Cambio de Epoca
Desde hace por lo menos dos siglos, los avances y retrocesos de la
actividad sindical han marcado los niveles de participación democrática
que tiene cada sociedad. En nuestro país sobre todo, este fenómeno ha
sido un indicador de la realidad social de las últimas tres décadas.
El sistema capitalista impone una dinámica compleja, casi perversa, para
distribuir la riqueza. Tan es así que con el advenimiento de la
Revolución Industrial y la Revolución Francesa, la intervención de los
trabajadores en la fijación de los salarios y las condiciones de trabajo
era vista como una intromisión distorsiva en “Mercado”, con lo cual en
un principio la actividad sindical era un delito.
Si bien es cierto que, actualmente, la sindicalización y la acción gremial se encuentran totalmente legalizadas y, en cierta medida, promocionadas por la normativa vigente, no es menos cierto que la lógica a la que aludimos perdura y se encuentra en las entrañas de aquellos que profesan una ideología conservadora, liberal o neoliberal.
Manifestaciones de esta forma de entender al sistema han sido: a) la dictadura cívico militar que se desplegó en nuestro país entre 1976 y 1983, donde los trabajadores con vocación sindical, los delegados de empresa y dirigentes sindicales, ocuparon más del 50 % de las desapariciones forzadas; b) La década del 90, conjuntamente con los primeros años del siglo XXI, con el sesgo brutal de la represión en esos dos últimos años; c) La criminalización o judicialización de la protesta como la que intenta, casi sistemáticamente, el Gobierno porteño de Mauricio Macri a contramano de los tiempos actuales a nivel nacional.
La marcha y los motivos de los conflictos en este sentido, nos muestran los retrocesos y avances de una sociedad en clave de expansión social, dado que esa conflictividad no es otra cosa que la manifestación de la lucha de clases dentro del sistema capitalista, y la mejor forma para divisar también la democratización de una sociedad.
En tal sentido, y más allá de la formalidad del voto, una comunidad es menos democrática cuando el conflicto laboral y social es visto como una patología del sistema: el súmmum de ello fue, precisamente, la supresión del sistema democrático entre 1976 y 1983, lo que demuestra que Capitalismo y Democracia no son, necesariamente, sinónimos.
Recordemos por ejemplo que en los años 2002 y 2003, los conflictos eran eminentemente sociales y se basaban en el reclamo de comida primero, y de empleo después, para llegar al 2013 donde los reclamos son predominantemente laborales y de específica envergadura.
El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, siempre recuerda que: “La realidad social cuando asumí era terrible, los primeros meses de Gobierno nos ocupábamos casi, exclusivamente, de negociar con las organizaciones sociales por bolsones de comida”
Esta cuestión social ha desaparecido, y los reclamos hoy en día han mutado de la conflictividad social a la conflictividad laboral, canalizada institucionalmente en los sindicatos y en la negociación colectiva.
En la década del 90, la conflictividad laboral estaba centrada en el mantenimiento de las fuentes de empleo, en muchos casos aceptando condiciones más flexibles y renunciando a derechos para la consecución de ese objetivo, una posición claramente de retroceso y defensiva de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. Cuando ello ocurre, los estándares de democracia disminuyen, puesto que cuando los trabajadores retroceden en derechos o pierden sus empleos comienzan a ser sectores discriminados de la dinámica capitalista, y por lo tanto no participan, efectivamente, de la sociedad.
En una etapa como la actual, donde los trabajadores: a) han recuperado salario real; b) han visto fortalecidas sus organizaciones sindicales; c) han recobrado la potencialidad del conflicto; d) han reconquistado derechos laborales; e) han ganado espacio en la estructura ocupacional argentina y por ende los conflictos se centran en: I) avanzar en la participación del PBI nacional; II) tener como horizonte la participación en las ganancias de las empresas; III) discutir cómo debe afectar ganancias y el sistema tributario a los trabajadores; nos muestra una sociedad distinta que tiende a ser igualitaria e inclusiva y, por ende, una sociedad con índices muchos más altos de democracia.
La formalidad de voto y el armado de las instituciones, sólo son la faz formal de una sociedad democrática. Del cómo y qué se discuta en los conflictos, y como acompañe el Estado a los mismos, dependen la profundización y concreción real de la democracia.
Desde el análisis histórico, en esta relación conflicto y sociedad democrática, los períodos en que más se han verificado estos estándares en la Argentina no caben dudas que han sido los comprendidos por los años 1945 a 1955 y 2003 a 2012.
Si bien es cierto que, actualmente, la sindicalización y la acción gremial se encuentran totalmente legalizadas y, en cierta medida, promocionadas por la normativa vigente, no es menos cierto que la lógica a la que aludimos perdura y se encuentra en las entrañas de aquellos que profesan una ideología conservadora, liberal o neoliberal.
Manifestaciones de esta forma de entender al sistema han sido: a) la dictadura cívico militar que se desplegó en nuestro país entre 1976 y 1983, donde los trabajadores con vocación sindical, los delegados de empresa y dirigentes sindicales, ocuparon más del 50 % de las desapariciones forzadas; b) La década del 90, conjuntamente con los primeros años del siglo XXI, con el sesgo brutal de la represión en esos dos últimos años; c) La criminalización o judicialización de la protesta como la que intenta, casi sistemáticamente, el Gobierno porteño de Mauricio Macri a contramano de los tiempos actuales a nivel nacional.
La marcha y los motivos de los conflictos en este sentido, nos muestran los retrocesos y avances de una sociedad en clave de expansión social, dado que esa conflictividad no es otra cosa que la manifestación de la lucha de clases dentro del sistema capitalista, y la mejor forma para divisar también la democratización de una sociedad.
En tal sentido, y más allá de la formalidad del voto, una comunidad es menos democrática cuando el conflicto laboral y social es visto como una patología del sistema: el súmmum de ello fue, precisamente, la supresión del sistema democrático entre 1976 y 1983, lo que demuestra que Capitalismo y Democracia no son, necesariamente, sinónimos.
Más allá de la formalidad del voto, una comunidad es menos democrática cuando el conflicto laboral y social es visto como una patología del sistema.
Recordemos por ejemplo que en los años 2002 y 2003, los conflictos eran eminentemente sociales y se basaban en el reclamo de comida primero, y de empleo después, para llegar al 2013 donde los reclamos son predominantemente laborales y de específica envergadura.
El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, siempre recuerda que: “La realidad social cuando asumí era terrible, los primeros meses de Gobierno nos ocupábamos casi, exclusivamente, de negociar con las organizaciones sociales por bolsones de comida”
Esta cuestión social ha desaparecido, y los reclamos hoy en día han mutado de la conflictividad social a la conflictividad laboral, canalizada institucionalmente en los sindicatos y en la negociación colectiva.
En la década del 90, la conflictividad laboral estaba centrada en el mantenimiento de las fuentes de empleo, en muchos casos aceptando condiciones más flexibles y renunciando a derechos para la consecución de ese objetivo, una posición claramente de retroceso y defensiva de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. Cuando ello ocurre, los estándares de democracia disminuyen, puesto que cuando los trabajadores retroceden en derechos o pierden sus empleos comienzan a ser sectores discriminados de la dinámica capitalista, y por lo tanto no participan, efectivamente, de la sociedad.
Esta cuestión social ha desaparecido, y los reclamos hoy en día han mutado de la conflictividad social a la conflictividad laboral.
En una etapa como la actual, donde los trabajadores: a) han recuperado salario real; b) han visto fortalecidas sus organizaciones sindicales; c) han recobrado la potencialidad del conflicto; d) han reconquistado derechos laborales; e) han ganado espacio en la estructura ocupacional argentina y por ende los conflictos se centran en: I) avanzar en la participación del PBI nacional; II) tener como horizonte la participación en las ganancias de las empresas; III) discutir cómo debe afectar ganancias y el sistema tributario a los trabajadores; nos muestra una sociedad distinta que tiende a ser igualitaria e inclusiva y, por ende, una sociedad con índices muchos más altos de democracia.
La formalidad de voto y el armado de las instituciones, sólo son la faz formal de una sociedad democrática. Del cómo y qué se discuta en los conflictos, y como acompañe el Estado a los mismos, dependen la profundización y concreción real de la democracia.
Desde el análisis histórico, en esta relación conflicto y sociedad democrática, los períodos en que más se han verificado estos estándares en la Argentina no caben dudas que han sido los comprendidos por los años 1945 a 1955 y 2003 a 2012.
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