El
pasado 24 de julio, el Gobierno dictó el decreto 683/18 que modificó el
727/06, reglamentario de la Ley de Defensa. Básicamente: (a) estableció
que la función primaria de las Fuerzas Armadas consistía en responder a
las agresiones externas en un sentido lato, eliminando la
especificación establecida por aquel, de que debían ser de origen
estatal. Abrió así las puertas a diversas formas de actuación militar; y
(b) habilitó la posibilidad de que dichas fuerzas intervinieran en
asuntos de seguridad interna, violando diversas disposiciones tanto de
la Ley de Defensa como de la Ley de Seguridad Interior, lo que ha dado
lugar a denuncias en sede judicial y a la movilización del propio
Congreso.
Exactamente una semana después dictó también el decreto 703/18 que
estableció una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional,
sustitutiva de la sancionada durante la segunda presidencia de Cristina
Kirchner. Es copiosa en páginas y proclive a la ostentación: tiene 39
carillas. Se pasea no sin cierta liviandad sobre diversos temas: la
escena global, la regional, la ciberdefensa, el narcotráfico, el
terrorismo internacional, la crisis del multilateralismo, la Cuestión
Malvinas. Se preocupa –y se contradice al mismo tiempo– por la
posibilidad de ataques externos aunque ha dicho casi al comienzo que
América del Sur se ha consolidado como una zona de paz. A partir del
Capítulo III empieza una navegación sobre ondas de futuro: el
instrumento militar desarrollará en tiempos de paz la vigilancia y
control de los espacios soberanos, la protección de objetivos
estratégicos, el apoyo a la política exterior y a la política de
seguridad, etc., y fortalecerá sus capacidades para controlar el espacio
aéreo, el marítimo y el terrestre. Agrega una perla: proveerá apoyo
logístico en zonas de frontera “para asegurar una adecuada sinergia con
las fuerzas de seguridad”. Y llega a una primera, sensata y fundamental
conclusión: “El Poder Ejecutivo Nacional deberá proponer un plan para
reformar el Instrumento Militar a fin de recuperar la capacidad de
cumplir con su misión principal”. ¿Qué quiere decir esto? Que dicha
misión sólo puede ser desempeñada hoy en una mínima medida pues las
capacidades militares de nuestro país están extremadamente menguadas,
como bien se sabe. De lo que surge inevitablemente una pregunta: ¿no
habría que haber empezado por aquí en lugar de atosigar con la
hojarasca?
Pero, claro, buscar la manera de enfrentar las falencias actuales con
los escasos recursos militares disponibles en el terreno propiamente de
la defensa, que es el que compete a los hombres de armas, no está en la
agenda gubernamental. Por el contrario, su prioridad está en aplicarlos
a la seguridad interior tratando de que no se perciba que esta decisión
choca explícitamente contra el marco legal vigente y además menoscaba
la función militar. Para lo cual desde hace tiempo ya viene midiendo
oportunidades y lanzando sucesivas cortinas de humo. Se trata, en última
instancia, de que una cosa parezca otra, de un latino quid pro quo o de
hacer pasar gato por liebre, como se dice en buen castellano.
El gobierno de Mauricio Macri ha alcanzado un entendimiento con los
Estados Unidos. Se trata de acomodar a la Argentina bajo el ala del
águila americana, en función de lo cual se ha establecido un canje.
Nuestro país se hace cargo de la preocupación norteamericana en materia
de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional y, a la
recíproca, EE.UU. se interesa en apoyar nuestra agenda económica. Esto
fue revelado –quizá inadvertidamente– por el embajador argentino en
Washington, Oris de Roa, hace un par de meses, y por el entonces
secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, inmediatamente
después de haber visitado Buenos Aires, en febrero de este año.
¿Cuál es el principal motivo gubernamental que promueve esta
operación de gato por liebre? La sustitución de gendarmes por soldados
permite incrementar el número de efectivos propiamente de seguridad
disponibles para actividades de control y represión de la protesta
social. Una muestra de lo que está dispuesto a hacer el Gobierno en este
plano se vio, en Buenos Aires, en las jornadas del 14 y del 18 de
diciembre del año pasado. Hay también otras preocupaciones: cuidar las
propiedades de Benetton o grandes emprendimientos público-privados como
Vaca Muerta, o custodiar la reunión del G-20 que se hará también en
CABA hacia fin de año, que son sólo ejemplos entre otros.
Esta operación ya comenzó hace muy pocos días con el despliegue de
fuerzas militares en la frontera norte: 450 efectivos del Ejército, 40
de la Fuerza Aérea, 8 helicópteros y 2 aviones A4AR fueron desplazados
en esa dirección. Y continúa en desarrollo. Los militares de tierra y
los aeronáuticos probablemente lo están lamentando, pues han iniciado
así el camino hacia una función subordinada: la de rueda de auxilio.
* Sociólogo; ex embajador en Haití y Guatemala.
Fuente:Pagina/12
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