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El
Decreto 703 del 30 de julio de 2018 aprobó la Directiva de Política de
Defensa Nacional (DPDN). Este nuevo decreto, posterior al 683 del 24 de
julio que sustituyó artículos del Decreto 706 del 12 de junio de 2016,
derogó el 1691 del 22 de noviembre de 2006 y habilitó la participación
de las fuerzas armadas en seguridad interior, ha recibido poca atención
tanto por parte de defensores como de detractores.
Una lectura detenida de la DPDN muestra que se trata de un documento
extenso, presuntuoso y con componentes inquietantes. Aunque quizás uno
de los aspectos más llamativos es que no aclara cuáles tendencias,
actores y fenómenos internacionales inciden específicamente en la
Argentina y, en consecuencia, cuál es o debiera ser la política de
defensa –acompañando la política exterior– en el corto, mediano y largo
plazos. No se evalúa cuál es el efecto global, regional y nacional de la
transición de poder a nivel mundial. No hay una ponderación de
situaciones contingentes concretas ni indicios de cómo y para qué
debería prepararse, principalmente, el país y sus fuerzas armadas. Pone,
adicionalmente, un exceso de atención en las llamadas “nuevas amenazas”
de procedencia no estatal tales como el narcotráfico y el terrorismo y
es muy escaso el tratamiento de los retos clásicos y aún vigentes en
materia de defensa. Tácitamente se insinúa que la potencialidad de
agresiones provenientes de otros estados, las pugnas inter-estatales en
torno a recursos energéticos, las disputas territoriales y marítimas,
entre otras, son y serán irrelevantes. Altos funcionarios –el
presidente, algunos ministros, secretarios del área respectiva– reiteran
que las hipótesis de conflicto del pasado, básicamente de naturaleza
estatal, están perimidas: hoy –y hacia el futuro– no habría ni retos ni
peligros de ese tipo. La DNPN es simultáneamente idealista y sesgada en
cuanto a la cuestión de las amenazas.
Intentaré sustentar esta aseveración y daré un ejemplo. La Directiva
comienza con una “apreciación del escenario global”. Afirma que “el
actual escenario internacional se caracteriza por una creciente
complejidad e incertidumbre.” Hasta allí nada original ni relevante.
Advierte que “en la actualidad, algunas potencias evalúan que la
arquitectura del sistema de seguridad internacional no ofrece las mismas
garantías para todos los Estados. Esta caracterización ha promovido el
cuestionamiento de los encuadramientos jurídicos que regulan la
utilización de la fuerza.” Un punto interesante que no se precisa ni se
desarrolla. A continuación destaca la evidente crisis del
multilateralismo, pero sobredimensiona el foro que temporalmente preside
la Argentina y otro del cual quiere ser miembro. En efecto, señala que
el Grupo de los 20 (G-20) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) “expresan la aún persistente confianza en
la utilización de instancias de articulación internacional y gobernanza
global. El accionar de estos organismos constituye un factor de peso que
balancea la disposición de ciertos actores al unilateralismo, al tiempo
que confirma la existencia de tendencias contrapuestas en el escenario
internacional.” Esta aserción exagera el papel del G-20 y la OCDE y
desconoce que aún en esos marcos multilaterales hay actores que recurren
cada vez más sistemáticamente el comportamiento unilateral y prefieren
el bilateralismo ejercido desde una posición de fuerza.
Más adelante sostiene que “la redistribución del poder global podría
generar situaciones de conflicto.” La potencial mayor conflictividad no
es una condición coyuntural o novedosa sino que, en esencia, la
pugnacidad es el rasgo habitual y reiterado de los procesos de
redistribución de poder pues un actor estatal tiende a declinar y otro
(u otros) a ascender y, por la tanto, la competencia se acrecienta y
expande. Esta constatación debiera llevar, naturalmente, a entender que
las amenazas externas de origen estatal seguirán primando. Sin embargo,
la Directiva tiende a concentrarse más en las formas “no tradicionales
de agresión”. Así, por ejemplo, “la diseminación masiva de información
falsa y el reemplazo de las tropas regulares por organizaciones
irregulares” constituyen una tendencia presuntamente novedosa. Asimismo,
“el terrorismo internacional configura uno de los principales problemas
de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al
confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como
el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los
delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la
información.” A su turno, las “redes terroristas explotan el
ciberespacio para reclutar miembros, recaudar fondos y difundir su
propaganda”. Además de confundir medios con actores, el énfasis sobre
las llamadas “nuevas amenazas” supone un equívoco fundamental: no todos
los problemas por ser globales se expresan de igual forma, intensidad,
alcance e impacto en todas las regiones y países.
La desvalorización de las eventuales agresiones de origen estatal es
no solo cándida sino también disfuncional para los intereses nacionales.
Me ceñiré al caso de Neuquén, una provincia fronteriza. La Argentina
es, junto a China, Estados Unidos y Canadá, una potencia mundial en
materia de hidrocarburos no convencionales. La mayor formación shale de
ese tipo de hidrocarburo se localiza en Vaca Muerta, Neuquén. El espacio
que ocupa es similar al tamaño de Suiza. Se estima que sus reservas
alcanzan a unos 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones
de pies cúbicos de gas. Además de YPF han realizado inversiones, entre
otras, Chevron, ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol,
Shell y Tecpetrol. Según el informe de mayo de 2018 sobre Vaca Muerta de
PwC (Price Waterhouse Coopers), “la atracción de capital” será esencial
para la producción y exportación de petróleo y gas y ello implica que
“se requiere una inversión de US$ 120.000 millones dólares hasta 2030”.
Ahora bien ¿qué nos enseñan la historia y las relaciones
internacionales en materia de recursos energéticos? Algo relativamente
sencillo: para las grandes potencias, declinantes y emergentes por
igual, los intereses de las empresas en los hidrocarburos son, también,
intereses gubernamentales y los intereses gubernamentales incluyen
intereses militares. Paralelamente, se sabe que la existencia de grandes
riquezas naturales en países de la periferia puede alentar conflictos,
generar despilfarro y estimular la volatilidad, entre otros. Es de
suponer entonces que un activo estratégico como Vaca Muerta, que el
gobernador Omar Gutiérrez llamó en julio de este año la “segunda pampa
húmeda” del país, debe ser objeto de suma atención, seguimiento y
aseguramiento. Su mejor protección y buen usufructo pasa por un conjunto
de buenas políticas públicas en distintos frentes.
Justo en la provincia donde se ubica ese gran recurso se acordó en
2010 con la Agencia Espacial Nacional de la República Popular China la
instalación de una Estación Satelital que comenzó sus operaciones en
octubre de 2017. Desde hace un buen tiempo Washington se mostró inquieto
por ese acuerdo y su entrada en funciones incrementó su preocupación. A
su vez, en junio de 2018 el gobierno de Estados Unidos informó que
financiará la construcción de un Centro de Operación y Coordinación ante
Emergencias en Neuquén. Este proyecto se enmarca en el programa de
Asistencia Humanitaria y Respuesta de Desastres del Departamento de
Defensa.
En breve hay que preguntarse: ¿se tuvo y se tiene en claro el valor
geopolítico global que ha adquirido la provincia de Neuquén? ¿Qué efecto
puede tener en torno a Vaca Muerta lo que destaca la DPDN cuando dice
que “la redistribución del poder global podría generar situaciones de
conflicto”? ¿Cómo se vinculan y refuerzan la política exterior y de
defensa para reducir la vulnerabilidad del país ante eventuales -por
supuesto, no inexorables- amenazas derivadas de las pugnas entre las
superpotencias? En realidad, el hincapié en las “nuevas amenazas” de los
decretos 683 y 703 conduce a desatender cuestiones mucho más esenciales
para el bienestar, la seguridad y la autonomía de la Argentina.
* Profesor plenario de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.
Fuente:Pagfna/12
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