Cátedra Abierta Plan Fénix
FCE / UBA
Han transcurrido once meses desde que se produjo e lcambio de gobierno en la Argentina. Desde la Cátedra Abierta Plan Fénix, de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA, hacemos llegar a la opinión pública nuestra reflexión acerca de las medidas implementadas y del curso de los acontecimientos, luego de observar con detenimiento las tendencias predominantes en la política económica. El nuevo gobierno, identificado con las visiones liberales en lo económico, asumió su gestión en un país no exento de dificultades. Muy lejos estaba, sin embargo, de situaciones como las vividas en otros recambios gubernamentales del pasado reciente , tales como el del año 1989, con un proceso hiperinflacionario generado por un golpe del mercado, o el del año 2001, cuando estalló la crisis producida por la aplicación de las reformas económicas y las políticas macroeconómicas neoliberales.El ciclo expansivo iniciado en 2002 se había amesetado a partir de 2011, debido a crecientes dificultades, comunes algunas de ellas a los países de la región, lo que redundó en una insuficiente inversión y en restricciones en el sector externo, impidiendo un crecimiento sostenible en el mediano plazo. No obstante, existían algunas fortalezas que no hacían presagiar crisis o derrumbes económicos.
La deuda pública, externa e interna, había alcanzado niveles
administrables, y no existían dificultades para su renovación. La
conflictividad social era relativamente baja y había margen para la
toma de decisiones graduales que permitieran superar problemas
coyunturales y estructurales acumulados. La inflación había alcanzado un nivel importante, pero distaba de encontrarse en
curso un proceso de espiralización. La mayor dificultad la presentaba el frente externo, por la brusca caída de los términos de intercambio y la fuerte recesión de Brasil, nuestro principal socio comercial.
El nuevo gobierno, cuyo posicionamiento discursivo caracterizó de forma dramática el estado de la economía. Señaló como problema central la inflación, y situó al déficit fiscal como el aspecto esencial a intervenir, sosteniendo que un colapso era inminente. Sin embargo,optó inicialmente por tomar medidas distributivas que contradecían tanto el objetivo de contener la inflación como el de lograr el equilibrio fiscal. Se liberó el mercado de cambios y se produjo una de valuación del orden de 60 %, que tuvo repercusión inmediata en los precios. Ello,conjuntamente con la supresión de tributos al comercio exterior,contribuyó tanto a acelerar el proceso inflacionario como al desfinanciamiento fiscal. La apuesta mayor parece haber sido la recuperación de recursos mediante un fortísimo ajuste tarifario en los servicios públicos, que redujera el monto requerido de subsidios,y compensara así las pérdidas de ingreso fiscal. Esta estrategia entró en crisis cuando tal ajuste encontró resistencias sociales,políticas y judiciales importantes. Ante la falta de reducción del déficit fiscal, se avanzó aceleradamente en un proceso de endeudamiento externo, además de recurrir a un nuevo blanqueo de capitales.
Asimismo, se impusieron topes a los aumentos salariales muy por debajo de los índices de inflación; hubo miles de despidos, lo que permitió esgrimir la amenaza del desempleo, logrando redistribuir el ingreso en favor de los sectores más concentrados.Se justificó este curso de acción alegando, sin fundamento alguno, que los niveles de consumo alcanzados por la población de los sectores medios y bajos en la última década no eran sostenibles.
Estas medidas iniciales revirtieron una incipiente recuperación del nivel de actividad que había comenzado el año anterior. Está previsto un resultado económico recesivo para este año y se evidencia un preocupante incremento del desempleo.
Como estrategia de fondo, el nuevo gobierno quiso marcar un quiebre neto respecto del gobierno anterior en su relación con el sector privado y en la política exterior.
En cuanto al sector privado, planteó que allanar el camino a la inversión privada doméstica y externa sería el centro de la estrategia de crecimiento, sobre la base de un nuevo esquema de precios relativos: un tipo de cambio que pretendió
ser claramente más alto que el vigente al cambio de gobierno, y menores costos
salariales. Este argumento fue el que justificó, desde la perspectiva del gobierno, la apresurada resolución del diferendo con los fondos buitre, tenedores de títulos de deuda no renegociada, a los que se concedieron prácticamente todas sus demandas. El discurso esgrimido, similar al del gobierno que asumió en 1989, se orientó a ganar la credibilidad de “mercados” e “inversores”. El desmantelamiento de los sistemas de control y seguimiento de la formación de precios internos, apuntó en la misma dirección, la de mostrar una actitud amistosa hacia los “mercados”.
El énfasis fue colocado desde el comienzo de la actual gestión en la necesidad de recibir inversiones del exterior. Tales inversiones serían el motor de la recuperación y el crecimiento, al suplir la insuficiencia de ahorro interno y los requerimiento s de divisas. Se desconocía así la dinámica de la inversión extranjera directa en el mundo, cuyas decisiones estratégicas responden a razones mucho más complejas que las señales coyunturales que pueda lanzar un gobierno. En un contexto de creciente estancamiento y proteccionismo global, los centros económicos mundi
ales —a los cuales busca aliarse la actual gestión—, tienden a enviar a las
En cuanto al sector privado, planteó que allanar el camino a la inversión privada doméstica y externa sería el centro de la estrategia de crecimiento, sobre la base de un nuevo esquema de precios relativos: un tipo de cambio que pretendió
ser claramente más alto que el vigente al cambio de gobierno, y menores costos
salariales. Este argumento fue el que justificó, desde la perspectiva del gobierno, la apresurada resolución del diferendo con los fondos buitre, tenedores de títulos de deuda no renegociada, a los que se concedieron prácticamente todas sus demandas. El discurso esgrimido, similar al del gobierno que asumió en 1989, se orientó a ganar la credibilidad de “mercados” e “inversores”. El desmantelamiento de los sistemas de control y seguimiento de la formación de precios internos, apuntó en la misma dirección, la de mostrar una actitud amistosa hacia los “mercados”.
El énfasis fue colocado desde el comienzo de la actual gestión en la necesidad de recibir inversiones del exterior. Tales inversiones serían el motor de la recuperación y el crecimiento, al suplir la insuficiencia de ahorro interno y los requerimiento s de divisas. Se desconocía así la dinámica de la inversión extranjera directa en el mundo, cuyas decisiones estratégicas responden a razones mucho más complejas que las señales coyunturales que pueda lanzar un gobierno. En un contexto de creciente estancamiento y proteccionismo global, los centros económicos mundi
ales —a los cuales busca aliarse la actual gestión—, tienden a enviar a las
regiones de la periferia bienes y servicios terminados, y no inversiones.
La mera transferencia de recursos hacia sectores más concentrados no es en sí misma garantía de inversión, por lo menos en nuestro país. Puede sí llevar a la fuga de capitales. Así lo atestigua la abundante salida que ya se ha registra
do este año, viabilizada por la liberalización del mercado de cambios. Esta fuga
muestra una razonable capacidad de ahorro de nuestro país; pero este potencial inversor es esterilizado, como en décadas previas, mediante la transferencia de estos recursos hacia el exterior de la economía nacional.
Se vuelve a insistir en la confusión conceptual entre inversión productiva e “inversión” financiera, que tienen efectos opuestos sobre la producción y el empleo. Y en definitiva, el tipo de cambio real, a once meses de iniciada la gestión, no muestra un nivel que permita consolidar un grado de competitividad externa significativa, dados los aumentos de precios provocados por la devaluación, la quita de retenciones, los aumentos tarifarios y la ausencia de todo control sobre los mecanismos empresariales de fijación de precios.
Advertimos el riesgo adicional que supone la elevada velocidad de endeudamiento público ya concretada este año, reforzada por la significativa deuda a contraer, según el presupuesto nacional para el año 2017, en todos los niveles estatales, que no está Seguir leyendo
La mera transferencia de recursos hacia sectores más concentrados no es en sí misma garantía de inversión, por lo menos en nuestro país. Puede sí llevar a la fuga de capitales. Así lo atestigua la abundante salida que ya se ha registra
do este año, viabilizada por la liberalización del mercado de cambios. Esta fuga
muestra una razonable capacidad de ahorro de nuestro país; pero este potencial inversor es esterilizado, como en décadas previas, mediante la transferencia de estos recursos hacia el exterior de la economía nacional.
Se vuelve a insistir en la confusión conceptual entre inversión productiva e “inversión” financiera, que tienen efectos opuestos sobre la producción y el empleo. Y en definitiva, el tipo de cambio real, a once meses de iniciada la gestión, no muestra un nivel que permita consolidar un grado de competitividad externa significativa, dados los aumentos de precios provocados por la devaluación, la quita de retenciones, los aumentos tarifarios y la ausencia de todo control sobre los mecanismos empresariales de fijación de precios.
Advertimos el riesgo adicional que supone la elevada velocidad de endeudamiento público ya concretada este año, reforzada por la significativa deuda a contraer, según el presupuesto nacional para el año 2017, en todos los niveles estatales, que no está Seguir leyendo
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