Los
vaivenes de la Corte Suprema y de la Justicia en general marcan que,
independientemente de los dramas sociales, la falta de trabajo, del
salario magro y de la calidad de vida en absoluto descenso para la
gente, lo grave para la República sigue siendo ese tema: la Justicia.
Cuando la Corte anunció que pedía el expediente, todo el mundo tomó
nota de algo evidente: el gobierno quería impedir un juicio que es un
verdadero bochorno para la Justicia. La Corte advirtió el hecho de que
las pericias no estaban terminadas, porque se hicieron sobre un número
muy limitado de las obras de las que tenían que ocuparse. Pero además
sabe perfectamente que el informe de Javier Iguacel, que inició el
trámite frente a Julián Ercolini, es exactamente lo contrario de lo que
pretendían. Iguacel debió recurrir por ley a los dos peritos y un
contador que dijeron que no había sobreprecios, ni ningún tipo de
delitos, mínimamente en la tarea que se había hecho. Pero el exministro
de Energía, igual, con el viento de popa que implica el poder real que
sustenta el gobierno ante la Justicia, se presentó ante Ercolini. Y el
notable servil del establishment que es Ercolini, el hombre que ni
siquiera convocó a Héctor Magnetto en la causa Papel Prensa, le dio el
pase a una Cámara que, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo
Bruglia, tuvo la misma liviandad. Cada uno tuvo las deficiencias de la
causa que después pasó por Casación, por Mariano Borinsky, Juan Carlos
Gemignani y Gustavo Hornos, tres personas que están definitivamente
liquidadas para la credibilidad de la Justicia.
Pero lo peor de todo fue que cuando quisieron enmendar las fallas que
tenía el informe que había aportado Iguacel, que carecía de elementos
que permitieran llevar a cabo una causa. Y allí apareció Leonardo
Fariña, para ser partícipe de un entente con la actitud del gobierno
para liberarlo, con Germán Garavano quitando del medio a un juez como
Carlos Rozansky, con la gestión desde la AFI (es decir, desde el
gobierno) para decir aquello de lo que no tenía la menor idea…
Así, posiblemente, en la Corte empezaron a decir que no podía
permitir que ese mamarracho prosperase y en nombre de la posible
nulidad, pidieron el expediente. Eso fue leído, correctamente, por todo
el mundo, de que el juicio no podía comenzar. Si no empezaba el martes
21, no habría una fecha, al menos, por este año.
La Corte sabía perfectamente que el juicio era sólo una exigencia de Clarín-La Nación
y, en parte, del gobierno, para poner a CFK en la picota pública en el
año de las elecciones. Así como tergiversaron la democracia por completo
en 2015, con las denuncias por asesina a Cristina; a su hijo Máximo y a
una ministra por tener U$S 60 millones en cuentas en el exterior; a
Kicillof por robar dinero de YPF y a Aníbal Fernández como ideólogo del
triple crimen vinculado al narcotráfico. Y todo, por supuesto, navegando
por las más espantosas y escandalosas mentiras en cada uno de los
casos.
Lo quieren repetir ahora. Necesitan envenenar a la gente, dándole el
espectáculo de una expresidenta sometida a estar en el banquillo de los
acusados, en una causa inexistente, absurda, como la propia Corte
interpretó cuando pidió los expedientes. Pero a partir de eso, la
presión de los medios fue increíble, con notas y títulos que llevaron a
cabo la arenga televisiva para que cacerolearan los más monstruosos
personajes de la derecha. Y la protesta airada del gobierno cobijada por
esa protección mediática, llevó a la Corte a dar un paso atrás en lo
que había dicho y ofrecer explicaciones tan lamentables que los mismos
miembros se deben estar preguntando para qué se metieron en esta
historia.
Esto sirve para reflexionar que si la Corte no puede aguantar 24
horas de presiones y ataques mediáticos y políticos, qué queda para el
resto de los jueces.
Lo de la Corte, su liviandad, su flojedad y su cobardía ante la
arremetida de la derecha deja en condición de héroes a personajes como
Luis Carzoglio, y Alejo Ramos Padilla, que fueron capaces de confrontar
con todas las críticas y presiones habidas y por haber, para llevar
adelante el cometido que corresponde a la Justicia.
Paralelamente se supo que una de las causas más innobles que el
gobierno haya defendido, como es el asesinato de Rafael Nahuel, terminó
con una fallo de la Cámara Federal de General Roca, diciendo que todo lo
que hizo el gobierno apuntó a buscar un enemigo para justificar un
asesinato, y decidiendo procesar por homicidio agravado a Francisco
Javier Pintos, el prefecto que asesinó a Nahuel.
Todas las mentiras de Clarín y La Nación respecto
de la pólvora de las armas en las manos que tenían los mapuches, como
denunciaron tanto Patricia Bulllrich, como Gabriela Michetti o Garavano,
quedaron completamente descartadas. Se comprobó que fue un asesinato
vil a las órdenes impartidas por Bullrich, quien fue directamente a la
defensa del prefecto asesino, y que fue mentira que los mapuches tenían
armas que arrancaban árboles de cuajo y que habían procedido
violentamente con esas armas. Y que sí, todo ocurrió en medio de un
tiroteo.
Ver que una cámara como esa y la Federal de Mar del Plata, aun con
mucha cautela, tomaron su decisión a favor de la Justicia, permite
encontrar cierta tibieza todavía en este mundo helado y monstruoso que
propone la Justicia de la Corte, del Consejo de la Magistratura, de la
Cámaras de Casación en general y de jueces como Irurzun, Bruglia,
Ercolini, Bonadio, Bertuzzo, o fiscales como Stornelli, defendidos a
ultranza por el gobierno y por el procurador general Casal, hasta
límites en los cuales, la palabra bochorno se convierte en una palabra
vacía, porque es muchísimo peor todavía lo que han hecho, por caso,
tratando de bloquear la comparecencia en la Justicia al fiscal
Stornelli, quien debió haber sido empujado a dar la cara por los delitos
que se le imputan en el manejo, junto a D'Alessio, de una organización
perversa de espionaje y extorsionadores favorecedores del gobierno. «
Fuente:Tiempo Argentino
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