viernes, 26 de marzo de 2021

María Domínguez, la feminista que volvió de la muerte







Por Guadalupe Treibel

Fuente: Página/12

“Mis padres eran unos pobres jornaleros del campo que no sabían leer ni escribir. Naturalmente, a mí también, en cuanto pude, me pusieron a trabajar. Iba a espigar, a vendimiar, arrancar trigo y cebada, a recoger olivas, a lo que salía. En los ratos libres deletreaba todos los impresos que caían en mis manos, romances de ciego, libros, cuentos de la escuela y cosas así. A mi madre en cambio, la enfadaba. ‘¿Pero le vas a consentir que aprenda a leer?’, le decía, escandalizada, a mi padre. Y mi padre, sonriendo, contestaba: ‘Ya no tiene remedio, mujer, ya sabe’”. Así hablaba de sus orígenes la autodidacta María Domínguez, nacida en Pozuelo de Aragón, en 1882. Recordaba también que su mamá le indicaba cuando aún era pequeña: “Mira, hija, por la calle se va siempre con la vista baja. A los hombres no se les mira”, y que por hacerle caso, los vecinos le endilgaron el mote “María la tonta”. Apodo desdeñoso que, años más tarde, ella usaría con ironía para firmar las notas incisivas que escribió para publicaciones como Ideal de AragónVida NuevaEl País

Luchadora republicana, socialista y feminista, su vida fue todo menos fácil, pero aún así se las apañó para salir adelante. A punto tal que esa joven muchacha devino, en 1932, primera alcaldesa democrática de España. Logro inédito que, por esos días, no dejó indiferente a la prensa. “¿Se figuraban ustedes que existiera en España un Ayuntamiento gobernado por una mujer?, ¿un Ayuntamiento donde en vez de alcalde hubiera alcaldesa? Pues existe. Y además en una tierra que hasta ahora no había manifestado, si hemos de juzgar por su folklore, demasiado entusiasmo feminista…”, dejaba entrever su asombro el entonces naciente diario gráfico Ahora en un artículo de ese mismo año. La tierra era “un pueblecito de Aragón que se llama Gallur”. La mujer, dicho está, María Domínguez, que así hacía historia durante la Segunda República. Nótese que, como indica el medio El Español, “en esas mismas fechas solo tres mujeres contaba con un escaño en las Cortes: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken”. Nótese además que abogaban aún por el sufragio femenino: solo al año siguiente, en el ’33, las mujeres votarían por primera vez.

Retomando los hilos, aunque el nombre de MD pasó al olvido buena parte de la última centuria, ha vuelto a ser noticia los pasados días al informar rotativos ibéricos que, tras los análisis pertinentes, restos exhumados semanas atrás de una fosa de Fuendejalón, Zaragoza, tenían por fin nombre y apellido. Era ella, María Domínguez, desaparecida el 7 de septiembre de 1936 tras ser fusilada con un tiro en la nuca por soldados franquistas. Junto a sus huesos, se encontraron una peineta, cuatro horquillas, dos botones de nácar… “Merece reconocimiento y que reivindiquemos su legado”, tuiteó Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y miembro del PSOE, nomás enterarse del tardío hallazgo.

En vida, María superó tantísimos obstáculos: su familia le escogió pretendiente y, a los 18 años, tuvo que casarse con Bonifacio Ba Cercé, un tipo que no trabajaba y bebía demasiado, y que le pegó durante 7 años. Cansada de las constantes vejaciones, “con lo puesto y a pie por el monte” -como ella misma más tarde relataría-, huyó de su marido en 1907, pero él la siguió hostigando, llegando incluso a denunciarla por abandono. María fue puesta en “busca y captura”, perseguida por la policía, pero afortunadamente no fue detenida. Pasó una temporada en Barcelona trabajando como limpiadora, para luego regresar a Zaragoza y, con sus magros ahorros, comprar una máquina de coser y ganarse la vida vendiendo medias. Por las noches, estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios, y en los ratos libres, despuntaba el vicio de la escritura. Mandaba epístolas a diarios, y así logró convertirse en colaboradora de varias publicaciones, muy agradecida -por cierto- de que “me corrigieran las faltas de ortografía”.

Cuando consiguió, por fin, matricularse como maestra y ser fichada para un cargo, la mala suerte volvió a interponerse: cayó gravemente enferma durante la pandemia que aquejaba, la gripe española del ’18, y pudo sobrevivir gracias a la ayuda de sus amistades republicanas. A los 44, por cierto, murió el marido abusivo, y entonces pudo casarse nuevamente con Arturo Romanos, esquilador viudo y militante socialista, con el que se mudó a Gallur. Juntos desarrollaron una intensa actividad sindical, impulsando el movimiento obrero de la zona.

Acababa de cumplir los 50 cuando fue nombrada alcaldesa. “¿Le sorprende ver cada vez más mujeres en política?”, quiso saber un periodista, y ella: “No, de ningún modo. Hay que tener en cuenta que no es la persona ni el sexo, sino la representación de una autoridad legal, encargada de hacer cumplir las leyes”. Entre sus primeras medidas, saneó las arcas municipales, encomendó la construcción de un edificio donde pudieran estudiar niñas y niños por igual, aplicó legislación social frenando jornadas abusivas, generó puestos de trabajo. También dejó asentado que de ninguna manera consentiría “que a nadie se moleste, bajo ningún pretexto, por sus doctrinas ni creencias”. Cuando dejó su cargo al cabo de un año, siguió dando conferencias y escribiendo; por caso, el libro Opiniones de mujeres, donde defendía la equidad, la importancia del acceso a la educación y, por supuesto, el divorcio.

Hace unos pocos años, quiso la cineasta Vicky Calavia rendir homenaje a esta mujer prácticamente ignota a través del documental La palabra libre, donde ofrece una semblanza de quien defendiera a capa y espada valores inoxidables: “la igualdad de la mujer, la libertad de pensamiento, el voto femenino, la lucha contra la opresión, la liberación de los prejuicios culturales y religiosos, la enseñanza, la cultura como motor de cambio y superación, el amor no impuesto, elegido”. María -ni un pelo de tonta- Domínguez, en fin.  




miércoles, 10 de marzo de 2021

Lawfare en Brasil: anularon las condenas a Lula y puede ser candidato

 


El Supremo Tribunal Federal anuló todo el proceso de Moro contra Lula por considerar que el exministro de Bolsonaro no tenía competencia para juzgarlo. Señaló que no existen pruebas para acusar al ex mandatario de que se benefició con contratos entre Petrobras y la empresa OAS.

Fuente:ramble tamble






Por Santiago Gómez
Desde San Pablo

El Supremo Tribunal Federal anuló las condenas contra Luís Inacio Lula da Silva porque consideró que el exjuez Sérgio Moro no tenía competencia para juzgarlo. Afirmaron que no existen pruebas contra el expresidente. Lula fue acusado de haber recibido beneficios indebidos como producto de contratos entre la Petrobras y la constructora OAS, sobre lo que no hay prueba alguna, sentenció el ministro del STF. El propio Sérgio Moro en respuesta a un recurso interpuesto por la defensa de Lula, como informamos en APU, sentenció que “este tribunal jamás afirmó en la sentencia o en lugar alguno, que los valores obtenidos por la Constructora OAS en los contratos con Petrobras fueron utilizados para el pago de beneficios indebidos al ex Presidente”. Esa era la base de la acusación.

Las acusaciones contra el expresidente se sustentaban en que recibió beneficios indebidos producto de contratos entre la Petrobras y la constructora OAS. Sérgio Moro coordinaba la investigación del proceso llamado Operación Lava Jato (N.E: comenzó por una investigación de un lavadero de autos que se usaba para lavar dinero), en el que estaba involucrada la petrolera Petrobras y se involucró al expresidente sin que hubiese pruebas en su contra, tal cual confirmó hoy el Supremo Tribunal Federal.

Desde el inicio de la operación los abogados defensores del expresidente señalaron que Moro no tenia competencia para juzgar la acusación, porque la supuesta propiedad sobre la que Lula se habría beneficiado queda en la provincia de San Pablo, el acusado no tenía domicilio en Curitiba, capital de Paraná, además de que no había prueba ninguna que vinculara el departamento con el que Lula se habría beneficiado con Petrobras.

La sentencia de Fachin de hoy versa sobre ese punto: el objetivo de la Operación Lava Jato era investigar crímenes que se hayan cometido en perjuicio de Petrobras, por eso se concentraron varios casos de acusados que no tenían domicilio en Curitiba pero que estaban vinculados a la causa. El ministro del Supremo Tribunal sentenció: “Como se ve, delante de la pluralidad de actos ilícitos revelados en el transcurrir de las investigaciones llevadas a cabo en la Operación Lava Jato, la competencia de la 13º sala federal de la Subsección Judicial de Curitiba fue siendo acuñada a medida en que nuevas circunstancias fácticas fueron traídas a conocimiento del Supremo Tribunal Federal, que en precedentes firmados por el Tribunal Pleno (…), culminó en afirmarla apenas en relación a delitos practicados directa y exclusivamente en detrimento de Petrobras”.

A continuación, el juez del STF dictaminó que “en este caso, no fue demostrado que las conductas atribuidas al acusado fueron directamente direccionadas a contratos específicos celebrados entre el Grupo OAS y Petrobras, constatación que, cotejados con los ya estudiados precedentes del Plenário y la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal, permite la conclusión por la no configuración de conexión que autorizaría, en el caso concreto, a la modificación de la competencia juridisccional”. Esto quiere decir: el objetivo de la Lava Jato era investigar delitos que perjudicaron a Petrobras y no hay prueba alguna que pueda vincular un hecho de Lula en ese sentido.

Ante esta situación, el ministro del STF resolvió “considerando los precedentes sobre el tema y las razones expuestas, se vuelve impositivo, ante lo que se formó como dirección mayoritaria en el Tribunal, el reconocimiento de la procedencia de los argumentos de los defensores para reconocer la incompetencia del Juzgado de la 13 sala federal de Curitiba (...). Como colorario de tal conclusión, en los términos del art. 567 del Código Procesal Penal, se deben declarar nulos todos los actos decisivos, inclusive el recibimiento de la denuncia, determinándose el envío de loa autos a la Sección Judicial del Distrito Federal, considerando la narrativa de la práctica delictiva en el ejercicio del mandato de Presidente de la República”.

Con esta decisión, se anularon todas las condenas contra Lula efectuadas por Moro. El expresidente recuperó todos sus derechos políticos y levantaron la inhibición de sus bienes. Esto quiere decir que Lula puede ser candidato en la próxima elección.

lunes, 8 de marzo de 2021

Hitos del Día Internacional de la Mujer

 





El Día Internacional de la Mujer se celebra este año bajo el lema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, otro eslabón de una lucha que tiene al 8 de marzo como fecha de referencia a hitos marcados por movilizaciones de protesta y tragedias ocurridas en el siglo V, el XIX y el XX.


Un 8 de marzo de 1857, unas 20.000 costureras, planchadoras y activistas en huelga marcharon por las calles de Nueva York para reclamar igualdad de derechos con los varones y mejores condiciones de trabajo, entre ellas que se les permitiera un descanso para amamantar a sus bebés.

En 1908, cuando se cumplía el 51 aniversario de esa histórica movilización, la crónica señala que alrededor de un centenar de trabajadoras murieron calcinadas en el incendio de la fábrica Cotton Textile de Nueva York, en un siniestro probablemente provocado por sus dueños, a quienes se acusó de haberlas encerrado para impedir que se sumaran a una marcha de protesta.




Tres años después, un 25 de marzo de 1911, el incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist costó la vida de 129 costureras y planchadoras -la mayoría jóvenes inmigrantes de Europa del este e Italia-, y de 17 compañeros varones en un siniestro que además causó heridas a otros 70 trabajadores.

El 8 de marzo del año 415 (o el 15 de marzo de 416, según otras referencias históricas) en Alejandría (Egipto) una turba asesinó a pedradas por motivos religiosos a Hipatia, un filósofa, astrónoma y escritora egipcio romana cuya figura representaba a la independencia femenina del yugo machista de la época.


La tragedia de 1911 tuvo grandes repercusiones favorables a los trabajadores en la legislación laboral de Estados Unidos luego de un juicio en el que quedaron expuestas las pésimas condiciones en las que trabajaban las víctimas del incendio de Triangle Shirtwaist .

“Esas mujeres no podían acercarse a hablar con el dueño, tenían que fumar a escondidas y no podían parar para comer”, explicó Jane Hodges, presidenta de la organización feminista Remember the Triangle Fire citada por el diario Perfil.

“Recibían bajos salarios, trabajaban largas horas y las puertas estaban cerradas 

con llave. No tenían derechos ni protección”, remarcó Hodges.


La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de marzo 

de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, a raíz de que un año antes

 la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras declarara en

 Copenhague al 8 de marzo como la fecha de reivindicación de los derechos

 femeninos. Se decidió esa fecha en conmemoración de “la marcha de las 20.000”

 trabajadoras en 1857 en Nueva York, pero fue la tragedia del 25 de marzo de 1911 

lo que marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer.


Uno de los primeros documentos que proponen la emancipación femenina y la 

igualdad de género incluyendo el derecho a votar es la Declaración de los

 Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactado en 1791 por Olympe de 

Gouges, seudónimo de la escritora, dramaturga y activista política Marie Gouze,

 quien se basó en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la

 Revolución Francesa de 1798.


Dentro de los movimientos pacifistas surgidos en vísperas de la Primera

 Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional 

de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. Por esa época, en el resto 

de Europa las mujeres ya lo celebraban el 8 de marzo de cada año para protestar 

por la guerra o solidarizarse con las demás mujeres, según reseñas de las Naciones

 Unidas.

En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró a 1975

 como “Año Internacional de la Mujer” a celebrarse el 8 de marzo. 

Dos años después invitó a todos los países miembros del organismo 

a conmemorar el 8 de marzo como día por los derechos de la mujer y

 la paz internacional.

Fuente:Telam



lunes, 1 de marzo de 2021

"Las grandes fortunas son una amenaza para la libertad". Entrevista a Daniel Raventós

 

Daniel Raventós 

Fuente:Sin.Permiso

26/02/2021

La crisis económica y la pandemia han puesto la renta básica de actualidad. ¿Pero qué significa realmente? ¿Cómo se financia? ¿A quién beneficia más? Con su ameno estilo, el Doctor en Ciencias Económicas de la UB y presidente de la Red Renta Básica resolverá todas las dudas en el marco del XVIII Seminari de Pensament per la Pau de la Unipau, que este año lleva el título de' Treball remunerat: subsistència o vida'.

La entrevista para El Periódico la realizó Gemma Tramullas.

 

Afirma que con la renta básica seríamos más libres. ¿El dinero da la libertad?

Que se lo pregunten a un pobre.

Cierto.

Para los que venimos de la vieja tradición republicana, una persona no es libre si no tiene la existencia material garantizada. Por lo tanto, un pobre no es ni puede ser libre. Eso no quiere decir que solo con la renta básica seas libre, pero sí que es la condición para poderlo ser.

¿De qué sirve si tienes que invertirlo todo en el alquiler?

Evidentemente la renta básica no soluciona todos los problemas sociales. La vivienda es un problema social de primer orden y requiere políticas específicas.

Compara la renta básica con la abolición de la esclavitud o el sufragio universal. ¿Desde cuándo se habla de un ingreso universal?

El precedente histórico más famoso es la asignación única que defendía Thomas Payne a finales del siglo XVIII, pero la renta básica tal como la entendemos hoy en día, es decir una asignación monetaria incondicional a toda la población, nació en 1986 con la asociación europea Red Renta Básica. Fue precisamente en Barcelona, en 2002, cuando la asociación pasó a ser mundial y a llamarse Basic Income Earth Network.

Martin Luther King también la defendía para abolir la pobreza, ¿no?

Ya me gustaría, pero no queda claro por sus discursos si se refería a una renta para pobres o a una renta básica para todo el mundo.

¿El proyecto piloto B-Mincome en Barcelona tiene que ver con la renta básica o solo con una renta mínima?

Es combinado. Uno de los cuatro grupos de control sí recibe una renta básica. Una de las cosas que me han sorprendido es que todos los experimentos que se están haciendo últimamente (en Barcelona, Namibia, Finlandia o India) constatan que la salud mental de la gente mejora.

Entonces la renta básica no nos haría más libres, sino más felices.

Más felices o al menos no tan desgraciados. Si te liberas de la lucha por la existencia y por un trabajo precario, la gente se ve capaz de hacer muchas más cosas.

Desde la derecha también se han hecho propuestas para una renta básica.

Sí y esto puede parecer extraño, pero el secreto está en la diferencia a la hora de financiarla.  El proyecto de financiación que hemos hecho unos cuantos economistas de la Red Renta Básica es mediante una reforma fiscal y una gran redistribución de la renta del 20% de la población más rica al 80% restante, es decir que ni tan siquiera hay creación de masa monetaria. La renta básica la recibiría todo el mundo, pero no todo el mundo saldría ganando.

¿Ah no?

No. Yo, por ejemplo, como profesor titular de una universidad pública, perdería un poco. Y si formara parte del 2% más rico de la población perdería mucho.

¿Por qué?

La idea sencilla, que luego se complica, es calcular cuánto ganas, restarle el 50% de IRPF y entonces añadirle la renta básica, que no está sujeta al IRPF. Haga números.

¿Y cuánto sería la renta básica?

A efectos prácticos serían como mínimo los 750 euros del umbral de la pobreza. De esta forma, quien más gana proporcionalmente es el que no tiene nada porque le entra una renta básica y no tiene que pagar IRPF.

No es extraño que no se haya aplicado aún…

¡Cuidado! En Alaska se aplica, aunque se financia de otra forma. Existe una fundación público-privada que una vez al año reparte los beneficios del petróleo entre la población. El año de la renta más alta fueron 2.000 dólares, lo que significa más de 10.000 dólares para una familia de cinco, aparte de lo que ganen. Allí todo el mundo está a favor de la renta básica, menos las petroleras.

¿Si aquí quisiéramos repartirnos los beneficios del turismo no generaría aún más presión turística y problemas medioambientales?

Dicho así, sí. Pero en el caso de Estados Unidos el gobernador que impulsó la renta básica, que no era de izquierdas, lo hizo precisamente para garantizar que las futuras generaciones pudieran seguir disfrutando de la naturaleza en Alaska.

¿Satisfecho con el resultado de las elecciones en Catalunya respecto a la renta básica?

Solo hay un partido que la defiende, la CUP, junto con la renta máxima. Y En Comú Podem y ERC están a favor de la renta garantizada de ciudadanía, esta porquería que tenemos en Catalunya, y quieren mejorarla solo faltaría, pero en cualquier caso hablan de avanzar hacia la renta básica. En este sentido, estamos mejor que hace un año.

¿Cómo funciona la renta máxima?

Significa que a partir de determinada cantidad no puedes ganar más y todo es para el estado. Esto se implantó entre los años 30 y 70 del siglo pasado en Estados Unidos, aunque no era exactamente un 100%, como quería Roosevelt, pero sí más del 90%.

Eso es casi confiscatorio.

Pues se aplicó en Estados Unidos, que es un país comunista como todo el mundo sabe… Las grandes fortunas son una amenaza para la libertad. Louis Brandeis, que fue juez adjunto del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los años 20 y 30 decía que se pueden tener grandes riquezas y se puede tener democracia, pero las dos cosas a la vez no. Más claro el agua y no lo dijo precisamente un bolchevique.

 
editor de Sin Permiso. Su último libro es "Renta Básica: ¿Por qué y para qué?” (Ed. Catarata, 2021)

lunes, 22 de febrero de 2021

Rafael Correa denunció "un golpe de Estado" en Ecuador

 

 
Imagen: EFE
Fuente:Página /12

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció “un golpe de Estado” luego de que la Fiscalía General del país decidiera retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer "una pericia informática forense". El empresario y candidato presidencial Guillermo Lasso también repudió la decisión del organismo estatal.

"Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial", afirmó Correa en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Poco antes, Andrés Arauz, candidato presidencial del correismo y ganador en la primera vuelta electoral, realizó la misma denuncia en sus redes sociales.

"Enviamos una alerta al mundo. Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia. ¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?", tuiteó Arauz.

Apenas se conocieron los resultados oficiales que dieron como ganador a Arauz y confirmaron que el empresario Guillermo Lasso será su rival en el balotaje del 11 de abril próximo, la Fiscalía General de Ecuador emitió un comunicado a la prensa y en sus redes sociales para ordenar la "recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral".

El objetivo, según la Fiscalía es "preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral con corte a la fecha" y "generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral de Guayas", un distrito donde se revisarán unas 26 actas, aunque el candidato que quedó tercero, muy cerca de Lasso, el indigenista Yaku Pérez, había pedido un recuento total, tras denunciar un "intento de fraude electoral" por parte de "la derecha".

La decisión de la Fiscalía fue repudiada también por Lasso quien afirmó que retirar las computadoras son "hechos que deberían alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador" y advirtió en su cuenta de Twitter: "No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares”.



viernes, 12 de febrero de 2021

LAWFARE(FIERROS JUDICIALES) la Sala I de la Cámara de Casación llama audiencia a la vicepresidenta ya lbogernador de buenos aires en día de inicio de seisiones parlamentarias

 

Dólar futuro: Cristina Kirchner y Axel Kicillof harán su alegato y piden cambiar la fecha

El abogado de la vicepresidente remarcó que es "público y notorio" que ese día es la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso. Además, solicitó que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof harán su alegato en la causa dólar futuro.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof harán su alegato en la causa dólar futuro. 
Imagen: NA

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner le hizo saber a la Sala I de la Cámara de Casación que la propia vicepresidente será la que haga el alegato respecto de la causa llamada dólar futuro y lo propio se anticipa respecto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Como los jueces convocaron para lunes 1 de marzo, el abogado Carlos Beraldi reclamó que se ponga una nueva fecha porque “como es público y notorio en esa jornada se produce la apertura de sesiones del Congreso Nacional”. Además, Beraldi reiteró su pedido de que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación.

Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña deben resolver, de hecho, si se hace o no el juicio que corresponde a ese expediente, abierto con bombos y platillos por varios referentes de Cambiemos. Como anticipó Página/12 la acusación fue demolida por una pericia, firmada de manera unánime, en la que se concluyó que no hubo ningún perjuicio para el estado, que el Banco Central igual tuvo ganancias en 2015, que incluso tuvo más ganancias que en 2016, que se trató de una política destinada a evitar una corrida cambiaria y que permitió conservar reservas. Tras semejante dictamen, parece obvio que corresponde la inexistencia de delito y asoma como delirante la realización de un juicio que va a durar dos años. 

No obstante, el fiscal Diego Velasco insistió en que el juicio se debe hacer y dos de los tres jueces del Tribunal Oral le dieron la razón. El recurso llega ahora a la Cámara de Casación.

No sólo CFK va a hablar en la audiencia sino también el otro acusado estrella, el gobernador Kicillof, por entonces ministro de Economía. No se sabe cuál será el contenido de ambos alegatos, pero una de las cuestiones más evidentes es que los únicos beneficiarios de Dólar Futuro, los únicos que tuvieron ganancias, fueron empresarios y consultores de Cambiemos -Mario Quintana, Nicolás Caputo, Gustavo Lopetegui, entre muchos otros-, luego convertidos en ministros, que produjeron una fuerte devaluación con la que se beneficiaron ellos mismos. El obvio instructor de la causa, el fallecido Claudio Bonadío, autorizó a pagarles las ganancias, demostrando que la política había sido legal.

Por lo pronto, el defensor de CFK, Beraldi, presentó este viernes un escrito pidiendo el cambio de fecha por el inicio de sesiones, tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura Bonaerense. Además, el letrado pidió que se tenga en cuenta que los lunes y martes debe atender a las audiencias de la causa por la obra pública en Santa Cruz. Finalmente, Beraldi reiteró un pedido que ya hizo hace un tiempo: que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación.

La lógica indica que Petrone, Figueroa y Barroetaveña podrían inclinarse por la inexistencia de delito, tal como lo señala la pericia hecha por contadores del Banco Central. Del otro lado está la coalición político-judicial-mediática alineada con Cambiemos y con sede en Comodoro Py, que pulseará para ver a CFK, Kicillof, el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y muchos otros en el banquillo de los acusados. Sin embargo, ni los denunciantes originarios del PRO -Mario Negri y Federico Pinedo- ponen ahora el acento en este expediente. A esta altura quedó claro que fue pura persecución política y ocupar las tapas de los diarios.

sábado, 30 de enero de 2021

Lucha contra la inflación, actores y la experiencia del Hogar Obrero

 

Uno de los aspectos que hablamos cuando analizamos el capitalismo es el precio de las cosas. Ya sea de un alimento, un electrodomestico o un trabajo a realizar. La pregunta que se debate es como se establece dicho precio. Si nos ponemos a reflexionar podriamos decir que el hecho de poner cuanto sale un determinado producto en realidad es una condicion relativamente novedosa. Es decir el hecho de entrar a un negocio y ver el precio de determinado producto en una góndola y que sea ese el precio .

Ya que por ejemplo, aunque en un sentido común general,  uno piensa en las culturas de Oriente o del Medio Oriente con aquellos planteos de los Bazares del Regateo o cobrar algun segun quien es el cliente y el producto donde no hay precio si no que hay acuerdos de donde se sale un valor y se convalida en su compra. Aunque podemos decir que esta ,cuestión de la falta de precios, sigue vigente ya hoy no todos los negocios ponen sus precios. Si uno se pone a relfexionar en realidad no hay precio o es decir el precio se establece de ese acuerdo.Acuerdo que se establece en base a las posibilidades que uno tenga: un vaso en un desierto no es lo mismo que el mismo vaso de agua en un río de agua dulce y potable.

Claro uno podrá decir , Marx hace una expliacion del valor de las mercancias analizando el trabajo objetivado y su orientación al consumo , mientras que los liberales nos diran el valor de las cosas es un valor subjetivo y se mide en este juego de oferta y demanda, de la mano invisible del mercado. Donde  ambas tienen razón. Aunque habria que clarificar algunos aspectos entre costos y la mano invisible.En  un aspecto que la mano no es tan invisible, ya que cuando hay monopolios es bien visible, pero tambien el algunos casos la diversidad de actores hace dificil encontrar en donde se puede producir la distorsiín de los precios.  Y donde cada actor siempre va a tender a tratar de obtener el mayor beneficio posible con el menor esfuerzo.

En este sentido, un tema central en la Argentina, es la inflación. La misma, tiene varias aristas pero entre ellas, la central, es la puja distributiva mediada por el rol del Estado. El cual se espera de él ,según sus herramientas y el poder que tenga, que incline la balanza hacia un sector u otro. 

 Sin embargo, nos parece importante remarcar, que muchas veces con el Estado solo no alcanza,aunque claro que es un factor importante, y la voluntad individual de los ciudadaanos  puede ser escasa. Es ahí donde cobra relevancia el rol de las organizaciones y la solidaridad .En este sentido, nos interesa remarcar una de aquellas experiencias que de aguna manera sirvieron para contener la inflación y que durante los 80 se las desmantelo para que llegaramos al contexto actual. En este sentido nos interesa recordar la experiencia del Hogat Obrero.


 

 

El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda.

El Hogar Obrero (EHO) fue creado en 1905 por iniciativa de los médicos Juan Bautista Justo y Nicolás Repetto, además de otros diecisiete fundadores vinculados al socialismo, con el propósito de contribuir primeramente a la solución del problema de la vivienda obrera. Con el transcurso del tiempo, desarrolló también secciones de crédito, consumo (la más conocida) y una importante actividad educativa y cultural mediante el Instituto de Educación Cooperativa y sus casi treinta filiales. Es un hito en la historia argentina del cooperativismo argentino no solo por su vasta trayectoria, sino también por su contribución a la organización del movimiento cooperativo en general. Cuando en el año 1905, Justo planteó a un numeroso grupo de trabajadores la creación de una cooperativa de obreros,  el tipógrafo Manuel T. López, al considerar la gran cantidad de lotes de terreno a mensualidades que se vendían y el excesivo precio del dinero que se solicitaba en hipoteca, propuso que dicha cooperativa fuera de préstamos para la construcción de casas modestas. EHO se estableció, entonces, con el fin de construir “casas económicas para los trabajadores”, sobre la base del modelo de la Sociedad de Dayton, Ohio, en los Estados Unidos. Tres meses después, se llamó a una asamblea constitutiva ; concurrieron cuarenta y ocho personas que aprobaron el estatuto, eligieron el primer directorio y cotizaron las primeras cuotas de capital para integrar las acciones. La aspiración era lograr una vivienda higiénica y confortable cuyo alquiler no fuera mayor a un tercio del salario de los trabajadores.


La visión de sus fundadores destacaba también la importancia del desarrollo del cooperativismo de consumo por considerarlo una manifestación elocuente del poder económico de la clase obrera. Acorde con esa visión, incorporaron en 1913 una sección de consumo. Aunque esta actividad se inició en una coyuntura de crisis económica, logró consolidarse y paulatinamente transformó a EHO en la cooperativa de consumo más grande del país.


En forma paralela a su desarrollo comercial, EHO expresó una preocupación institucional permanente por la observancia de los principios cooperativos. Así, en 1919, colaboró con el Museo Social Argentino en la convocatoria y organización del Primer Congreso Argentino de las Cooperativas; y en 1923, celebró el Día Internacional de la Cooperación en su sede social: esa fecha fue establecida en el mismo año por la Alianza Cooperativa Internacional al recomendar celebrar y propagar la cooperación para demostrar al mundo la “solidaridad de los cooperadores y la eficiencia de sus organizaciones como medio de emancipación económica y prenda de paz mundial”. También en 1923, el EHO puso en funcionamiento una caja de ahorro en la que depositaron sus fondos cerca de veinte sociedades obreras. El dinero se invirtió en títulos nacionales de renta y acciones del Banco Popular Argentino, institución bancaria de esencia cooperativa. Esta iniciativa impulsó un sorprendente crecimiento para las décadas subsiguientes.


En los años 1989 y 1990, la cooperativa alcanzó el sexto lugar en el ranking de las empresas argentinas del sector comercio y servicios. Desde su fundación y hasta 1991, logró una significativa presencia en la escena socioeconómica nacional: edificó alrededor de 5000 viviendas familiares, instaló 300 autoservicios y supermercados distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y 14 provincias, creó cerca de 14.500 puestos de trabajo y contó con 2.000.000 de asociados.


El 7 de marzo de 1991, ante una aguda situación de iliquidez financiera como secuela de la hiperinflación y de la confiscación de depósitos bancarios y su sustitución por el Plan Bonex decretada por el Gobierno nacional el 28 de diciembre de 1989 (además de la posterior negativa de ese mismo Gobierno para auxiliar financieramente a la mayor empresa social de la época), EHO se presentó en concurso preventivo de acreedores. Esta situación arrojó a la entidad a una crisis atentatoria contra su patrimonio acumulado a lo largo de ochenta y seis años de intensa labor. Atravesada por tal coyuntura, la cooperativa cumplió con lo dispuesto por las leyes argentinas en materia concursal y logró evitar la quiebra. Para ello, puso a disposición de sus acreedores gran parte de su patrimonio, transitó por innumerables vaivenes judiciales, políticos y económicos que la pusieron al borde de su desaparición. Pero, aferrándose a sus principios fundacionales inconmovibles, nunca perdió de vista el objetivo final de honrar las deudas, evitar su desaparición y reanudar resueltamente su vida socioeconómica. Finalmente, el 11 de mayo de 2012, vía sentencia judicial, se dio por cumplido el acuerdo homologado, lo que disparó su renacer institucional.


Actualmente, y siempre orientada por los valores y principios de la cooperación libre, EHO edifica y financia viviendas totalmente en pesos para sus asociados. Bajo la premisa de colaboración interinstitucional, brinda, en convenio con destacadas instituciones del mundo de la cultura y de la economía solidaria, servicios de turismo, actividades recreativas y culturales para sus asociados. Asimismo, ha comenzado a trabajar en la elaboración de un plan integral de actividades para sus asociados y su comunidad de influencia. En el sector comercial, en su condición de propietaria genuina de la marca COOP en el territorio de la República Argentina, EHO ha otorgado una licencia de uso exclusivo a la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda de Bahía Blanca, que ha comenzado a aplicarla en productos de consumo familiar, electrodomésticos y bicicletas que se distribuyen bajo dicha marca.


Con todo esto, El Hogar Obrero contribuye al lema de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el año 2012, Año Internacional de las Cooperativas: “Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor”.

Fuente:rutacoop.com.ar

miércoles, 20 de enero de 2021

Ley de Teletrabajo: los principales puntos de la reglamentación

 

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen Legal del Contrato del Teletrabajo, aprobado el 30 de julio del año pasado por el Senado. La reglamentación de la ley 27.555 fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 27/2021, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El primer artículo establece que "las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular". Tampoco "en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional".

En el anexo publicado este miércoles, se detalla que los artículos 2°, 3° y 4° vinculados al contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones y la jornada laboral quedaron sin reglamentar.

Derecho a la desconexión

La normativa establece un claro "derecho a la desconexión digital", para evitar que las jornadas de actividad laboral de los trabajadores se excedan más allá de las horas pactadas de trabajo a diario.

El artículo 5° precisa que cuando "la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral".

"En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada, salvo que concurran los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)", dice la normativa y aclara que "no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión".

"Los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos", puntualiza el texto.

Tareas de cuidado

La persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuando esta finaliza.

En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva.

Los elementos de trabajo

Sobre la provisión de elementos de trabajo, se remarca que "no es remuneratoria, lo cual se extiende a la compensación de gastos, aún sin comprobantes" por lo que "no integran la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social".

Además, siempre y cuando la relación entre ambas partes "no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación de una convención colectiva", pueden acordar entre ellas las pautas para su determinación.

Cómo revertir la modalidad de teletrabajo

Respecto de la reversibilidad, deberá "ajustarse a los deberes impuestos en los artículos 9º y 10° del Código Civil y Comercial de la Nación y 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo".

Recibida la solicitud de la persona que trabaja, con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, el empleador o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación del o de los establecimientos al momento del pedido; en ningún caso dicho plazo podrá ser superior a 30 días.

"A los efectos de evaluar la imposibilidad de cumplir con esta obligación se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo", añade el decreto.

Por otra parte, los empleados que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral "no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales".

Representación sindical

En tanto, el artículo 13°, sobre la representación sindical, sostiene que "en los casos en que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, aquella debe llevarse a cabo previa consulta con la entidad sindical".

Y añade que la representación de quienes antes prestaban servicios presenciales continuará siendo en el establecimiento laboral.

El Lisandro de La Torre fue Juan Perón

 Acto homenaje a 60 años de la toma del Frigorífico Lisandro De La Torre -  Avispados

La toma del frigorífico Lisandro de La Torre, constituyó un hito en la lucha del movimiento obrero contra las políticas de privatización y ajuste, e inauguró además una etapa de choque de clases entre trabajadores y patrones, encabezados por el peronismo proscripto, contra el presidente Arturo Frondizi y sus sucesores

El establecimiento producía un millón y medio de kilos de carne por día, además de cortes de ovejas, cabras y cerdos. En 1925 Marcelo T. de Alvear lo había creado para regular el mercado de carnes dominado por británicos y estadounidenses, que ganaron su control la década siguiente. Juan Perón había nacionalizado el matadero en su primer gobierno y lo pasó a la Municipalidad porteña.

El frigorífico permitía al Estado fijar precios internos y acumular divisas provenientes de las cuotas de exportación. En 1959 Arturo Frondizi acordó con el FMI su privatización, que terminó en manos de la Corporación Argentina de Productores de Carne, una entidad vinculada a terratenientes y empresas multinacionales.

Frondizi había ganado las elecciones de 1958 por un acuerdo con Perón --exilado y proscripto-- por el cual se comprometía a legalizar los sindicatos y otorgar un aumento salarial del 60 por ciento. Su gobierno propició recortes en la administración estatal, congelamiento de salarios, reducción de obras públicas y un prolijo cronograma de pagos con los organismos internacionales de crédito.
El 14 enero de 1959, el Congreso aprobó la privatización del frigorífico, lo que desató la reacción de sus 9.000 empleados.

El Sindicato de la Carne, con Sebastián Borro al frente, movilizó a los trabajadores, quienes en asamblea decidieron la toma del establecimiento y se declararon en huelga. La medida concitó el apoyo de los vecinos de los barrios de Mataderos, Lugano, Villa Luro y Floresta, que en solidaridad con la huelga se congregaron en la entrada del frigorífico. En la madrugada del 17, el gobierno envió 1.500 efectivos de la Federal, Gendarmería y Ejército, que desalojaron violentamente a obreros y vecinos, con el apoyo de tanques que derribaron la entrada. Según cuenta en “La clase obrera peronista” Roberto Baschetti, “Busquet Serra, presidente de la CAP, de la oligarquía terrateniente, le hizo saber a Borro y demás gremialistas que disponía de 25 millones de pesos para “negociar”: lo mandaron al carajo.” Honor a una generación de militantes sin dobleces.

Los principales dirigentes de la toma fueron presos y fueron echados 5.000 trabajadores. Un día después, la CGT del dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor convoca a una huelga general por tiempo indeterminado que tuvo una alta adhesión, pero que fue levantada el 20 de enero.

Berisso, Ensenada, Avellaneda y Dock Sud, localidades en las cuales se concentraban los establecimientos más importantes de la industria de la carne, fueron ocupadas por efectivos militarizados para reprimir las protestas. La agitación se extendió en fábricas de Capital, Gran Buenos Aires y Rosario; los paros siguieron hasta el 24 de enero.

El historiador Ernesto Salas señaló que “fue una huelga de fábrica que terminó insurreccionando el barrio de Mataderos, y en un momento preciso de la Resistencia Peronista, no en cualquier momento, por eso es recordada esa huelga aunque hubo muchas huelgas que no son tan recordadas”. La toma del frigorífico “significó un quiebre, un clivaje, entre lo que sería la etapa de la insurrección y la etapa de la guerrilla, porque se probó en esos días que la insurrección no funcionaba, porque hubo huelga general, atentados, distintos tipos de acciones violentas que no voltearon sino que por el contrario consolidaron al gobierno de Frondizi porque los dirigentes sindicales sintieron que era mejor que los militares”, explicó Salas.

La toma del Lisandro de la Torre (antes “Juan Perón”) fue una derrota para los trabajadores, porque no pudieron frenar la privatización, pero la medida de fuerza marcó el inicio de un período de alta conflictividad sindical. A lo largo de 1959 se perdieron dos millones de jornadas laborales como consecuencia de las acciones directas de los gremios, y al año siguiente, el gobierno puso en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) por el cual miles de trabajadores resultaron movilizados y militarizados.

En 1962 hubo elecciones legislativas y para gobernadores; el peronismo ganó en Buenos Aires y otras nueve provincias, pero Frondizi anuló esos comicios presionado por las tres armas. El 29 de marzo, el Presidente fue derrocado y colocaron en su puesto a José María Guido, que volvió a la proscripción y represión al peronismo dictadas siete años antes por el dictador Pedro Eugenio Aramburu. Guido era presidente de la Corte Suprema…

Contra ello, y en apoyo del conflicto, los comandantes de la difusa “Resistencia Peronista” hicieron estallar cientos de “caños” y sembraron de “miguelitos” las calles en Buenos Aires y otros puntos del país. La táctica de combate fue desautorizada por la contundente entrada en escena del movimiento obrero organizado. En enero de 1963 se realizó el Congreso Normalizador de la CGT, en el que se eligió la nueva conducción con dirigentes de las 62 y de los Independientes en partes iguales y se decide la realización de un plan de lucha. Buscaban reivindicaciones, económicas, sociales y políticas, todo un programa de gobierno. En su segunda etapa, el Plan de Lucha de 1964 iniciado en fábricas textiles y metalúrgicas movilizó millones de trabajadores en la ocupación de 11.000 establecimientos.

Cien años no es nada

 

El 29 de enero se cumple un siglo del estallido de la huelga de La Forestal en el lejano norte santafesino. Una reacción obrera a la explotación extrema a que eran sometidos los trabajadores de la empresa inglesa dedicada a la explotación del quebracho colorado. La huelga venía precedida de conflictos parciales desarrollados por los sindicatos de la FORA que exigían mejores salarios y condiciones de trabajo más humanas, empezando por las ocho horas de trabajo. A instancias del gobierno radical de Hipólito Irigoyen se había firmado un convenio colectivo que respondía a estos reclamos invariablemente incumplidos por la compañía.

La compañía inglesa de tierras, maderas y ferrocarriles, llegó con el siglo XX a Santa Fe. Monopolizó la producción y la distribución nacional e internacional del quebracho y puso fin a los intentos de convertir el norte boscoso en colonia agrícola. La Forestal fue un núcleo productivo integrado donde todo era de ellos: ferrocarriles, puertos, y hasta el mercado paralelo de la provista, ya que pagaban a sus trabajadores con vales en forma de “pagarés” que debían canjear en los almacenes de la misma empresa.

Legisladores denunciaban reiteradamente que La Forestal estafaba al fisco, defraudaba al Estado y reducía aborígenes y criollos a la esclavitud. La situación social era ocasionada por la miseria extrema, la mala calidad de la vivienda, las precarias condiciones de salud e higiene y la escasa alimentación. Las huelgas de La Forestal fueron conflictos olvidados (afortunadamente rescatados por el cine setentista y la película Quebracho); siempre medio perdidas entre las huelgas de la Patagónia Rebelde y la de los talleres Vasena que originaron la Semana Trágica porteña.

El trabajo de las mujeres es el gran ausente de la memoria colectiva como lo señalan varios autores. Empleadas domésticas, costureras, hacheras, telefonistas, empleadas de almacenes de ramos generales, enfermeras, y maestras, y hasta prostitutas se desempeñaban en los pueblos del quebracho. En el imaginario el universo productivo de La Forestal es “macho”. A ellas, arte y parte, su reconocimiento.

La Forestal había adquirido a precio vil 2 millones de hectáreas de en el norte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero y del Territorio Nacional del Chaco. Llevaba construidos 400 kilómetros de ferrocarriles y conectados distintos pueblos incluidos en el área de explotación como Villa Ana, Villa Guillermina, Florencia, donde armó las distintas fábricas que industrializaban los rollizos de quebracho. Llegó a tener moneda propia, policía uniformada (los famosos cardenales como se conocía a la gendarmería volante) y un ejército de patotas civiles organizados por la Liga Patriótica, especializada en perseguir sindicalistas y activistas y que terminó concretando en el año 1921 una masacre donde asesinaron entre 500 y 600 trabajadores.

Comercio cautivo: los vales moneda propia y pagarés eran parte del negocio.

El incumplimiento de los acuerdos previos desató aquel 29 de enero de 1921 la declaración de la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo y desató la represión que se convirtió en una verdadera cacería dado que los huelguistas se lanzaron hacia el monte para resistir, muchos de ellos acompañados de sus familias. Ahí los fueron a buscar los “Cardenales” y la Liga Patriótica. Medio siglo después repetirían la historia en el taco de la bota santafesina, contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Entonces se llamaron los “Pumas” y Triple A. Recorrer la historia desde la memoria sirve para entender cómo funciona la política y cómo juegan los intereses de clase. Ignorar esta perspectiva nos llena de asombro frente a los discursos irracionales de la derecha extrema, el comportamiento de los dirigentes nos parece increíble y vemos como novedoso lo más repetido de la historia.  

Fuente:¨Pagina/12

lunes, 18 de enero de 2021

El debate sobre el Ingreso Ciudadano en la Argentina: ¿La tercera es la vencida?

 

Fuente:ramble tamble blog
 

La crisis sanitaria, económica y social ha generado, en la Argentina, una amplia producción que podemos identificar como la tercera onda de debate sobre renta básica (RB) o ingreso ciudadano (IC).

La primera onda, durante los años noventa y hasta comienzos de los años 2000, se dio en el contexto de la transformación estructural de la economía argentina al amparo del proyecto neoliberal encabezado por Carlos Menem (PJ) y continuado por Fernando de la Rua (Alianza), que llevó al país a un colapso social sin precedentes: 1 de cada tres personas con problemas de empleo y más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. En ese contexto, se generaron dos movimientos con escaso grado de convergencia. Por un lado, la producción académica de investigadores ligados en su gran mayoría al CIEPP y la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, verdaderos pioneros de la discusión en la Argentina, planteando la necesidad de superar las falencias estructurales de la arquitectura del bienestar en el país, la implementación de una transferencia universal y no condicionada a la infancia y la defensa de una reforma fiscal orientada a unificar “los dos brazos del Estado”, el que recauda y el que gasta (Barbeito & Lo Vuolo, 1995; 1999). Por otro lado, la militancia activa de la Central de los Trabajadores Argentinos promoviendo la implementación de una asignación universal a la niñez, un seguro de capacitación y empleo para la vida adulta y la garantía de una jubilación para los adultos mayores. Las políticas públicas fueron en el sentido contrario: acotadas y focalizadas durante los años '90; ampliadas, pero con carácter temporal y sujetas a la contrapartida laboral típicas de programas de workfare en la post-crisis de la convertibilidad.

El período entre inicios de los años 2000 y mediados de la década siguiente puede ser identificado como un segundo momento del debate sobre renta básica en la Argentina. De modo concomitante a la producción IC a la niñez, surge una producción que tiene como foco de análisis los programas de transferencias implementadas, en particular, a la niñez y adolescencia (primero, el programa Familias para la Inclusión Social y luego la Asignación Universal por Hijo) y a las y los adultos mayores (moratorias provisionales que permitieron a las personas que no habían contribuido o a quienes les faltaban aporte acceder a una jubilación ordinaria del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). A pesar de la ampliación de las transferencias monetarias, los trabajos destacan el carácter segmentado del sistema de protección, que divide “beneficios” en función de la participación o marginación del mercado de empleo asalariado (Lozano y Lo Vuolo, 2009) como también la persistencia de las condicionalidades.

La crisis actual dio lugar a un tercer momento y ha dado lugar a un crecimiento significativo de la producción sobre RB. En parte, por lo que podemos llamar las excepcionalidades de la Argentina. En primer lugar, el país alterna, desde 2011, años de bajas tasas de crecimiento con otros de caída del producto. El debilitamiento del proyecto productivo-distribucionista (Kulfas, 2016) y la solución ortodoxa propuesta por la coalición de gobierno encabezada por Mauricio Macri (PRO), de claro sesgo conservador, han confluido en una situación drástica, caracterizada por aumento del desempleo y la informalidad y caída de los salarios reales. De hecho, datos del primer semestre de 2020, dan cuenta que 4 de cada 10 personas vive bajo la línea de pobreza. En segundo lugar, las debilidades de una economía con amplios sectores dominados por oligopolios, con alta inflación, expresión de la puja distributiva.

La crisis del COVID encontró a la coalición de gobierno con limitados márgenes de actuación, fundamentalmente por el alto endeudamiento público. En ese sentido, las respuestas expresaron la lógica dual del sistema de protección: tres pagos de una transferencia monetaria de $ 10.000 a desempleados e informales; 9 pagos de un subsidio a las empresas para afrontar parte de los salarios en el caso de los trabajadores formales. Al mismo tiempo, se aumentó el valor de las diversas transferencias monetarias. A pesar del activismo estatal, la magnitud de la crisis vuelve la inversión insuficiente (Lozano y Horwitz, 2020).

En ese contexto, se han esbozado diferentes propuestas como la necesidad de un "salario social" para desempleados e informales (Hagman, 2020), el estudio del trabajo garantizado (Mario, 2020) o la adopción de un IC o RB. Los trabajos analizan las ventajas de una propuesta universal e incondicional que son conocidas por los lectores de Sin Permiso: brindar protección social ex-ante y sentar las bases para la libertad real de las personas.

¿Cuán cerca está la Argentina de la adopción de un IC? Existen elementos que llaman al pesimismo, en particular el fuerte arraigo del trabajismo que asocia protección a empleo asalariado y el carácter poco articulado de una arquitectura del bienestar caracterizada por la fragmentación de programas en los tres niveles de gobierno con bajos grados de coordinación.

Por otro lado, podemos identificar ventajas para afirmar que el escenario es propicio para plantear la propuesta. Una de tipo coyuntural: por primera vez en mucho tiempo, sectores que están contra la intervención del Estado y que suelen tener una postura despectiva respecto de las personas contempladas por los programas asistenciales, han sentido los efectos de las carencias materiales en carne propia. Eso aumenta, aunque no sabemos en qué grado, los niveles de empatía, algo necesario para generar coaliciones de apoyo. Las otras, de tipo estructural: por un lado, el gasto social en Argentina no es bajo; por otro, el país tiene una larga tradición de incorporación social con políticas universales (Garcés, 2020).

Avanzar hacia la implementación de un IC demanda responder una serie de cuestionamientos: en primer lugar, cómo garantizar su financiamiento y, relacionado con ese punto, cómo fortalecer la capacidad fiscal del Estado. Es decir, cómo llevar a cabo reformas tributarias progresivas y controlar los diferentes mecanismos de fuga y evasión de las elites locales, acostumbradas a imponer su poder de veto sobre la agenda distributiva. En segundo lugar, cómo realizar una articulación virtuosa con la institucionalidad existente en materia de protección social que alcanza un amplio número de agencias y actores de los diferentes niveles de gobierno. Por último, pero no menos importante, cómo generar una amplia coalición de apoyo que venza resistencias ideológicas de los actores políticos y sociales necesarios para llevar adelante una propuesta como esta: políticos, burocracias, sindicatos, movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos. En última instancia, se trata de ir a contracorriente de la larga institucionalización basada sobre el empleo.

La suerte no está echada y los hombres y mujeres somos artífices de nuestra historia. Si al pesimismo de la razón le anteponemos el optimismo de la voluntad, la defensa de un ingreso ciudadano puede ser la base para la conformación de un sistema de protección basado en un criterio de justicia social.

Fuente: Este artículo es una versión reducida del Documento de Trabajo n. 106 del CIEPP intitulado “La Renta Básica (o Ingreso Ciudadano) Universal e Incondicional. El Debate en la Argentina”. Disponible en: https://bit.ly/3pWGSmO.

Referencias

Barbeito, A. y Lo Vuolo, R. Contra la exclusión: La propuesta del ingreso ciudadano, CIEPP-Miño y Dávila, Buenos Aires,1995.

Garcés, L. La oportunidad de un ingreso ciudadano universal. Octavo Monográfico Sin Permiso, 2020, pp. 130-132.

Hagman, I. “Llegó el momento del salario universal?” Panamá Revista, 10 Abril de 2020. Disponible en: https://bit.ly/36Xetac. Acceso en: 20 Nov. 2020.

Lo Vuolo, R., Barbeito, A., Pautassi, L. y Rodríguez Enríquez, C. La pobreza de la política contra la pobreza. CIEPP-Miño y Dávila, Buenos Aires, 1999.

Lozano, C. y Lo Vuolo, R. Dosssier. “La encrucijada del IC universal en la Argentina”. I Monográfico Sin Permiso, 2013, pp. 158-162. 1 de noviembre de 2009.

Lozano, C. y Horwitz, S. “Políticas alimentarias y de transferencias de ingresos. Análisis del alcance de los programas que buscan atender el hambre y la pobreza en nuestro territorio”. Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, Central de los Trabajadores Argentinos, Buenos Aires, 2020.

Mario, A. Teoría del empleo moderno y empleo de última instancia. Cómo la Argentina puede usar el pleno empleo para controlar la inflación. Moreno, Editorial de la Universidad Nacional de Moreno, 2020.
 
Profesor de la Universidade Federal da Integração Latino-americana
       Cecilia del Bono 
 Profesora de la Universidad de Buenos Aire