En
un documento que difundió el CIN, los rectores señalaron que la
“desafortunada” frase de Vidal “desconoce el valor de la educación
superior para nuestro pueblo”. Aportaron datos que demuestran cómo se
redujo la brecha en el acceso a la educación superior.
Imagen: Daniel Paz
“La
universidad no es un servicio a prestar, un gasto y ni siquiera una
inversión. La universidad es un derecho”, aseguraron los rectores de 28
universidades nacionales, en una declaración conjunta que ayer difundió
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El texto es una respuesta a
los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, que la semana pasada aseguró que “nadie que nace en la
pobreza llega a la universidad” y cuestionó la existencia de las
universidades del conurbano bonaerense. Las máximas autoridades de 28
universidades públicas afirmaron que “basta sólo recorrer y caminar
verdaderamente nuestras comunidades para ver y entender el valor de lo
que hacemos”.
El escrito titulado “La universidad es un derecho para todos y todas”
sostiene que la “desafortunada” frase de Vidal “desacredita y desconoce
el valor de la educación superior para nuestro pueblo, al contraponerla
con la inversión en jardines de infantes” y que “ignora un proceso
global irreversible: la masificación y universalización de la educación
superior”. El comunicado acompaña con datos la afirmación: durante las
últimas cuatro décadas, la matrícula terciaria aumentó en Iberoamérica
de apenas 1,9 millones de estudiantes en 1970 a 8,4 millones en 1990 y a
alrededor de 25 millones en 2011. “¿Qué tipo de inserción en el mundo
quieren nuestras autoridades si deciden que vayamos en sentido opuesto,
incluso, a fenómenos que se dan en nuestra región?”, se preguntaron los
rectores.
La declaración incluye entre sus adherentes a los rectores de las
nueve universidades creadas en la provincia de Buenos Aires durante el
gobierno kirchnerista, además de universidades de todo el país, como las
de Formosa, Jujuy, Patagonia Austral, Río Negro, Chilecito, General
Sarmiento, Patagonia San Juan Bosco, La Rioja, Lanús, Artes, Quilmes,
Rafaela, Comahue, Pedagógica, Entre Ríos, Chaco Austral y otras. El
documento no fue apoyado por el bloque radical de rectores, ni contó con
la firma de autoridades de las universidades de La Matanza o Lomas de
Zamora.
“De haberse sostenido la idea de que a la universidad solo van los
ricos, poco sentido hubiera tenido construir instituciones en
territorios tan poblados y donde habitan hombres y mujeres que,
pareciera, solo tienen derecho a ir a un jardín de infantes”, advierte
el texto.
La declaración aporta más datos a los estudios y estadísticas que
comenzaron a circular luego de la frase de Vidal, que desmintieron sus
argumentos:
- La brecha de participación entre estudiantes ricos y pobres en la universidad se redujo de 4 a 1 en los años 90, a 1,5 a 1 para 2014.
- En los últimos diez años, las universidades que se crearon en la provincia de Buenos Aires tuvieron tasas anuales de crecimiento estudiantil que van desde el 20 por ciento hasta el 90 por ciento. “¿Qué significaba esto, si no era una demanda insatisfecha por educación superior?”, se preguntaron los rectores.
- En el conurbano bonaerense, entre el 70 y el 90 por ciento de los estudiantes son la primera generación de universitarios en sus familias y, entre ellos, más del 60 por ciento son mujeres y más del 40 por ciento son mayores de 30 años, personas cuya edad en algún otro momento histórico los hubiera marginado de la educación superior. “Nuestras universidades no sólo otorgan derechos a quienes tienen menores posibilidades, afectados por sus niveles de ingreso, sino que, también, se acercan a otros sectores que sufren desigualdades”, destacaron los rectores.
La declaración agrega que la postura de Vidal “también ignora el
valor de las actividades diarias de docencia, investigación y
extensión, que contribuyen a la solución de las necesidades de cada
comunidad local y regional en la que se encuentran y a revitalizar la
economía a través de la continua innovación científica y tecnológica, y
su impacto sobre el desarrollo económico: aumento de la productividad,
generación de nuevos productos y mayor competitividad en el mercado
internacional.” Además, el escrito rescata la Reforma Universitaria de
1918, que este mes cumple su primer centenario, y su importancia en el
inicio de la “des-elitización” de la universidad pública.
“Es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos posibles para
sostener la transformación de la educación superior y universitaria en
un derecho humano y un bien público social realmente universal”,
concluyeron los rectores, y agregaron que “no se va en esa dirección
recortando gastos, cerrando puertas o presentando falsas dicotomías
entre nuestras instituciones y jardines de infantes”.
Informe: Inés Fornassero.
Fuente:Pagina/12
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