RESISTENCIAS EN EL BUENOS AIRES DEL SIGLO XIX
Por Antonio Galarza *
Los
debates actuales por el impuesto a las ganancias y los mínimos
imponibles han puesto de relieve la discusión acerca de la necesidad de
un esquema tributario progresivo. Algunos ejemplos de la historia
política del país parecen mostrar que el concretar dicho objetivo
implica una conjugación de factores tales como la generación de
consensos, el fortalecimiento del Estado y una fuerte decisión política
para implementar y sostener las reformas.
Durante la primera
mitad del siglo XIX, en la provincia de Buenos Aires existieron intentos
por generar ingresos públicos que gravaran la riqueza –aún no se
concebían los impuestos a los ingresos– de los sectores más dinámicos de
la economía. Pero las reformas fiscales se encontraron no sólo con la
incapacidad del propio Estado sino con la resistencia férrea de los
grupos sobre los cuales recaían los tributos, que llegaron incluso a
levantarse en armas en 1839.
El comienzo de la vida independiente
en el Río de la Plata en la década de 1810 marcó la necesidad de
solventar los gastos de los nuevos estados en la región. La Aduana
porteña y en particular los aranceles a las importaciones se erigieron
desde entonces como el corazón de los ingresos del Estado. En cambio, en
una economía marcada por el crecimiento de la producción ganadera,
impulsada por la demanda externa de cueros y carnes saladas, los
impuestos que recaían sobre las exportaciones pecuarias se tradujeron en
ínfimas sumas para el erario público, dado lo reducido de los aranceles
sobre las ventas de estos productos. Esta característica de la
estructura fiscal estuvo llamada a mantenerse durante toda la primera
mitad del siglo XIX, evidenciando la dificultad de los gobiernos de
gravar las exportaciones.
Los primeros intentos de crear nuevos
tributos se comenzaron a ensayar en la década de 1820 en Buenos Aires,
con el ministro Rivadavia como protagonista. Se crearon las “patentes
comerciales”, que recaían sobre la actividad mercantil, y la llamada
“contribución directa”, que consistió en una tentativa por gravar los
capitales y la riqueza de la provincia. Este último recaía sobre la
posesión de tierras y bienes muebles, el capital invertido en el
comercio y en el ganado, con distintos porcentajes que perseguían el
objetivo de que aquellos que poseyeran más riqueza, fueran los
principales contribuyentes.
Si bien se impulsó el cobro de los
nuevos impuestos en la ciudad y el campo, las sumas obtenidas fueron
mínimas y nunca llegaron a contrapesar los ingresos aduaneros. Una de
las claves del fracaso de la “contribución” residía en la incapacidad
del Estado porteño de contar con una burocracia numerosa y aceitada
capaz de imponer el cobro. El pago dependía en gran medida de la buena
voluntad del contribuyente, pues se basaba en una declaración voluntaria
de bienes, que facilitaba la evasión.
La imposibilidad de los
gobiernos de imponer un tributo de este tipo se evidenció con brutal
realismo hacia 1839. Acicateado por el bloqueo francés del puerto de
Buenos Aires, que había cercenado las actividades de
exportaciónimportación y, por ende, desequilibrado el presupuesto, el
gobierno a cargo de Juan Manuel de Rosas intentó dar renovados bríos a
la “contribución directa”. Se eliminó el mínimo no imponible y se
crearon comisiones encargadas de tasar las propiedades y elaborar las
declaraciones de bienes en toda la provincia. En palabras del
gobernador: “La contribución directa es otro ramo de las rentas que
reclama las más serias meditaciones. No es posible disimular la notable
inexactitud con que generalmente se hacen las declaraciones de
capitales. Si por ella se calculase la riqueza efectiva de esta
Provincia, quedaría reducida a la centésima parte...” (Mensaje a la
legislatura, 1837).
El resultado fue una mejora de la recaudación
que no obstante no logró sopesar la merma de ingresos resultado del
bloqueo. El impuesto recaía sobre las fortunas de los sectores más
dinámicos de la economía bonaerense, enriquecidos gracias al auge de la
ganadería y a los bajos aranceles a las exportaciones. Aunque el
gravamen no resultaba una carga significativa sobre su riqueza, la
resistencia de esos sectores acaudalados no se hizo esperar y cristalizó
en su participación/liderazgo en el levantamiento de los “libres del
sur” de 1839, un movimiento armado que exigía la deposición del
gobernador, pero que fue reprimido y derrotado rápidamente.
Lo
reseñado sirve como evidencia de las limitaciones y desafíos de todo
gobierno a la hora de implantar una reforma tributaria en un sentido
progresivo, en donde aquellos que más capacidad de pago posean, sean
efectivamente quiénes más tributen. El ejemplo histórico muestra el
fracaso de autoridades de diferentes signos políticos (Rivadavia, Rosas)
en sus intentos por consolidar un impuesto sobre la riqueza, necesario
para diversificar la estructura fiscal. Tres aspectos parecen ser
sustanciales para cualquier administración que busque consolidar un
esquema tributario progresivo: la necesidad de generar consensos para la
implementación de nuevos impuestos, el fortalecimiento de las
capacidades estatales para asegurar su cobro y limitar la evasión, y por
sobre todo la decisión política de imponer modificaciones tributarias
que democraticen las estructuras fiscales más allá de intereses
sectoriales y/o particulares que presenten resistencias
* Antonio Galarza es investigador asistente en Conicet y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Fuente:Suplemento Cash-Pagina/12
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