Un
camarista amigo del gobierno hizo lugar a un pedido del gobierno para que la justicia federal no investigue al gobierno.
Así
de brutal y ordinario como suena fue la operación que el lunes
protagonizó el camarista federal Martín Irurzun, uno de los magistrados
que más sintoniza con los deseos y necesidades del oficialismo.
De
regreso a la actividad luego de la feria de enero -las largas
vacaciones, junto a la elusión de impuestos, son algunos de los tantos
privilegios que ostenta la famiglia judicial-, Irurzun le terminó de
quitar al juez federal Sebastián Casanello la causa que
debiera investigar los aportes truchos que financiaron las campañas
electorales de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la del
propio presidente Mauricio Macri, entre otros candidatos del PRO.
Con
su resolución, el juez completó la faena iniciada en octubre pasado,
cuando ordenó remitir el grueso de esa investigación a la justicia
electoral platense. El lunes le quitó a Casanello lo poco que le
quedaba, de modo que ya no se investigará la presunta comisión
de delitos penales -como sustracción de identidad y lavado de dinero-, y
el caso será tratado como una simple contravención electoral.
Más
barato imposible.
No
es la primera vez que Irurzun se exhibe atado al gobierno. En octubre,
poco antes de emitir el primer fallo sobre “aportes truchos”- el
magistrado fue fotografiado en una mesa del bar Biblos, de Libertad y
Santa Fe. Lo acompañaba Fabián Rodríguez Simón, alias
“Pepín”, un conspicuo operador judicial del Poder Ejecutivo.
Simón
tiene la destreza de operar en nombre de Macri y cultivar un vínculo
amistoso con Elisa Carrió, autoproclamada “Fiscal moral” del gobierno y
custodia de la integridad republicana dentro de Cambiemos. ¿Acaso la
diputada -que comparte con varios magistrados
de Comodoro Py el gusto por las largas vacaciones y los golpes de
efecto judiciales- desconoce la tarea que desempeña su amigo Simón?
Carrió
es pendenciera y tóxica, pero no tonta. De modo que también debe tener
información, o al menos una buena hipótesis, sobre las razones que
impulsaron a Irurzun -de origen radical, al igual que ella- a bajar del
pedestal que habitaba luego de cuatro décadas
exentas de escándalos para zambullirse en la ciénaga de Comodoro Py. Al
respecto circulan historias de todo tipo. Y en muchas de ellas
participan agentes de inteligencia. Carrió, que tiene informantes de
sobra en esa cloaca, las debe conocer.
Autor
de la “doctrina” que permitió ejecutar prisiones preventivas abusivas,
entre otros servicios, Irurzun es convirtió en uno de los arietes más
activos en la guerra judicial (“lawfare”) que el oficialismo libra
contra opositores y críticos, en especial de cuño
K. Desde el primer día de mandato, el presidente apoyó cada atropello
judicial con hechos, gestos y una fingida prescindencia republicana,
humo que esta semana se terminó de dispersar.
Cambiemos,
está claro, no es una derecha moderna. Tampoco una ceocracia liberal y
republicana. Es una restauración conservadora con todos los vicios y los
tics de sus antecesores: destrucción del aparato productivo,
sublimación de la explotación primaria y extractivista,
ampliación de la brecha social y protección de los privilegios de
élite. También, claro, usa las instituciones en beneficio propio, o para
estigmatizar y perseguir opositores, como indica la tradición.
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