Imagen: Pablo Añali
En
estos días se celebra en la prensa el significativo avance de Bolivia
en el proceso de pacificación social. “El Congreso aprueba nuevas
elecciones”. “Bolivia nombra su primer embajador en Estados Unidos” son
las noticias que dominan los titulares en todo el mundo.
Sin
embargo, esta es una mirada sesgada que deliberadamente pretende
desubicar al lector a través de un relato abstracto, sin sujeto,
deshumanizado, que ignora y desprecia el sufrimiento de miles de
bolivianas y bolivianos y que los estigmatiza pretendiendo atacar al
presidente Evo Morales a quien presentan como un tirano, causante de
todos los males de Bolivia.
Lo que
esta ocurriendo ahora en Bolivia no es ejemplo de una solución a una
crisis constitucional, sino una perversión misma de la democracia, de
sus normas, principios y valores fundamentales.
Ya no hace falta,
como antaño, dar golpes de Estado con tanques y aviones que bombardean
el palacio de gobierno. Ahora basta con sembrar la duda respecto del
recuento rápido (preliminar) de votos en unas elecciones, regar de
incertidumbre su resultado con interpretaciones parciales que no se
basan en hechos contrastados, para generar un estallido social. Y para
que policías y militares salgan a la calle, cuales garantes de la
democracia, a reprimir severamente a tan sólo uno de los dos bandos y
presionar al presidente para que renuncie, por el bien del país, a fin
de evitar un derramamiento de sangre, que de todos modos se ha
producido, provocado por ellos mismos, por cierto.
Ya son dos
informes internacionales los que aseguran que en Bolivia no hubo fraude
electoral. Uno es del profesor del Departamento de Ciencias Políticas y
del Departamento de Estadísticas de la Universidad de Michigan, Walter
Mebane. El otro es del Center for Economic and Policy Research (CEPR).
Ambos informes contrastan con la actitud precipitada y poco fundamentada
del informe preliminar de los observadores de la OEA, que en todo caso
sospecha del sistema de conteo rápido, pero no del recuento oficial
efectuado por el Tribunal Supremo Electoral.
Pero, como bien ha
apuntado Boaventura de Sousa: “Los hechos muestran que en Bolivia se
activó desde hace tiempo un plan golpista, con diversos componentes bien
sincronizados entre las elites locales y el imperialismo
norteamericano”. Tanto es así que – sigue de Sousa – el fantasma del
fraude fue “cimentado semanas antes de las elecciones” logrando que
varios cabildos departamentales anunciaran el desconocimiento del
resultado electoral si ganaba Evo.
No hay democracia
No
hay democracia cuando se acusa de fraude electoral al presidente, como
hace Mario Vargas Llosa explicitando su claro sectarismo anti Morales,
arrinconando la verdad de lo sucedido, asumiendo las fake news, con un
discurso supuestamente independiente, y tildando de racistas a quienes
precisamente denuncian la discriminación racial y étnica en Bolivia.
No
hay democracia cuando las fuerzas armadas fuerzan la renuncia del
presidente y se le persigue sin dejarle otra alternativa que huir de su
propio país para salvar su vida y para evitar una segura confrontación
armada.
No hay democracia cuando la vicepresidenta segunda del
Senado, Jeanine Áñez, se autoproclama presidenta interina, bloqueando el
acceso al parlamento para que otros senadores con mejor derecho a
ocupar dicho cargo, tuvieran siquiera posibilidad de ocuparlo o se
debatiera la renuncia del presidente.
No hay democracia cuando la
toma de posesión del cargo de presidenta interina se realiza con la
Biblia en alto mientras despotrica en contra de las costumbres y
creencias de una mayoría indígena, atentando contra el Estado de Derecho
laico y aconfesional.
No hay democracia cuando el nuevo ministro
de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, apenas asumido en su cargo
anuncia "la cacería de Juan Ramón Quintana", exministro de la
Presidencia de Evo Morales.
No hay democracia cuando el nuevo y
autoproclamado gobierno, tras el golpe de Estado, acusa de terrorista y
sedicioso al propio Evo Morales con pruebas falsas o manipuladas,
pervirtiendo la realidad, desinformando a la ciudadanía y generando con
ello una clara persecución de los opositores políticos.
No hay
democracia cuando mediante Decreto Supremo se garantizó la inmunidad y
con ello la impunidad del Ejército, que salió a la calle a reprimir las
protestas, sin contención, acusando después a los seguidores de Morales
de estas acciones.
No hay democracia cuando se incumplen las
convenciones internacionales sobre asilo, negando el salvoconducto a
quienes están refugiados en la embajada de México para que puedan hacer
abandono del país.
Nada que celebrar
En fin, no
puede ser considerada una victoria democrática la instalación de una
mesa de diálogo que, por cierto, fue sugerida por el propio Evo Morales,
para pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de
nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo
Tribunal Supremo Electoral. Que Evo haya renunciado a ser candidato en
las nuevas elecciones, indica que ha antepuesto el interés del país al
suyo propio y al de su partido.
Sólo gracias a ello la Asamblea
Legislativa promulgó una ley que establece las condiciones para la
realización de unas elecciones presidenciales y legislativas, conseguida
a través de la mediación de representantes de organizaciones
internacionales y de la iglesia católica y que sólo permite dos mandatos
consecutivos con lo cual aquel queda excluido de la cita electoral.
Por
ello, no hay nada que celebrar, porque la moneda de cambio para el
eventual regreso a los cauces institucionales ha sido la limpieza
política del adversario, la eliminación del escenario político de Evo
Morales asilado en México, descabezando así al gobierno, al movimiento
indígena y al legítimo titular que no fue derrotado en las urnas,
haciendo añicos la dialéctica democrática.
Lo realmente grave, es
que la situación de interinidad hasta la nueva convocatoria electoral,
puede ser utilizada, al más puro estilo golpista, para destruir gran
parte de los avances políticos y sociales logrados en los últimos años
por el pueblo boliviano, minando la dignidad y el orgullo de ser
indígena en un país mayoritariamente de población indígena.
Aunque
Vargas Llosa afirme lo contrario, lo cierto es que, hasta antes de la
llegada de Evo Morales al poder, Bolivia estuvo gobernada exclusivamente
por castas blancas y blanco-mestizas, en una fiel reproducción criolla
de la herencia supremacista colonial, plagada de discriminación,
racismo, explotación y desprecio de lo amerindio y afroamericano.
Tópicos reaccionarios
Basta
con que se recorran varias de las poblaciones de este gran país, de sus
barrios más pobres como los últimos anillos de Santa Cruz de la Sierra,
los conurbanos de La Paz, El Alto, Sucre, Potosí, Cochabamba, Ouro y
tantos otros, para comprobarlo. Quien niegue la realidad de esta matriz
racista que divide al país, aunque afirme conocer Bolivia, demuestra no
conocerlo lo suficiente, expresa el sectarismo que lleva dentro, así
como la falacia de los argumentos, tópicos y típicos de los movimientos
más extremos y reaccionarios de la derecha, que son los que ahora se han
impuesto en el país andino, al menos provisionalmente.
En
sintonía con el resto del continente, entre 1964 y 1982 Bolivia tuvo sus
propios gobiernos militares, que junto con la racista y clasista
burguesía local administraron el país en su propio beneficio, como si
les perteneciera sólo a ellos, donde se fueron sucediendo unos militares
y otros con pequeños intervalos de gobiernos civiles, pero todos
igualmente serviles a los intereses extranjeros, principalmente de la
América de Nixon y Kissinger.
Bolivia tuvo que esperar hasta
enero de 2006 para tener, por primera vez en su historia, un presidente
indígena, aunque algunos quieran negarle esa condición. ¡Hasta este
extremo ha llegado la indignidad! Desde entonces Evo Morales lideró, con
aciertos y también con errores, la construcción de un Estado
Plurinacional de Bolivia y recuperó el orgullo de ser indígena, lo que
no agradó, ni agrada a las élites corporativas y políticas
tradicionales. De su mano, Bolivia ha vivido la década de prosperidad
económica, social y política más importante de su historia democrática.
Dejó atrás el sistema autocrático imperante que marginaba a las dos
terceras partes de la república, avanzando en el marco de una democracia
participativa y no solo representativa. Obtuvo un fuerte y sostenido
crecimiento económico, con una mejora significativa en la redistribución
del ingreso, en buena medida gracias a las expropiaciones y
nacionalizaciones de compañías estratégicas que explotan sobre todo las
cuantiosas reservas mineras.
Prueba de estos logros políticos,
económicos y sociales es el público reconocimiento efectuado por la
delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren en su última visita de
trabajo en agosto 2018.
Marcha atrás
Todos
estos progresos democráticos, sociales y culturales están dando marcha
atrás. ¿Y en beneficio de quién? Ciertamente no de la inmensa mayoría de
los bolivianos y bolivianas que siguen manifestando su dolor,
indignación y desacuerdo por las calles de todo el país, mientras siguen
siendo severamente reprimidos, una represión que se salda ya con 34
muertos, 800 heridos y 624 detenidos.
La CIDH ha denunciado el
“uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes, por la
policía y las fuerzas armadas, la impunidad por estas acciones, la
preocupación por las limitaciones a la libertad de prensa, el odio
racial contra los pueblos indígenas, “la necesidad de instalar un
proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para
nombrar los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar
elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días”, pero con
cese previo de la violencia. En el mismo sentido, la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con países como
España, exigen una comisión investigadora independiente, en especial
para las muertes ocurridas en Cochabamba.
Intereses económicos
Esto
me hace pensar que hay otros intereses, una longa manu que está
barajando las cartas a su favor. Bolivia posee la mayor reserva de litio
del mundo, un mineral esencial para la elaboración de baterías, esas
que usamos en los móviles y ordenadores portátiles, y esas mismas que
cada vez más se usarán en los automóviles eléctricos. Se trata de un
mineral que, en manos del pueblo y sus legítimos representantes, podría
rápidamente convertir a Bolivia en un país rico, pero que en manos de
los de siempre, se enriquecerán las élites político-empresariales de
siempre, locales y extranjeras, en particular las del gigante país del
norte.
Por ello, no me sorprende que el nuevo gobierno interino
haya puesto entre sus prioridades la reconfiguración de sus relaciones
internacionales, nombrando, antes que nada, un nuevo embajador en
Estados Unidos, once años después de que ambos países expulsaran
mutuamente a sus diplomáticos.
No, Bolivia no está regresando
alegremente a la normalidad, sino todo lo contrario, se sigue
desangrando. La escalada del uso de la fuerza letal por parte de las
fuerzas militares y de seguridad bolivianas es extremamente preocupante,
sobre todo si ya tienen previamente garantizada la impunidad por
Decreto presidencial, aunque fruto de los acuerdos de la mesa de
diálogo, ya se ha derogado el temido y aberrante Decreto Supremo Nº
4078.
Por mi parte, concuerdo y me sumo a la declaración firmada
por expertas y expertos en derecho internacional, y hago lo propio con
el Grupo de Puebla, como parte del CLAJUD, en el que hemos pedido la
adopción de medidas cautelares para miembros del Gobierno de Evo
Morales, así como de otros organismos y organizaciones que instan tanto
al gobierno como a las fuerzas de seguridad a respetar y cumplir con sus
obligaciones legales internacionales de proteger la libertad de reunión
y prohibir el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes
civiles.
Si, como afirma Boaventura de Sousa, “la democracia
liberal no tiene futuro y corre el riesgo de morir democráticamente al
elegir recurrentemente antidemócratas o gobiernos que rápidamente se
separan de sus bases sociales”, tenemos la obligación moral de colaborar
con Bolivia para que el país regrese a la senda de progreso e igualdad
iniciada por Evo Morales y que ha sido tan beneficiosa para la inmensa
mayoría del pueblo
Debemos seguir vigilantes, denunciar los abusos
y proponer caminos, porque en Bolivia, en América Latina, en España y
en el mundo entero, cuando se duerme la razón afloran las peores
pesadillas y regresan los fantasmas del pasado fascista que ya creíamos
superado, o, como bien reza el cuadro de Goya, porque “el sueño de la
razón produce monstruos”.
Jurista, miembro del Consejo Latinoamericano de Derecho y Democracia (CLAJUD)
Fuente:Pagina/12
No hay comentarios:
Publicar un comentario