Casi
9 años después, con el impulso de la ministra Patricia Bullrich y del
ministro Alejandro Finocchiaro, reaparece una propuesta que finge
preocuparse por la situación de los jóvenes vulnerados por el propio
modelo de exclusión que lidera Mauricio Macri.
En efecto, en el
mes de septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto
denominado Servicio Cívico Voluntario, con 33 votos a favor, 31 en
contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. La propuesta, apoyada por la
oposición de entonces y el pleno respaldo del vicepresidente Julio
Cobos, estaba dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudiaban
ni trabajaban, a quienes se les “proporcionarían cursos de formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de
oficios”. El entrenamiento “se desarrollaría en instalaciones de las
Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación y vestimenta”,
además de “alojamiento en la unidad que se afectara al Servicio”. Se
puntualizaba expresamente que los participantes “deberían respetar los
reglamentos de las Fuerzas Armadas, referidos a normas de convivencia”.
El primer objetivo, que constaba en el artículo 2º del proyecto
aprobado, era “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de
riesgo”.
¿Por qué a los mentores de
aquella iniciativa, pensar en “espacios de contención” para adolescentes
y jóvenes en “situación de riesgo” (en condiciones de pobreza y
desprotección, habría que precisar) los llevaba a pensar en los
cuarteles? ¿Desde cuándo los cuarteles son espacios de contención? O
habría que preguntarse a qué contención se refería la norma o en qué
pensaron sus autores? ¿Acaso en una suerte de intento de revitalización
directa o subliminal del felizmente fenecido Servicio Militar
Obligatorio? Hasta el propio Ejército rechazó aquel proyecto, que luego
no llegó a prosperar en la Cámara de Diputados.
El mismo día en
que se aprobó dicho proyecto de ley en el Senado, Cobos publicó un
artículo de enfático apoyo, titulado “Un desafío para la sociedad”, en
un centenario matutino de la ciudad de Buenos Aires. Y un agudo lector,
de esos que envían comentarios a los diarios, develó la verdadera y
profunda esencia de esa iniciativa. Le escribió un mensaje de apoyo a
Cobos por su nota, finalizando con este ilustrativo párrafo: “Y no tenga
miedo de incluir a las Fuerzas Armadas en planes educativos: no sólo
los vacunos necesitan bretes”.
Rápidamente se entiende el
significado de brete, pero puede resultar útil repasar algunas de las
acepciones que figuran en los diccionarios: “en las estancias y
mataderos, sitio cerrado con fuertes maderos, para marcar en ellos las
bestias o matarlas”; “cepo o prisión estrecha de hierro”.
¿Cuánto
de control, de disciplinamiento, de vigilancia, de reforzamiento de la
desigualdad, de discriminación, de estigmatización hacia los jóvenes
pobres contienen estas aparentemente beatíficas propuestas?
El
neoliberalismo empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y
a la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores que
proponen “recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en
los cuarteles militares. La democracia debe garantizar -y tiene que
estar en condiciones de hacerlo- que las políticas públicas dirigidas a
los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las
instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo
social, evitando el enmascaramiento de pretendidas “medidas de
seguridad“, como si se trataran de políticas sociales inclusivas. Y
sobre todo, se debería garantizar que las instituciones en las que los
jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar)
sean las que los incluyan y contengan.
Una vez más se intenta, por
medio de este proyecto de claro tinte macrista, cristalizar la
existencia de sociedades duales, convalidar la diferenciación social y
vigilar y controlar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las
causas más profundas de la pobreza.
En suma, para los jóvenes
pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los
colegios y las universidades privadas.
* Alayón es trabajador social; profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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