El Senado convirtió en ley el proyecto por el cual el
Estado garantiza el respeto a la identidad de género. Las personas trans
podrán cambiar nombre, foto y sexo de su DNI. Las obras sociales y
prepagas deberán pagar la reasignación del sexo, si lo requiere el
afiliado.
Por Soledad Vallejos
Alcanzaron
dos horas y diez minutos para que el Senado aprobara el proyecto de
Identidad de Género, que ya había recibido el mismo tratamiento en la
Cámara de Diputados. Fueron 55 votos afirmativos, ninguno negativo, una
abstención: con esos números, apenas habían dado las 9 y diez de la
noche cuando quedaba convertida en ley la disposición según la cual el
Estado argentino respeta la identidad que cada ciudadana y ciudadano
concibe como propia. Una vez promulgada, bastará un trámite
administrativo para modificar el nombre, la foto, el sexo en el DNI.
También quedará garantizado el acceso a los tratamientos de salud que la
persona requiera para modificar su cuerpo de acuerdo con el género
autopercibido.
El texto aprobado define como “identidad de género” a la “vivencia
interna e indidivual del género tal como cada persona la siente, la cual
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Ello “puede involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como
la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Podrán modificar sus
datos registrales las personas mayores de 18 años. Las prestaciones
médicas contempladas en la ley formarán parte del Plan Médico Obligario.
Minutos antes de que el panel del recinto brillara con los números,
el senador radical Ernesto Sanz pidió “una autorización especial”: que
las y los activistas presentes en las barras pudieran expresar su
alegría “si se consolida” la votación. El Senado estalló: desde las
barras llovían los aplausos y vivas de activistas a quienes los
discursos de la sesión rindieron homenaje una y otra vez. Poco después,
los votos daban la razón a esa alegría, que se trasladó a la calle Entre
Ríos, frente al Congreso, donde cientos habían seguido del debate en
pantalla gigante.
Desde los balcones, la sesión fue presenciada por activistas LGBT,
pero en realidad la jornada, en algunos casos, había comenzado bastante
antes. “Desde las ocho estoy por acá”, contaba la líder trans Marcela
Romero, a quien la Cámara de Diputados había reconocido como “Mujer del
Año” en 2009, precisamente porque había logrado un DNI respetuoso de su
identidad tras una década de lucha judicial. Presidenta de la Asociación
de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), Romero
concedió a este diario que sí, estaba “un poco ansiosa” desde temprano
en la mañana y se había acercado al Congreso para paliar los nervios.
Doce horas después, la ansiedad no menguaba. “Voy a tener que aprovechar
que sancionaron muerte digna”, bromeaba desde el balcón que compartía
con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt),
de la que Romero es secretaria general. Más allá, Lohana Berkins,
presidenta de Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti),
seguía atentamente cada discurso; la concentración, de hecho, le impedía
comentar lo que sucedía.
Cuando caía la tarde sobre la plaza Congreso, un centenar de
personas seguía la sesión en la pantalla gigante que el Inadi había
aportado para acompañar a las organizaciones. Entre música dance, aroma a
hamburguesas y personas que corrían colectivos, activistas LGBT
bailaban para hacer más leve la espera, mientras se dejaban ver caras
que habían sido protagonistas, hace dos años, del debate por el
matrimonio igualitario, como José María Di Bello y Alex Freyre,
Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, María Rachid. A metros del
escenario, Julieta Calderón, altísima con sus 19 años y orgullosa trans
militante en la Juventud de la Falgbt, decía a Página/12 que estaba ahí
por ella, pero también por su sobrino de 9 años. “Si esto se aprueba,
cualquiera sea su deseo, cualquiera su proyecto, la vida sería tan
sencilla para él. Creo que esto es para las nuevas generaciones, porque
ahora va a hacer falta un cambio cultural fuerte. Socialmente falta. No
sé si mañana (por hoy) va a haber un cambio radical en todo, pero el
reconocimiento legal a tu verdadera identidad es un cambio cotidiano.”
La sesión había empezado a las siete de la tarde, con una
intervención, la de Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por
Santiago, presidenta de la Comisión de Legislación General), que
anticipó la tónica predominante de las siguientes dos horas: la Cámara
estaba dispuesta a “subsanar” la “deuda” que la democracia tenía con el
colectivo trans, y agradecía y aplaudía la militancia de los activistas.
La ley, que Iturrez de Capellini definió como “consecuencia de la ley
de matrimonio igualitario”, recibió el respaldo de todos los bloques,
cuyos representantes fueron ampliando, a su turno, el abanico de
razones: es “un derecho humano básico para poder dignificarse”, señaló
Eugenio Artaza (UCR); “tendría que haber sido sancionada mucho antes”,
reflexionó Aníbal Fernández (FpV); permitirá “a la gente intentar ser
más feliz”, aportó Miguel Angel Pichetto (FpV). Es “el primer paso para
empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante
de los derechos humanos por razón de identidad de género”, destacó
Rubén Giustiniani (PS), quien pidió, como otros de sus colegas,
reconocer a la legisladora (MC) Silvia Augsburger, responsable de haber
franqueado el paso de la demanda al Congreso.
Los discursos transcurrían sin sobresaltos, ante un recinto del que
se habían ausentado dieciséis legisladores, entre ellos Teresita Negre
de Alonso, quien dos años atrás se había opuesto férreamente al
matrimonio igualitario. Sonia Escudero, que en 2010 votó en oposición a
aquella ley, anunciaba, sirviéndose de cifras sobre la vulnerabilidad
del colectivo trans, que votaría favorablemente; del mismo modo votó el
salteño Juan Carlos Romero. En ese contexto, y trayendo a colación los
reparos que la jerarquía católica expresa con respecto a la modificación
del Código Civil, Marcelo Fuentes (FpV) cuestionó la “extorsión de la
religión” y el “síndrome del púlpito”, puesto que es preciso reconocer
“la secularización del derecho”. “No va a haber reconstrucción
igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles
tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo que marcha a los
cambios.”
Sólo la chubutense Graciela Di Perna (Frente por la Integración)
puso una nota disruptiva al anunciar que se abstendría, entre otras
cosas, porque “adulterar la partida de nacimiento es un delito”, habida
cuenta de que “no se puede adulterar el genotipo del sexo de un
individuo presente desde la concepción en cada célula del individuo”.
Aunque los reconocimientos a organizaciones y activistas fueron
moneda corriente, un nombre reaparecía una y otra vez en la sesión: el
de Claudia Pía Baudracco, la líder trans fallecida el 18 de marzo. La
mencionó, tras recordar a “Ursula, una mujer encantadora que ha padecido
las discriminaciones que hoy se terminan”, la chaqueña Elena Corregido
(FpV); también la riojana Mirtha Luna, al contar que la había conocido
en un acto por el Día de la Mujer: “Claudia Pía se me acercó y me pidió
que le diéramos sanción al proyecto. Diez días después murió”. El nombre
de Baudracco estuvo presente, también, en la plaza, junto con otros
históricos, como el de Nadia Echazú. Faltaban minutos para que el cuerpo
votara. Gerardo Morales (UCR) se congratuló porque la “ley convertirá a
la comunidad trans en sujetos de derecho, como ocurre con el conjunto
de la sociedad”.
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