Un símbolo de la represión de la protesta social
Las
jornadas del Paro Nacional han resultado gravemente reprimidas. Sólo el
21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas.
Vigilia por Dilan Cruz en Bogotá. Su familia pidió prudencia.
Imagen: AFP
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Desde Bogotá
Dilan se marchó.
El disparo que le propició el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) le
dejó apenas 50 horas de vida. Muerte cerebral, primero. “Lo mataron.
¡Lo maataaaaron! Gritan los muchachos que corrieron a socorrerlo. Dylan
estaba tendido en su último aliento de conciencia. “Vamos, graben,
graben”. En los videos se evidencia que el agente 003478 disparó de frente una granada de gas lacrimógeno a la cabeza del muchachito.
“Paciente
se agravó en las últimas horas y entró en un estado crítico
irreversible estamos esperando evolución de curso final”, decía el
comunicado no. 7 del Hospital San Ignacio, de la Universidad Javeriana.
En sus aceras, donde los últimos meses este mismo escuadrón ha atacado
las manifestaciones pacíficas de estudiantes, la gente oró a una sola
voz por la vida del joven. Su familia pidió prudencia y que nadie justificara en su tragedia acto de violencia alguno.
Dilan Cruz tenía 18 años y se recibía del colegio la semana en que lo
mataron. Las jornadas del Paro Nacional han resultado gravemente
reprimidas. Sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas
lesionadas a nivel nacional. El asesinato de Dilan Cruz indignó a una
Colombia que recibió de respuesta del gobierno Duque la exención del
impuesto IVA durante tres días.
Hacia las diez de la noche del
lunes 25 de noviembre después de tres cuatro días de pelear con la
muerte Dilan se marchó. “Comunicado No. 8. Con pesar informarnos, que no
obstante la atención brindada durante estos días, en nuestra Unidad de
Cuidados Intensivos, Dilan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de
fallecer. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y
personas cercanas a él”. Entonces, ayer las calles se llenaron una vez
más. El Hospital San Ignacio se copó de gente conmovida.
Esto abrió un debate por los desmanes históricos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
que ha asesinado no solo a Dilan sino a muchos jóvenes que estaban,
legítimamente como lo promueve nuestra Constitución, reclamando un
derecho: El pliego del Paro Nacional que no se detiene y comenzó con
marchas y cacerolazos desde el pasado jueves van desde el cumplimiento
del Acuerdo de Paz, el rechazo las reformas provisional y laboral del
país, la exigencia por la protección de indígenas y líderes sociales, y
la urgencia de un diálogo con los sectores sociales -no empresariales-.
El
exceso de la fuerza no son suposiciones o señalamientos. Son escenas en
videos y fotos logradas por celular o por reporteros gráficos como los
de Casa Editorial El Tiempo -hoy amenazados- que evidencian la
brutalidad policial. La gente la está viviendo junto al pánico generado,
según consta también en videos, por la misma policías. Los agentes
uniformados se ven protegiendo a encapuchados, se observan golpeando y
destruyendo vidrios y edificaciones, atacando con brutalidad mujeres
indefensas, o disparando por la espalda como sucedió con Dilan.
Cuenta
el columnista y médico internacionalista Víctor De Currea Lugo: "me
llegaron audios super confidenciales y 100 por ciento fiables diciendo
que los vándalos iban a atacar entre las dos y las cinco de la mañana.
“En Bogotá, en la tarde del 22, como sucedió en Cali del día anterior,
los rumores de violencia organizada contra la ciudadanía fueron
creciendo”, escribió. “Luego llegaron las noticias de saqueos en un
almacén Ara, en otro punto de la ciudad. Curioso que al igual que el
saqueo en Cali de un almacén Herpo. Pero en ambos casos uno ve que la
policía los persigue, pero de manera más que obvia, no los detiene ¿por
qué? El almacén Ara es violentado usando un bus de servicio público; la policía aparece en el momento justo para garantizar la noticia de saqueos sin que pase a mayores.
Sobre el papel que está jugando la policía en este Paro Nacional, el que muchos tildan de criminal, Victor De Currea le dijo a Página/12
que “el problema central es la doctrina militar. Mientras eso no se
modifique no va a ver cambios de fondo en el comportamiento de la fuerza
pública”.
Ayer los congresistas Iván Cepeda y Gustavo
Bolívar, de los partidos opositores, denunciaron ante la Fiscalía a la
Fuerza Pública y el Estado por homicidio, concierto para delinquir,
pánico, uso desproporcionado de la fuerza y otros abusos en 25 casos de
personas heridas entre el 21 y 23 de noviembre. La acción penal señala
de máximos responsables del abuso policial Oscar Atehortua Duque, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog); Jorge Luís Vargas Valencia,
director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad). En las redes sociales la gente pide al Alcalde
de Bogotá Enrique Peñalosa que responda. También al Presidente Duque y todo su gabinete.
El parlamento citará a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo,
y a la cúpula de la Policía Nacional para que den explicaciones de la
cadena de hechos de extrema gravedad (vandálicos y conspirativos)
dirigidos desde sus despachos, al parecer. Pues los hechos no han sido
aislados. La demanda será puntualmente por la presunta comisión de los
delitos de: homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad
por acto arbitrario e injusto, tortura; concierto para delinquir; pánico
y calumnia, y por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el
marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.
Se
anexaron más de 30 vídeos y fotografías de denuncias ciudadanas en los
que se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los
delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y
complicidad. Hubo, según el documento, 831 casos de retenciones a
ciudadanos, entre el 21 y 23 de noviembre, también 25 casos de personas
heridas. Y podría existir un gran subregistro en la violación de
derechos humanos. Solo el 21 de noviembre se registraron 123 personas
lesionadas a nivel nacional. También se entró en contacto con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente:Pagina/12
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