Imagen: Noticias Argentinas
Sobreactuar
es una forma de proceder exagerada en la que quien actúa de ese modo
resulta poco creíble, más cercano a la mentira que a la verdad. Y cuando
la sobreactuación está vinculada con la política o con la acción de
gobierno, lo que se hace y se dice está siempre alejado del sentido
genuino de la gestión para emparentarse con el relato, un género más
próximo a la ficción que a la materialidad de los hechos.
Esto dicho a propósito del despliegue “de seguridad” montado por el
gobierno de la Alianza Cambiemos con ocasión del G-20 e interpretado con
inocultable satisfacción por la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, en el papel de primera actriz, aunque existan otros muchos
actores de reparto en esta puesta en escena. En la misma sintonía se
inscribe la medida que habilita a la policía para reprimir a gusto y
placer, sin ningún tipo de limitaciones... ni siquiera las que establece
la Constitución o la ley penal.
Nadie podría negar –con mínima sensatez– que la presencia en Buenos
Aires de un grupo importante de dirigentes de los países más poderosos
del mundo requería de medidas excepcionales también en materia de
seguridad. Pero para cualquier observador –aún para quienes, como el
caso de este periodista, carecen de formación en el tema específico–
resulta a todas luces irrisorio que tales medidas incluyeran la
paralización de una ciudad como Buenos Aires, virtualmente sitiada y
tomada por fuerzas represivas, sin medios de transporte y ambientada en
clima de guerra, mientras se sugería a los vecinos que mejor se fueran
de la Capital.
Parte de lo mismo es que Hernán Lombardi haya dicho que todo esto es
una oportunidad para “transmitir nuestra marca país al mundo”, porque
para el funcionario la reunión del G-20 es un hecho solo comparable con
el Campeonato Mundial de Futbol de 1978 organizado por la dictadura
militar. En todo caso se trataría de la “marca país” de un gobierno que
impone un modelo neoliberal por la fuerza y con la fuerza, dando lugar a
un nuevo capítulo de la imagen que el macrismo quiere proyectar al
mundo como pasaporte para “ser parte”. Es la única acepción que manejan
de la palabra inclusión.
La reglamentación puesta en vigencia por la ministra de Seguridad
respecto del protocolo de actuación policial se anota en la misma lógica
de sobreactuación, pero a ella se pueda agregar el componente de una
provocación que forma parte de los propósitos electorales y a sabiendas
de que hay un sector de la ciudadanía que aplaude este tipo de medidas.
Como el Gobierno no puede exhibir éxitos en la economía o en la calidad
de vida, apunta a poner la seguridad en el centro del debate de campaña.
Una sobreactuación más a la que se sumarán nuevos capítulos que, sin
duda, incluirán publicitados éxitos en la “lucha contra el narcotráfico”
y renovados ataques contra los defensores de los derechos humanos.
Ni la sobreactuación ni el relato sobre el tema deberían sorprender a
los ciudadanos y ciudadanas que vienen observando el comportamiento del
Gobierno en la materia desde que asumió Mauricio Macri la Presidencia y
Patricia Bullrich el Ministerio de Seguridad. Lo que se vio a propósito
del G-20 está emparentado con la “doctrina Chocobar”, con la represión a
las comunidades mapuches y a la protesta social, con la desaparición
seguida de muerte de Santiago Maldonado, con el asesinato de Rafael
Nahuel, con las muertes de detenidos en las comisarías de la provincia
de Buenos Aires, pero también con el encarcelamiento ilegítimo de
Milagro Sala. Ninguno de estos hechos –y otros tantos que aquí no se
mencionan– debería mirarse de manera aislada.
También sobreactúa el Poder Judicial con el recurso ilegítimo e
indiscriminado de las prisiones preventivas como estratagema política de
amedrentamiento contra todos aquellos que piensan diferente o a los que
hay que castigar por motivos de divergencia. Mientras se mantienen
causas abiertas sin el sostén real de ningún tipo de pruebas, se presume
y se festeja el “cierre” del caso de Santiago Maldonado, dando por
finalizada la causa sin que se hayan agotado las instancias ni atendido
argumentos que obran en el expediente.
La sobreactuación es parte de la campaña electoral que Cambiemos ya
lanzó y tiene el propósito fundamental de justificar la política
represiva del macrismo, a sabiendas de que aporta aguas para su molino
con un sector de votantes y que el ajuste y la pérdida de calidad de
vida de las personas solo puede sostenerse con violencia represiva.
Contra las comunidades mapuches, contra los que reclaman por derechos
sociales o porque están acabando con la vigencia de derechos
conquistados a través de luchas de muchos años.
En tanto relato, la sobreactuación es prima hermana de la mentira,
porque intenta ocultar la verdad de los hechos y las reales intenciones
de los protagonistas del modelo.
Y la sobreactuación en materia de seguridad tiene también la
intención de imponer el miedo que condiciona y empuja a muchos a la
inmovilidad y a la inacción, aún cuando sus derechos son arrasados o
violentados.
Lo único que quedaría por verificar es si el sismo que de manera
inusitada afectó a Buenos Aires y alrededores durante la realización del
G-20 fue parte también de la puesta en escena oficial para agrandar la
sensación de excepcionalidad y justificar las medidas para mantener a
raya las protestas y mostrarle al mundo que todo está bajo control,
aunque el River-Boca tenga que jugarse en Madrid... por falta de
seguridad.
Fuente:Pagina/12
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