Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda.
Entre
los aportes de Keynes a la teoría económica se encuentra una reflexión
que se llama “la paradoja del ahorro”, que enunció de la manera
siguiente: si en una situación de recesión las empresas, las familias y
el Estado tratan de aumentar la frugalidad, por precaución porque temen
que su situación económica se degrade en el futuro, entonces la demanda
global disminuirá, lo que acentuará la contracción del Producto. Frente a
la caída de la demanda, la oferta se adaptará a la nueva situación y
disminuirá a su vez, de tal suerte que el ahorro global será idéntico al
nivel anterior, pero con una producción y un consumo inferior.
En 2009, cuando arreciaba la Gran Recesión, dos economistas del FMI,
Evan C. Tanner y Yasser Abdih, trataron, de una manera un tanto burda,
de refutar a Keynes afirmando que frente al incremento de fondos
disponibles –el ahorro de las familias– las empresas lo invertirían, lo
cual quería decir que no había ninguna paradoja. Se olvidaban que las
empresas no invierten porque hay fondos disponibles, que siempre existen
(para eso están los bancos), sino que lo hacen cuando se despejan sus
incertidumbres y anticipan un incremento de la demanda que les permitirá
vender lo que se aprestan a producir.
En esta paradoja, la acción del Estado es la única que no está
sometida a la incertidumbre, puesto que el gobierno decide del nivel del
gasto en función de su programa político. Keynes se refería a la
frugalidad del gasto público activo, es decir a la tentación de aplicar
una política de austeridad como la de Macri.
En efecto, habitualmente una parte del gasto del Estado se compone de
los salarios de los maestros, de los policías, de los bomberos, de las
enfermeras, en las jubilaciones, en las ayudas sociales, el gasto en
salud que incluye el pago de médicos y enfermeras, la inversión pública.
Este forma parte del ingreso de los argentinos, utilizado para cubrir
sus necesidades comprando bienes y servicios provistos por las empresas,
sean estas públicas o privadas, y forma parte del circuito económico.
La otra parte del gasto del Estado son los reembolsos de la deuda
pública en manos de inversores extranjeros y el servicio de la deuda;
vale decir los intereses pagados a los bancos extranjeros de tal suerte
que una parte de los impuestos que pagan los ciudadanos son remitidos al
exterior y no reintegra el circuito económico interno. De hecho, esta
parte constituye una disminución neta de la demanda global, a la que se
refería Keynes.
El llamado “déficit primario”, es la diferencia entre los impuestos
recaudados o la deuda pública y los gastos realizados en el país, y
tiene un impacto positivo en la economía ya que incrementa la demanda
agregada. Esto explica entonces que la idea del “déficit primario cero”
traerá una disminución de la demanda agregada y es, por lo tanto, una
idea desacertada, ya que agiganta la recesión.
Por otro lado, la disminución del gasto público tiene también un
impacto negativo vía el multiplicador. Hasta hace unos años, cuando
estalló la crisis griega, se suponía que el impacto de la austeridad en
el gasto público provocaba solamente una caída de la demanda y que el
efecto multiplicador, negativo, era poco significativo. Pero los nuevos
cálculos que realizó el FMI luego del fiasco en Grecia y la magnitud de
la crisis, mostraron que no era así. El impacto de la disminución del
gasto público activo depende del valor del multiplicador. Si el
multiplicador es 0,5, como se creía o lo indicaba la propaganda de los
medios, esto significa que una disminución de 10 pesos del gasto público
producirá una disminución de 50 centavos del PIB. Pero los cálculos
indican que en las economías como la Argentina el multiplicador es mayor
a 1 y más bien igual a 2 (en los dos primeros años), y esto es así
porque la tasa de ahorro es baja (17 por ciento en 2017, según el
Indec). Esto significa que para una disminución del gasto público de 10
pesos, la caída del PIB es de 20 pesos. Se deduce entonces que si Macri
decide llevar el déficit primario a cero, la disminución del gasto
público será de 1,5 o 1,8 por ciento del PIB que, según los datos del
Ministerio de Hacienda, será el déficit de 2018. Esto llevaría a una
recesión del orden del 3 por ciento del PIB, lo cual es enorme.
En periodos de recesión la disminución del gasto público no constituye una buena política económica.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París.
Autor de El peronismo de Perón a Kirchner, Ed. de L’Harmattan, París
2014. Editado en castellano por Ed. de la Universidad de Lanús, 2015.
Fuente:Pagina/12
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