José Rojas llega al mediodía a la zona de la Plaza de Mayo, donde elige uno de los locales de venta de comida al peso y se para en la puerta. Bien afeitado, con el pelo prolijo, una remera por la que pasó, visiblemente, una plancha, con la mochila al hombro, bien podría ser tomado por un turista, alguien que viene del interior de vacaciones a la Capital.
Pero no pasea. De la mochila saca una caja de biromes, que ofrece discretamente a los que entran y salen del local, a razón de tres lapiceras por veinte pesos. Al local elegido el jueves entraban en busca de su almuerzo trabajadores de los ministerios, empleados bancarios y de otras oficinas varias. Algunos le compraban; otros le dejaban unas monedas del vuelto.
Rojas es uno de los 98 mil nuevos indigentes que ganó la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tres años, los que lleva Mauricio Macri en la administración nacional y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño. Nuevo porque hasta hace poco hacía trabajos de zanjeo para una contratista de Edesur, concesionaria muy presente en la consideración del público estos días de tarifazos y apagones.
Nuevo, también, porque no es estrictamente un despedido. En su caso, comprobó duramente que conseguir trabajo no implicaba que las cuentas cerraran. “Entré a la empresa con una oferta de 7 mil pesos por quincena, pero nunca llegaron a pagarme  más de 4500”, cuenta a PáginaI12. Porque una vez que empezó a trabajar, encontró que el pago era a producción, que tenía que costearse el viaje hasta el lugar del zanjeo y que el almuerzo de la jornada no estaba incluido. Total, que ganaba unos 300 pesos por día y entre pasajes y comida gastaba gran parte. Y eso suponiendo que comiera lo mínimo, que se llevara una vianda o algo para acompañar un mate cocido. Por día, cuenta, le quedaban libres unos 200 pesos o poco más para una casa en la que tiene cinco chicos.
“Siempre me faltaba para el pasaje”, concluye. Así fue que pasó a la venta ambulante. Se organiza de la manera más básica: al llegar compra una caja de biromes y se para en la puerta del local. Cuando termina de vender la primera caja usa el dinero reunido para comprar la segunda. Cuando termina de vender la segunda puede volver a su casa.
Así puede volver con 400 pesos: le funciona mejor. Porque tiene menos pasaje y a veces consigue un almuerzo de arriba. “Por lo menos pago la comida de mi casa.” 
Su caída a la franja de los que están peor, los que no cubren siquiera una canasta alimentaria, incluyó más de una variable. Trabajo hiperflexibilizado, suba del precio de los alimentos, aumento de las tarifas de transporte, caída brutal del poder de compra del salario, licuación de la Asignación Universal por Hijo. Rojas tiene vivienda, tiene oficio en la construcción, tiene sólo 34 años –una edad en la nadie puede considerarlo poco empleable–. Lo que no tiene es el piso más básico de ingresos.
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El dato se conoció a mitad de la semana pasada. En los tres años de gobierno Cambiemos, en Buenos Aires se duplicó la indigencia. 
Entre el tercer trimestre de 2015 y el de 2018, con una cantidad de hogares y de personas casi iguales (hay 9 mil hogares menos y 15 mil personas más), en la ciudad más rica del país se pasó de 100 mil indigentes a 198 mil: un 98 por ciento más.
A su vez, los pobres no indigentes también treparon un 40 por ciento. Los pobres e indigentes representan actualmente el 21 por ciento de la población, mientras que en 2015 eran el 14 por ciento.
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“A los hogares para personas en situación de calle está llegando mucha más gente. Hay más demanda de todo: de comida, de remedios, de un lugar donde poder bañarse. Algunos son incluso vecinos del barrio que no están en situación de calle, pero que necesitan.”
El que habla es Horacio Avila, director de Proyecto Siete, organización que gestiona el Centro de Integración Monteagudo (un hogar para hombres, en Parque Patricios), el Hogar Frida (para mujeres cis y trans, algunas con niños) y el Centro Che Guevara (una casa de atención y acompañamiento comunitaria, en Barracas). Avila es militante, y dentro de la militancia uno de los que más conoce sobre indigencia en la CABA. Por historia de construcción y personal: en el 2001 la crisis lo dejó en la quiebra y sin casa y lo mantuvo durante siete años viviendo en la calle, de la que salió para armar la primera organización para los sin techo integrada por personas en situación de calle. Desde entonces sigue trabajando en el tema.
“En la calle hay un montón de gente nueva, que claramente no vienen del circuito de haber estado en situación de calle”, dice a este diario. Asegura que ranchadas nuevas hay en todas las comunas. Aunque la exclusión afecta a gente de cualquier edad, nota que “hay una franja de personas de entre 30 y 40 años que es la más visible. La mayoría son nuevos”. 
Bernardino Avila
Mientras la indigencia se duplicó, la pobreza creció un 40 por ciento en la ciudad más rica del país.
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Un grupo de cartoneros nuevos se instaló en la vereda del Cabildo. Ahí juntaban papel, aprovechando el descarte de las oficinas públicas. Estuvieron varios días, sin tomarse en serio las advertencias de los funcionarios públicos de que buscaran otro lugar, hasta que llegó un camión, a la noche, para decomisarles todo: carros, papeles, los bolsones que usaban para el trabajo. Los coordinadores de la Ciudad que se ocupan de la presencia de los recicladores urbanos recibieron una orden clara: que se vayan donde no se vean. 
Y es que el microcentro acumuló por la crisis una superposición de cartoneros. A los organizados en cooperativas se agregaron las camadas de recién llegados en busca del recurso más a mano para sobrevivir. “Hay mucho pibe de 25, 35 años. Vienen a las tres de la tarde, cuando de las oficinas sacan la basura”, cuenta Juan Esteban, de 32 años, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y desde hace siete años reciclador regularizado, lo que le da derecho a cobrar un presentismo de 6 mil pesos y acceder a una obra social. “Los ves con bolsones, con carritos, con mochilas... con lo que sea”. Buscan cómo ingresar a las cooperativas, pero el gobierno de la Ciudad –aseguran los más antiguos– mantiene los cupos cerrados. Sólo hay altas o nuevos ingresantes en el caso de que haya una baja.
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El Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo está atendiendo unas cien consultas por semana. El 40 por ciento son de personas que están atravesando problemas para pagar el alquiler. Esto los obliga a pensar en la rescisión anticipada de los contratos, motivo recurrente de las consultas.
En el organismo señalan que, como nunca en la historia, los inquilinos están dejando el 50 por ciento de sus ingresos en el alquiler, sin contar las expensas y los servicios. La media histórica, apuntan, era del 25 por ciento. Y el panorama para este año no es mejor, ya que la falta de controles reales y efectivos por parte del Estado es regla.
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La pauperización no es un fenómeno que se limite a los sin techo o a la irrupción de cartoneros en el centro. En un reflejo que recuerda al nacimiento de las asambleas en el 2001, en los barrios aparecen grupos de vecinos que buscan estrategias para dar de comer. Alejandra Castro, residente del Bajo Flores, integra el grupo Morfe y Lealtad, nacido hace justo un año ante las necesidades crecientes de alimentos.
“Empezamos en marzo del año pasado, juntando útiles y zapatillas para los chicos que veíamos que no empezaban la escuela porque no tenían cómo calzarse. Veíamos además muchos adolescentes en situación de calle y de consumo, tirados en los pasillos. Pero una vez que comenzamos, nos dimos cuenta de que había muchos vecinos que teniendo una vivienda ya no tenían ingresos: albañiles, mujeres que trabajaban limpiando, costureros”, contó Castro. 
Con los vecinos inventaron una olla popular ambulante que los domingos empezó a hacer recorridas casa por casa. “Fue muy duro el invierno. Organizamos la olla los domingos porque los comedores abren de lunes a viernes y había gente que, llegado el fin de semana, se quedaba sin comer. Muchos se sumaron a cocinar, empezamos diez y llegamos a ser unos cincuenta. Los docentes nos ayudaron con mercadería y con sus autos para trasladar las ollas. Es decir que arrancamos con la idea de hacer algo por los chicos que veíamos en situación de calle y de adicción y terminamos repartiendo comida a las familias”.
El grupo está ahora juntando útiles escolares para el nuevo comienzo de las clases, para lo que tiene un mail de contacto: castroalejandra23@gmail.com.
“Estamos en un receso con la olla porque necesitábamos un descanso, pero es angustiante, porque algo que descubrimos haciendo las recorridas es que los comedores generalmente tienen una fecha de inscripción, y que si te quedaste sin trabajo a mitad año lo más seguro es que entres a una lista de espera. No criticamos a los comedores, que hacen más de lo que pueden. Cuestionamos que no reciban insumos actualizados a la creciente necesidad”.
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Las organizaciones sociales registran mayores niveles de marginalidad y violencia. Vanesa Escobar integra la Red Puentes, del Movimiento Popular La Dignidad, que trabaja con personas atravesadas por una doble vulneración: el consumo problemático de sustancias y la situación de calle. La red tiene  Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario en La Boca y el Abasto. En ellas, cada semana están llegando de quince a veinte personas nuevas.
“Se está viviendo un clima pesado. Las situaciones de marginalidad no sólo atraviesan al joven que consume, sino que además llegan con situaciones familiares más graves, porque la madre perdió el trabajo. La policía está más brutal, con detenciones en la calle y aparecen escenas de linchamiento. Obviamente, conseguir un subsidio habitacional es imposible, los paradores están todos con listas de espera. Ha reaparecido el consumo de las drogas de crisis, como el Poxirán o el jaleo de nafta, que veíamos como algo del pasado, pero resurgen en la medida que la situación se pone más difícil. Hay mayores niveles de violencia en los delitos. Todo se vuelve más terrible cuando los circuitos que hacen posible sobrevivir se saturan o no funcionan. Se buscan otras estrategias, y estas son las que se están encontrando”.