El presidente Mauricio Macri incumplió una vez más sus promesas públicas y envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que modifica parcialmente a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. La promesa del Gobierno era la de enviar un proyecto de “ley convergente” que reemplazara a ambas leyes, previo proceso participativo. Sin embargo remitió al Senado de la Nación sin deliberación pública previa un denominado proyecto de “ley corta de telecomunicaciones” que agrava el panorama. La faena desregularizadora de los servicios audiovisuales de pago –la crema del negocio– comenzada con aquel pernicioso decreto N°267/15, hoy se corona con la eliminación de límites legales para que no más de tres grandes jugadores del sector brinden todos los servicios que permite la tecnología vigente.

Los beneficios esgrimidos son la competencia y las inversiones. No obstante, en las tres décadas de desarrollo fuerte del cable en nuestro país la competencia nunca tuvo lugar. Desde los inicios de los ‘90 el sector ha funcionado de manera cartelizada pactando entre dos o tres jugadores la distribución territorial, la oferta de servicios y las tarifas. Protegiéndose del eventual ingreso de nuevos competidores a la vez que abusando de los usuarios. La propia dinámica de crecimiento de los grandes operadores nacionales se dio en base a la absorción de pequeños y medianos cableros locales y no siempre con buenos modales. Esa concentración de la propiedad se cobró la eliminación de un millar de empresas. 

Las inversiones que una reforma como ésta puede desatar son más que relativas. El permiso ilimitado para que los jugadores gigantes utilicen satélites para distribuir contenidos audiovisuales a todo el territorio nacional les proporciona un gran ahorro en infraestructura terrestre. Pero además, una de las modificaciones propuestas habilita la utilización de la infraestructura instalada, incluida –y fundamentalmente– la pública. 

Lo que está demostrado es que cuando es el mercado el encargado de introducir las TIC’s, inevitablemente lo hace de manera excluyente: los sectores pudientes superponen todos los usos y consumos posibles, y los que no tienen capacidad de pago participan marginalmente o no disfrutan los beneficios de las innovaciones tecnológicas. Sólo el Estado garantiza universalidad en el acceso o atenúa, al menos, las desigualdades propias de la distribución de la riqueza.

Cierto es que esta reforma neoliberal apunta al transporte y distribución de contenidos digitalizados más que a la producción, pero traerá sin dudas consecuencias sobre los contenidos audiovisuales. 
La proliferación del uso del satélite para cubrir todo el territorio nacional barrerá más temprano que tarde con los cables locales y junto con ellos con los valiosos contenidos que ellos producen. Me refiero al canal de producción propia que la actual legislación obliga a sostener a los licenciatarios de TV paga y que es a través del cual los televidentes de miles de ciudades y pueblos de nuestro país se informan sobre la actualidad local y provincial. Amén de la retahíla de puestos de trabajo que se perderían, de esta manera también se estaría extraviando todo vestigio de federalismo informativo de nuestro sistema audiovisual. El eufemismo de “ley corta” utilizado por el Gobierno para ocultar que se trata de una adecuación a medida de los grandes jugadores, no obstante revela la mirada corta que la ideología ceocrática tiene sobre la problemática comunicacional: sólo observa la dimensión comercial, lo que se distribuye por los distintos vínculos sean físicos o satelitales, al fin y al cabo –¿pensarán?– son mercancías como cualquier otra.

El Presidente, cual Chance Gardiner, pareciera que sólo imagina metáforas provenientes del mundo que lo lanzó a la popularidad. Es por ello que debió denominar al proyecto de marras como “ley de las Compensaciones”, en alusión a los árbitros de fútbol que administran el reglamento de manera culposa por haber favorecido previamente a unos de los bandos en pugna. 

Demás está decir que el Grupo Clarín y su fusión con Telecom es la causa de esta consecuencia, que de fluir en el Congreso, permitiría a Telefónica –rebautizada Movistar y ¿absorbiendo a DirecTV?– y a Claro –del magnate Carlos Slim– terminar de conformar un mercado concentrado de las comunicaciones sin escapatoria para los usuarios argentinos. Por eso no debió sorprender a nadie que el proyecto de ley se hiciera público como una ofrenda de Macri a su conmilitón Mariano Rajoy durante la reciente visita del Jefe de Estado Español. 
* Profesor de Políticas de la Comunicación UBA / UNLZ.
Fuente:Pagina12