“El gobierno de Maduro es totalmente legítimo”
El
jurista español Baltasar Garzón respaldó al presidente venezolano
Nicolás Maduro, cuyo gobierno calificó de “totalmente legítimo”, y
cuestionó a los países que reconocieron al autoinvestido presidente de
la Asamblea Nacional Juan Guaidó junto a sus “representantes
diplomáticos”. “Las embajadas de Juan Guaidó están fuera de lugar, no
contribuye que distintos países ahonden esa fractura y no construyan
puentes”, afirmó el ex magistrado, quien dejó en claro que “la situación
de Venezuela tiene que resolverse entre los factores internos”, lejos
de la posición de Estados Unidos y de “los halcones americanos como
Macri”.
“Venezuela es uno de los principales conflictos internacionales de la
actualidad, ha habido un especial interés en que se mediatice”, opinó
Garzón sobre la crisis política que vive el país caribeño, desatada
desde que Guaidó se autoproclamó como “presidente interino” hace dos
semanas. Al poco tiempo, el parlamentario fue reconocido por Estados
Unidos y otra decena de países de América Latina, en los que Guaidó
nombró luego “representantes diplomáticos” que actúan como embajadores
paralelos. Sin embargo, para Garzón, esos nombramientos no son
legales. “El reconocimiento internacional no da cobertura legal en la
elección de representantes del Estado, ya que la institucionalidad del
gobierno es absolutamente legítima”, afirmó en diálogo con FM La
Patriada.
El ex magistrado enmarcó además la situación que atraviesa Venezuela
en acciones de algunos países “como Estados Unidos”, que “están haciendo
afirmaciones que rayan la injerencia interna”. “Este caso es
absolutamente novedoso porque es un quebranto de la normativa
constitucional”, indicó Garzón, quien explicó que “no se trata de crear
dobles institucionalidades” sólo porque “la oposición no asume el
resultado”.
El ex juez coincidió con la postura que explicitaron la Unión
Europea, México, Uruguay, Bolivia, Costa Rica y Ecuador de que “la
situación de Venezuela tiene que resolverse entre los factores
internos”. “No hay que generar tensiones como las que generó Donald
Trump con sus declaraciones, a la vez que otros halcones americanos como
Macri”, cuestionó Garzón al referirse al presidente argentino, quien
recibió a la representante designada por Guaidó en el país a los pocos
minutos de nombrada y fue uno de los primeros países en alinearse tras
el reconocimiento de Washington. Para Garzón, “en Venezuela, más allá de
los nombres, se ha logrado quebrar la normativa interna de la
constitucionalidad”.
Por otro lado, en lo referido al rol de Estados Unidos en la región,
el juez que supo tratar casos de crímenes de lesa humanidad como parte
de la Justicia Universal afirmó que “hay una estrategia judicial que
viene desde Estados Unidos y se está expandiendo en América Latina”.
Según Garzón, “el Poder Judicial debería ser un faro equidistante, pero
en los últimos años ciertos representantes de la Justicia miran hacia un
lado y se tapan los ojos para no ver para el otro”. “Los que tienen el
Poder Judicial solo lo tienen que administrar, son servidores públicos,
no protagonistas”, argumentó el ex juez.
“No es un buen ejemplo utilizar la instancias judiciales para
perseguir referentes políticos”, explicó Garzón, haciendo referencia a
los casos como el de Cristina Fernández o Lula Da Silva. En ese tipo de
casos, para el español, “la imagen que se está dando hacia el exterior
es de persecución sectaria”. “Hay un sector de la Justicia que es
excesivamente corporativo”, delimitó y recalcó que “una democracia
fuerte tiene que tener una justicia fuera de toda duda y que no se deje
instrumentalizar”. Para poder destruir ese comportamiento, el referente
judicial sostiene que se debe “denunciar y conseguir que se generen esas
dinámicas que no implican arbitrariedad”.
Para cerrar, en un breve comentario se refirió a la causa de los
aportantes truchos, y la comparó con la que involucró a Mariano Rajoy en
España, motivo por el cual tuvo que renunciar. Garzón detalló que “en
lo referido a los 'aportantes truchos', se ha tardado mucho tiempo en
castigar la financiación de partidos políticos”.
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