Falta
poco para que se cumpla un año desde que un prefecto asesinó por la
espalda a Rafael Nahuel. Está identificado, la comisión del crimen
probada, en principio se trata de homicidio calificado. El prefecto no
fue aún procesado por el respectivo juez federal.
Hace
más de un año se produjo la muerte violenta de Santiago Maldonado, en
un contexto de represión ilícita y brutal de Gendarmería. El juzgado
federal mantiene cuasi hibernada la causa, proceder grato al gobierno
nacional que arguye que la violencia de los cuerpos de Seguridad no
incidió en el desenlace.
Eso sí, la Cámara Federal convalidó que se pincharan los teléfonos de
personas interesadas en dilucidar la verdad, empezando por Sergio
Maldonado, hermano de la víctima.
Venimos hablando bastante de la causa de los cuadernos Gloria. La
mencionamos acá apenas, porque viene a cuento. Festival de
encarcelamientos sin procesamiento ni condena, retorsión a los detenidos
para que se “arrepientan”, concesión de beneficios contra confesiones
inverosímiles. Apresamiento exclusivo para ex funcionarios kirchneristas
o empresarios que no se “arrepienten”.
En ese cuadro, que podría ampliarse con otros ejemplos, la
resolución (tan breve cuan potente) de la Corte Suprema (CSJ) que se
informa en la nota principal abre una hendija de luz en el oscuro
panorama de la administración de Justicia.
El Tribunal ratifica su condición de cabeza del Poder Judicial y
ordena “salvaguardar la vida, integridad personal y salud” de Milagro
Sala. La manda es inmediata, “de modo urgente”. Se otorgan cinco días al
Superior Tribunal de Jujuy para que “brinde a la Corte” las
explicaciones de por qué no se habrían cumplido sus directivas. Todo va
en línea con el pronunciamiento vinculante de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) que la CSJ receptó. Dicho sea de paso, en su
momento la CIDH sacudió la desidia con que la CSJ venía demorando
expedirse sobre la persecución a Milagro.
La decisión se adopta con la premura que imponen las
circunstancias. Sucesivas medidas procesales martirizantes contra
Milagro ponen en riesgo su vida y su salud. La huelga de hambre
constituye una reacción lógica y desesperada a la vez para evitar la
agresión del sistema político jujeño: el gobernador Gerardo Morales, en
yunta con los jueces que son su claque.
La unanimidad fortifica la movida: en la actual composición de la
CSJ no abundan los acuerdos compartidos por los cinco supremos.
En un sistema jurídico serio, los poderes provinciales acatarían la
orden de la Corte. En nuestra cruda realidad cotidiana, nada es seguro.
Pero la resolución es firme, unívoca. Deja la impresión de que la CSJ
arbitrará los medios para que se cumpla sin ceder ante demoras o
ambages. Un bienvenido apartamiento de las tropelías que son menú
cotidiano de los tribunales más poderosos del país, en los expedientes
más resonantes.
Fuente:Pagina/12
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