Héctor Recalde
(izquierda) y Facundo Moyano (derecha) impulsores del proyecto de ley
Por
Ezequiel Arauz.
Presentada por
diputados de la CGT, fija que las empresas deben asumir
responsabilidades sobre condiciones de trabajo, higiene, seguridad social y
asociación sindical de los trabajadores a los que contratan mediante
tercerización. El PRO y la UIA aseguran
que la ley atenta contra la dinámica del mercado laboral y la competitividad.(Si
esos quejan es un síntoma claro de la excelencia de la medida en pos de un país
mas justo)
El proyecto, que cuenta con dictamen de mayoría en la comisión de
legislación laboral de la cámara baja, busca poner límites a una
práctica recurrente entre el empresariado local a la hora de abaratar costos
laborales, evadir impuestos y enmascarar y precarizar la relación de
dependencia. La iniciativa busca sustituir el artículo 30 de la Ley de
Contrato de Trabajo para hacer “solidariamente responsable” a la firma
principal ante incumplimientos de sus cedentes, contratistas o subcontratistas.
Elaborada e
impulsada por Facundo Moyano y Héctor Recalde, ambos
integrantes de la bancada del Frente para la Victoria, en base a un viejo proyecto presentado por el actual
secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, durante su mandato
como legislador nacional. El dictamen de mayoría fue firmado
además de por el propio Recalde que es presidente de comisión y el vice e
histórico dirigente de la CTA, Víctor De Gennaro, por un amplio conjunto de
diputados del oficialismo y casi la totalidad de los bloques de oposición.
La modificación
y ampliación más sustancial es la que el texto hace respecto de un instituto
legal conocido como “responsabilidad
solidaria”.
A partir de la ley, la responsabilidad de una
empresa ante la cesión total o parcial a otros del establecimiento o
explotación habilitado a su nombre, deberá expandirse también hacia quienes
“contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos,
obras o servicios correspondientes a su actividad principal o accesoria, dentro
o fuera de su ámbito, tenga o no fines de lucro”.
El proyecto
específica que las empresas deben exigir a los cesionarios, contratistas o
subcontratistas “el adecuado cumplimiento de las normas relativas al
trabajo, higiene y seguridad y frente a los organismos de la seguridad social y
asociaciones sindicales”.
Posturas
desde el PRO y la UIA
De los 23
diputados presentes en la comisión, el único que no firmó el dictamen
fue uno de sus secretarios, Julián Obligio, integrante del PRO. Consultado por Marcha
al respecto, el legislador explicó que según su
visón, la redefinición que el proyecto hace de la responsabilidad solidaria es
“muy extensa”.
El diputado
explicó que “el proyecto no solo compromete a
las empresas contratistas con aquellas relacionadas directamente con su
objetivo principal, como debiera ser, sino también con otras, cuyas actividades
son accesorias”. ( Buenísimo porque asi
la ley encarece la tercerizacion y hace que esta nunca se produzca quedando la
tarea siempre a cargo de la empresa principal y siendo todos los trabajadores
cpntratados por la empresa proncipal como debio ser siempre ya que toda la
tercerización es una cagada contra los trabajadores )
Obligio
aseguró estar en contra de los abusos que provoca la tercerización, pero indicó que
de aplicarse la ley “alteraría la dinámica del mercado y de los procesos
productivos”. El legislador del PRO, dijo que ya hay fallos judiciales
sobre las empresas directamente relacionadas, en las que se les impone la
responsabilidad en cuanto a las condiciones de trabajo, con lo cual “no se entiende a qué responde y que aporta esta
modificatoria”.
El
diputado, becado para su formación en España en una fundación presidida por
José María Aznar, apuntó sus críticas sobre otro punto al que también
considero excesivo, y explicó que la norma fija
que el contratista principal deba efectuar el “pago extra de la cuota sindical”
de los trabajadores de las firmas tercerizadas que contrate.
Textualmente, lo que el proyecto
propone es que los contratantes exijan a las tercerizadas “copia firmada de los
comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, obra social y,
de corresponder, a la asociación sindical”.
En sintonía con
el legislador macrista, el titular de la Unión
Industrial Argentina (UIA), Ignacio De Mendiguren, vaticinó que la medida
propuesta desde el sindicalismo podría "atentar contra la
competitividad". El empresario
agregó que la tercerización es una herramienta que “se usa en todo el mundo”. ( Si ya sabemos Mendicurren que se la llevaron en pala 9
años como dijo hoy Cristina al anunciar la promulgación de la ley de soberanía
hidrocarburífera )
Por su parte,
los diputados de la CGT, explicaron que la ley no prohíbe la tercerización sino
que busca generar mecanismos para regularla. El propio
Facundo Moyano advirtió que se trata de evitar que la actual Ley de Contrato de
Trabajo “sea utilizada como una herramienta de precarización y explotación”.
Según sostienen
los fundamentos de la norma se trata de “brindar una respuesta adecuada a la
necesidad de protección del trabajador, que a raíz de la evolución y la
utilización abusiva de la figura de la tercerización por parte de las empresas
se encuentra cada vez más expuesto a la precarización de sus condiciones
laborales”.
Fuente : www.marcha.org.ar
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