Por Aldo Ferrer, embajador argentino en Francia
Cada vez que se adoptan medidas para proteger la producción y el
empleo nacionales se plantean reclamos en defensa de la eficiencia
económica y anticipan eventuales represalias de los países afectados.
La alarma suele ser infundada y obedece a una visión, según la cual, la
Argentina es un segmento del mercado mundial, inhibido para defender su
mercado interno y formular un proyecto nacional de desarrollo.
Es una situación semejante a la que se planteaba en la esfera
financiera, cuando se afirmaba que no cumplir con las condicionalidades
del Fondo Monetario Internacional o suspender el pago de la deuda,
provocaría una avalancha de calamidades. Éstas se produjeron, en efecto,
por sostener la política neoliberal y la recuperación se produjo, por
hacer, precisamente, todo lo contrario.
La reciente declaración de un grupo de países miembros de la OMC
sobre la política comercial argentina incluye a las antiguas economías
industriales del Atlántico Norte, que constituían el “centro” del orden
mundial, desde el inicio de la globalización hasta tiempos recientes.
Todas ellas, al tiempo de su despegue, aplicaron fuertes políticas para
impulsar el cambio tecnológico, la industrialización y la proyección a
los mercados mundiales. Entre los signatarios figuran también países con
una tradición ejemplar de protección de su mercado interno,
preferencias a las empresas nacionales y políticas públicas de
transformación productiva, como Japón, Corea y Taiwán. Ahora, forman
parte de los países que gozan de ventajas competitivas fundadas en la
gestión del conocimiento y, naturalmente, promueven el librecambio en el
resto del mundo. En todo caso, la declaración es inusual y,
eventualmente, dará lugar a contenciosos, de los cuales, se tramitan
permanentemente numerosos en el seno de la OMC.
Las críticas a las políticas defensoras del trabajo y la producción
nacionales suelen fundarse en la supuesta intangibilidad de la libertad
de comercio. En el mundo real, los países administran su comercio
exterior con vistas a fortalecer su acceso al mercado mundial y,
simultáneamente, defender el interno. En aquellos en que prevalece el
Estado neoliberal, la apertura incondicional a la globalización ha
desencadenado situaciones críticas, desindustrialización, aumento del
desempleo y concentración del ingreso.
La viabilidad de las políticas de protección de la actividad
económica, el empleo y la industrialización no depende de la opinión de
sus críticos, sino de su eficacia para fortalecer los equilibrios
macroeconómicos e impulsar el desarrollo. Es oportuno, por lo tanto,
ubicar el actual debate en el contexto del desarrollo económico
argentino y el ejercicio efectivo de la soberanía, para participar
plenamente de la globalización del orden mundial, manteniendo el comando
de nuestro propio destino.
Una cuestión central se refiere al diseño de las ventajas
competitivas a través de las cuales la economía argentina participa en
la división internacional del trabajo. Esta es una cuestión crucial para
la coyuntura y el desarrollo de largo plazo. Tales ventajas pueden
clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, ventajas reveladas por
la disponibilidad actual de recursos naturales y humanos. Por otro,
ventajas diseñadas por un objetivo estratégico de desarrollo, aun cuando
no aparezcan como compatibles con la dotación actual relativa de
recursos. Es indispensable fortalecer las ventajas competitivas
reveladas y, al mismo tiempo, incorporar ventajas competitivas diseñadas
en torno de una estrategia de desarrollo industrial en las actividades
que operan en la frontera del conocimiento científico y tecnológico,
incluyendo la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones,
la biotecnología y la producción de bienes de capital portadores de
las tecnologías de frontera. La experiencia internacional es
concluyente. No existe ningún país actualmente desarrollado cuya
inserción en el mercado mundial responda fundamentalmente a ventajas
competitivas reveladas por los recursos naturales.
En tal sentido, conviene utilizar a pleno las medidas de defensa de
la competencia y las salvaguardias frente a maniobras, como el dumping,
que afectan a la producción nacional. La protección forma parte de una
política de desarrollo manufacturero que incluye otras decisiones
fundamentales, que pueden clasificarse en dos categorías. Por una
parte, las políticas “sectoriales”, directamente orientadas al fomento
industrial. Por la otra, las políticas “horizontales”, que determinan el
encuadre macroeconómico dentro del cual se desenvuelve la industria y
el conjunto de la economía.
Políticas sectoriales. Son aquellas directamente focalizadas
al fomento industrial. Incluyen herramientas poderosas como el régimen
de “compre nacional”, instalado como una normativa coherente por la ley
18.875, promovida durante mi gestión en el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, en 1970. Incluyen también las decisiones de apoyo a
la investigación y desarrollo, a las empresas innovadoras y a la
profundización de los vínculos entre el sistema nacional de ciencia y
tecnología y la producción. En este terreno se han producido avances
importantes en el transcurso de esta década con iniciativas, entre
otras, como la creación de un ministerio del área científica y
tecnológica y el nuevo impulso a la energía nuclear. La identificación y
apoyo de actividades estratégicas, como la biotecnología,
microelectrónica y tecnologías de la información y comunicación, como
sucedió en los países emergentes más exitosos de Asia, son otros
ejemplos de las políticas sectoriales. Como lo son, asimismo, los
incentivos tributarios y las líneas especiales de crédito para el
financiamiento de nuevas inversiones y ampliación de capacidad instalada
y el financiamiento de exportaciones, particularmente de bienes de
capital. Otro componente principal de esta categoría de políticas
industriales es el tratamiento de la inversión extranjera. La
experiencia de los países más exitosos de Asia demuestra que conviene
atraer inversiones privadas directas complementarias no sustitutivas de
la empresa nacional, preservando el liderazgo nacional, privado y
público, del desarrollo industrial, particularmente, en las actividades
manufactureras en la frontera tecnológica.
Políticas horizontales. La existencia de una situación
ordenada bajo control, capaz de resistir las turbulencias externas, es
esencial para incentivar la inversión y el empleo, profundizar el cambio
tecnológico y proyectar la producción hacia los mercados interno e
internacional. Las políticas horizontales incluyen la solvencia fiscal y
el tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED). Sobre la primera,
conviene recordar que cumple un papel fundamental en la gobernabilidad
del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad
y el desarrollo. Sobre la segunda cuestión debe observarse que las
políticas sectoriales son esenciales para la competitividad pero, su
eficacia, depende de la existencia de un TCED. Ésta es una condición
necesaria, en cuya ausencia son ineficaces los controles para defender
el trabajo y la producción nacionales y se concluye en desequilibrios
macroeconómicos que debilitan la soberanía.
En resumen, lo realmente decisivo para el curso de la economía
argentina radica en que el recuperado Estado nacional no confunda
controles con políticas efectivas de equilibrio macroeconómico,
desarrollo nacional e inclusión social. Los primeros son instrumentos de
las segundas, nunca un sustituto. Si esas consideraciones se
verifican, como suele decirse, “los de afuera son de palo”.
Fuente: BAE
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