El
recorte de fondos educativos para reasignarlos a Seguridad continúa
sumando rechazos de gremios universitarios y organizaciones civiles. La
redistribución de partidas representa una quita de 1600 millones de
pesos.
Organizaciones estudiantiles y gremios universitarios marcharán al Congreso.
Organizaciones
de la sociedad civil y sindicatos criticaron la reasignación de
partidas que dispuso esta semana el Ministerio de Hacienda y que recortó
fondos de carteras como Ciencia y Tecnología, Educación y Desarrollo
Social, y se los incrementó a la Policía Federal, Gendarmería y las
Fuerzas Armadas. El presupuesto de las universidades nacionales, que en
varios casos se encuentran tomadas por sus estudiantes en reclamo de
mayor financiamiento, sumó un nuevo recorte de más de 1600 millones de
pesos.
“Hoy
les ponemos números al ajuste sobre la universidad: otros $1666
millones menos que se suman al recorte de $1076 millones que sufrimos a
principios de año”, aseguraron desde el Instituto de Estudios y
Capacitación de la federación docente Conadu, y resaltaron la
importancia de la movilización que mañana realizarán docentes y
estudiantes de todos los niveles educativos al Congreso, para solicitar
mayor presupuesto en Educación. Además, varias facultades de la
Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires
continúan tomadas por sus estudiantes en reclamo de un freno al ajuste
presupuestario.
La decisión administrativa 1605/18 incluyó una reducción de más de
1600 millones de pesos en transferencias a universidades nacionales,
pero no hubo comunicación oficial que indique mayores detalles del
impacto de la medida: ni de donde saldrán los fondos, ni para qué se
usarán.
En este marco, los rectores de las universidades nacionales acordaron
ayer, en reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
aumentar un 8 por ciento el pedido de presupuesto para el sistema
universitario en 2019, luego de la fuerte devaluación de las últimas
semanas y tras la firma del acuerdo paritario de los docentes
universitarios, que cerró en un aumento de entre el 24 y 26 por ciento.
El total requerido al Gobierno por el CIN será ahora de 144.500
millones de pesos, contra los 133.345 millones que habían solicitado
hace un mes. Los rectores aclararon que el monto es el necesario para
cubrir los gastos “mínimos e indispensables” del año que viene. El
pedido se presenta al Gobierno todos lo años como modelo “sugerido”,
pero se estima que el Ejecutivo finalmente enviará al Congreso un
presupuesto mucho menor.
La reasignación de partidas también fue rechazada por la coalición de
organizaciones de la sociedad civil Infancia en Deuda, que advirtió que
el ajuste en el presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social es
ilegal. La organización aseguró que el recorte de más de 130 millones de
pesos viola la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el Estado realizará
siempre inversiones crecientes, y dispone “la intangibilidad de los
fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en
el presupuesto nacional”. Además, resaltó que “no puede haber razones
válidas para explicar la reducción de la inversión destinada a la
infancia”, en un contexto “recesivo y de alta vulnerabilidad social”, en
el que “casi la mitad de los niños argentinos son pobres”.
Informe: Inés Fornassero
Fuente:Pagina/12
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