Las razones de un paro

Teodoro Boot

Fuente: Blog del ingeniero

Mientras exista una situación de injusticia siempre habrá razones para un paro de los trabajadores. Este es un principio que no vamos a discutir ni del que vamos a renegar, pero sí debe admitirse que el reclamo por la igualdad universal no suele ser la razón esgrimida para la realización de la mayoría de los paros, de manera que, para no extraviarnos, conviene concentrar nuestra atención en las razones del paro realizado por orden de Pablo Moyano y también del convocado por Hugo para la semana próxima.

Las razones de Pablo Moyano se vinculan a la discusión partidaria con la cámara empresaria del sector, lo que en el caso particular de camioneros supone algunas complicaciones. De acuerdo a la legislación laboral argentina, el encuadramiento gremial de un trabajador es el derivado da la actividad principal de la empresa en que desempeña su tarea, lo que facilita y da racionalidad a la negociación paritaria que, recuérdese, no consiste únicamente en la discusión de salarios: en las paritarias se discuten principalmente las condiciones de trabajo.

Inspirado en la legislación norteamericana y con el sigiloso pero obvio apoyo gubernamental, y amparado en el proverbial amarillismo de algunos gremios “competidores” – tal el caso de Comercio– así como en la tercerización de servicios y la precarización de los trabajadores, como ocurre con los distribuidores de diarios, los transportistas de combustible o los recolectores de residuos, Hugo Moyano dio en considerar como encuadrado en su gremio a todo trabajador que condujera un camión o camioneta transportando algo, cualquier cosa.

En los hechos, esto supuso que los encuadrados en el sindicato de camioneros no fueran necesariamente los trabajadores de las empresas nucleadas en la cámara de transportistas de carga: en la novedosa interpretación (recordémoslo: implementada de consuno entre Hugo Moyano y las administraciones kirchneristas) pertenecen a camioneros y afectados por la misma negociación colectiva quienes transportan cargas en general más aquellos que transportan combustible, bebidas, alimentos, caudales, automóviles, diarios, residuos, etc., independientemente del rubro o rama de la industria a que pertenezcan sus empleadores. Tan sólo faltan los choferes de ambulancias y los conductores de coches fúnebres. ¿¡O no faltan!?

El proceso de crecimiento del sindicato de camioneros no se llevó a cabo en contra de la voluntad de los trabajadores involucrados. Por el contrario: éstos se pasaron con entusiasmo al sindicato de Moyano, cuyos salarios y condiciones de trabajo son muy superiores a las fijadas por los convenios –de nuevo– de Comercio, el gremio más depredado por Moyano. Por no mencionar los casos de los choferes de las pequeñas empresas inventadas por los grandes conglomerados para tercerizar sus servicios y precarizar al personal.

El inconveniente de esta alteración del tradicional sistema de encuadramiento sindical argentino radica en que en la negociación paritaria, la cámara del sector (FADEEAC. Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) no puede representar, ni siquiera deficientemente, a la totalidad de los empleadores involucrados o afectados por la negociación salarial. En los últimos años esos inconvenientes se subsanaron con una suerte de bendigo a tutti gubernamental que buscaba amortiguar los daños colaterales del fulgurante ascenso de Hugo Moyano, así como apuntalarlo en su consolidación como dirigente máximo del sindicalismo argentino. Cualquier sindicalista, aun los moyanistas del MTA, solían murmurar entre dientes su despecho: “Los aumentos que consigue el Negro para los camioneros los terminamos pagando todos con los nuevos subsidios al combustible que, para compensarlas, el gobierno le da a las empreas transportistas”.

No viene al caso en esta oprtunidad, ni el autor conoce, entiende, ni mucho menos comprende las razones que llevaron al progresivo distanciamiento entre Hugo Moyano y el gobierno de Cristina Fernández, evidente no sólo en los hechos, que son lo que cuenta, sino también en los gestos y manifestaciones de ambas partes, que no carecen de importancia. Lo que sí está claro es que, tanto por el distanciamiento como por los riesgos económicos provocados por la interminable crisis internacional y el cambio en algunos parámetros (por ejemplo, el de la disminución de subsidios a numerosos servicios y también al transporte, que sería reemplazado por un supuesto subsidio a los usuarios), Moyano no iba a concurrir a esta negociación paritaria contando con el apoyo y, no menos importante, el reaseguro gubernamental de cubrir las espaldas de los empresarios para garantizar el resultado de las paritarias

La negociación prometía desarrollarse conflictivamente, ya desde las primeras declaraciones públicas del sindicato, que decía reclamar un 40% de aumento, y de la cámara empresaria, que parecía plantada en un 18%. Vistas así las cosas, cualquier diría: es imposible que se llegue a un acuerdo.

Pero las cosas nunca son así como parecen, menos aun en un regateo. Sin ir más lejos, los bancarios decían reclamar un 39% y nadie se desmayó.

Tal vez sea oportuna una digresión. En la experiencia, incluso personal, de la mayoría de los dirigentes sindicales, centrar la puja distributiva en el monto de los salarios es contraproducente, pues induce –o justifica– una carrera inflacionaria en la que el salario de los trabajadores es la primera y principal víctima. Los índices de inflación –oficiales u extraoficiales– no son parámetros a tomar en cuenta: más conviene a la CGT llevar su propia estadística, centrada en la canasta familiar, y sólo para su propio manejo, para tratar de ganar poder adquisitivo en forma directa, cuando se pueda, y en forma indirecta, por medio de la redistribución de los ingresos mediante obras públicas y mejoramiento de las condiciones de vida y de los servicios que sea capaz de ejecutar un gobierno, así como de los beneficios que la propia organización gremial desarrolla para sus afiliados y familias.

Por otra parte, sin mencionar aquellas ventajas que pueden obtenerse con imaginación y un buen uso de la oportunidad, como la participación en las ganancias empresarias que tienen los obreros y empleados del caucho, en las partidarias se discuten también condiciones de trabajo. Sin disminuir la importancia del incremento salarial, cualquier trabajador sabe que una mejora en las condiciones de trabajo vale tanto como un aumento de sueldo, porque suele equivaler a un aumento salarial indirecto.

Para finalizar la digresión, que ante una negociación paritaria se abre una multiplicidad de opciones sobre las cuales pujar y regatear. Y ningún gremialista se obcecará en ninguna de las opciones, por más que de la boca para afuera y por razones de marketing o de precedencia política suela hacer hincapié en el mágico “porcentaje”.

Volviendo a la paritaria de camioneros, la alharaca mediática significó bien poco una vez que, sentados a la mesa de negociaciones, trabajadores y empresarios pusieron sus condiciones: 21%, dijeron los empresarios; 30 %, exigieron los representantes obreros. A diferencia de las cifras manifestadas para consumo mediático, estos dos extremos de la puja ya estaban dentro de la misma dimensión.

Por lo general una negociación paritaria es como un regateo entre comerciantes armenios, lleno de idas, vueltas, lamentos, amenazas, promesas de suicidio y desplantes que, en prácticamente ningún caso llegan al punto de patearle la mercadería al otro o hasta prenderle fuego. No, al menos, mientras dure el regateo. Sin embargo, inopinadamente, apenas comenzada la paritaria y tras hacer diferentes paros parciales, que no obedecían a ningún conflicto en particular, el sindicato conducido por Pablo Moyano lanzó un paro de transporte de combustible que provocó numerosos y graves inconvenientes y algunos ensañamientos gratuitos que el más obtuso representante de los trabajadores debería tratar de evitar, como dejar sin gas y en pleno invierno a algunas localidades del sur bonaerense. La madre, la tía, la abuela y otras varias inocentes integrantes femeninas de la familia Moyano han sido muy recordadas en estos días en Guaminí.

Frente al salvajismo del paro camionero cualquiera hubiera dicho que las negociaciones estaban rotas y poco menos que para siempre, pero resultó ser, y se supo en breve, por boca del propio presidente de  la cámara empresaria, que se encontraban muy encaminadas. Tanto, que el acuerdo se firmó en horas de la mañana, a menos de 24 horas de iniciado el paro, según dijo el dirigente empresario, quien afirmó que el acuerdo era del 25.5%, a implementarse en tres tramos.

El resultado fue un poco descorazonador ya que de jugarse alguna tómbola con los porcentajes de aumento surgidos de las paritarias, seríamos muchos los que habríamos acertado: un 24, 25% era lo lógico, partiendo desde donde sindicalistas y empresarios lo habían hecho. Entonces ¿tanto lío para esto?

El 25.5% es mucho, se dirá, más de lo obtenido por otros gremios.

¿Más? Veamos.

Ese 25.5 % se aplicará de la siguiente manera: un 12.5 a partir de julio, que se completará con un 7 % a partir de noviembre y un 6 % recién en marzo de 2013. Es un buen aumento. Partiendo de un sueldo hipotético de 100 bolitas, de julio del 2012 a junio del 2013 y sin aguinaldos y extras, de no mediar este aumento, un camionero cobraría 1200 bolitas. Con el aumento, la cifra ascendería a 1430. Dicho sin considerar todas las demás variables que inciden en el salario, como la antigüedad, el presentismo, etc. Además, y puesto que no se ha informado lo contrario, el incremento es remunerativo, vale decir que se aplica sobre el mínimo, por lo que incrementa las distintas variables y forma parte del aguinaldo y las vacaciones.

No es el caso, por ejemplo, de Comercio, que convino un incremento del 24 por ciento, en su suma mayor al de camioneros, toda vez que sobre la base 100, en un año el empleado de comercio llegará a las 1461 bolitas, contra las 1430 de camioneros, pero el acuerdo de Comercio desdobla ese porcentaje en un 15 % inicial, ya cobrado, pero no remunerativo y un 9 por ciento en octubre, que supuestamente será remunerativo e incrementará aguinaldo, vacaciones, antigüedad, etc. Vale decir, probablemente, de tomarse en cuenta todos los rubros, el acuerdo de camioneros sea algo mejor que el de comercio, pero no mucho mejor. Téngase en cuenta que el escalonamiento de los aumentos produce un resultado final menor cuando sumamos todos los salarios cobrados por un trabajador a lo largo del año,  de ahí que la suma final de comercio es, insistimos, sin tomar en cuenta todos los rubros, mayor que la de camioneros.

Pero veamos otros gremios cuyos aumentos sí fueron remunerativos.

La UOCRA pactó un acuerdo del 24 % a aplicarse de inmediato, lo que proyectado a lo largo de un año daría, siempre sobre la base 100, una suma de 1488, cifra ya bastante superior a los 1430 de camioneros. La UOCRA pactó, además, unas sumas fijas a cobrar en abril y mayo de entre 546 y 1609 pesos, dependiendo de las categorías y, que, obviamente no tomamos en cuenta. 

La UOM, por su parte, muy criticada por los moyanistas en su momento, pactó un incremento del 23 por ciento, también a aplicarse de inmediato. Sin tomar en consideración la suma fija de 1100 pesos en dos cuotas que cobrarán todos los metalúrgicos independientemente de su categoría, la suma asciende a 1476, también muy superior a los 1430 de camioneros.

Aceiteros, con un 24 por ciento sin desdoblamientos, está también en los 1488 de los obreros de la construcción. Y bancarios, por ejemplo, con un 19,5 % por ciento pactado en el primer trimestre y un 24.5 para el resto del año, suma en un año, siempre sobre la misma base 100, 1479, también muy por encima de los 1430 de camioneros.

Obsérvese qué curioso: el incremento del salario bancario fue estimado por los medios y voceros ministeriales y sindicales, en un 23,1 por ciento, el de la UOM en un 23, el de la UOCRA en un 24 y el de camioneros en un 25,5, olvidando en todos los casos considerar la cifra anual que el trabajador cobrará una vez que se apliquen esos incrementos. De hacerse esto, surge que el incremento de camioneros no es del 25.5 sino de un menor pero nada desdeñable 20%, siempre sobre esa misma base cien y, repetimos, sin considerar el modo en que el aumento del mínimo incide en los diferentes rubros e incentivos, un componente esencial de la negociación paritaria que suele pasar desapercibido y que se aplica a todos los gremios que hayan firmado acuerdos por porcentajes remunerativos.

Haciendo las mismas consideraciones y sobre la misma base cien, el incremento pactado los molineros y obreros de la construcción sería exactamente del 24 por ciento, el de la UOM el 23 y el de bancarios 22%, todos superiores al 20 % de camioneros, para el que Pablo Moyano lanzó un paro de transporte de combustible que afectó brutalmente la vida y el comercio y sin que los demás gremios, para obtener más, tuvieran que recurrir a medidas de fuerza semejante.

Los Moyano y el conjunto de los activistas de camioneros movilizados para la ocasión, festejaron ruidosamente el supuesto 25.5 %.

Las preguntas al respecto serían dos:

La primera sería saber si los empresarios transportistas se mostraban tan irreductibles como para tener que ablandarlos con semejante medida de fuerza, lo que no surgiría de las declaraciones del sector patronal.

La segunda pregunta sería a quién le quiere vender Hugo Moyano ese 25.5 % que es en realidad un 20. No al resto de los dirigentes sindicales, que hacen al vuelo estas cuentas que tantas sumas, multiplicaciones y divisiones me llevaron y que a los lectores les habrá resultado aun más trabajoso comprender.

¿Se trató nomás de encontrar una excusa para una demostración de fuerza, exhibiendo parte del daño que el sindicato es capaz de provocar?

De ser ese el caso, ¿quiénes son los destinatarios de ese aviso que, siempre, de una u otra manera, será una negociación?

En el mismo momento en que anunciaba la finalización del “conflicto”, y discúlpense las comillas, que suenan inevitables, Hugo Moyano convocó a un nuevo paro, esta vez general, y con movilización a Plaza de Mayo incluida.

Comenzamos estas líneas justificando cualquier paro que se realice en tanto no imperen la igualdad y la justicia universales. Desde luego, no es éste el propósito inmediato de Hugo Moyano quien, más allá de las consideraciones políticas, a gusto tanto de sus nuevos aliados de la ultraizquierda como de sus nuevos y aun más extraños amigos de la derecha económica, sostiene dos reclamos centrales en los últimos tiempos del movimiento obrero: la eliminación del impuesto a las ganancias para los asalariados o, cuanto menos, la suba del mínimo no imponible, que todos convienen en que se encuentra retrasado, y la eliminación del tope para el cobro de las asignaciones familiares.

Cada uno de estos puntos merecería ser considerado en mayor detalle del que nos es posible, tanto en el orden de los principios como en el de la viabilidad práctica, aunque  siempre conservando el sentido de las proporciones, que suele extraviarse cuando uno se adentra en los cenagosos terrenos de la moral, la filosofía política o la jurisprudencia.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han hecho hincapié en la elevación de los ingresos y las condiciones de vida de los sectores más postergados, a menudo posponiendo los reclamos, por lo general legítimos, de quienes se encontraban en mejor condición relativa. Un ejemplo de ello fueron las jubilaciones: durante los primeros años se incrementaron las mínimas y aun se jubiló de oficio a casi dos millones de personas mayores que no habían aportado lo suficiente, mientras las jubilaciones medias y altas parecían congeladas. Desde un punto de vista, desde el de los derechos individuales de los ciudadanos, hay una cierta injusticia en tal discriminación. Desde otro punto de vista, el del derecho social, la justicia consiste en la progresiva eliminación de las diferencias sociales o, cuando menos, en garantizar la satisfacción de los derechos sociales de todos los ciudadanos, lo que requiere, en primer lugar, reconocer la inequidad para luego proceder a una acción reparadora, que deberá ser necesariamente discriminatoria.

Los ejemplos de esta clase de discriminación “positiva” los tenemos a mano, aun a pesar de los recurrentes empeños reformistas de los blumbergs penales y laborales, en la legislación de menores y en el derecho laboral, en el que la ley y el sistema deben ser lo bastante discriminatorios como para ayudar a nivelar la desigualdad inicial en la que se encuentran las distintas partes, tanto si se trata de un niño en litigio con un mayor como de un trabajador en conflicto con el empleador.

Por tradición y naturaleza, las organizaciones obreras abonaron y se nutrieron de los principios de, lo que llevado a su punto más alto, se conoce como constitucionalismo social. Y en sus puntos más bajos y pedestres, al modo discriminatorio en que se recaudan y gastan los recursos del Estado, cuya única función no es atender a las necesidades de los postergados, pero que sí debe tener a esa atención como una de sus mayores prioridades. Nadie duda de que el movimiento obrero comparte este principio. Al menos, nunca se ha manifestado públicamente ni a favor de los más ricos ni partidario de una igualdad abstracta que sólo sirve para sancionar la desigualdad real.

Hechas estas aclaraciones, debemos convenir en lo odioso y discriminatorio que resulta el tope para el cobro de las asignaciones familiares y lo inusual, para nuestra tradición en materia de legislación laboral e impositiva, de que los asalariados paguen impuesto a las ganancias. “El sueldo no es ganancia”, dicen algunos, seguramente con fundamento, aunque nunca se termina de explicar qué diablos es ganancia y en consecuencia, qué no lo es. Porque ganar plata, el trabajador gana. No trabaja de balde ni por amor al arte.

Para el Frente Amplio uruguayo, y así lo ha sancionado en la legislación desde el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, el impuesto a las ganancias debe ser abonado por todos, empresarios, profesionales y trabajadores, sin mínimo de ninguna clase y, lógicamente, siempre de acuerdo al nivel de ingresos de cada quién, de lo que puede deducirse que el principio universal según el que los trabajadores no deben tributar ganancias, no es tan universal que digamos.

Pero yendo a una faz más práctica del asunto, lo primero que puede advertirse de la simultaneidad de ambos reclamos, es su naturaleza contradictoria, equivalente, sin ánimo de establecer comparaciones odiosas, al reclamo de subsidios para la sequía,  la lluvia y la mar en coche de los productores rurales simultáneo a su negativa a pagar impuestos. Muy semejante también a la pretensión del 82 por ciento móvil para las jubilaciones sin establecer el modo en que dichas jubilaciones podrían financiarse. 

Para el caso, veamos que las asignaciones familiares son pagadas por el Anses, que obtiene sus ingresos de los aportes de los trabajadores activos y de sus empleadores, cifra que, habida cuenta los dos millones de adultos mayores que recibieron el beneficio jubilatorio sin haber hecho los aportes que establece la ley, es completada, duplicada en realidad, por el Tesoro a partir de fondos que ingresan en concepto de IVA y de impuesto a las ganancias. Vale decir y, simplificando, que mientras reclama la eliminación del tope para el cobro de asignaciones familiares, al oponerse a que los trabajadores paguen impuesto a las ganancias, Hugo Moyano le quita al beneficio que reclama para los que más ganan, parte de la financiación que tiene ese beneficio que reciben quienes menos ganan.

Hay una contradicción en esto, en lo que además de las conveniencias monetarias, intervienen –o deberían intervenir, tratándose de la representación de los trabajadores– consideraciones de orden ideológico y moral, pero como uno no es quién para decirle a Moyano lo que Moyano ya sabe de sobra, ni menos sugerirle que, como representante de los trabajadores, debería serlo de todos ellos, en especial de los más postergados, por lo que tal vez fuera más adecuado que en vez de exigir la eliminación del impuesto a las ganancias, reclamara un incremento de las asignaciones universales que reciben los que no tienen nada. Pero uno no es quien, por lo que optará por poner las cosas en situación y mostrar de qué hablamos cuando hablamos de principios abstractos.

Extrañamente, Hugo Moyano no reclama por la actualización de las tasas según las que se establece el impuesto a las ganancias, inalteradas desde hace por lo menos 20 años, ni propone una razonable elevación del techo porcentual, establecido con bastante arbitrariedad en el 35 por ciento de los ingresos siendo que en los países desarrollados (que tal vez por estos mismos detalles sean desarrollados) supera ampliamente el 50 por ciento y en casos como los de Escandinavia llega casi al 70 por ciento. Vale decir, superado determinado y exorbitante nivel de ingresos, el porcentaje de los mismos que el ricachón deberá pagar en concepto de impuesto a las ganancias en el “primer mundo” supera largamente el 50 %. Aquí es del 35, con montos no actualizados desde la década del 90. La facción de la CGT liderada por Hugo Moyano no propone la modificación de ninguno de estos parámetros, que volverían al impuesto más “progresivo” sino que se limita a exigir su eliminación para los asalariados (gerentes de banco, jueces, CEOs multimillonarios, entre ellos) o la elevación del mínimo no imponible, reclamo en el que, dicho sea de paso, es acompañado por el propio gobierno, a juzgar por las declaraciones de la ministra de Trabajo Noemí Rial.

En la opinión de Hugo Moyano, el acuerdo salarial pasa a segundo plano, es secundario y “no sirve para nada si no se aumenta el mínimo no imponible”

Para no perdernos en vericuetos de porcentajes abstractos, veamos los ejemplos concretos para tratar de entender de qué habla Hugo Moyano.

Un trabajador que gana por planilla 12.000 pesos, que según los analistas sería un salario promedio en las ramas industriales, y que una vez hechos los descuentos, percibe de bolsillo unos 9.300 pesos, paga de impuesto a las ganancias… 227 pesos con setenta centavos, cerca del 3 por ciento del total de su ingreso. 

227 pesos con setenta centavos sobre un ingreso de 9.300 pesos, lo que proyectado al año, sin aguinaldo ni vacaciones, equivale a 2724 pesos de impuestos sobre un ingreso real de 111.600 (ciento once mil seiscientos) pesos.

227 pesos con setenta centavos

¿De qué diablos está hablando Hugo Moyano cuando afirma que el impuesto a las ganancias se “come” el incremento que se obtiene en las paritarias? ¿En qué están pensando todos los que repiten ese absurdo, sin razonarlo ni medio minuto?

227 pesos con setenta centavos.

¿Un paro general por 227 pesos con setenta centavos?

A tenor de cómo han evolucionado algunos conflcitos, es evidente que “el ingreso de los trabajadores ha pasado a segundo plano”.

Lo que Hugo Moyano deberá explicar es qué es lo que ha pasado a estar en primer plano.