri no tenía potestad para firmarlo y el FMI fue contra sus propios estatutos y bajo presión de Trump para dar semejante crédito, porque además conocía las consecuencias: el pueblo argentino no tiene por qué hacerse cargo”.
El tema deuda pareciera ser una de las claves del nuevo gobierno. ¿Qué opinión le merece la actual situación argentina?
Claro, todos los días vemos en las noticias el tema de la deuda, del FMI, si aceptar nuevos desembolsos o no, la propuesta de Martin Guzmán de suspensión durante dos años de los pagos. Se ve que hay una atmósfera de debate en torno a lo que hay que hacer con la deuda. Es una situación muy interesante, porque es un cambio de gobierno que, de cierto modo, podría ser un cambio de régimen respecto a los cuatro años de Macri. Y frente a un plan de rescate del FMI, el más masivo de toda su historia, 57 mil millones de los cuales 44 mil desembolsaron. El nuevo gobierno se encuentra en una encrucijada, y yo diría, en mi opinión, que el gobierno tendría que desconocer el acuerdo con el FMI. Porque no se respetó la Constitución Nacional en los procedimientos legales para contratar esa deuda. Las mismas reglas del FMI no fueron respetadas por el propio FMI. Sólo puede otorgar un crédito si ese crédito hace sostenible la deuda del país que lo recibe, y otorgar 57 mil millones en la situación económica que atravesaba Argentina, ningún economista serio del FMI puede afirmar que era razonable y respetuoso de las reglas del propio FMI. Está claro que hubo una intervención del presidente de Estados Unidos para ayudar a Mauricio Macri, que llevaba una política conforme a los intereses de Estados Unidos en la región. Y quería ayudar a Macri a quedarse en el poder.
¿Argentina tendría que cuestionar o desconocer el acuerdo?
Desconocer. Porque cuestionar no sirve realmente. Se han acostumbrado en el FMI a los cuestionamientos. Debería tomar una posición fuerte y decir que el pueblo votó para un cambio de gobierno, el crédito otorgado a la Argentina es contrario al interés de la Nación, por lo tanto no nos sentimos obligados a seguir con ese acuerdo. Se demostró con los resultados, que no es por razones ideológicas, sino que no se respetó la Constitución y los resultados nefastos de ese crédito están a la vista. Entonces ahí, mi planteo es argumentar en función de la doctrina de la deuda odiosa.
Hay una interpretación incorrecta de la doctrina, según la cual un gobierno puede desconocer una deuda considerada odiosa si fue contratada por un régimen autoritario o despótico. Cuando la doctrina de la Deuda Odiosa dice que la naturaleza del régimen que contrató no importa. Lo dice claramente: lo que importa es el uso que se hizo de la deuda contratada y el propósito de la contratación.
Esa doctrina dice que si la deuda ha sido contratada contra el interés de la Nación, el Estado o el pueblo, y los acreedores no pueden demostrar que no sabían cuál iba a ser el uso de la deuda, puede ser desconocida. Revierte la carga de la prueba: es el acreedor quien debe demostrar que no tenía condiciones de saberlo.
Claro, tomar ese criterio indicaría para Argentina una situación muy fuerte; no mantenerse en una situación de denuncia sino en un acto soberano unilateral, basado en argumentos de derecho internacional e interno respecto de la Constitución Nacional y los procedimientos legales para contratar deuda. El gobierno actual podría decir “no podemos cargar sobre nuestro pueblo una deuda que fue contratada contra su interés y sin respetar las reglas mínimas democráticas. Entonces, mi consejo a Alberto Fernández y a su equipo de gobierno es decir, asumiendo el tema, que hay un cambio de gobierno y las condiciones en la cual se firmó el acuerdo hacen que ese tratado no se reconozca, Macri lo firmó sin la potestad de hacerlo, y el FMI lo firmó sabiendo las consecuencias.
¿Qué indican los antecedentes? ¿Los países deudores pudieron lograr el reconocimiento internacional de que esa deuda no correspondía pagarse?
Sí, muchos. La doctrina de la deuda odiosa se elabora en los años 20 del siglo pasado, y toma los antecedentes y jurisprudencia de casos ocurridos entre fines del siglo 18 y principios del 20. En Estados Unidos, en 1837, en cuatro estados, Arkansas, Misouri, Michigan y Florida, tuvieron una crisis bancaria, el pueblo se reveló denunciando a los gobernadores anteriores por haber contratado deudas sin respetar las reglas, acuerdos con banqueros sospechados de corrupción. Loa nuevos gobiernos repudiaron la deuda, y los banqueros intentaron impugnar ante la Corte Suprema de EEUUese repudio, pero la Corte le dio la razón a las nuevas autoridades de los 4 estados que repudiaron la deuda. Es un ejemplo interesante, es una denuncia de la población no por temas dictatoriales sino por corrupción y conflicto de intereses. En México, Benito Juarez (presidente a partir de 1857) desconoció la deuda contratada por el régimen anterior con banqueros franceses. Se impuso la posición de México a nivel internacional y, luego de un período de conflictos, al poco tiempo los demás estados firmaron tratados con México reconociendo al gobierno de Juárez a pesar del repudio de la deuda internacional. Hay una cantidad de ejemplos y actos de repudio de la deuda.
¿Y que reacción internacional cabría esperar si Argentina adoptara una actitud así? ¿Qué aliados y que adversarios tendría?
La pregunta que habría que hacerse es cuál podría ser la represalia del FMI. El tema es preguntarse, ¿Precisa Argentina depender de los mercados financieros para financiar la recuperación económica? O se puede financiar con el dinero que debería pagarle al FMI, como se hizo entre 2002 y 2005, que le permitió al gobierno reincentivar la actividad económica y tener un crecimiento real?. Mi convicción es que, en la situación actual, Argentina podría a partir de sus fuerzas internas (el mercado consumo es el 70 por ciento del PBI argentino) distribuir más poder de compra a la mayoría de la población, mejorar sus condiciones de vida, salarios, jubilaciones y tener gasto público. Podría reactivar la economía rápidamente, generar empleo, demanda para los productores internos. Cuando el otro esquema es mantener el acuerdo con el FMI, encontrar el dinero para pagar a los bonistas privados, lo que implica nuevos empréstitos para refinanciar capital y pagar los intereses, mientras se mantiene un acuerdo con el FMI que no va a aceptar políticas distributivas. Va a exigir las mismas políticas por las que el pueblo de Ecuador se levantó, como en otros lugares.
Entonces, creo que hay una oportunidad histórica que se ofrece al pueblo argentino y a su gobierno, que no tiene que asumir lo que hizo el gobierno anterior. El nuevo gobierno tiene los argumentos para decir: no tenemos por qué cargar ahora con la responsabilidad de perjudicar al pueblo. Y eso para Argentina no generaría una situación caótica, el gobierno podría tomar esa ruta y generar una campaña internacional de simpatía con tal decisión.
Es una decisión política fuerte y audaz…
Claro, eso implica tener mucha fuerza, mucho coraje. Pero hubo épocas de la historia de Argentina, con los que el nuevo gobierno se identifica, que se pusieron de pie, como el de Juan Domingo Perón, que estuvo en conflicto con el FMI en los 50, y otros en la región como los regímenes desarrollistas de Lázaro Cárdenas (México) y Getulio Vargas (Brasil) que, al igualk que Perón, lograron, enfrentándose con intereses exteriores e internos, cosas favorables al pueblo, que hacen que Argentina sea diferente hoy en día a Chile o al Brasil de Bolsonaro.
¿Advierte que esta discusión esté presente en el escenario argentino, como para plantearla como alternativa de política de Estado?
Creo que esa discusión surge directamente de la situación. Que alguien como Martín Guzmán, o Stiglitz, apoyen la idea de suspensión unilateral de pago, eso ya lleva a una confrontación. Me parece que es una propuesta clara, que al menos una suspensión de pago le vendría bien a Argentina. Lo que digo es que, para consolidar la posición de Argentina de impago, hay que plantear que ese acuerdo con el FMI debe desconocerse. No solamente tener un default técnico diciendo no tengo la plata para pagar, sino que además el pueblo de Argentina no tiene que pagarla por tal y tal razón. Ponerse de pie como gobierno para hablarle a la comunidad internacional. Estoy seguro que dentro del marco de referentes como Krugman, Roubini, Stiglitz, va a ser aplaudida.

Lo que no ofrece dudas, sin modelo perverso en su origen

Por Eduardo Aliverti

 

Una imagen del festejo del 10 de diciembre. 

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Imagen: Sandra Cartasso

Estaba fácil para escribir la nota, pero se descubrió que no tanto.

Todo a favor, a simple vista, para quien, como muchísimos y sólo con el agregado de algunos recursos de narración profesional, vio realizado un sueño por el que se luchó en estos cuatro años, en su gran mayoría parecidos al desierto.

Tanto haberse llegado a creer que para Macri el 2019 podía ser simplemente un trámite, que el vacío de unidad opositora no tenía retorno, que el único límite del ajuste seguía siendo la reacción de los ajustados pero esa reacción no llegaba, que el odio era efectivamente más fuerte.

Y entonces uno estaba en la Plaza, sintió que no era un sueño, en el momento se dio cuenta de que tenía problemas para encontrar los términos justos, se preguntó para qué buscarlos si lo imprescindible era el goce y se dijo que en todo caso las palabras aparecerían después, a la noche bien entrada, al otro día, o cuando el reposo para analizar lo permitiera. Y cuando eso sucediese, estaría fácil.

Alberto Fernández había llegado al Congreso conduciendo su auto, en un gesto fuera de protocolo que simbolizó presencia de autoridad tranquila y ser, como decía Néstor Kirchner, un tipo común (“uno de ustedes”) en un puesto importante.

Después siguió la mueca sincera de CFK en el apretón de manos con Macri porque, vamos, es lo menos que podía esperarse tras la persecución política y familiar que sufrió. ¿Qué se imaginaba? ¿Que lo saludaría como si tal cosa? De haber hecho eso, todavía estarían hablando de su hipocresía. La frivolidad de unos cuantos colegas, al haberse detenido en ese episodio brevísimo y al cabo insustancial, está a la altura de su categoría para ejercer el oficio.

El tono del Presidente se mantuvo sobrio a lo largo del discurso. Sólo levantó la voz cuando refirió al “nunca más” contra los jueces de la doctrina Irurzun, las prisiones preventivas a mansalva, la mugre de los servicios de inteligencia y los operadores del linchamiento mediático. Es lo único que repitió casi textualmente cuando cerró el acto en la Plaza.

Esa entonación moderada del jefe de Estado no implicó ausencia de conceptos profundos ni de anuncios, sino todo lo contrario. Y lo primero que verbalizó fue el no a la venganza, que en el escenario de la fiesta mudó a parar en seco las puteadas contra Macri.

La recorrida por su alocución en el Congreso es de una contundencia impactante, incluso si no se estuviera de acuerdo total o parcialmente.

A continuación, va el repaso textual y/o literal en el orden que Fernández empleó. Ya transcurrieron unos días y, precisamente por eso, tiene un enorme valor refrescar y transcribir lo que dijo con agrupación temática.

La política es conflicto de intereses y puja distributiva.

Las tasas de interés son usurarias. Las pymes tendrán estímulo oficial. Al cooperativismo y la agricultura familiar se les reserva un lugar destacado. Los diferentes actores del movimiento social hallarán cabida junto con los sectores del trabajo, del empresariado y del campo.

Inflación, desocupación, dólar, PBI per cápita, pobreza, indigencia, relación deuda/producto, producción industrial derrumbada, cierre de empresas, caída de los empleos registrados (así se citó la herencia macrista, de a una oración para cada número).

El presupuesto nacional del gobierno saliente es una farsa y el verdadero se discutirá el año que viene.

Se acabaron los dictados desde afuera y los únicos privilegiados serán quienes quedaron presos en el fondo del pozo.

Estamos en virtual default y la deuda es insostenible, como producto del modelo que fracasó en todo el mundo una y otra vez.

Habrá un nuevo federalismo y las provincias deberán disponer de capitales focalizados. Los proyectos necesitan ser de ejecución rápida, la vivienda es prioridad y por eso se potenciará al rubro con rango de Ministerio.

Emergencia sanitaria.

El contexto internacional, que registra fenómenos autoritarios y golpes de Estado, se divide entre el mundo, el mundo local y América Latina como hogar común.

Malvinas vuelve a priorizarse como reclamo irrenunciable a través de la creación de un Consejo especial.

Otro Consejo, de carácter nacional, se crea para el Desarrollo.

Fuerzas Armadas al margen de toda hipótesis de participación interna, la política de Derechos Humanos en línea con las mejores tradiciones progresistas, Nunca Más a los sótanos de la democracia, conjunto de leyes para federalizar la Justicia, intervención del antro que (des)maneja a los servicios, sus fondos reservados se reasignan al programa de lucha contra el hambre.

Se acaban el gatillo fácil y las muertes por la espalda.

Se acota el fasto de la publicidad oficial que con Macri alcanzó niveles obscenos, chau a las pautas para periodistas individuales, se reorientan esos fondos a promocionar calidad educativa.

Se promueve justamente un pacto educativo nacional, se universaliza la atención pedagógica de la primera infancia, es preferencia estratégica la extensión de la jornada escolar, gratuidad ratificada en los estudios universitarios públicos, Ciencia y Técnica también retornan a la jerarquía ministerial que jamás debieron perder.

Y Ni Una Menos.

Intercalados, cada cual en su contexto y también en el orden descriptivo empleado: Frondizi, Alberdi, Sarmiento, Righi, Néstor y Alfonsín.

Semejante discurso totalizador, con ese grado de precisión en los grandes lineamientos, desarmó las críticas aviesas excepto por los gurkas macristas que ya se transformaron en una caricatura de sí mismos.

Fernández proyectó un bosquejo de esperanzas que se necesitaba como el agua, más allá de los porcentajes de factibilidad de cada ítem. Y después de todo, para que los objetivos sean probables se requiere empezar creyendo en ellos.

Horas después, la Plaza certificaría una conmoción sólo equiparable a la del 10 de diciembre de 1983. Jamás desde aquél día -con la eventual salvedad del Bicentenario aunque esos festejos eran diferentes, porque no se volvía sino que se estaba en el Gobierno- hubo tanta alegría política movilizada.

El estribillo de Avanti Morocha y la cantada del himno fueron dos picos estremecedores antes de que Cristina se apoyase en un marcaje que, sólo, le demandó la extensión de unas concepciones determinantes. Presidente, acá está el pueblo, no lo defraude, confíe siempre en él, ellos no traicionan, no gobierne pensando en la tapa de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos, nunca lo olvide.

¿Ya está, entonces? ¿Bastaba con la crónica porque todo fue demasiado fuerte y explícito como para adjudicarse la pretensión de agregados? Sí, o en gran medida sí.

A lo sumo, cabe habilitarse un complemento que de tan sencillo podrá parecer obvio.

Uno no sabe cómo le irá al Gobierno. Es notable la cantidad de factores a favor, los equipos que se armaron están entre lo correcto y el lujo, las primeras medidas son tan alentadoras como se esperaba. Los componentes adversos, sin embargo, también son fortísimos, incluyendo variables que no se juegan de local.

Lo que sí sabe uno es que no se puede dudar de las intenciones de este Gobierno. Son gente que llega con buena leche. No vienen a joderle la vida al pueblo. No será que, ante cada medida que tomen, se pensará primero quién de ellos se lleva más plata. No ocurrirá que el modelo sea perverso.

Nadie, con honestidad, debiera pensar que, como durante la tragedia macrista, cuando se equivoquen estarán en realidad cumpliendo lo que vinieron a hacer en dirección contraria a las grandes mayorías (porque son personajes “conscientemente” siniestros, o porque sólo la fatalidad es esperable con un rumbo así).

Lo que se manifestó el martes pasado, y lo que debería volver a plasmarse cada vez que sea necesario, es eso. No dudar de las intenciones. Ya no solamente resistir: las intenciones de quienes se fueron tampoco merecían dudas, pero al revés.

Pensemos en otro 10 de diciembre, de hace cuatro años, y hasta buen rato después, a ver si eso es tan obvio.

Y si todas o algunas cosas salen mal, igualmente no nos habremos equivocado en darle la bienvenida a este tiempo.

Fuente:Pagina/12

¿Por qué protestan en Colombia?Movilizaciones, reclamos de paz y crisis de la derecha

Pablo Abitbol

Fuente:Ramble tamble blog

Una ola de manifestaciones sacude Colombia. El gobierno de Iván Duque reacciona estigmatizando la protesta social. ¿Qué reclaman los que luchan?

La noche previa al paro nacional convocado por los sindicatos de trabajadores –además del movimiento estudiantil, la Organización Nacional Indígena, la Cumbre Agraria y diversos movimientos sociales y partidos políticos–, el Escuadrón Móvil de Policía Antidisturbios (ESMAD) difundió un video promocional en el que aludía a sí mismo como «la familia», alardeaba de su fuerza y mostraba cruentas escenas de sus miembros disolviendo protestas.

Seis días después, las protestas continuaban en todo el país. En un momento dado, en la Plaza de Bolívar –en el centro de Bogotá, frente al Congreso, la Alcaldía, la Catedral Primada y el Palacio de Justicia– varios funcionarios de la Procuraduría tuvieron que conformar un cordón humano para facilitar la retirada de un grupo de agentes del ESMAD, a los que una multitud de jóvenes increpaba fuertemente. La razón de la ira era contundente: dos días antes, justo en la fecha prevista para celebrar su ceremonia de graduación del colegio y tras 48 horas de agonía, había muerto el joven Dilan Cruz, de 18 años, a causa de un disparo de escopeta de bean bag que recibió en la cabeza durante una protesta disuelta por el ESMAD.

¿Cómo se pudo llegar a semejante situación? ¿Qué busca la protesta social y cuál ha sido la reacción del gobierno? ¿Qué sigue ahora? Estas son las preguntas claves en la Colombia actual.

Antecedentes

El 24 de noviembre de 2016, tras más de cuatro años de intensas negociaciones, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suscribieron el Acuerdo final para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Durante ese tiempo, el ex-presidente Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se concentró en la creación de un nuevo partido político, el Centro Democrático (CD), enfocado en la firme oposición contra el proceso de paz.

En las elecciones de 2014, mientras el proceso de paz todavía se encontraba en negociaciones que provocaban una creciente polarización ciudadana, CD obtuvo una copiosa votación que le permitió ocupar una buena cantidad de escaños en el Congreso. Además, ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales, pero perdió la segunda por un estrecho margen. Cultivando el poder alcanzado y la resonancia de sus mensajes entre un amplio sector de la opinión pública, CD lideró la campaña por el «No» en el plebiscito que el presidente Juan Manuel Santos convocó dos años después para que la ciudadanía refrendara los acuerdos de paz.

Tras el triunfo del «No» en el plebiscito, el gobierno y las FARC tuvieron que renegociar el Acuerdo sobre la base de las propuestas de la coalición ganadora. Sin embargo, la única modificación que no pudo aceptarse en La Habana fue precisamente aquella cuyo mensaje tenía más resonancia entre el uribismo: la oposición a la «paz con impunidad», es decir, a la participación política de los ex-comandantes guerrilleros, sin que antes hubieran cumplido sus condenas en el marco de la justicia transicional. El nuevo Acuerdo de Paz fue entonces ratificado rápidamente por el Congreso, lo que fue aprovechado por la oposición, liderada por el ex-presidente y ahora senador Uribe, para generar la sensación de que Santos, las FARC y los partidos de la coalición de gobierno no habían honrado la voluntad del pueblo.

Desde ese momento, y ante la premura de la siguiente contienda electoral, la coalición de gobierno se fue erosionando y el ímpetu legislativo que requería la implementación del Acuerdo fue desvaneciéndose. Aunque buena parte de sus elementos centrales lograron concretarse, otros tantos quedaron truncos. Entre estos últimos, se destacan los que buscaban lograr una mayor participación política de las organizaciones sociales en los territorios más afectados por el conflicto y aquellos que establecían medidas más robustas de seguridad para los líderes sociales y los ex-combatientes.

Las campañas para Congreso y a la Presidencia profundizaron la polarización de la ciudadanía, en consonancia con la lógica de confrontación política del momento, caracterizada por la difusión (sobre todo en las redes sociales) de mensajes engañosos y ejemplificada por la campaña por el Brexit, la de Donald Trump y la del mismo «No» en el plebiscito. El triunfo de CD en las elecciones legislativas de marzo de 2018 fue contundente: obtuvo la mayor cantidad de curules en el Senado (19 de 108) y la segunda mayor en la Cámara de Representantes (32 de 172).

El candidato a la Presidencia por CD, Iván Duque, quien desde el Senado había liderado junto con Uribe la campaña del «No», llegó a la primera vuelta presidencial con más de siete millones y medio de votos. El segundo lugar lo ocupó un ex-combatiente de una de las guerrillas desmovilizadas en el marco de la Asamblea Constituyente de 1991, el M-19, ex-congresista y ex-alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con casi cinco millones de votos. En la segunda vuelta, resultó ganador el candidato de CD, con casi 10,5 millones de votos, frente a Petro, quien obtuvo ocho millones.

Aunque Duque adoptó un tono medianamente conciliador desde su campaña y aún más desde su posesión, en la práctica ha asumido posiciones conservadoras y ha tomado medidas tendientes a minar aún más la implementación íntegra y eficaz del Acuerdo de Paz. Entre ellas, las más sobresalientes han sido sus objeciones, casi letales, contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su viraje hacia la adopción de políticas más agresivas en la lucha contra el narcotráfico.

El «subpresidente» y la violencia

Sin embargo, la sensación prevalente entre la opinión pública es que Duque cumple un papel de «subpresidente», como lo llaman jocosamente, dada la percepción de que fue elegido bajo la égida de Uribe y de que el ex-presidente y senador tiene un enorme ascendente en la asignación de altos cargos en el gobierno. En ese sentido, si bien la bandera programática de Duque es la «economía naranja», bajo la superficie se puede ver una especie de retorno a la «seguridad democrática», que incluso ha conducido a que se vuelvan a adoptar políticas que incentivan el conteo de cuerpos, como aquellas que produjeron las miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas en aquel entonces como «falsos positivos». A esto se ha sumado el asesinato sistemático de alrededor de 1.000 líderes sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos e impulsores de procesos judiciales que buscan restituirles sus tierras a las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo. También han sido asesinados alrededor de 100 ex-combatientes de las FARC, incluyendo un sonoro caso de homicidio premeditado por parte de una unidad del Ejército, y decenas de indígenas y campesinos, principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba.

Este contexto de exacerbación de las violencias, que ha tenido un alto impacto en la conciencia colectiva de la nación, recibe distintas lecturas desde las diferentes orillas del espectro político. Para algunos, es un legado de la «paz con impunidad», que dejó tanto disidencias de la guerrilla como incentivos que alimentan la violencia producto del narcotráfico. Para otros, es un contexto que responde a la lenta y tortuosa implementación íntegra del Acuerdo de Paz, especialmente de sus componentes de desarrollo rural y de garantías de seguridad para los líderes políticos y sociales. El debate entre estas posiciones caldea los ánimos e incrementa la polarización.

La muerte de alrededor de 18 niñas y niños tras un bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de disidentes de la guerrilla terminó siendo la gota que rebasó la copa, y la presión social y política condujo a la renuncia (con homenaje por parte del presidente) del ministro de Defensa. Este fue reemplazado en su cargo por el funcionario que venía ocupando la cartera de Relaciones Exteriores, también del círculo cercano del senador Uribe, quien venía jugando un papel central en el concierto internacional junto con el ex-vicepresidente Francisco Santos, actualmente embajador en Washington, para presionar una transición política en Venezuela. A su vez, el fiscal general, también cercano al gobierno y a CD, tuvo que renunciar en medio de controversias sobre su anterior papel como abogado de la firma con mayor responsabilidad en el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.

Por todo esto –el sabotaje del Acuerdo de Paz, el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y ex-combatientes, el retorno de políticas que incentivan las violaciones de derechos humanos, los escándalos de corrupción y el intervencionismo en Venezuela–, al paro nacional convocado por los sindicatos y los movimientos sociales se le sumó tanta gente, sobre todo jóvenes, de manera espontánea. Originalmente, el paro tenía demandas en contra de las reformas impulsadas por el gobierno y el sector privado sobre pensiones, impuestos, condiciones laborales, medio ambiente y recursos para la educación pública. Sin embargo, acabó siendo un paro contra una situación que excedía por mucho a esas demandas y que se sintetiza en la violencia existente en el país.

Ante la convocatoria y la creciente popularidad del paro, el gobierno y CD reaccionaron estigmatizando las protestas con predicciones de que habría vandalismo y violencia. Se llevaron a cabo allanamientos (presuntamente ilegales) de sedes de organizaciones de izquierda y de medios de comunicación alternativos. Además, se militarizaron las ciudades.

Como una promesa autocumplida, los pocos desmanes que se produjeron en medio y al margen de las monumentales marchas pacíficas fueron intencional y no intencionalmente amplificados por algunos políticos, los medios de comunicación y las redes sociales, y se sembró tanto pánico en las ciudades de Cali y Bogotá que la policía no pudo dar abasto ante la cantidad de llamadas de auxilio por parte de vecinos que pensaban que hordas de vándalos estaban invadiendo sus conjuntos residenciales (que terminaron siendo falsas alarmas). La situación condujo a que se declarara el toque de queda en esas dos ciudades y a que las primeras declaraciones del presidente Duque se centraran en los desmanes y no en las demandas de los cientos de miles de marchantes.

Ante eso, la ciudadanía, de nuevo de manera espontánea, inició un cacerolazo, primero desde las ventanas y luego, desafiando el toque de queda, en las calles. Esto incitó un llamado a la continuación de las marchas y las protestas que contó con una masiva participación durante los días posteriores al día inicial del paro. Como respuesta, el presidente Duque llamó a una «conversación nacional» improvisada y desordenada, a la que no ha invitado a la gran diversidad de organizaciones convocantes del paro nacional, ni siquiera a algunas de las más importantes. Mientras tanto, funcionarios del gobierno, como la ministra del Interior, y políticos del CD, como la senadora Paloma Valencia, continúan asumiendo un discurso confrontativo y de estigmatización de la protesta social.

Según una reciente encuesta, la mayor parte de la ciudadanía apoya el paro, pero una parte aún mayor quiere que todo vuelva pronto a la normalidad. La gente siente que las cosas van por mal camino y la aprobación del presidente está en su punto histórico más bajo (21%). Ya se viene diciembre y, por ahora, las protestas continúan.

Qué piensa la nueva ministra de Seguridad sobre las bandas narco, Hezbollá, el terrorismo y la relación con EEUU

FuenteAmbito

06 diciembre 2019 - 14:30

Sabina Frederic participó junto a un equipo de expertos de la elaboración de un plan de seguridad para el futuro gobierno. En diálogo con Ámbito, opinó sobre la idea de crear un Consejo Nacional de Seguridad con mando político, sobre las bandas narco y cárteles mexicanos, el rol de EEUU en Argentina y la gestión saliente de Cambiemos.

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Sabina Frederic brindó una entrevista a Ámbito a principios de noviembre. Durante la charla, dio precisiones sobre los posibles lineamientos en Seguridad del nuevo gobierno de Alberto Fernández.Foto: Ámbito

Por Sebastián D. Penelli

Sabina Frederic es antropóloga social, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora del Conicet y miembro del grupo de intelectuales Agenda Argentina. Se especializa en el diseño de políticas públicas hacia las fuerzas armadas y de seguridad, para cuidar su integridad y mejorar el bien estar de los uniformados. Entre 2009 y 2011 fue subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa y desde hace meses participa en los grupos de asesoramiento en seguridad del Frente de Todos.

Frederic fue una de los 35 especialistas que elaboraron un plan de acción para el futuro gobierno de Alberto Fernández. En paralelo, se presentó otro del PJ. “Se trabajó muy bien. Se pidieron aportes para la próxima gestión, que no son vinculantes. Las medidas serán materia de definición de las próximas autoridades, no significa que los aportes se conviertan en políticas”, aclaró la escritora del libro “De la desmilitarización a la profesionalización”, sobre la formación básica de la Policía Federal Argentina.

La principal propuesta de Fernández a partir del 10 de diciembre será la creación de un Consejo Nacional de Seguridad, creado por una ley del Congreso nacional, con participación de expertos de todas las áreas, mirada federal y bajo un mando político civil.
La idea de instalar un Consejo de Seguridad recuerda a los esquemas de gobernabilidad de la Universidad de Buenos Aires -con consejos superiores, un rector, un estatuto- o la estructura que actualmente funciona en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
En diálogo con Ámbito, la antropóloga autora del libro “Las Trampas del Pasado”, que desnuda la integración de las FFAA tras el retorno de la democracia, habló sobre los futuros lineamientos de la seguridad. Cómo funcionaría el Consejo; quiénes lo integrarían; por qué se dice que los “carteles narcos no existen”; qué debe hacer el próximo gobierno con la reforma de la ley de defensa de Cambiemos; y qué vinculo habrá que tener en esta materia con los Estados Unidos. Una charla y decenas de definiciones.
Periodista: ¿Cómo evalúa la posibilidad de instalar un Consejo Nacional de Seguridad en la Argentina?
Sabina Frederic: La propuesta la conozco por lo que dijo Alberto Fernández en el debate y lo que salió en los medios. En un principio se dijo que iba a ver Agencias del Estado involucradas, pero se está definiendo el Consejo, entre orientaciones llamadas garantistas y mano dura, para que no se vaya de un extremo al otro. Alberto parece que quiere que aparentemente tenga representación federal, que ya existe en el Consejo de Seguridad Interior.
P.: ¿Cómo se imagina que funcionará el organismo?
S.F.: Sin conocimiento concreto de cómo va a funcionario el Consejo, es difícil emitir opinión. Si va a haber un coordinar de la mesa, ya sea secretario o un ministro, se deberán definir bien cómo se toman las decisiones en el Consejo, por mayoría o con qué criterio. Si las fuerzas de seguridad van a estar conducidas por una mesa, hay que ser muy estricto en saber cómo se tomarán las decisiones. La idea es interesante para no politizar tanto la seguridad. El propósito parece ser ese: sacar la política de seguridad de una politización banal.
P.: ¿Eso es una crítica a la actual gestión en seguridad?
S.F.: En los últimos cuatro años el gobierno de Cambiemos ha sobreactuado y tomaron una distancia de las políticas anteriores que creo que no ha sido tal, no hubo criterios tan diferentes, fue algo más del discurso. La diferencia más clara fue en el aumento de la población del sistema carcelario, ahí Cambiemos hizo un desastre, metieron miles de personas en las cárceles en condiciones pésimas. En muchas otras cosas en distancia entre el discurso gubernamental y lo que los miembros de las fuerzas de seguridad efectivamente hicieron, porque los integrantes de las fuerzas tienen límites.
P.: ¿Fue más lo que se dijo que lo se hizo?
S.F.: Si, claramente. Sacando a los miembros desquiciados, como los efectivos que disparan por la espalda, que son casos dispersos con un discurso que los habilita, en general cuando salen los protocolos de derribo de aviones o para la manifestaciones, dentro de la fuerza dicen que no se pueden hacer y que son una locura. Por abajo ocurrieron menos cosas de las que por arriba se promovieron. En el plan discursivo hubo una sobreactuación de las diferencias respecto del Gobierno anterior y la idea del próximo presidente creo que será bajar el tono y tener una política de Estado, y no una política banal, sin caer en manipulaciones.
P.: ¿El Consejo debería estar integrado solo por personal civil?
S.F.: Dependerá de cómo se define la toma de decisiones. Si el Consejo es parte de la decisión, y se define por mayoría o unanimidad, no debería tener integrantes de las fuerzas de seguridad. Es más, las fuerzas deberían estar por debajo de esa escala de decisión. Tal vez podría haber asesores del Consejo que sean exintegrantes de las fuerzas.
P.: ¿Por qué en México se dice que los “cárteles de droga no existen”?
S.F.: Es una orientación que acá no llega y que hoy con el gobierno de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) tiene más repercusión, que está asociada a cómo en los últimos 30 años la política de lucha contra el narcotráfico no solo en México, ha estado marcada por una coproducción entre el estado mexicano y el estadounidense. Lo que se pone en discusión es cómo esas narrativas fueron alimentadas por los medios de comunicación, la ficción, las series televisivas (de Netflix), la literatura y las novelas, que construyeron una imagen, una representación del narco y el cartel de drogas, como si fuera externa al Estado. Autores como Oswaldo Zavala y John Ackerman coinciden que el Estado mexicano fue un gran productor de las drogas, no es que los carteles existen como organizaciones criminales externas, sino que son grupos alimentados por las propias decisiones de los estados mexicano y norteamericano. La tesis central es que la guerra contra las drogas después de la caída del muro de Berlín fue la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos para intervenir en gobiernos latinoamericanos. Hay una fabricación, espectacularización y sobreactuación de los grupos criminales, las mafias y las bandas narco. Sin negar la violencia en México, ni la violencia de estado, hay que empezar a ver de qué se habla cuando se dice banda criminal, cuántos son, quiénes las integran.
P.: ¿En la Argentina también se sobreactúa a las bandas narco?
S.F.: Se construyen imágenes que son incontrastables. No hay ninguna evidencia empírica que lo se habla sea crimen organizado o narcocriminalidad. Hay una ausencia de datos concretos. Muchas son incautaciones de gente que transita la droga, son redes de transporte, como camioneros. Son decomisos en tránsito. Mucho es marihuana, que también hay que debatir si tiene sentido seguir penalizando el consumo, o no ir a otro forma de regulación. La cantidad de dinero que se pierde por perseguir el tráfico de una droga blanda, que en muchos casos produce menos efectos que el alcohol, es una locura. También hay cocinas de drogas o bunker de droga, que son de gente que vive en condiciones paupérrima. Si hay que buscar a grupos que le hacen daño al Estado es en lavado de dinero, no en el transporte.
P.: ¿Y qué se necesita, entonces?
S.F.: Se necesita policía de investigación, con este gobierno la policía federal quedó estancada. Falta inteligencia e investigación criminal para prevenir el delito, que es distinto de la AFI, que hace inteligencia de Estado. Si hay organizaciones criminales hay que encontrarlas y desalentarlas, si es que realmente las hay. Y además, hay que informar a la ciudadanía de qué estamos hablando, porque estamos alimentando un enemigo que ni sabemos qué es. Lo único que vemos en los procedimientos son personas detenidas, pero no sabemos quiénes son, de dónde, quiénes están atrás. No sabemos qué se está persiguiendo. Que haya más decomisos no significa que haya menos drogas. Según Sedronar, se triplicó el consumo en los últimos años de todas las sustancias y los chicos dicen que es más fácil conseguirlas que antes. No estamos resolviendo el problema de las drogas.
P.: ¿Coincide que la decisión de este Gobierno de que las Fuerzas Armadas intervenga en casos de narcotráfico?
S.F.: No, creo que se deben mantener al margen.
P.: Usted anularía los cambios al decreto que reglamentó nuevamente la ley de defensa...
S.F.: Ni los militares están de acuerdo. Sé que no están a favor de eso. Respecto de la intervención en terrorismo hay más divergencia de opiniones en el ámbito militar, pero hoy eso no es una amenaza para la Argentina. Es un invento de este Gobierno creer que el terrorismo internacional es una amenaza para nosotros. De hecho, se detuvo a gente que no tenía nada que ver. Otras naciones que sí tienen problemas con el terrorismo, arrastran al país. Las fuerzas del Operativo de Integración Norte desplegada hace un año a partir de la reglamentación de la ley de defensa de julio de 2018 van a la frontera a hacer tareas de adiestramiento, no tiene tareas operativas, y eso es porque los militares se negaron.
P.: ¿Cómo que se negaron?
S.F.: Si, se negaron en un contexto de baja presupuestaria muy fuerte, que terminó con la negativa de los militares a desfilar el 9 de Julio de 2018. Hubo amenazas de retiros masivos de los organismos hacia arriba. El contexto en que se tomó esa decisión (usar las FFAA para combatir el narcotráfico) hizo que los militares decidieran no ir en las condiciones nisiquiera de Fortín 1 y 2 del gobierno anterior, que sí fue una operación de logística, donde cobraron viáticos. En este caso, no.
P.: ¿Está de acuerdo con calificar a Hezbollá como una organización terrorista?
S.F.: Es comprarnos un problema que no tenemos. Fue una exigencia de Estados Unidos al Gobierno. El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro.
P.: ¿La seguridad regional debe volver a tener una tarea coordinada entre los países de América Latina?
S.F.: Hubo una experiencia muy importante entre las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia que creó una relación de cooperación, con el operativo Cruz del Sur. Se alcanzaron relaciones de solidaridad increíbles y eso hay que recuperarlo. Es muy difícil hoy con la situación con Brasil, pero hay que intentar reflotarlo o extenderlo, incluso con México.
P.: ¿Cuál será el vínculo en materia de seguridad con Estados Unidos?
S.F.: Tenemos que aprender y tomar algunas cosas de los Estados Unidos, no comprar modelos, recetas o negocios. Hay que tener una relación inteligente, mucho dependerá de cuál es la autonomía o soberanía del próximo gobierno en esta materia. Cambiemos perdió soberanía. Sin comprar rectas de tolerancia cero, se puede ver qué instrumentos tienen y adaptarlos a la realidad argentina. Hay que ser inteligente, no quedar encandilados con lo que vende Estados Unidos, ni ser mercenario, ni cortar la conexión, eso no tiene sentido. Hay cosas que se pueden aprender de ellos y de otros países, como Francia o Portugal.

Chile. Senado aprobó ley contra derecho a la protesta social: iniciativa pasa a Comisión de Seguridad Pública

 

 

Resumen Latinoamericano* / 5 de diciembre de 2019

La Cámara Alta aprobó la noche de ayer miércoles el proyecto de ley que modifica el código penal agravando las penas para quienes participen de cortes de tránsito y barricadas considerándolo como delito la alteración de la paz pública.

La iniciativa fue aprobada por la Sala del Senado con 33 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Luego de su aprobación se derivó a la Comisión Seguridad Pública donde se verán sus artículos en particular.

La modificación del código penal aprobada parcialmente por la clase política, criminaliza una de las principales herramientas de la protesta popular del pueblo chileno a partir del 18 de octubre pasado: la barricada y el corte de tránsito.

El proyecto establece que se entiende como «desorden público» las siguientes 6 situaciones:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.

2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

La modificación incluye en un apartado que «se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados,»

A ello hay que agregar el endurecimiento de las penas contra quienes participen de saqueos. El delito robo con fuerza será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) si el autor del hecho lo hace en un contexto de «desorden público».

En síntesis, el Senado aprobó una nueva ley en contra del derecho a la protesta social, fortaleciendo la represión y la condición de Estado militarizado de Chile.

Argentinos ignorantes en finanzas y expertos en inflación

Un estudio internacional sobre conocimiento financiero de la población 

En la Argentina, la principal forma de ahorro es guardar los dólares en casa. El conocimiento de los argentinos sobre inflación supera largamente al de los países centrales, pero está entre los peores en reconocimiento de formas de financiamiento e instrumentos financieros alternativos de inversión. 

Por Florencia Barragan

 

 

 

Fuente:Pagina/12

 

Sólo el 24 por ciento de los argentinos reconoció haber ahorrado en el último año y la forma de ahorro principal es debajo del colchón, pese a que pasaron casi dos décadas del corralito. A pesar del aumento en la morosidad de las familias , menos de la mitad sabe lo que es refinanciar el saldo de una tarjeta de crédito. Argentina está entre los peores puestos a nivel internacional en conocimientos financieros. En el único punto que encabeza es en el saber sobre la definición de inflación y el cálculo del poder adquisitivo.
Así se desprende de un documento difundido por el Ministerio de Hacienda de la Nación, titulado “Plan Nacional de Educación Financiera”, que tiene como objetivo mejorar los conocimientos financieros de las personas y las empresas para acceder o utilizar servicios financieros. La difusión del informe se realiza en un contexto de sobreendeudamiento de las familias e imposibilidad de financiamiento para las empresas, con los niveles de tasas de interés más elevados del mundo.

Ahorro al colchón

El informe presenta un diagnóstico de la educación financiera en Argentina. En cuanto al ahorro, el comportamiento financiero es muy negativo con respecto a los demás países. Sólo el 24 por ciento de los argentinos encuestados dijo haber ahorrado en los últimos 12 meses. El promedio de los países del G20 fue del 64 por ciento, en México del 53 por ciento, y en Brasil del 30 por ciento. La encuesta la realizó en 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y consideró los mecanismos de ahorro formales e informales. El mismo año, un trabajo del Banco Central informó que el 29 por ciento de los argentinos declaró haber ahorrado en los 12 meses previos. La cifra presenta grandes variaciones según nivel socioeconómico, ya que la mitad de las personas del nivel ABC1 (clases altas) declaró haber podido ahorrar.
Entre los que declararon haber podido ahorrar, la forma de ahorro principal, en un 58 por ciento, fue en el hogar, ya sea en una alcancía o debajo del colchón. Le siguió en un 37 por ciento el ahorro a través de dejar el dinero en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. Sólo un 12 por ciento lo hizo en moneda extranjera y en último lugar, con un 2 por ciento, a través de productos de inversión. Desagregada, la proporción de ahorro en el colchón no presenta casi variaciones entre distintos niveles socioeconómicos: lo hizo en un 62 por ciento el nivel ABC1, correspondiente a clases altas y medias, y en un 63 por ciento el nivel D1, correspondiente a clases bajas.
Los datos corresponden al 2017 y se difunden a 18 años de la implementación del traumático corralito, el 3 de diciembre de 2001. Analistas consideran que será difícil recuperar la confianza en un contexto en el que el Gobierno termina su mandato con un reperfilamiento de títulos en pesos, que sólo impacta al sector privado , ya que las provincias fueron excluidas.
En la actualidad, los instrumentos de ahorro son limitados: con el llamado “súper cepo”, el Banco Central permite comprar 200 dólares por mes, y las tasas de interés de plazo fijo se encuentran por debajo de la inflación. Si bien el 73 por ciento de los encuestados tienen conocimiento del plazo fijo, un mecanismo tradicional de ahorro, no ocurre lo mismo con herramientas más sofisticadas, como inversiones en títulos públicos o fondos comunes de inversión.
En cuanto a los productos financieros, sólo 8 son conocidos por más del 50 por ciento de los encuestados: se trata de las tarjetas, los depósitos, las cuotas y los plazos fijo. Sin embargo, menos de la mitad (46 por ciento) escuchó hablar sobre el financiamiento de los saldos con tarjeta de crédito. Esto representa un problema, ya que la morosidad en este aspecto se duplicó en 4 años.
En el comparativo internacional del índice de educación financiera desarrollado por el Banco Central y por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Argentina está en el puesto 37 de 39 países. De todas formas, en materia de conocimiento sobre inflación, somos los campeones mundiales. El 91 por ciento tiene conocimientos sobre la definición de inflación, mientras que en el promedio de los países del G20 es del 77 por ciento. Algo similar ocurre con el cálculo del poder adquisitivo: el 69 por ciento de los argentinos tiene este conocimiento, mientras que en los países del G20 es del 53 por ciento. Este año, la inflación interanual alcanzará el 55 por ciento y se transformará en la cifra más alta desde 1991.

Banqueros y educadores

El objetivo del programa de educación financiera es aumentar la confianza en el sistema financiero formal y mejorar los hábitos de planificación financiera. Establece acciones para llevarse adelante desde este año y hasta 2023. Una de ellas es incorporar contenido de educación financiera en la currícula de escuelas secundarias, a través del Ministerio de Educación. Esto traerá una polémica acerca de qué y cómo se enseñará, y cuál será el rol de los sectores privados financieros en la educación de las aulas. De hecho, el documento detalla todos los organismos locales e internacionales que participaron en el armado, desde la Anses hasta la OCDE. Además, reconoce que participó el sector privado con “importantes contribuciones y comentarios”. Entre las empresas participantes se encuentran Prisma, Mastercard y asociaciones bancarias como ABA y ADEBA.

El sueño de la razón produce monstruos en Bolivia

Por Baltasar Garzón

 

Imagen: Pablo Añali

En estos días se celebra en la prensa el significativo avance de Bolivia en el proceso de pacificación social. “El Congreso aprueba nuevas elecciones”. “Bolivia nombra su primer embajador en Estados Unidos” son las noticias que dominan los titulares en todo el mundo.

Sin embargo, esta es una mirada sesgada que deliberadamente pretende desubicar al lector a través de un relato abstracto, sin sujeto, deshumanizado, que ignora y desprecia el sufrimiento de miles de bolivianas y bolivianos y que los estigmatiza pretendiendo atacar al presidente Evo Morales a quien presentan como un tirano, causante de todos los males de Bolivia.

Lo que esta ocurriendo ahora en Bolivia no es ejemplo de una solución a una crisis constitucional, sino una perversión misma de la democracia, de sus normas, principios y valores fundamentales.

Ya no hace falta, como antaño, dar golpes de Estado con tanques y aviones que bombardean el palacio de gobierno. Ahora basta con sembrar la duda respecto del recuento rápido (preliminar) de votos en unas elecciones, regar de incertidumbre su resultado con interpretaciones parciales que no se basan en hechos contrastados, para generar un estallido social. Y para que policías y militares salgan a la calle, cuales garantes de la democracia, a reprimir severamente a tan sólo uno de los dos bandos y presionar al presidente para que renuncie, por el bien del país, a fin de evitar un derramamiento de sangre, que de todos modos se ha producido, provocado por ellos mismos, por cierto.

Ya son dos informes internacionales los que aseguran que en Bolivia no hubo fraude electoral. Uno es del profesor del Departamento de Ciencias Políticas y del Departamento de Estadísticas de la Universidad de Michigan, Walter Mebane. El otro es del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Ambos informes contrastan con la actitud precipitada y poco fundamentada del informe preliminar de los observadores de la OEA, que en todo caso sospecha del sistema de conteo rápido, pero no del recuento oficial efectuado por el Tribunal Supremo Electoral.

Pero, como bien ha apuntado Boaventura de Sousa: “Los hechos muestran que en Bolivia se activó desde hace tiempo un plan golpista, con diversos componentes bien sincronizados entre las elites locales y el imperialismo norteamericano”. Tanto es así que – sigue de Sousa – el fantasma del fraude fue “cimentado semanas antes de las elecciones” logrando que varios cabildos departamentales anunciaran el desconocimiento del resultado electoral si ganaba Evo.

No hay democracia

No hay democracia cuando se acusa de fraude electoral al presidente, como hace Mario Vargas Llosa explicitando su claro sectarismo anti Morales, arrinconando la verdad de lo sucedido, asumiendo las fake news, con un discurso supuestamente independiente, y tildando de racistas a quienes precisamente denuncian la discriminación racial y étnica en Bolivia.

No hay democracia cuando las fuerzas armadas fuerzan la renuncia del presidente y se le persigue sin dejarle otra alternativa que huir de su propio país para salvar su vida y para evitar una segura confrontación armada.

No hay democracia cuando la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclama presidenta interina, bloqueando el acceso al parlamento para que otros senadores con mejor derecho a ocupar dicho cargo, tuvieran siquiera posibilidad de ocuparlo o se debatiera la renuncia del presidente.

No hay democracia cuando la toma de posesión del cargo de presidenta interina se realiza con la Biblia en alto mientras despotrica en contra de las costumbres y creencias de una mayoría indígena, atentando contra el Estado de Derecho laico y aconfesional.

No hay democracia cuando el nuevo ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, apenas asumido en su cargo anuncia "la cacería de Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia de Evo Morales.

No hay democracia cuando el nuevo y autoproclamado gobierno, tras el golpe de Estado, acusa de terrorista y sedicioso al propio Evo Morales con pruebas falsas o manipuladas, pervirtiendo la realidad, desinformando a la ciudadanía y generando con ello una clara persecución de los opositores políticos.

No hay democracia cuando mediante Decreto Supremo se garantizó la inmunidad y con ello la impunidad del Ejército, que salió a la calle a reprimir las protestas, sin contención, acusando después a los seguidores de Morales de estas acciones.

No hay democracia cuando se incumplen las convenciones internacionales sobre asilo, negando el salvoconducto a quienes están refugiados en la embajada de México para que puedan hacer abandono del país.

Nada que celebrar

En fin, no puede ser considerada una victoria democrática la instalación de una mesa de diálogo que, por cierto, fue sugerida por el propio Evo Morales, para pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Que Evo haya renunciado a ser candidato en las nuevas elecciones, indica que ha antepuesto el interés del país al suyo propio y al de su partido.

Sólo gracias a ello la Asamblea Legislativa promulgó una ley que establece las condiciones para la realización de unas elecciones presidenciales y legislativas, conseguida a través de la mediación de representantes de organizaciones internacionales y de la iglesia católica y que sólo permite dos mandatos consecutivos con lo cual aquel queda excluido de la cita electoral.

Por ello, no hay nada que celebrar, porque la moneda de cambio para el eventual regreso a los cauces institucionales ha sido la limpieza política del adversario, la eliminación del escenario político de Evo Morales asilado en México, descabezando así al gobierno, al movimiento indígena y al legítimo titular que no fue derrotado en las urnas, haciendo añicos la dialéctica democrática.

Lo realmente grave, es que la situación de interinidad hasta la nueva convocatoria electoral, puede ser utilizada, al más puro estilo golpista, para destruir gran parte de los avances políticos y sociales logrados en los últimos años por el pueblo boliviano, minando la dignidad y el orgullo de ser indígena en un país mayoritariamente de población indígena.

Aunque Vargas Llosa afirme lo contrario, lo cierto es que, hasta antes de la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia estuvo gobernada exclusivamente por castas blancas y blanco-mestizas, en una fiel reproducción criolla de la herencia supremacista colonial, plagada de discriminación, racismo, explotación y desprecio de lo amerindio y afroamericano.

Tópicos reaccionarios

Basta con que se recorran varias de las poblaciones de este gran país, de sus barrios más pobres como los últimos anillos de Santa Cruz de la Sierra, los conurbanos de La Paz, El Alto, Sucre, Potosí, Cochabamba, Ouro y tantos otros, para comprobarlo. Quien niegue la realidad de esta matriz racista que divide al país, aunque afirme conocer Bolivia, demuestra no conocerlo lo suficiente, expresa el sectarismo que lleva dentro, así como la falacia de los argumentos, tópicos y típicos de los movimientos más extremos y reaccionarios de la derecha, que son los que ahora se han impuesto en el país andino, al menos provisionalmente.

En sintonía con el resto del continente, entre 1964 y 1982 Bolivia tuvo sus propios gobiernos militares, que junto con la racista y clasista burguesía local administraron el país en su propio beneficio, como si les perteneciera sólo a ellos, donde se fueron sucediendo unos militares y otros con pequeños intervalos de gobiernos civiles, pero todos igualmente serviles a los intereses extranjeros, principalmente de la América de Nixon y Kissinger.

Bolivia tuvo que esperar hasta enero de 2006 para tener, por primera vez en su historia, un presidente indígena, aunque algunos quieran negarle esa condición. ¡Hasta este extremo ha llegado la indignidad! Desde entonces Evo Morales lideró, con aciertos y también con errores, la construcción de un Estado Plurinacional de Bolivia y recuperó el orgullo de ser indígena, lo que no agradó, ni agrada a las élites corporativas y políticas tradicionales. De su mano, Bolivia ha vivido la década de prosperidad económica, social y política más importante de su historia democrática. Dejó atrás el sistema autocrático imperante que marginaba a las dos terceras partes de la república, avanzando en el marco de una democracia participativa y no solo representativa. Obtuvo un fuerte y sostenido crecimiento económico, con una mejora significativa en la redistribución del ingreso, en buena medida gracias a las expropiaciones y nacionalizaciones de compañías estratégicas que explotan sobre todo las cuantiosas reservas mineras.

Prueba de estos logros políticos, económicos y sociales es el público reconocimiento efectuado por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren en su última visita de trabajo en agosto 2018.

Marcha atrás

Todos estos progresos democráticos, sociales y culturales están dando marcha atrás. ¿Y en beneficio de quién? Ciertamente no de la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas que siguen manifestando su dolor, indignación y desacuerdo por las calles de todo el país, mientras siguen siendo severamente reprimidos, una represión que se salda ya con 34 muertos, 800 heridos y 624 detenidos.

La CIDH ha denunciado el “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes, por la policía y las fuerzas armadas, la impunidad por estas acciones, la preocupación por las limitaciones a la libertad de prensa, el odio racial contra los pueblos indígenas, “la necesidad de instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para nombrar los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días”, pero con cese previo de la violencia. En el mismo sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con países como España, exigen una comisión investigadora independiente, en especial para las muertes ocurridas en Cochabamba.

Intereses económicos

Esto me hace pensar que hay otros intereses, una longa manu que está barajando las cartas a su favor. Bolivia posee la mayor reserva de litio del mundo, un mineral esencial para la elaboración de baterías, esas que usamos en los móviles y ordenadores portátiles, y esas mismas que cada vez más se usarán en los automóviles eléctricos. Se trata de un mineral que, en manos del pueblo y sus legítimos representantes, podría rápidamente convertir a Bolivia en un país rico, pero que en manos de los de siempre, se enriquecerán las élites político-empresariales de siempre, locales y extranjeras, en particular las del gigante país del norte.

Por ello, no me sorprende que el nuevo gobierno interino haya puesto entre sus prioridades la reconfiguración de sus relaciones internacionales, nombrando, antes que nada, un nuevo embajador en Estados Unidos, once años después de que ambos países expulsaran mutuamente a sus diplomáticos.

No, Bolivia no está regresando alegremente a la normalidad, sino todo lo contrario, se sigue desangrando. La escalada del uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas militares y de seguridad bolivianas es extremamente preocupante, sobre todo si ya tienen previamente garantizada la impunidad por Decreto presidencial, aunque fruto de los acuerdos de la mesa de diálogo, ya se ha derogado el temido y aberrante Decreto Supremo Nº 4078.

Por mi parte, concuerdo y me sumo a la declaración firmada por expertas y expertos en derecho internacional, y hago lo propio con el Grupo de Puebla, como parte del CLAJUD, en el que hemos pedido la adopción de medidas cautelares para miembros del Gobierno de Evo Morales, así como de otros organismos y organizaciones que instan tanto al gobierno como a las fuerzas de seguridad a respetar y cumplir con sus obligaciones legales internacionales de proteger la libertad de reunión y prohibir el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes civiles.

Si, como afirma Boaventura de Sousa, “la democracia liberal no tiene futuro y corre el riesgo de morir democráticamente al elegir recurrentemente antidemócratas o gobiernos que rápidamente se separan de sus bases sociales”, tenemos la obligación moral de colaborar con Bolivia para que el país regrese a la senda de progreso e igualdad iniciada por Evo Morales y que ha sido tan beneficiosa para la inmensa mayoría del pueblo

Debemos seguir vigilantes, denunciar los abusos y proponer caminos, porque en Bolivia, en América Latina, en España y en el mundo entero, cuando se duerme la razón afloran las peores pesadillas y regresan los fantasmas del pasado fascista que ya creíamos superado, o, como bien reza el cuadro de Goya, porque “el sueño de la razón produce monstruos”. 

 Jurista, miembro del Consejo Latinoamericano de Derecho y Democracia (CLAJUD)

Fuente:Pagina/12