domingo, 27 de diciembre de 2020

Economistas pronosticadores: "vayan a buscar otro trabajo"

 El ejercicio tradicional de Página/12 de cotejar las proyecciones 2020 con la realidad se hizo a partir de los datos posteriores al estallido de la crisis del coronavirus en el país. Igual la mayoría de esos economistas se equivocó con la evolución del dólar, la inflación, el PIB, las cuentas fiscales, la tasa de desempleo, las reservas del BCRA, el balance comercial.

En este año tienen la excusa de la pandemia. Los pronósticos económicos de fines de 2019 para el 2020 no pueden ser referencias para realizar el ejercicio que, de repetirlo desde hace bastante en cada fin de diciembre, puede ser evaluado por los protagonistas como acoso. No lo es.

Esta tarea higiénica no ingresa en esa categoría; en realidad se trata de retirar el velo del inmenso dispositivo de engaño deliberado y de construcción de expectativas sociales con inconfundibles objetivos de legitimar medidas regresivas y políticas conservadoras. 

Los economistas pronosticadores gozan de tal impunidad que muy pocos observadores o consumidores de sus informes se toman el trabajo de comparar lo que decían y lo que en la práctica sucedió. Si ese estudio básico de cotejar se realizara, se diluiría ese espacio privilegiado que ocupan en la interpretación de la cuestión económica.

Eso no va a pasar. Esa comunidad de mercaderes de información económica tiene una amplia red de cómplices para ocultar sus desaciertos. Tiene la desconcertante fortuna de que sus miembros siguen siendo contratados por empresas y bancos para sentenciar qué pasará en la economía, cuando la realidad los desmiente una y otra vez.

Es habitual que los medios de comunicación tradicionales los consulten para conocer sus chapucerías. La costumbre de este diario, en cambio, es revisar las estimaciones que hacen de las principales variables económicas y, pasados tantos años, se ha convertido en un potente estímulo de curiosidad periodística. Y, valga la confesión, también es un incentivo para interpelar esa absurda convención de pretender conocer el futuro guiados por economistas.

Pesimistas

La pandemia puede ser utilizada como pretexto para archivar las estimaciones realizadas a fines de 2019. Por ese motivo, en esta ocasión, no se tomarán en cuenta las primeras proyecciones, presentadas el 3 de enero por el Banco Central cuando difundió los pronósticos 2020 de 24 consultoras y centros de investigación locales, 14 entidades financieras argentinas y analistas extranjeros. Esos datos constituyen el reporte conocido como Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central, donde se indica cuál sería el recorrido de la economía según esos supuestos expertos.

Una de esas proyecciones, antes del coronavirus, decía que la evolución promedio del Producto Interno Bruto sería una caída de 1,6 por ciento. Era una cifra que mostraba el sesgo pesimista con el gobierno de Alberto Fernández. Tendencia opuesta a la demostrada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Un revelador informe del economista Emmanuel Álvarez Agis, de septiembre pasado, deja al descubierto ese comportamiento. Menciona que el pesimismo observado en el REM para el gobierno de Fernández contrasta con los registros 2016-2019 durante el macrismo. Muestra que, en dicho período, las expectativas de inflación y de evolución del tipo de cambio se ubicaron en forma persistente por debajo de las variaciones observadas de esas variables.

Precisa que durante 2017 el promedio de la variación esperada de los precios para los siguientes doce meses fue +17,7 por ciento, y la evolución esperada del tipo de cambio nominal para el mismo período osciló en torno a +16,0 por ciento.

En 2018, la crisis cambiaria llevó a un aumento del tipo de cambio y aceleración de la evolución de los precios. Sin embargo, las proyecciones del REM anticipaban una desaceleración en la nominalidad. Nuevamente en 2019 la variación observada del tipo de cambio nominal y el IPC superó a las expectativas.

Este análisis del REM es otra prueba contundente de que los pronósticos económicos dominantes tienen escasa rigurosidad científica y casi nada de seriedad analítica, y que sólo son instrumentos de intervención política para promover medidas económicas de preservación de privilegios de poderosos y para apoyar fuerzas conservadoras.

No se escapan

Si los pronósticos de diciembre de 2019 para este año quedan invalidados por la pandemia, en cambio los realizados cuando el coronavirus ya estaba presente adquieren valor para emprender la tarea de comparar. Entonces el cotejo será con los pronósticos entregados en abril. La crisis global ya estaba desatada y los impactos en la economía local eran fulminantes.

Sin importar el incremento de la incertidumbre general y sin considerar la rápida reacción del Gobierno para atender la emergencia sanitaria y para diseñar una red de protección de empresas y trabajadores, la secta de economistas pronosticadores siguió con su tradicional trabajo. Y el saldo no fue distinto: una sucesión de errores en cada uno de los recorridos de las variables estimadas.

En la tarea de evaluar el comportamiento de los denominados gurúes de la city se consideraron las siguientes variables principales: inflación, dólar y reservas con fuente FocusEconomics, REM-BCRA, Indec y BCRA. Pero también se analizaron los datos de la balanza comercial, exportaciones, Producto Interno Bruto, producción industrial, desempleo.

Pocos se acercaron al dato real y muchos exhibieron que la elaboración de estimaciones está guiada por el deseo y las anteojeras ideológicas más que por una evaluación seria.

Una variable sensible para la población es la tasa de inflación. No es un dato menor en la definición de las expectativas sociales y también políticas. Las equivocaciones fueron groseras. Sin tener en cuenta la impresionante recesión con caída de la demanda, la política oficial de administración de precios y la estrategia cambiaria, Econométrica y el estudio de Orlando Ferreres estimaron una inflación superior a la del último año de Macri (53,8 por ciento), la más alta desde el estallido de la convertibilidad.


Uno de los economistas del establishment más cotizados, Miguel Ángel Broda, no se inhibió en vaticinar que "vamos a tasas de inflación en el último trimestre de este año como las que tuvimos en los '80. El año dará 50-55 por ciento, pero el último trimestre será muy alto".

Broda es consecuente con su trayectoria: se equivocó, pero este año ingresó en un estadio superior de desatinos analíticos al comparar la situación argentina con la de Irak, Venezuela y el Líbano.


Sacachispas los goleó

No sólo han errado en las proyecciones de variables macroeconómicas, sino que también han tenido una manifiesta debilidad analítica cuando tuvieron que opinar acerca de la marcha de las negociaciones con los acreedores externos privados.

Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se enfrentaba a los más poderosos fondos de inversión del mundo, la mayoría de los economistas mediáticos descalificaba la labor del representante de los intereses de Argentina.

En una actitud infrecuente, este año el consultor Carlos Melconian tuvo declaraciones agresivas hacia un titular del Palacio de Hacienda. Eligió como blanco a Guzmán hasta decirle que era mentiroso. No le fue bien entre sus afirmaciones destempladas y la implacable realidad.

En relación a la negociación de la deuda había sentenciado: “Si la visión presidencial está 100 por ciento alineada ideológicamente con la del ministro de Economía, el default parece inevitable. El ministro Martín Guzmán está en las antípodas de los mercados de capitales. Estamos entre el pragmatismo y la ideología”.

No hubo default y el acuerdo de la deuda recibió la aprobación del 99 por ciento de los acreedores en los tramos externo y local.

El otro frente en que esos economistas quedaron descolocados fue en el cambiario. Apostaron a una devaluación brusca y aconsejaron a sus clientes realizar coberturas por un salto fuerte del tipo de cambio. Les hicieron perder mucho dinero. Algunos decían con una seguridad pasmosa de que el dólar superaría los 200 pesos. Guzmán ganó esa compleja batalla con gran parte de los economistas mediáticos en contra.

"Virus, cuarentena y vacunas"

En un año terrible en varios aspectos hubo economistas mediáticos que, no satisfechos con hacer papelones con el análisis económico, también se atribuyeron capacidad de opinar sobre curvas epidemiológicas, estrategias sanitarias y cuarentenas.

Del mismo modo en que confunden a sus interlocutores en la interpretación de los fenómenos económicos, en la pandemia pasaron a la categoría de charlatanes del coronavirus.

Si con pronósticos sesgados van construyendo expectativas sociales negativas, en este caso, con ignorancia y relativizando la crisis sanitaria, fueron una pieza importante para debilitar la estrategia oficial de salud pública.

La secta de economistas mediáticos completó de ese modo un combo perfecto: como si hubieran cursado la materia optativa en la Facultad "Virus, cuarentena y vacunas", opinaron con la misma soberbia de la ignorancia sobre el coronavirus como lo hacen con la economía.

No pasó

Un agudo observador de la acción de estos charlatanes que desprestigian una carrera y profesión fabulosa señaló que no es soberbia, sino que no se dejan engañar por las evidencias.

Como en años anteriores, en éste fueron varias las evidencias que desmoronaron sus sentencias, entre las principales se destacan:

* La economía se encaminaba a la hiperinflación; no pasó.

* La tasa de inflación se desbordaría; no pasó.

* Las cuentas fiscales tendrían un déficit descontrolado; no pasó.

* El dólar blue superaría los 200 pesos y el Gobierno estaría obligado a aplicar una devaluación brusca; no pasó

* El Producto Interno Bruto se derrumbaría más del 12 por ciento; no pasó.

* La fuerte expansión monetaria provocaría un shock inflacionario; no pasó.

* El default de la deuda sería inevitable; no pasó.


"Supongamos..."

Estos economistas tienen un atajo para eludir las críticas a sus persistentes equivocaciones. La historia que construye el engaño es la siguiente: cuentan que un granjero acude a un economista para pedirle consejos sobre cómo aumentar la producción de leche de sus vacas. 

Después de analizar con modelos y complejas ecuaciones la inquietud, el economista convoca al granjero para decirle que ha encontrado la respuesta. Le dice: “¿puede venir a mi oficina para escuchar la presentación de mi solución a su problema?”. 

En el día acordado, el granjero concurre al moderno edificio donde el experto trabaja, quien delante de un enorme pizarrón comienza la exposición que sorprenderá al granjero. En el inicio de la explicación el economista dibuja un gran círculo y dice: "Para empezar supongamos una vaca esférica".

Así van construyendo las proyecciones los economistas pronosticadores. Parten de una premisa desvariada que terminará con resultados fallidos.

Pero no son sólo errores en las proyecciones de las cifras de variables clave y de análisis económicos errados. También le suman previsiones político-sociales desacertadas por un sesgo ideológico conservador.

Está terminando diciembre, mes que se caracteriza por fuertes tensiones, y no hubo turbulencias económicas ni desbordes sociales pese a los impactos devastadores de la pandemia.

El 2020 ha sido otro fiasco para los economistas pronosticadores. Pero como se trata de un negocio extraño donde el consumidor de esas proyecciones paga muy bien y con gusto para ser engañado, las cifras para el 2021 ya están siendo anotadas para seguir este juego de comparar dentro de doce meses. En versión libre de la frase disruptiva de CFK en La Plata, se podría decir a estos economistas: "vayan a buscar otro trabajo".

viernes, 18 de diciembre de 2020

El agua cotiza en bolsa de futuros, ¿y después?

 


El peligro de imaginar

Hace más de treinta años que escribo historias para niños y jóvenes. Se me ocurre que la peor pesadilla de un autor es que las cosas imposibles que escribe con su imaginación más volada, se cumplan. Haciéndole pensar que quizás, si no las hubiera escrito, no hubieran sucedido.

En los 90, pleno gobierno del señor que no se nombraba pero que tiene un apellido que empieza y termina con M, ante la indignación por las privatizaciones de las empresas del Estado, empecé a escribir una novela para jóvenes. Para no spoilear, solo les cuento que en la historia, los países poderosos sufrían la falta de los rayos directos del sol. Entonces “compraban” sol a un pequeño país pobre pero cálido, que tenía una “deuda eterna” (un simple juego de palabras sacándole la x a la deuda que hace tanto nos perturba). Para que esto fuera posible, los medios de comunicación engañaban con variadas mentiras a la sociedad para convencerla de que el sol era malo para la salud...

Solo hasta aquí cuento lo que despertaron en mi imaginación los años menemistas (cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia).

Pasó el tiempo, hubo cambios de gobierno y dejé la historia. Un poco porque me esperanzó un país mejor... Otro poco porque a veces las novelas necesitan exactamente eso: que uno las abandone y las retome años después.

Cuando sentí que los 90 volvían de la mano de otro innombrable cuyo apellido también empieza con M (ojo que mi apellido empieza con M y es una letra muy íntegra y sin culpa) volví a mi novela con más ímpetu, con la desesperación de sentir que se repetía la historia. En enero de 2017 El secreto de la cúpula llegó a las librerías gracias a la Editorial Norma y yo sentí al menos el desahogo de haber dicho “algo” a los jóvenes sobre las privatizaciones cargadas de sombras y corrupción.

--¿Vender los rayos del sol? ¡Eso es un disparate! --dirán algunos...

--¿Y que “el agua empezó a cotizar en la bolsa de futuros de materias primas debido a su escasez”? ¿Qué es? --me pregunté leyendo los diarios de la semana pasada.

¡Menos mal que no lo anticipé en ninguna novela! Tengo imaginación, pero no tanta.

Será que tendremos que pagar... ¿Para hervir unos fideos? ¿Para bañar a un recién nacido? ¿Para calmar la sed de un anciano? Pienso en este verano y en las pistolas de agua con la que los chicos se sacan el calor. ¿Habrá que decirles que no la derrochen?

¡Ya me la venía venir yo cuando en la playa empezaron a cobrar el agua caliente para el mate!

¿Y dónde van a guardar las acciones del agua los poderosos? ¿En sus piscinas? ¿En cajas fuertes blindadas e impermeables? ¿O, como hacen siempre, se la van a tomar toda?

Y los dueños del agua... ¿serán dueños también de los peces?

Y si los seres humanos somos el setenta por ciento de agua... ¡Qué miedo!

Mientras escribo estas palabras empieza a llover. ¿Tendrá dueño esta lluvia?

¡Ah! Ahora sí que tuve una idea genial... compremos baldes para juntar el agua de lluvia y así hacernos aguanarios (que sería algo así como millonarios, pero de agua).

Tal vez mi idea haga subir la cotización de los baldes futuro... ¿O los baldes son pasado? ¿Cotizarán también en Wall Street?

Ay... estoy muy confundida...

¡Es que no sé nada de acciones! Mis dos actividades, la docencia y la escritura, solo me han permitido especular con el atún que ayer encontré barato en el súper y compré cinco latas para las fiestas. Y si hablamos de bolsa, solo conozco la que llevo a la feria y viene cada vez más liviana.

Y bue... aquí me quedo imaginando que quizás algún día para calmar la sed o para darte un baño haya que pensar si te lo permite la billetera.

Y quien te dice... si el agua cotiza, capaz que llega el día en que los rayos del sol también sean mercancía y me acusen de bruja. Ya puedo imaginarme ardiendo en la hoguera y que nadie disponga de agua gratis para apagarme.

 

Es el costo de la imaginación. ¿Cotizará también en la bolsa alguna vez? 

* Margarita Mainé es escritora.

miércoles, 9 de diciembre de 2020

35 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: "Señores jueces, Nunca Más"

Las condenas dictadas el 9 de diciembre de 1985 fueron un mojón en la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado. Después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de la última dictadura. El sociólogo Diego Galante, que dedicó su tesis doctoral a analizar ese hito, explicó a PáginaI12 por qué una parte de la valoración de aquel momento histórico “aún está en disputa” .

León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces.
 
León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces. 

El 9 de diciembre de 1985 León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces y, a través de ellos, la sociedad argentina: los secuestros, las torturas, las desapariciones, las muertes, los robos, de la última dictadura cívico militar eran crímenes y sus responsables debían ser condenados. Aquel día, después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de aquel golpe de Estado por aquellos hechos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera incluidos, y la sentencia, si bien estableció una base para comprender aquellos hechos (un piso del que nadie podía bajar) no logró zanjar los conflictos que por entonces fragmentaban al país en cuanto a la lectura de ese pasado que le respiraba en la nuca. Para el sociólogo Diego Galante, 35 años después, la valoración de aquel momento histórico “aún está en disputa”. “La valoración del juicio y la condena a las juntas militares en la historia de la democracia argentina está en disputa: una línea plantea que fueron los padres fundadores de la democracia y de la lucha contra la impunidad, el primer paso del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad actuales a pesar de la elipsis de más de una década; otra, que son los juicios actuales lo que en forma retrospectiva permitieron una recuperación, una especie de rescate de aquel juicio y aquella condena”, propone Galante, invitado por este diario a seguir reflexionando sobre aquel proceso mucho más que judicial que analizó para su tesis doctoral en Ciencias Sociales y de cuya conclusión, mañana, se cumplen 35 años. 800 palabras leyó, más o menos, Arslanián aquel 9 de diciembre. La sala estaba llena. Los integrantes de las tres juntas militares que habían deshecho el país poquísimos años antes, presentes: de trajes civiles, peinados a la gomina, jóvenes, culpables de punta a punta. El fallo unánime de los seis camaristas federales --Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio además de Arslanian-- habló de “detenciones violentas”, de “mantenimiento de las personas en detención clandestina”, de “interrogatorios bajo tormentos” y “eliminación física” de personas, de “saqueo de bienes”. Y también habló de “bandas terroristas”, de la “responsabilidad” de las Fuerzas Armadas en “la represión de la subversión”. Condenó a Videla y a Massera a prisión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de cárcel; a Armando Lambruschini a 8; a Orlando Agosti a 4 años y seis meses de encierro. Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya resultaron absueltos



La sentencia llegó tras ocho meses de juicio, “un fenómeno colectivo, mucho más que un evento jurídico concreto”, en el que participaron actores múltiples y sobre el que “se entretejieron múltiples lecturas sobre el pasado dictatorial y su criminalidad, y poniendo en foco sus memorias y conflictos sobre el presente y lo que se esperaba de él”, aclara el doctor en Ciencias Sociales que basó su tesis de doctorado en este proceso, el juicio a las Juntas. El trabajo fue publicado bajo el título: El Juicio a las Juntas. Discursos entre política y justicia en la transición argentina.

La sorpresa

En ese marco, “la condena suscitó sorpresa --resalta Galante--. Fue sorprendente para la escena judicial, para un amplio espectro político y en definitiva para la sociedad en general el hecho de que finalmente la Argentina de la transición lograra concluir un acto jurídico sobre ese pasado criminal que aún estaba muy presente y, más aún, con una condena”. Hay una imagen que lo ilustra: el silencio que se apropió de la sala de audiencias tras la lectura de Arslanián. Propone el investigador de Memorias Sociales del Instituto Gino Germani: “Por contraposición al estruendo de aplausos que acompañó el cierre del alegato de (el fiscal Julio César) Strassera, el silencio que llegó tras la sentencia es representativo del impacto que generó. En la sociedad que dejó mudos a todos”. --¿Sorprendió para bien o para mal?--La sorpresa debe entenderse en el contexto de la sociedad argentina de la transición, tan conflictiva como fragmentada. El juicio estuvo acompañado de amenazas permanentes a fiscales, jueces, funcionarios, secuestro de testigos, amenazas de bomba. Alfonsín había tenido que decretar un Estado de sitio. El estupor tuvo que ver en parte, también, con cierta desazón que causaron las condenas sobre todo en las agrupaciones de derechos humanos, si bien en la mayor parte del espectro político la sentencia fue celebrada. Los organismos no esperaban máximas condenas para algunos jerarcas de las juntas, pero tampoco las absoluciones. Y esa desazón luego se abre en diferentes caminos. Las Madres emiten un comunicado muy duro en el que vincula el juicio a las Juntas con la falta de voluntad del Gobierno de perseguir penalmente a los militares. Le llaman “simulacro”. En otros organismos, como CELS o la APDH, a pesar de las absoluciones, que fueron condenadas, se valoró mucho el avance judicial como el primer registro de que aquel había sido un comportamiento criminal, sistemático y planificado. Y subrayan el punto 30 de la sentencia, en el que la Cámara Federal ordena continuar investigando la participación de grados subalternos a los jefes de las fuerzas. No obstante, la sospecha de que una salida “política”, fuera amnistía u otra, no se apagaba.


 “La alerta sobre la salida política era permanente, incluso antes del juicio. Y justificada además, porque durante el desarrollo del juicio emergen varias informaciones cruzadas desde el Gobierno. Algunos funcionarios hablaban a favor del desarrollo de la Justicia y otros planteaban que era necesario ‘cerrar la cortina’” del pasado con amnistías. Alfonsín mismo debe salir a responder políticamente”. Los temores, no obstante, no eran infundados: no llegó una amnistía, pero sí las leyes de Punto Final, de Obediencia debida y, finalmente, los indultos. 

Legado y deudas

Hay un legado de esa sentencia que perdura hasta nuestros días. Y ese es el “reconocimiento del carácter criminal de un régimen que se concibió al margen de la ley y que implementó prácticas de lo más inhumanas para reprimir”, puntualiza el especialista. Porque, opina, “tras el Juicio a las Juntas nadie puede negar en buena fe lo que ocurrió en la dictadura, se acabaron las estrategias negacionistas, o quedan en eso, negacionismo, los desaparecidos de ninguna manera están en Europa como hasta entonces creía gran parte de la sociedad. La sentencia viene a sancionar con la fuerza de la verdad que lo que sucedió fue un crimen”.

 Sin embargo, aquello estuvo lejos de zanjar las divisiones que fragmentaban a la sociedad argentina de la transición democrática. “Por el contrario, las amplifica”, asegura Galante. “El juicio y la sentencia amplificaron los conflictos existentes, funcionaron como caja de resonancia en donde quedaban expuestas las representaciones divergentes sobre el pasado que estaba bajo análisis y sobre lo que debía esperarse por venir”. --¿Por qué esto es así?-- Pues porque si bien en términos jurídicos, la sentencia no pone en duda el carácter criminal de los métodos elegidos por las Juntas, “se apropia de los conflictos culturales persistentes en la sociedad y, en su análisis, los vuelca”. Amplía Galante: “En la primera parte de la sentencia está argumentado en términos históricos lo acontecido en el país bajo los términos de una guerra antisubversiva, los jueces apelan al lenguaje militar para describir los hechos: hablan de terrorismo subversivo, términos que no son cuestionados”. Sus repercusiones hacia adentro y hacia afuera de los derechos humanos.

Más allá de que la condena haya dejado en claro el cáracter criminal del desempeño de los militares, y de que tras lo ocurrido durante ocho meses en la sala de audiencias los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem hayan barrido --por presiones, por incapacidad de resolver los conflictos que atravesaban a la sociedad, o el motivo que fuere-- con las condenas logradas, hubo un aspecto de lo ocurrido durante la dictadura al que el proceso de enjuiciamiento a las Juntas no alcanzó siquiera a desarmar para revisar: el carácter político y económico del Golpe y de sus crímenes; el modelo de país que se buscaba instalar a partir de los secuestros, desapariciones y asesinatos. “Haber roto con el ciclo iniciado en 1930 de golpes de Estado y democracias débiles se lo debemos al juicio a las juntas y a su condena, a esa transición de los 80. Sin embargo, hubo entonces cierto contraste entre la condena moral que existía sobre los crímenes de los militares y la dificultad que había para condenar el golpe per sé. Había una dificultad de parte de la sociedad para reconocer el carácter político de los crímenes condenados en el Juicio a las Juntas, así como el proyecto político y económico regresivo que buscó la dictadura con ellos”, sostiene Galante. 

La condena sirvió como “puntapié de recuperación de los derechos humanos como valor de la democracia, algo que cae durante el Gobierno de Carlos Menem y empieza a resurgir en 2003”. También como “antecedente penal para la lucha por la Justicia” en relación a los crímenes de lesa humanidad no solo en Argentina sino también en otros países. Es que, no solo la condena se fundó sobre pruebas que, aún en los juicios de hoy, siguen impactando --testimonios ofrecidos en aquel proceso, sobre todo--, sino que “lo que quedó fuera de esa condena, trunco, por decirlo así, se reabre el camino hacia la persecución de justicia”, propone el sociólogo. Sigue: “Durante el período de la impunidad, la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia comienza a escribirse en los márgenes de aquello que había escrito la condena del juicio a las Juntas Militares, en permanente interacción. Fue su piedra basal”.

Un mojón contra el olvido

En la constitución de la memoria colectiva en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, la condena de diciembre de 1985 también fue un mojón, que por supuesto no hubiera existido sin la persistencia de los organismos de derechos humanos que empezaron a reclamar verdad en el mismo momento en que el gobierno dictatorial y sus aliados en cada espacio del campo sociocultural, medios de comunicación a la cabeza, insistía en escribir mentiras.

“Fue un elemento fundamental en la construcción de memoria, en la conformación de una serie de enunciados básicos, compartidos por amplios sectores de la sociedad que no concuerdan con otras representaciones de ese pasado, pero sí en aquella verdad que habían empezado a plantear el movimiento de derechos humanos y la Conadep luego: los de la dictadura fueron crímenes. No obstante, en medio del camino transicional, había quienes estaban apurados, incluso desde la panza del Gobierno radical, en transitar el proceso judicial con rapidez para poder, finalmente, olvidar", dice Galante, quien cita en su trabajo una declaración del entonces secretario general de la Presidencia, Germán López, sobre la supuesta necesidad  de “concluir rápidamente con esto, para que la sociedad se repliegue sobre sí misma, haga la reflexión necesaria, se sancione lo que corresponda, y se baje la cortina sobre esta situación dramática”. 

Suponiendo que la condena del Juicio a las Juntas no hubiera sido anulada con las leyes de impunidad, ¿habría sido posible el cierre inmediato del capítulo? Es difícil imaginarse esa solución a la luz de lo que ocurrió. De hecho, al comprobar judicialmente lo que había ocurrido hubiera sido difícil persuadir sobre la clausura. Una vez comprobada la existencia del delito ¿con qué argumento se puede invitar a su olvido?

¿Es posible legislar las soluciones frente al Lawfare?

 

El mundo sufre, y mucho.

Nuestro país está, además, fragmentado. Son muy pocos quienes están dispuestos a acercarse a algún interlocutor del otro bando.

Hace unos pocos días se publicó en Alemania el libro homenaje a uno de mis más queridos maestros, el profesor Marcelo Sancinetti. Ello fue en ocasión de su cumpleaños número setenta. El título de ese libro es Brücken bauen, que en alemán significa construir puentes. Se trata de un modo conmovedor de definir la tarea de Sancinetti entre los mundos culturales de Argentina y Alemania y de explicar aquello que falta en nuestro país.

Un puente es un diálogo. Allá vamos: sólo pretendemos sugerir caminos que nos aseguren el resguardo del estado de derecho para todos, y para siempre.

No es una novedad que hace mucho tiempo que el sistema penal es selectivo.

Las brujas eran, en la Edad Media, mujeres. Los presos normalmente son pobres. En los EE.UU la presión policial sobre los negros y latinos es enormemente mas violenta, etc, etc.

Tampoco es novedad que ello implica la lesión al principio de igualdad ante la ley.

En las últimas décadas esa selectividad se ha orientado ideológica o políticamente.

De eso se trata el Lawfare: utilización del sistema penal para la persecución de un conjunto de personas seleccionadas por su afiliación política o ideología, violando en esa persecución un conjunto muy relevante de los principios y garantías constitucionales propios del estado de derecho.

Aquello que diagnostica el Lawfare no es otra cosa que decisiones judiciales que deben ser revisadas.

El objetivo del Lawfare, a no dudarlo, es que hacia el futuro esa persecución discriminadora no suceda más y, hacia atrás, que esas decisiones, al haber violado principios esenciales de nuestra cultura jurídica, sean corregidas.

Ahora bien, ¿se trata de una categoría exótica? ¿Se refiere el lawfare a fenómenos desconocidos por nuestra cultura jurídica? ¡Claro que no!. Veamos.

Para referirse a lo que llamamos Lawfare, uno puede valerse de instrumentos, por así decirlo, tradicionales.

Hoy nadie cuestionaría la razonabilidad jurídica de que exista una acción o recurso de “inaplicabilidad de ley”, para casos en los cuales, se verifique la existencia de un precedente que sea contradictorio a la doctrina establecida por una sentencia impugnada. Como ha quedado claro desde hace mucho tiempo, la finalidad del recurso de inaplicabilidad de ley es establecer un amplio contralor de legalidad para lograr la uniformidad de la jurisprudencia, en particular en lo que respecta al no alejamiento infundado de ciertos puntos de partida orginados en principios y garantías constitucionales.

Ello es exactamente lo que abogados, organismos de derechos humanos, el sistema universal de las Naciones Unidas o el sistema regional de América Latina, vienen denunciando en lo que ha implicado una sorpresiva, pero sistemática y radical lesión, siempre orientada política o ideológicamente, de los principios de oralidad, juicio previo, legalidad, culpabilidad, in dubio pro reo, defensa, proporcionalidad, dignidad de la persona humana, igualdad de armas en el proceso, publicidad, igualdad ante la ley, división de poderes en el proceso penal, etc., etc.

Una y otra vez, los sistemas ortodoxos, no extraordinarios, que debían asegurar ese control procesal no han cumplido su rol [ni las cámaras de apelaciones —en particular la Federal—, ni la Cámara Nacional de Casación Penal, ni –mucho menos- la Corte Suprema de Justicia].

Pero, incluso existen otros institutos eventualmente más polémicos que permiten volver sobre sus pasos al sistema de justicia cuando, más allá de lo hermético de los cierres procesales, hay una convicción fundada de que detrás de una sentencia hay una marcada injusticia material.

Para reabrir procesos finiquitados, para colmo de males en contra del acusado, se echó mano al concepto de cosa juzgada írrita. Según se afirmaba con alegre convicción la cosa juzgada irrita o fraudulenta era aquella que resulta de un juicio en el que no se habían respetado las reglas del debido proceso o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad.

Ahora bien, si garantías de la fortaleza histórica y cultural de la cosa juzgada pueden ser dejadas de lado para seguir un proceso frente a un acusado ya declarado en su inocencia, ¿qué puede impedir que, ahora a favor del acusado, re evalúemos decisiones que al haber significado una lesión principista pero en contra del imputado deberían implicar un nivel más —o varios— de irritación procesal?

Por último, que nada está escrito para siempre si se encuentra una injusticia o un error o nuevas constancias en el proceso penal, lo demuestra el propio y conocido recurso de revisión. Sólo para que lo recordemos, el artículo 366 del nuevo Código Procesal Penal Federal, establece que: “La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado, por los motivos siguientes:

a. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueran inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable;

b. La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable, o resulte evidente aunque no exista un procedimiento posterior;

c. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable;

d. Después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hicieran evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, que el hecho cometido no es punible o encuadra en una norma penal más favorable;…”.

La función de reconstruir la seguridad jurídica —confirmación de valores ético-sociales y de la confianza en las normas— que cumple la decisión definitiva, en algunos casos, debe ceder en aras de valores superiores; por ello se permite la revisión del procedimiento cerrado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada mediante el recurso de revisión a favor del condenado, en supuestos excepcionales en los cuales, en verdad, el mantenimiento de la decisión no contribuiría a esos objetivos. La finalidad de este recurso es no someter a una persona inocente a una pena o medida de seguridad que no merece, o a un condenado a una pena o medida de seguridad mayor a la que merece.

Como lo dijo uno de los más importantes procesalistas del mundo, Florián [Elementos de derecho procesal penal, Ed. Bosch, Madrid, p. 460]: “La exigencia de que la sentencia sea conforme a la realidad lo más posible es tan fuerte que se alza contra la sentencia donde no se verifique esto por muy perfecta que sea formalmente. Al interés social de que la cosa juzgada sea respetada e intangible como presunción absoluta de verdad, se sobrepone el interés, individual y social al mismo tiempo, de que la verdad efectiva triunfe y que la inocencia no sea inmolada sobre el altar de una justicia simbólica y aparente. Y ésta es la razón de la revisión...”.

Ahora bien, visto el fenómeno de nuestro país sobre estas bases, ¿qué hace pensar a algunos constitucionalistas y filósofos que el Lawfare no existe o no puede ser comprendido en categorías jurídicas? ¿Qué hace pensar que no puede ser legislado? ¿Porqué prejuzgamos que se trata de un artilugio destinado a los más inmorales objetivos? ¿Qué pasará en la Argentina si un día decidimos leer, argumentar y trabajar, unos y otros, a favor de la reconstrucción del estado de derecho?