Tras la disolución del Congreso de Tucumán y un período caracterizado por la inestabilidad política y la sucesión de gobiernos provinciales efímeros, el 26 de septiembre de 1820 asumía como gobernador de Buenos Aires el General Martín Rodríguez, héroe de las invasiones inglesas, protagonista de las jornadas independentistas de mayo y veterano del Ejército del Norte.

El flamante gobernador designaría a Bernardino Rivadavia, quién se encontraba en misión diplomática en Europa, en el estratégico Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. Desde esa cartera, el ex triunviro se abocaría a implementar una serie de importantes reformas modernizadoras.
Entre ellas, el inquieto ministro buscaría plasmar un viejo sueño de Buenos Aires que, a pesar de varios proyectos que se remontaban incluso a los tiempos del Virreinato del Río de la Plata, no contaba aun con una universidad y los jóvenes de la pujante metrópolis tenían que trasladarse a Córdoba, que contaba con su casa de altos estudios desde 1613, a Chuquisaca (Bolivia), Santiago de Chile o Lima, sin contar con los pocos que podían darse el lujo de estudiar en el viejo continente.
Así, el 12 de agosto de 1821 se realizaría el acto de inauguración de la nueva Universidad y la asunción de sus autoridades en el ex templo de San Ignacio, en lo que hoy se conoce como “Manzana de las Luces”, que por entonces pertenecía al Estado y carecía de funciones religiosas. La Universidad se organizaría en seis departamentos: Primeras Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Ciencias Sagradas y Jurisprudencia.
Nacía así la Universidad de Buenos Aires, que junto a la de Córdoba, se erigirían como decanas de las universidades argentinas y pioneras de la educación superior.
Y lo hacía como una institución moderna y laica, autónoma, con fuero y jurisdicción académica. Una institución que se planteaba como la extensión al campo cultural de la revolución de mayo. Una institución imbuida de la ideología del iluminismo progresista, que nació para defender la libertad, un mandato que la UBA honraría a lo largo de su historia ante los atropellos de dictaduras y los avances contra la autonomía.

LA UBA Y EL ESPÍRITU REFORMISTA

En 1885 se sanciona la Ley Nº 1597, la primera normativa universitaria de alcance nacional, basada en una propuesta por el Senador Nicolás Avellaneda, ex presidente de la República y rector de la UBA, que reconoce a las universidades nacionales el derecho exclusivo de expedir títulos e integra un “fondo universitario”.
Un año más tarde, la UBA reformó sus estatutos para adecuarse a lo dispuesto por la nueva ley que, si bien reconocía la autonomía universitaria y avanzaba en el autogobierno, creaba los denominados Consejos Académicos que estaban integrados no sólo con profesores universitarios sino también con “notables” ajenos a la enseñanza. Estos Consejos tenían como misión principal el de proponer ternas de candidatos a ocupar las Cátedras que, finalmente eran designados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo Nacional.
El régimen conservador de las “academias” fue precisamente el objeto principal de los reclamos estudiantiles que se producirán en la Universidad entre 1905 y 1906, y que pondrán fin al gobierno de los “Consejos Académicos”, que fueron sustituidos por “Consejos Directivos”, aunque integrados sólo por profesores. Éstos eran renovados periódicamente, y elegidos por el claustro y los estudiantes avanzados. A estas modificaciones, plasmadas en un nuevo Estatuto, se sumaban la implementación de concursos y el reconocimiento de la “docencia libre”.
En 1918 estalla en Córdoba el movimiento de la reforma universitaria y, aunque la situación en la UBA era muy distinta a la de la anacrónica “casa de Trejo”, bajo su influjo se realizó una nueva reforma del Estatuto, que permitió armonizar las modificaciones introducidas en 1906 con el ideario reformista.

GOLPES A LA UNIVERSIDAD

En 1930, el primer golpe de Estado de la historia argentina inaugurará una tendencia que se repetirá en todas las interrupciones del orden democrático y constitucional: el embate contra los sectores universitarios, que en algunos casos incluiría la acción represiva, pero que siempre incluirá el avasallamiento de la autonomía, el intento de acallar el pensamiento crítico, y el despido o desplazamiento forzado de docentes e investigadores.
Será una década de retrocesos para la Universidad, que se refugiará en un fuerte profesionalismo y en la supervivencia de algunas islas de investigación científica.
En 1943, un nuevo golpe militar desplazó al último de los gobiernos fraudulentos de la década infame. Un vasto movimiento estudiantil apoyado por el rector Rivarola resistirá el denominado “gobierno de junio”. En 1945 la Universidad volverá a perder su autonomía y en 1946 será nuevamente intervenida. Son cesanteados muchos de sus docentes más destacados y jubilados otros como Bernardo Houssay que poco después ganaría el Nobel de Medicina. No obstante ello, en este período se sientan las bases para la carrera docente, se establece la gratuidad de la enseñanza universitaria y se elimina el examen de ingreso.
En lo que respecta a la UBA, se crean las Facultades de Odontología y Arquitectura, y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se divide en las actuales Facultades de Ingeniería y de Ciencias Exactas y Naturales.
Cuando en 1955 un nuevo movimiento cívico-militar conocido como “Revolución Libertadora” derrocó al gobierno constitucional de Perón, estudiantes y graduados nucleados en la FUBA que se habían opuesto a la intervención de la década anterior, ocupan la Universidad y elevan a las autoridades una terna de posibles candidatos al rectorado.
Fue así como llega al cargo de rector interventor, con apoyo de estudiantes y profesores, el historiador José Luis Romero, que retomó los principios reformistas de la autonomía universitaria y el cogobierno.
A partir de entonces, y en particular desde la llegada al gobierno de Arturo Frondizi, la UBA vivió quizás uno de sus períodos más fecundos, en los que se consolida una universidad científica al servicio del desarrollo y la cultura nacional.
Restituido el Estatuto de la UBA y organizados los tres claustros, en 1958 las elecciones universitarias llevarían al rectorado a Risieri Frondizi, bajo cuyo mandato se funda la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), se crean las carreras de Sociología, Psicología y Ciencias de la Educación, comienza a construirse la Ciudad Universitaria y se crea el departamento de Extensión Universitaria.
Todo vuelve a oscurecerse en 1966, con la nueva dictadura encabezada por Onganía, quien suprime la autonomía universitaria, exigiendo que rectores y decanos se conviertan en meros administradores, y prohíbe toda actividad política. El rector y los decanos de la UBA renuncian y se ocupan cinco facultades en protesta por la medida.
Con la asunción de Cámpora en mayo de 1973, asume como rector interventor Rodolfo Puiggrós con un programa de renovación pedagógica y política de la universidad, pensada en estrecha relación con la cuestión social. Y con el regreso a la presidencia de Perón, se sanciona la ley universitaria 20.564. La norma, que contó con el respaldo parlamentario de peronistas y radicales, propiciaba normalizar las universidades nacionales. En la UBA, que se encontraba intervenida desde 1966, se designaría como rector al ex-vicepresidente Vicente Solano Lima.
Sin embargo, ese intento de normalización quedaría trunco con la muerte de Perón, y tras la asunción de María Estela Martínez de Perón la Universidad es nuevamente intervenida y cooptada por sector de ultraderecha.
Este contexto se profundizaría a partir de 1976. Apenas un día después del golpe militar del 24 de marzo las universidades fueron intervenidas. La UBA fue puesta bajo el mando de un militar, que definió con crudeza que el principal objetivo de la intervención era “eliminar los factores ideológicos”.
La política represiva tuvo así en la universidad uno de sus blancos predilectos. No sólo se produjeron cesantías masivas de docentes y no docentes, expulsiones de estudiantes, quema de libros y censura de teorías, sino también secuestros, torturas y desaparición de actores representativos de la comunidad académica, en su mayoría con militancia gremial tanto docente como estudiantil.
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Por Dr. Alberto E Barbieri

La matrícula de ingreso en la UBA se desploma estrepitosamente, cayendo más de 100% respecto a 1974, y se establecen cupos para el ingreso. Con el dictado del decreto-ley 22.207 la universidad se retrotrae a la etapa prerreformista, concentrándose sólo en la enseñanza. Además, se implementa el arancelamiento universitario.

LA RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA

Con la recuperación de la democracia en 1983 se abre una nueva etapa para las universidades nacionales. El gobierno de Alfonsín puso en marcha un plan de normalización de las instituciones de educación superior que comenzaba por la designación de rectores normalizadores y consejos superiores consultivos. En la UBA, a la par que se ponía en vigencia el estatuto previo a la intervención del onganiato, Francisco Delich era designado como rector.
A partir de mediados de 1985 comienzan a realizarse elecciones en los diferentes claustros, para culminar en marzo de 1986 con la la Asamblea Universitaria en la que los representantes de estudiantes, graduados y profesores eligieron como Rector al hasta entonces decano normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas, Oscar Shuberoff, que sería reelecto en tres oportunidades. Asimismo, Juana María Pasquini es elegida decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, convirtiéndose en la primera decana electa de la historia de la UBA.
Los primeros años de la transición democrática trajeron varias innovaciones institucionales. Se comenzaron a eliminar las restricciones al ingreso a la Universidad: se suprimieron los aranceles y, en la mayoría de las universidades nacionales, se suprimieron los exámenes de ingreso. En la UBA, el ingreso directo se implementó a partir de 1985 con la creación del Ciclo Básico Común (CBC).
Sin embargo, el sistema universitario afrontaba graves dificultades presupuestarias, en el contexto de un acelerado crecimiento de la matrícula que demandaba incorporación de docentes y no docentes e inversión en infraestructura. Si la matrícula universitaria crecía en todo el país, en la UBA ese ritmo era aún mucho más intenso: mientras el número de nuevos inscriptos en 1982 había superado apenas los 13 mil estudiantes, en 1987 alcanzó casi los 47 mil. A comienzos de la década del ´90, la matrícula alcanzaba los 170 mil estudiantes.
Concluido el proceso de normalización de las universidades, la política universitaria experimentaría un giro durante los dos gobiernos de Carlos Menem. Estas políticas se plasmaron en la ley 24.521 de Educación Superior. La nueva ley encontró desde un principio grandes resistencias de la comunidad universitaria, lo que impidió que muchos de sus aspectos más controversiales pudiesen ser aplicados. En particular, las autoridades de la UBA solicitaron ante la Justicia la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma por entender que vulneraban el principio de autonomía y afectaban la gratuidad de la enseñanza pública. Varios de estos planteos fueron finalmente aceptados por la justicia.
En los albores del nuevo milenio renacería la conflictividad de la mano de un nuevo proceso de ajuste que afectaba fuertemente el presupuesto universitario. Una vez más, la resistencia de la comunidad universitaria, plasmada en las numerosas marchas y movilizaciones, fue un factor clave para impedir algunas medidas anunciadas, y provocó incluso la salida de un Ministro de Economía que promovía un brutal ajuste del presupuesto educativo.

LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE 

En los últimos años el sistema universitario público creció y se diversificó expandiéndose a provincias y regiones que hasta entonces carecían de acceso a la oferta de educación superior. Sin embargo, más allá de lo positivo de esta expansión, la UBA continúa ocupando un lugar central en la vida pública del país, concentrando casi 20% del total de la matrícula nacional.
La actual crisis económica, el ajuste y la reaparición de algunos viejos discursos que buscan poner en tela de juicio el profundo carácter democrático de la universidad pública, vuelven a poner a la UBA frente a nuevos desafíos de cara al futuro.
Como lo ha hecho siempre a lo largo de esta larga historia, y de la mano de un reconocimiento que excede las fronteras nacionales (expresado como los buenos resultados de los últimos rankings internacionales) que la erige como un actor central en los debates sobre educación superior, la Universidad de Buenos Aires encarará su próximo bicentenario con renovadas energías y espíritu innovador, pero sobre todo, con su inclaudicable compromiso de continuar siendo el mayor centro de producción académica, cultural y científica al servicio de nuestra nación.