Marcela Osorio Granados
07/07/2018
Fuente:Sinpermiso
Que desde la institucionalidad no se haya reconocido la
existencia de una sistematicidad en los asesinatos y ataques contra
líderes y defensores de derechos humanos en el país es, para las
organizaciones sociales, una forma de ignorar la dimensión que ha
adquirido el problema en Colombia y las dinámicas de violencia que, a
pesar de la salida de las Farc del escenario del conflicto, siguen
latentes en las regiones. Aunque los cálculos siguen variando y no hay
consenso entre institutos, organizaciones y gobierno, las cifras más
pesimistas dan cuenta de más de 90 líderes asesinados tan solo en el
primer semestre de 2018.
Y con las alarmas prendidas por el
aumento de casos de agresiones contra defensores de derechos humanos,
crece la necesidad de poner sobre la mesa la discusión sobre la
situación de seguridad de las comunidades que los defensores de derechos
humanos y la existencia de patrones y factores comunes entre los
crímenes. Ese es precisamente el sentido del informe entregado este
jueves a la Comisión de la Verdad y realizado por el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos
Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de
Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores.
El informe
-titulado Defender la vida- documenta el contexto sobre la violencia
contra esta población entre 2002 y 2015 e identifica 10 casos
emblemáticos (de los últimos cuatro periodos de gobierno, dos de Álvaro
Uribe y dos de Juan Manuel Santos) que dan cuenta de que la mayoría de
los actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos no
están directamente relacionados con el conflicto armado entre el Estado
colombiano y los grupos armados.
"Las luchas por el acceso a la
tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la
rendición de cuentas, impulsan la violencia contra aquéllos que desafían
el poder de las élites económicas y políticas. No obstante, el
conflicto armado se usa como un pretexto para justificar y ocultar este
tipo de violencia. Muchas personas defensoras de derechos humanos
asesinadas fueron presentadas como guerrilleros asesinados en combate en
el marco del fenómeno denominado “falsos positivos”, aunque
probablemente hayan sido asesinadas por razones conectadas con su
trabajo de defensa de derechos", detalla el texto.
En cifras,
según el Programa Somos Defensores, desde el 1 de noviembre de 2002
hasta noviembre de 2017 habían sido asesinados 610 defensores, y más de
4.300 habían sido víctimas de ataques y en los últimos años estos
ataques se han incrementado en más de 100%.
El documento reseña,
además, cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de
inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento,
sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización
infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones
extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones
por grupos paramilitares o grupos posdesmovilización que actuaron con
la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad
del Estado.; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de
derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la
Policía Nacional.
"Los patrones de agresión contra las personas
que defienden los derechos humanos abarcan diferentes modalidades tales
como asesinatos, lesiones, amenazas, violencia sexual y
judicializaciones, que se desarrollan como parte de un fenómeno que
hemos caracterizado como violencia sociopolítica. Las agresiones en el
contexto de la violencia sociopolítica se diferencian de aquellas
ocurridas como parte de las dinámicas propias de la confrontación
armada, y por este motivo, no guardan una relación directa con el
conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos armados
insurgentes. Por el contrario, las causas y los móviles están asociados a
la actividad de defensa de derechos de las víctimas, cuya acción se vio
enfrentada a estructuras de poder económico, social y político", reza
el texto en el que se insiste en que la violencia sociopolítica no se
puede asociar a las hostilidades propias del conflicto armado interno.
Para
Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del
Programa Somos Defensores, es claro que detrás de todos los casos de
asesinatos, amenazas y ataques contra líderes y defensores de derechos
humanos hay fuerzas con poder de injerencia en todos los niveles y que,
contrario a lo que se ha escuchado desde algunos sectores del Gobierno,
no se trata de casos aislados o problemas personales. "Nosotros decimos
que la sistematicidad se da con otros elementos y es que está
documentado que sí son líderes sociales, independientemente de las
razones por las que hayan sido asesinados, todos cumplían un papel
determinante en sus comunidades. Otro punto es que el fenómeno ha ido
creciendo y ese incremento en los asesinatos indica que no se trata de
algo aislado sino que tiene que haber una estructura, así sea muy
oculta, que tiene claro que no puede dejar crecer a los líderes
sociales".
Sánchez advierte que otro rasgo que deja ver la
sistematicidad es que en la mayoría de los casos los crímenes se
cometieron a través de sicarios, es decir, alguien tuvo que pagar para
cometer el delito: "para asesinar a alguien, además del sicario, se
necesita que a la víctima le hagan seguimiento y monitoreo, para eso
también se necesita plata".
Con un componente adicional, en muy
pocos casos se ha podido establecer la autoría intelectual de los
crímenes. En los territorios lo que se dice es que aunque todo el mundo
sabe quién los mata, las autoridades nunca tienen información. De hecho
en algunas zonas aseguran que la corrupción viene desde la Policía que
le hace el juego a los ilegales y no actúan a pesar de que saben quiénes
son los que controlan el territorio. "La gente no se atreve a ir más
allá porque sabe lo que se les viene", dicen.
El informe
presentado a la Comisión de la Verdad, por ejemplo, recuerda que el
paramilitarismo históricamente ha sido apoyado por actores legales de
las regiones (terratenientes, ganaderos, comerciantes, y sectores
empresariales nacionales e internacionales) y que aunque formalmente se
desmovilizaron entre 2003 y 2006, en la actualidad existe un fenómeno de
reconfiguración: "Muchas de las nuevas estructuras denominadas por el
Gobierno Nacional como Grupos Armados Organizados (GAO), están
compuestas por miembros de las AUC que participaron en procesos de
desmovilización (...) son los responsables del mayor número de
agresiones a las personas que defienden los derechos humanos. El perfil
de las víctimas abarca a personas que defienden la implementación del
Acuerdo Final de Paz, y de manera especial, la política de restitución
de tierras y reforma rural integral, que afecta directamente los
intereses de las élites económicas y políticas regionales, así como a
las compañías nacionales y transnacionales".
Y quizá esa es la
razón por la cual, aseguran algunos, no solo no funcionan las medidas
para evitar que se sigan registrando más casos sino que además persiste
la impunidad.
Diana Sánchez señala que si bien es cierto que desde
el Gobierno se han hecho esfuerzos para trata de contener el problema,
en la práctica los resultados son pocos. Explica que en el caso de la
Fiscalía se ha dicho que se han investigado 170 casos que fueron
documentados por la ONU y que de ese total el 50% está esclarecido.
"Nosotros
creemos que 65 casos (correspondientes a ese 50%) es una cifra
insuficiente sobre todo si tenemos en cuenta que desde el programa hemos
registrado al menos 580 asesinatos en los ocho años de Santos. Pero
supongamos que solo son 170 investigados y de esos la mitad de casos
esclarecidos, aunque no se sabe de autores intelectuales. Solo se sabe
del gatillero, el sicario, pero no quién está detrás, qué estructura,
qué interés económico o político", refiere Sánchez al señalar que a la
Fiscalía hay que exigirle más y que no es posible que se excusen
diciendo que es un problema de recursos o que no tiene el músculo
suficiente.
En el fondo, insiste, además de las medidas y promesas
gubernamentales lo que urge es un cambio en el discurso, el contexto y
las instituciones que siguen viendo a las comunidades y a los líderes
como un enemigo interno. "Si matan líderes no pasa nada. Hay un
pensamiento que estigmatiza pues creen que las comunidades siempre han
sido funcionales a las guerrillas, las ven como las que siempre se
oponen al desarrollo, a las represas, al extractivismo y obvio a los
intereses geoestratégicos de los proyectos agroindustriales".
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