El 2018 fue otro año de desmantelamiento de la educación pública. Los intentos de clausura de escuelas rurales y de islas, la explosión de una garrafa en un colegio de Moreno, la aprobación del proyecto Unicaba mientras se reprimía en la calle a docentes y estudiantes, la actual embestida para cerrar los secundarios nocturnos se sucedieron como gestos ostensibles: no hay dudas de cuál es el lugar que el gobierno de Cambiemos piensa para el sistema educativo público y gratuito. Doce investigadoras –pedagogas y especialistas Ciencias de la Educación– analizaron los principales hechos sucedidos en el área durante el último año y lo volcaron en un documento, donde advierten, además, sobre el panorama nada alentador por los recortes en el Presupuesto 2019.
El documento fue elaborado por Teresa Artieda, Alejandra Birgin, Sandra Carli, Adela Coria, Myriam Feldfeber, Graciela Morgade, Marina Paulozzo, Roxana Perazza, Patricia Redondo, Silvia Serra, Myriam Southwell y Sofía Thisted, integrantes del colectivo Conversaciones Necesarias.
El análisis parte de una idea. Los cierres apuntan a una estrategia de concentración de la oferta educativa con el supuesto objetivo de priorizar la eficacia del gasto: “Responden a las políticas de ajuste que el gobierno de Mauricio Macri viene implementando, con especial celeridad a partir del acuerdo con el FMI”. Pero no se agotan en la lógica del ajuste, ya que al mismo tiempo el proceso de cierre de escuelas “es acompañado con la contratación de fundaciones o la directa privatización de servicios que hasta ahora brindaba el Estado”. Estos avances privatizadores vienen siendo registrados como una tendencia mundial. En Argentina, bajo la gestión macrista, el negocio crece, además, vía contrataciones con el Estado.
Cambiemos ha fortalecido una idea de Estado evaluador, agregan las investigadoras. Si bien no ha logrado imponer su idea de difundir los resultados de las pruebas educativas, se ha mostrado insistente en la idea de imponer esta suerte de ranking de escuelas, una propuesta que revela el profundo desconocimiento de la complejidad de los procesos educativos. 
“En lugar de un Estado productor de conocimientos, se produce el desplazamiento de las universidades públicas (entre otras instituciones acreditadas) como interlocutoras de la política pública, y se recurre a fundaciones y ONG privadas, con el negocio que eso conlleva”, agrega el trabajo. Como ejemplo pone la contratación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de su director de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny (fundador de Kuepa y Edunexo) de la Fundación Enseña por Argentina y de la Fundación Educere, decisión que supuso la transferencia de recursos al sector privado y la tercerización de servicios educativos que deberían ser garantizados por el Estado.
Otro rasgo de las políticas del gobierno durante el 2018 fue haber tomado decisiones a espaldas de comunidades educativas, docentes, organismos gremiales, especialistas, sin la búsqueda de consensos. Un caso emblemático señalado por las investigadoras es “la creación de Unicaba, impulsada por la ministra Soledad Acuña, que fue aprobada sólo con los votos de Cambiemos, sin el apoyo de otras fuerzas políticas y en el marco de una amplia movilización de oposición de la comunidad educativa”, reseñan.  Otro ejemplo citado es la ofensiva del ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, contra los sindicatos docentes y el ataque sistemático a la Ctera, acusada alternativamente de “gremio purista”, “burocracia sindical” y “partido político”.
“A todo ello se suma la instalación de un clima persecutorio y represivo en el sistema educativo público, en algunos distritos del país, a partir del hostigamiento a docentes, estudiantes y dirigentes gremiales, la inhibición de la expresión pública de las disidencias, el armado de causas penales, la presencia de la policía en establecimientos educativos”.
Las pedagogas dedicaron un apartado de su trabajo al debate público sobre la Educación Sexual Integral. “Es notable que el gobierno nacional, que dice pronunciarse “a favor” de la ESI, haya desfinanciado en 2016 y 2017 al Programa Nacional de ESI, y que en 2018 haya colocado los esfuerzos en solo dos dimensiones de la misma: la prevención del embarazo en la adolescencia y la jornada anual “por la igualdad”, establecida en otra ley para que un día al año se trabaje sobre el tema de la violencia de género. Mientras tanto se redujo el financiamiento del ex Consejo Nacional de la Mujer”, señalaron.
“Las demandas y expectativas que los debates sobre la legalización del aborto abrieron en la sociedad y se profundizaron en las escuelas solo pueden atenderse con un incremento considerable del presupuesto en educación. Sin embargo, para 2019 solo se propone un ajuste feroz que pone en jaque las capacitaciones, la producción de materiales y la implementación de una ley que, en el marco de la creciente movilización de las mujeres, a todas luces es motivo de impugnación interesada por parte de sectores políticos ultraconservadores con creciente presencia en varios países de América Latina”.
Sobre las previsiones para este año, las autoras ponen el foco en el Presupuesto 2019, redactado con el corset del ajuste fiscal prometido al FMI. “La educación pierde participación en el presupuesto nacional del 7,1 por ciento en 2018 al 5,5 por ciento en 2019”, advierten.
Si 2018 se caracterizó por numerosos recortes y subejecución de partidas presupuestarias, así como por el desmantelamiento de programas nacionales (Conectar Igualdad) y la reducción al mínimo de otros (Progresar), el 2019 profundizará más aún la asfixia de la educación pública y del sistema educativo en su conjunto, avizoran. “El Presupuesto 2019 establece recortes brutales en educación (en fortalecimiento edilicio de jardines, infraestructura y equipamiento, acciones de formación docente, plan nacional digital, políticas socioeducativas, etc.) y aumenta de manera exponencial partidas destinadas a la tercerización, que serán de utilidad política en un año electoral.”
Fuente:Pagina/12