Por
Walter Goobar
La concesión de asilo político al fundador de
Wikileaks, desató una dura batalla legal que enfrenta al Reino Unido,
Canadá y EE.UU. con Ecuador,
el Alba y Unasur.
Mientras se libra una tensa batalla diplomática entre Ecuador y el
Reino Unido, por la concesión del asilo político a JulianAssange, el
fundador de Wikileaks pasa las horas en una pequeña oficina. En esa
habitación mal ventilada, según el Times de Londres, el
periodista, que continúa con la pulsera electrónica que era parte de los
requisitos impuestos en su arresto domiciliario, tiene una lámpara
solar, una cinta para correr, una conexión a internet y una cama. The Times
apunta además que Assange ha sido visitado por los simpatizantes
acaudalados que han pagado su fianza, entre ellos el periodista John
Pilger y Vaughan Smith, que alojó a Assange en una vivienda de Norfolk
durante más de un año mientras el periodista llevaba su caso ante el
Tribunal Supremo.
Este viernes, Assange consiguió una inesperada victoria en esta guerra de nervios, cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la propuesta de Ecuador de convocar, el próximo viernes, una reunión de cancilleres para analizar la crisis entre el país andino y el Reino Unido por el caso Assange. La propuesta de resolución, que requería una mayoría de 18 votos para ser aprobada, contó con 23 votos a favor y tres en contra, los de Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago. Además de a la OEA, Ecuador ha recurrido a la Alianza Bolivariana para Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que han convocado una reunión extraordinaria de cancilleres sobre el asunto para este fin de semana en Guayaquil.
El caso Assange comenzó en diciembre de 2010, cuando fue detenido en Londres por orden de la fiscalía sueca por presuntos crímenes sexuales, lo que –en realidad–, encubre una represalia de Washington por la divulgación de informaciones sobre las actividades clandestinas de Estados Unidos en distintos rincones del planeta; asesinatos y torturas en masa, compra de conciencias y fabricación de disidentes, presiones y chantajes a gobiernos supuestamente aliados de Estados Unidos han salido a la luz gracias a la labor de la organización que encabeza Assange.
Con respecto al presunto cargo de abuso sexual –por haber mantenido una relación consentida, pero sin usar profiláctico–, con excepción de la cadena Telesur, ningún medio de comunicación ha recordado que la principal acusadora de Assange en Suecia, Anna Ardin, también posee vínculos con la diplomacia de ese país –ya que fue becaria en la embajada sueca en la Argentina– y con las actividades que Estados Unidos financia para el “cambio de régimen” en Cuba.
En el comunicado del gobierno ecuatoriano se plantea que tanto el Reino Unido como Suecia negaron a Quito garantías de que, una vez en territorio sueco, Julian Assange no sería trasladado a Estados Unidos, donde ya el soldado Bradley Manning –presunto informante de Wikileaks– permanece aislado en una prisión militar. Esa negativa de garantías es un elemento esencial para explicar la decisión del gobierno ecuatoriano pero también ha sido ocultada por la gran prensa.
Antes de pronunciarse sobre el asilo a Assange el gobierno ecuatoriano preguntó a Estados Unidos si existe un proceso legal en curso o la intención de llevar a cabo tal proceso en contra de Julian Assange, a qué tipo de legislación, en qué condiciones y bajo qué penas máximas estaría sujeto y si existe la intención de solicitar la extradición a los Estados Unidos. Washington respondió que no puede ofrecer esa información, “alegando que es un asunto bilateral entre Ecuador y el Reino Unido”. Ahora Washington tendrá un “asunto bilateral” entre Latinoamérica y el Reino Unido.
Desde el jueves, fecha en que se conoció la concesión del asilo político a Assange, Londres amenazó con intervenir y sacar al fundador de WikiLeaks de la embajada de Ecuador. Incluso ha dicho que, en caso necesario, utilizaría la fuerza. El problema que se le plantea al gobierno británico es cómo puede efectuar la detención y la entrega de Assange a Suecia sin violar las leyes internacionales ni causar un grave conflicto diplomático.
La Convención de Viena de 1961 establece la “regla de inviolabilidad”, que prohíbe la entrada en las embajadas a las fuerzas de seguridad de los países donde se encuentran si no es con el permiso del embajador. Londres se ampara en una ley británica de 1987, que según ellos, le permite revocar la inmunidad diplomática y entrar en la legación ecuatoriana para detener a Assange. Esta ley fue aprobada tras el asesinato tres años antes de la agente británica Yvonne Fletcher por un disparo de bala efectuado desde el interior de la embajada de Libia en Londres.
No existe precedente de que esta ley se haya aplicado desde entonces y los expertos sostienen que para que la policía pudiera entrar en la embajada ecuatoriana en Londres, arrestar a Assange y entregarlo a Suecia se necesitaría, además, el permiso de un tribunal. El gobierno británico debería convencer a la Justicia de que Ecuador ha actuado contra las leyes internacionales al aceptar en su embajada al fundador de Wikileaks, al que las autoridades británicas persiguen por haber violado sus condiciones de libertad bajo fianza.
Además de la complejidad legal de esa decisión, sus implicaciones diplomáticas podría ser importantes, ya que otros países podrían utilizarlo como precedente para entrar en embajadas a detener a disidentes allí refugiados.
Aunque el Reino Unido decidiera finalmente no entrar en la legación de Ecuador, o no pudiera hacerlo, quedaría sin resolver una situación a la que la mayoría de los expertos no le ve una salida fácil.
“Es imposible hacer predicciones de qué puede pasar ahora, toca esperar”, ha reconocido a la BBC la especialista en derecho internacional Rebecca Niplock.
El ex juez español Baltasar Garzón, quien está coordinando la defensa de Assange entre los diferentes países involucrados en el pleito, opinó que Gran Bretaña no tendría justificación legal para no conceder el salvoconducto, una vez concedido el asilo. “Jurídicamente, no puede hacerlo porque Ecuador es un Estado soberano, libre y democrático, exactamente igual que los Estados Unidos de Norteamérica, ni más ni menos. Es verdad que la posición hegemónica no es similar, y el único elemento que podría influir en esa no concesión de salvoconducto es que entre la fuerza”, la cual no se puede utilizar entre Estados democráticos y con un sistema de derechos, opinó Garzón.
El ALBA anunció una reunión de cancilleres para el sábado 18 de agosto en Guayaquil; mientras Unasur lo hará el domingo en la misma ciudad. Por su parte, la OEA ya convocó a una reunión de cancilleres para el día 23; Canadá y Estados Unidos no han dado importancia a la discusión y no apoyan la medida de convocar la reunión. Por su parte, Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, rechazó hoy la acusación de que su país esté presionando al Reino Unido para que invada por la fuerza la sede diplomática ecuatoriana en Londres y arreste a Assange, y afirmó que “es un asunto de las naciones involucradas y nosotros no tenemos planeado interponernos”.
Este viernes, Assange consiguió una inesperada victoria en esta guerra de nervios, cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la propuesta de Ecuador de convocar, el próximo viernes, una reunión de cancilleres para analizar la crisis entre el país andino y el Reino Unido por el caso Assange. La propuesta de resolución, que requería una mayoría de 18 votos para ser aprobada, contó con 23 votos a favor y tres en contra, los de Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago. Además de a la OEA, Ecuador ha recurrido a la Alianza Bolivariana para Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que han convocado una reunión extraordinaria de cancilleres sobre el asunto para este fin de semana en Guayaquil.
El caso Assange comenzó en diciembre de 2010, cuando fue detenido en Londres por orden de la fiscalía sueca por presuntos crímenes sexuales, lo que –en realidad–, encubre una represalia de Washington por la divulgación de informaciones sobre las actividades clandestinas de Estados Unidos en distintos rincones del planeta; asesinatos y torturas en masa, compra de conciencias y fabricación de disidentes, presiones y chantajes a gobiernos supuestamente aliados de Estados Unidos han salido a la luz gracias a la labor de la organización que encabeza Assange.
Con respecto al presunto cargo de abuso sexual –por haber mantenido una relación consentida, pero sin usar profiláctico–, con excepción de la cadena Telesur, ningún medio de comunicación ha recordado que la principal acusadora de Assange en Suecia, Anna Ardin, también posee vínculos con la diplomacia de ese país –ya que fue becaria en la embajada sueca en la Argentina– y con las actividades que Estados Unidos financia para el “cambio de régimen” en Cuba.
En el comunicado del gobierno ecuatoriano se plantea que tanto el Reino Unido como Suecia negaron a Quito garantías de que, una vez en territorio sueco, Julian Assange no sería trasladado a Estados Unidos, donde ya el soldado Bradley Manning –presunto informante de Wikileaks– permanece aislado en una prisión militar. Esa negativa de garantías es un elemento esencial para explicar la decisión del gobierno ecuatoriano pero también ha sido ocultada por la gran prensa.
Antes de pronunciarse sobre el asilo a Assange el gobierno ecuatoriano preguntó a Estados Unidos si existe un proceso legal en curso o la intención de llevar a cabo tal proceso en contra de Julian Assange, a qué tipo de legislación, en qué condiciones y bajo qué penas máximas estaría sujeto y si existe la intención de solicitar la extradición a los Estados Unidos. Washington respondió que no puede ofrecer esa información, “alegando que es un asunto bilateral entre Ecuador y el Reino Unido”. Ahora Washington tendrá un “asunto bilateral” entre Latinoamérica y el Reino Unido.
Desde el jueves, fecha en que se conoció la concesión del asilo político a Assange, Londres amenazó con intervenir y sacar al fundador de WikiLeaks de la embajada de Ecuador. Incluso ha dicho que, en caso necesario, utilizaría la fuerza. El problema que se le plantea al gobierno británico es cómo puede efectuar la detención y la entrega de Assange a Suecia sin violar las leyes internacionales ni causar un grave conflicto diplomático.
La Convención de Viena de 1961 establece la “regla de inviolabilidad”, que prohíbe la entrada en las embajadas a las fuerzas de seguridad de los países donde se encuentran si no es con el permiso del embajador. Londres se ampara en una ley británica de 1987, que según ellos, le permite revocar la inmunidad diplomática y entrar en la legación ecuatoriana para detener a Assange. Esta ley fue aprobada tras el asesinato tres años antes de la agente británica Yvonne Fletcher por un disparo de bala efectuado desde el interior de la embajada de Libia en Londres.
No existe precedente de que esta ley se haya aplicado desde entonces y los expertos sostienen que para que la policía pudiera entrar en la embajada ecuatoriana en Londres, arrestar a Assange y entregarlo a Suecia se necesitaría, además, el permiso de un tribunal. El gobierno británico debería convencer a la Justicia de que Ecuador ha actuado contra las leyes internacionales al aceptar en su embajada al fundador de Wikileaks, al que las autoridades británicas persiguen por haber violado sus condiciones de libertad bajo fianza.
Además de la complejidad legal de esa decisión, sus implicaciones diplomáticas podría ser importantes, ya que otros países podrían utilizarlo como precedente para entrar en embajadas a detener a disidentes allí refugiados.
Aunque el Reino Unido decidiera finalmente no entrar en la legación de Ecuador, o no pudiera hacerlo, quedaría sin resolver una situación a la que la mayoría de los expertos no le ve una salida fácil.
“Es imposible hacer predicciones de qué puede pasar ahora, toca esperar”, ha reconocido a la BBC la especialista en derecho internacional Rebecca Niplock.
El ex juez español Baltasar Garzón, quien está coordinando la defensa de Assange entre los diferentes países involucrados en el pleito, opinó que Gran Bretaña no tendría justificación legal para no conceder el salvoconducto, una vez concedido el asilo. “Jurídicamente, no puede hacerlo porque Ecuador es un Estado soberano, libre y democrático, exactamente igual que los Estados Unidos de Norteamérica, ni más ni menos. Es verdad que la posición hegemónica no es similar, y el único elemento que podría influir en esa no concesión de salvoconducto es que entre la fuerza”, la cual no se puede utilizar entre Estados democráticos y con un sistema de derechos, opinó Garzón.
El ALBA anunció una reunión de cancilleres para el sábado 18 de agosto en Guayaquil; mientras Unasur lo hará el domingo en la misma ciudad. Por su parte, la OEA ya convocó a una reunión de cancilleres para el día 23; Canadá y Estados Unidos no han dado importancia a la discusión y no apoyan la medida de convocar la reunión. Por su parte, Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, rechazó hoy la acusación de que su país esté presionando al Reino Unido para que invada por la fuerza la sede diplomática ecuatoriana en Londres y arreste a Assange, y afirmó que “es un asunto de las naciones involucradas y nosotros no tenemos planeado interponernos”.
Fuente: Miradas al Sur
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