La
paga a los presos es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio
de investigación Global Research. Si se niegan, los encierran en celdas
de aislamiento. Analistas hablan de esclavitud en el siglo XXI o, cuanto
menos, de explotación.
La cárcel Angola incluye trabajos forzados de los presos en plantaciones.
La
política penitenciaria de Estados Unidos es un engranaje clave de su
sistema económico. Los detenidos trabajan para corporaciones que
facturan sumas millonarias. Las cárceles ocupan el tercer lugar como
dadoras de mano de obra. Solo son superadas por la General Motors y Wall
Mart. Desde que muchas fueron privatizadas se transformaron en un
redituable negocio. Albergan al 25 por ciento de los presos del mundo
cuando la población de EE.UU apenas alcanza al 5 por ciento. La paga es
de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación
Global Research. Analistas de estas estadísticas hablan de esclavitud en
el siglo XXI o cuanto menos de explotación. Por eso el malhumor de los
reclusos va en aumento. Proyectan una gran huelga para el 21 de agosto
que ya tuvo antecedentes en lo que va de este año, como una en Luisiana.
En ese estado del sur se levanta Angola, la prisión de máxima seguridad
más grande del país. Se construyó en 1869 sobre 73 kilómetros cuadrados
de una ex plantación de esclavos. Sus condiciones de vida, que incluyen
los trabajos forzados, son la reproducción más exacta de la desigualdad
carcelaria. La mayoría abrumadora de sus presos son negros.
Según
el informe anual que difundió Human Rights Watch en 2017, hay 2,3
millones de detenidos en EE.UU. De esa cifra, 211 mil en cárceles
federales y el resto en prisiones estaduales. Pero si se ampliara el
universo a quienes están en libertad condicional o bajo alguna
restricción de movimientos, habría 5 millones de personas más en
cuarentena. Las cifras de presos en Estados Unidos superan con amplitud a
las de China, Rusia y Brasil, que le siguen en orden y rondan entre los
600 y 700 mil cada uno. Comparadas las tasas de encarcelamiento,
arrojan que por cada blanco hay cinco negros detenidos o dos hispanos en
esa misma proporción. A expensas de esa población penitenciaria, un
grupo de corporaciones muy conocidas hacen negocios que todavía están
lejos de alcanzar su techo.
Un estudio del pequeño Partido Laborista Progresista - una escisión
del PC de EE.UU- sostiene que “la contratación privada de prisioneros
para el trabajo fomenta incentivos para encarcelar a la gente. Las
prisiones dependen de este ingreso y los accionistas corporativos que
lucran del trabajo de los prisioneros hacen lobby a favor de las
sentencias más largas a fin de ampliar su fuerza laboral. El sistema se
alimenta a sí mismo”. Más de un centenar de cárceles privadas se
extienden por todo el territorio estadounidense. En varias se les cobra
la estadía diaria a los presos como si vivieran en un hotel. En un
artículo del 9 de noviembre de 2015, BBC Mundo describió lo que pasaba
en el sistema penal de Ohio. Había reclusos que debían entre 20 y 35 mil
dólares por entrar y salir de prisión después de cometer delitos
menores. En general bajo los efectos de las drogas.
Corrections Corporation of América (CCA) es la más vieja de las
compañías que administra cárceles en EE.UU. Se creó en 1983. Según un
artículo publicado el 9 de mayo de este año por el escritor cubano no
vidente Miguel Angel García Alzugaray, tiene 66 prisiones, 91 mil
detenidos y ganancias anuales de 1.700 millones de dólares. Geo, la otra
corporación que sobresale junto a CCA, colecciona 65 penales, 65.700
detenidos y gana 1.600 millones de dólares por año. Ambas empresas
aumentaron sus ingresos un 46% entre 2007 y 2014 según la misma fuente
que publicó su texto bajo el título La ignominia de las cárceles
estadounidenses.
CCA y Geo no son las únicas que hacen lucrativos negocios a expensas
de los presos. Otras compañías tienen garantizado que los reclusos
trabajen a tiempo completo. No pueden llegar tarde o faltar por
problemas familiares. Y si la paga les resulta insuficiente y se niegan a
cumplir con su labor, los encierran en celdas de aislamiento, según
Global Research. Resulta obvio que carecen de protección sindical, no
cobran horas extras, ni vacaciones, beneficios de salud o por la
seguridad social. IBM, Motorola, Microsoft, Telecom y hasta la petrolera
británica BP se valen de la mano de obra esclavizada. Fabrican gracias a
ella distintos implementos de la industria en un amplio abanico de
actividades.
Una de las grandes ganadoras de esta política es UNICOR (la ex
Industrias de Prisiones Federales). Esta corporación contrata el trabajo
en las cárceles. Tiene 110 fábricas en 79 penitenciarias. Es muy
ilustrativo sobre el tema un trabajo del periodista Justin Rohrlich en
World in Review. Señala que los presos producen a cambio de centavos la
hora, “componentes para los aviones de combate F-15 de la McDonnell
Douglas/Boeing, los F-16 de la General Dynamics/Lockheed Martin y los
helicópteros Cobra de la Bell/Textron”. También fabrican “gafas de
visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, equipos de
radio y comunicación, sistemas de iluminación y componentes para cañones
antiaéreos de 30 mm a 300 mm, rastreadores de minas terrestres y
equipos electro-ópticos para el telémetro láser del vehículo Bradley de
combate”.
La trasnacional aeronáutica BAE Systems, el segundo mayor contratista
militar del mundo, es uno de los principales clientes de UNICOR. De
origen británico, pero con grandes negocios en EE.UU, uno de sus
principales productos han sido los misiles Patriot. Las prisiones de
Estados Unidos les reportan ganancias a este tipo de compañías por unos
30 mil millones de dólares anuales. Lo perverso del sistema es que estas
operaciones comerciales se garantizan con la población carcelaria que
cada estado les asegura a las empresas. En el caso de las prisiones
privadas, deben alcanzar entre el 95 y el 100 por ciento de ocupación.
Si eso no pasa, los gobiernos estaduales deben indemnizarlas.
Las cuotas de detenidos también alcanzan a los inmigrantes
indocumentados o flojos de papeles. Por una norma del Congreso, el
Departamento de Seguridad Interna está obligado desde 2009 a garantizar
34 mil personas por noche en los centros de internamiento de
extranjeros. La disposición fue escrita en el presupuesto federal por el
senador Robert Byrd, un demócrata de Virginia. Estuvo en el Congreso de
Estados Unidos de manera ininterrumpida durante 51 años, entre 1959 y
2010, cuando murió.
Fuente:Pagina/12
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