Mientras los profesores continúan en huelga para reclamar una mejora salarial y los rectores exigen que el Gobierno normalice el envío de fondos para gastos de funcionamiento, el ajuste presupuestario sobre las universidades se apoya en una tercera pata: la paralización de las obras de infraestructura. El 84 por ciento del financiamiento aprobado para obras universitarias corresponde a obras no iniciadas o con problemas de continuidad, y se calcula que involucran casi 4 mil millones de pesos. Los datos surgen de un relevamiento realizado por la dirección general del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A partir de una muestra integrada por 35 de las 56 universidades públicas, el estudio afirma que sólo un tercio del financiamiento aprobado para obras de infraestructura corresponde a obras en funcionamiento, que avanzan con lentitud por los retrasos en los pagos que realiza el Gobierno. El resto del presupuesto corresponde a obras no iniciadas o paralizadas por decisión del Poder Ejecutivo. 
Leer más
Paros, abrazos y clases públicas
El informe fue presentado por el director general del CIN, Mario Lozano, ante el comité ejecutivo del consejo que reúne a los rectores de todas las universidades públicas nacionales, para informar sobre el estado de las obras de infraestructura del sistema universitario.
La falta de avances en las obras es uno de los principales reclamos de la comunidad académica desde principios de año, cuando la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, anticipó que se aplicaría un recorte sobre el presupuesto universitario y que habría menos fondos disponibles para obras. Los rectores exigieron la continuidad de las obras en repetidas ocasiones, y el Gobierno se comprometió a acelerar la liberación de los fondos en una audiencia realizada en junio con representantes del CIN. A través de una nota enviada a Jefatura de Gabinete a fines de julio, los rectores insistieron con el pedido, pero hasta hoy no hubo cambios en la decisión oficial. 
El relevamiento indica que la inversión total prevista para obras en diferentes estados de ejecución es de más de 3200 millones de pesos. Un 15,7 por ciento de este monto se invirtió en obras que ya fueron terminadas, con algún certificado restante para la finalización, y otro 17,6 por ciento corresponde a obras que están en ejecución, pero a un ritmo más lento del previsto en más de la mitad de los casos, por retrasos en los pagos. 
El resto del financiamiento (67 por ciento) corresponde a obras que no están siquiera en ejecución y es el dato que más alerta a los rectores, que están acostumbrados a que la ejecución de las obras sufra demoras y que sus tiempos se alarguen, pero que señalan como “inédita” la cantidad de obras que no han podido ser iniciadas, o que ya empezadas debieron ser paralizadas, por que el gobierno nacional no liberó el dinero para pagar a las empresas contratistas.
Un 50 por ciento del financiamiento corresponde a obras directamente no iniciadas. Las obras iniciadas pero detenidas por falta de pago del gobierno nacional abarcan el 14 por ciento del financiamiento, y un adicional de 800 millones de pesos corresponde al financiamiento de obras proyectadas, con diversos grados de aprobación del proyecto, pero aún no licitadas.
Las obras que cuentan con financiamiento son las que se basan en aquellos proyectos que ya recibieron el apto técnico y financiero del Poder Ejecutivo. El primero señala que la obra es pertinente y que, por ejemplo, no presenta problemas de diseño. El apto financiero indica que el proyecto cuenta con fondos para ser ejecutado. Para la mayoría de las obras (71 por ciento), los fondos provienen de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por lo que el argumento de “falta de fondos” no convence. “Sorprende la gran cantidad de obras que no han podido comenzar por una decisión más tardía del gobierno nacional”, señala el informe.
“Las obras son necesarias, especialmente para las universidades más nuevas, que empezaron a funcionar hace cinco o diez años. Necesitan sí o sí estas obras para continuar y poder acompañar su crecimiento en cantidad de carreras, y por lo tanto, de docentes y estudiantes. También está el caso de instituciones más antiguas, como por ejemplo la Universidad Nacional de las Artes, que sufren problemas edilicios y deben salir a alquilar otros espacios, lo que les genera un agujero financiero todos los años”, explicó el director general del CIN, Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Las obras paralizadas tienen un impacto directo en la calidad de las condiciones educativas que afectan a los alumnos y de las condiciones laborales en que se desempeñan trabajadores docentes y no docentes. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) alertó por la paralización de la construcción de laboratorios y comedores estudiantiles, la UNQ tiene pendiente la finalización del Aula Magna y la construcción de un nuevo comedor. En la Universidad Nacional de Río Negro está demorada la segunda etapa del Hospital Escuela de Odontología de Allen, que incluía nuevas aulas y un laboratorio, y la lista sigue.
Lozano remarcó que el Gobierno se había comprometido a abordar el conflicto salarial con los docentes y avanzar en un acuerdo paritario. Lejos de eso, la falta de avances profundizó el malestar en los gremios y, por la continuidad del paro nacional, está en riesgo la cursada del segundo cuatrimestre. Y el mes que viene, con el tratamiento del presupuesto 2019 en el Congreso, se abrirá un nuevo foco de disputa. “Prevemos una serie de conflictos ante el debate por el presupuesto del año que viene, que ya se estima muy alejado de las necesidades de las universidades. Hay un conflicto, y va a tener que resolverse de alguna manera”, afirmó Lozano. El CIN ya le hizo saber al Gobierno que, sobre el presupuesto actual que ronda los 100 mil millones de pesos, necesita un incremento de al menos el 30 por ciento.
Informe: Inés Fornassero.
Fuente:Pagina/12