Las
presentaciones crecieron un 70% el año pasado con relación a 2017. Las
empresas amenazan con el cierre para despedir con indemnizaciones a la
baja y modificar condiciones de trabajo.
El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma laboral
en el Congreso nacional quedarán como una cuenta pendiente del mandato
presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la
cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un
proyecto limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo
laboral y la posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en
algunos sectores que así lo acuerden. El propósito es el de ofrecer un
gesto a las patronales industriales y de servicios en el sentido de que
el tema sigue en agenda y será prioritario en un hipotético segundo
mandato presidencial.
Es que las dificultades que se han generado en el terreno financiero y
cambiario se han traducido en tasas de interés exorbitantes para
garantizar un nuevo ciclo de bicicleta financiera para desestimular la
fuga hacia el dólar. Esas tasas, sin embargo, se tornan imposibles para
los sectores productivos que buscan compensar esa pérdida de
competitividad avanzando sobre los costos laborales.
Esa "frazada corta" ha comenzado a expresarse en una fractura del
bloque empresarial que oficia de base de sustentación política para el
gobierno. Por eso el Ejecutivo se ha visto obligado a reabrir el curso
de discusiones para reformar convenios sectoriales aunque, por el
momento, sin éxito.
Mientras, y a los tumbos, las patronales han optado por avanzar en
ese camino por la vía de los hechos. Para eso han recurrido al
Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo contemplado por
la ley pero al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de
trabajo. Los PPC presentados ante la cartera labora en 2018 registraron
un salto del 70% con relación a 2017, según datos de Trabajo a los que
accedió Tiempo. Estos recursos, de ser aprobados, habilitan el
pago de indemnizaciones por despido por el 50% del valor estipulado por
la Ley de Contratos de Trabajo. La reducción de las indemnizaciones es
uno de los puntos más controvertidos del proyecto de ley de reforma
laboral original que no ha sido presentado al Congreso luego de las
protestas contra la reforma previsional de diciembre de 2017 acalladas
con una fuerte represión.
Pero, además, la práctica apunta a generar planteles con bajo costo
y, sobre esa base, imponer una mayor carga de trabajo y hasta la
polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, siempre
bajo el amparo de la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la
aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el
denominado "ius variandi" que concede a las patronales el derecho de
modificar las condiciones de trabajo.
En los últimos días, empresas con décadas de actividad en el país
como la fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona
ALUAR, entre otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el
sindicato SUTNA, apunta a imponer una reforma laboral en los hechos.
El mismo camino tomó Editorial Atlántida que, según denuncian los
delegados de la comisión interna del SiPreBA, persigue el propósito de
imponer despidos con indemnizaciones al 50% y modificar las condiciones
laborales de los trabajadores que continúen en su labor.
Pero el fenómeno atraviesa todo el país y prácticamente a todos los
gremios: alimentación, transporte, automotrices, metalúrgicas, textiles y
un largo etcétera. Además, alcanza tanto a pymes como a grandes
compañías.
León Piazek, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de
Abogados Laboralistas y uno de los asesores letrados del Sindicato de
Prensa de Buenos Aires, observó: "El Procedimiento Preventivo de Crisis
habilita a las partes a acordar un llamado 'convenio de crisis'. Allí se
pueden pactar una serie de medidas, como la reducción horaria, los
cambios de turno o suspensiones, además de la ayuda del gobierno a
través de Repro." Piazek advirtió que "podrían ir más a fondo y reformar
los convenios colectivos de trabajo provisoriamente, hasta que se
resuelva la supuesta crisis".
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías
Cremonte, por su parte, destacó que el crecimiento de este recurso "no
tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay
un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de
Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento.
La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo
demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida", sentenció.
«
La revolución de los aviones aterriza de emergencia
Hace apenas un año y cuatro meses que vuela por el país Avian Líneas
Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, el de la familia del presidente
Mauricio Macri.
Sin embargo y a contramano de la mentada "revolución de los aviones"
anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa
ya dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el
Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó a este medio Pablo
Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Biró,
además, adelantó a Tiempo que "la empresa ya habla de despidos".
Según el portal especializado aviacionenargentina.com,
"dicho procedimiento buscará, entre otros detalles, la caída de los
convenios colectivos de trabajo homologados, acordar un salario de
crisis en torno al 75% de los sueldos actuales para garantizar los
puestos de trabajo en un marco de diálogo y paz social."
El recurso de crisis se produce cuando todavía la justicia no
concluyó su investigación acerca de los términos de transferencia de
Macair en favor de Avianca y el otorgamiento de rutas aerocomerciales en
detrimento de Aerolíneas Argentinas. En esa causa se señala al propio
presidente, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich, como presuntos responsables de promover
una competencia desleal en favor de esa firma.
Fuente:Tiempo Argentino
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