¿Qué tienen en común las reformas educativas implementadas en países tan diferentes como Chile, México y Perú con la que se intenta imponer en Argentina? Que todas se originan en una misma oficina: el Banco Mundial. Desde la concepción neoliberal, este organismo impone las reformas educativas marcadas por la privatización y mercantilización de la educación, en un contexto de culpabilización, estigmatización y desvalorización del trabajo docente desde los sectores del poder.
La reforma educativa argentina que se expresa en el proyecto de Ley denominado Plan Maestro (proyecto que en la actualidad sigue en estado “borrador” y no se ha presentado oficialmente en el Parlamento) guarda estrecha relación con el documento “Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe” elaborado por economistas del Banco Mundial en 2014. Este organismo impulsa para todos los países de América latina una receta única basada en tres pasos: 1) pruebas censales a los estudiantes con una divulgación de los resultados, bajo el lema de transparencia; 2) pago de bonificaciones a las escuelas basado en el progreso de los aprendizajes de los alumnos, bajo la lógica del premio; y 3) evaluación individual y voluntaria a los docentes para que rindan cuenta de su desempeño, acompañada de recompensas financieras a aquellos que acepten ser evaluados y muestren buenos desempeños. 

La lógica que subyace al documento del Banco Mundial expresa un pensamiento lineal y simplista que muestra una relación directa entre enseñanza y aprendizaje, negando la existencia de múltiples factores que actúan como condicionantes de esta relación. Se afirma que sólo se precisan “profesores excelentes” para mejorar los aprendizajes, en tanto el docente es el único responsable de la calidad de la educación que se expresa a través de los resultados de “pruebas estandarizadas”. Siguiendo con esta lógica reduccionista, se asocia a la educación con el crecimiento económico y la competitividad y se afirma que, si bien existe poca evidencia empírica que respalde estas reformas, en los países que las aplicaron se observan resultados positivos. Además, se plantean como “estrategias para reforzar la rendición de cuentas”, la reducción o eliminación de “la estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los directivos y empoderar a los clientes (padres y estudiantes) para supervisar o evaluar a los profesores”. También se menciona a los sindicatos como un posible factor de resistencia docente, planteando que “con programas de voluntarios se puede evitar la confrontación”. Como lo hizo en los 90 en nuestro país, el Banco Mundial ofrece nuevamente “las recetas” que permitirán remediar los problemas educativos. Estas recetas apelan a conceptos amplios como “las mejores prácticas” o “las competencias para el siglo XXI”, y son lo suficientemente ambiguas como para permitir su adaptación a las agendas políticas locales.

Así, el discurso oficial, en apariencia neutral y basado en una serie de generalidades que apelan al sentido común, ha logrado instalar en la opinión pública el tema de la evaluación docente como la panacea de todos los problemas del sistema educativo. En realidad, este discurso, junto con la implementación de los operativos de evaluación Aprender y Enseñar, forman parte de la estrategia del gobierno actual para justificar los ajustes en educación, la reducción del presupuesto educativo, y la precarización y flexibilización laboral de los docentes. En palabras del Banco Mundial, “contar con datos duros sobre los resultados del sistema educativo es una herramienta política clave. El uso de estos datos por parte de los líderes políticos para justificar las reformas ha sido un factor clave de todas las estrategias que han tenido éxito hasta la fecha”.
* Docente e investigadora de la UNLA. Investigadora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte, Ctera. Ex directora nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa.
Fuente:Pagina/12