Cecilia del Bono
La
crisis sanitaria, económica y social ha generado, en la Argentina, una
amplia producción que podemos identificar como la tercera onda de debate
sobre renta básica (RB) o ingreso ciudadano (IC).
La
primera onda, durante los años noventa y hasta comienzos de los años
2000, se dio en el contexto de la transformación estructural de la
economía argentina al amparo del proyecto neoliberal encabezado por
Carlos Menem (PJ) y continuado por Fernando de la Rua (Alianza), que
llevó al país a un colapso social sin precedentes: 1 de cada tres
personas con problemas de empleo y más de la mitad de la población bajo
la línea de pobreza. En ese contexto, se generaron dos movimientos con
escaso grado de convergencia. Por un lado, la producción académica de
investigadores ligados en su gran mayoría al CIEPP y la Red Argentina de
Ingreso Ciudadano, verdaderos pioneros de la discusión en la Argentina,
planteando la necesidad de superar las falencias estructurales de la
arquitectura del bienestar en el país, la implementación de una
transferencia universal y no condicionada a la infancia y la defensa de
una reforma fiscal orientada a unificar “los dos brazos del Estado”, el
que recauda y el que gasta (Barbeito & Lo Vuolo, 1995; 1999). Por
otro lado, la militancia activa de la Central de los Trabajadores
Argentinos promoviendo la implementación de una asignación universal a
la niñez, un seguro de capacitación y empleo para la vida adulta y la
garantía de una jubilación para los adultos mayores. Las políticas
públicas fueron en el sentido contrario: acotadas y focalizadas durante
los años '90; ampliadas, pero con carácter temporal y sujetas a la
contrapartida laboral típicas de programas de workfare en la post-crisis
de la convertibilidad.
El
período entre inicios de los años 2000 y mediados de la década
siguiente puede ser identificado como un segundo momento del debate
sobre renta básica en la Argentina. De modo concomitante a la producción
IC a la niñez, surge una producción que tiene como foco de análisis los
programas de transferencias implementadas, en particular, a la niñez y
adolescencia (primero, el programa Familias para la Inclusión Social y
luego la Asignación Universal por Hijo) y a las y los adultos mayores
(moratorias provisionales que permitieron a las personas que no habían
contribuido o a quienes les faltaban aporte acceder a una jubilación
ordinaria del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). A pesar de
la ampliación de las transferencias monetarias, los trabajos destacan
el carácter segmentado del sistema de protección, que divide
“beneficios” en función de la participación o marginación del mercado de
empleo asalariado (Lozano y Lo Vuolo, 2009) como también la
persistencia de las condicionalidades.
La
crisis actual dio lugar a un tercer momento y ha dado lugar a un
crecimiento significativo de la producción sobre RB. En parte, por lo
que podemos llamar las excepcionalidades de la Argentina. En primer
lugar, el país alterna, desde 2011, años de bajas tasas de crecimiento
con otros de caída del producto. El debilitamiento del proyecto
productivo-distribucionista (Kulfas, 2016) y la solución ortodoxa
propuesta por la coalición de gobierno encabezada por Mauricio Macri
(PRO), de claro sesgo conservador, han confluido en una situación
drástica, caracterizada por aumento del desempleo y la informalidad y
caída de los salarios reales. De hecho, datos del primer semestre de
2020, dan cuenta que 4 de cada 10 personas vive bajo la línea de
pobreza. En segundo lugar, las debilidades de una economía con amplios
sectores dominados por oligopolios, con alta inflación, expresión de la
puja distributiva.
La
crisis del COVID encontró a la coalición de gobierno con limitados
márgenes de actuación, fundamentalmente por el alto endeudamiento
público. En ese sentido, las respuestas expresaron la lógica dual del
sistema de protección: tres pagos de una transferencia monetaria de $
10.000 a desempleados e informales; 9 pagos de un subsidio a las
empresas para afrontar parte de los salarios en el caso de los
trabajadores formales. Al mismo tiempo, se aumentó el valor de las
diversas transferencias monetarias. A pesar del activismo estatal, la
magnitud de la crisis vuelve la inversión insuficiente (Lozano y
Horwitz, 2020).
En
ese contexto, se han esbozado diferentes propuestas como la necesidad
de un "salario social" para desempleados e informales (Hagman, 2020), el
estudio del trabajo garantizado (Mario, 2020) o la adopción de un IC o
RB. Los trabajos analizan las ventajas de una propuesta universal e
incondicional que son conocidas por los lectores de Sin Permiso: brindar
protección social ex-ante y sentar las bases para la libertad real de
las personas.
¿Cuán
cerca está la Argentina de la adopción de un IC? Existen elementos que
llaman al pesimismo, en particular el fuerte arraigo del trabajismo que
asocia protección a empleo asalariado y el carácter poco articulado de
una arquitectura del bienestar caracterizada por la fragmentación de
programas en los tres niveles de gobierno con bajos grados de
coordinación.
Por
otro lado, podemos identificar ventajas para afirmar que el escenario
es propicio para plantear la propuesta. Una de tipo coyuntural: por
primera vez en mucho tiempo, sectores que están contra la intervención
del Estado y que suelen tener una postura despectiva respecto de las
personas contempladas por los programas asistenciales, han sentido los
efectos de las carencias materiales en carne propia. Eso aumenta, aunque
no sabemos en qué grado, los niveles de empatía, algo necesario para
generar coaliciones de apoyo. Las otras, de tipo estructural: por un
lado, el gasto social en Argentina no es bajo; por otro, el país tiene
una larga tradición de incorporación social con políticas universales
(Garcés, 2020).
Avanzar
hacia la implementación de un IC demanda responder una serie de
cuestionamientos: en primer lugar, cómo garantizar su financiamiento y,
relacionado con ese punto, cómo fortalecer la capacidad fiscal del
Estado. Es decir, cómo llevar a cabo reformas tributarias progresivas y
controlar los diferentes mecanismos de fuga y evasión de las elites
locales, acostumbradas a imponer su poder de veto sobre la agenda
distributiva. En segundo lugar, cómo realizar una articulación virtuosa
con la institucionalidad existente en materia de protección social que
alcanza un amplio número de agencias y actores de los diferentes niveles
de gobierno. Por último, pero no menos importante, cómo generar una
amplia coalición de apoyo que venza resistencias ideológicas de los
actores políticos y sociales necesarios para llevar adelante una
propuesta como esta: políticos, burocracias, sindicatos, movimientos
sociales, ciudadanas y ciudadanos. En última instancia, se trata de ir a
contracorriente de la larga institucionalización basada sobre el
empleo.
La
suerte no está echada y los hombres y mujeres somos artífices de
nuestra historia. Si al pesimismo de la razón le anteponemos el
optimismo de la voluntad, la defensa de un ingreso ciudadano puede ser
la base para la conformación de un sistema de protección basado en un
criterio de justicia social.
Fuente:
Este artículo es una versión reducida del Documento de Trabajo n. 106
del CIEPP intitulado “La Renta Básica (o Ingreso Ciudadano) Universal e
Incondicional. El Debate en la Argentina”. Disponible en: https://bit.ly/3pWGSmO.
Referencias
Barbeito, A. y Lo Vuolo, R. Contra la exclusión: La propuesta del ingreso ciudadano, CIEPP-Miño y Dávila, Buenos Aires,1995.
Garcés, L. La oportunidad de un ingreso ciudadano universal. Octavo Monográfico Sin Permiso, 2020, pp. 130-132.
Hagman, I. “Llegó el momento del salario universal?” Panamá Revista, 10 Abril de 2020. Disponible en: https://bit.ly/36Xetac. Acceso en: 20 Nov. 2020.
Lo
Vuolo, R., Barbeito, A., Pautassi, L. y Rodríguez Enríquez, C. La
pobreza de la política contra la pobreza. CIEPP-Miño y Dávila, Buenos
Aires, 1999.
Lozano,
C. y Lo Vuolo, R. Dosssier. “La encrucijada del IC universal en la
Argentina”. I Monográfico Sin Permiso, 2013, pp. 158-162. 1 de noviembre
de 2009.
Lozano,
C. y Horwitz, S. “Políticas alimentarias y de transferencias de
ingresos. Análisis del alcance de los programas que buscan atender el
hambre y la pobreza en nuestro territorio”. Instituto Pensamiento y
Políticas Públicas, Central de los Trabajadores Argentinos, Buenos
Aires, 2020.
Mario,
A. Teoría del empleo moderno y empleo de última instancia. Cómo la
Argentina puede usar el pleno empleo para controlar la inflación.
Moreno, Editorial de la Universidad Nacional de Moreno, 2020.
Profesor de la Universidade Federal da Integração Latino-americana
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