Macri contra los Parques Nacionales
La naturaleza para los ricos
Es
decir, al bajar el rango de la decisión sobre cómo deben otorgarse
estas concesiones, en la práctica y con la habitual lógica de mercado
que el gobierno usa para administrar el Estado, Macri le bajó el precio a
un negocio que se hará a costa de nuestros parques nacionales. ¿Por qué
lo hizo? Necesitaba acelerar, simplificar y abaratar la entrega de
concesiones para inversores que están interesados en aprovechar el
concurso público “Oportunidades Naturales”. Este programa pretende
habilitar la construcción y concesión hasta por 30 años (y sin pagar
nada al Estado por 5 años), de emprendimientos de infraestructura
hotelera y gastronómica de élite dentro de 19 de nuestros parques.
La naturaleza para los ricos
El gobierno busca abrir nuevas
áreas para que sus amigos hagan negocios y decidió habilitar la
construcción de emprendimientos hoteleros dentro de los Parques
Nacionales. Una trama económica que está por detrás de la represión a
los mapuches y la muerte de Rafael Nahuel.
El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto 368/19,
mediante el cual el presidente Mauricio Macri avanzó arteramente sobre
la autarquía de la Administración de Parques Nacionales, con el
principal objetivo de allanar el camino para la concreción de
determinados negocios privados en zonas de parques nacionales.
El artículo N° 6 de la Ley 22351 de Parques Nacionales establece que “La
infraestructura destinada a la atención del visitante de los Parques
Nacionales y Monumentos Naturales se ubicará en las Reservas Nacionales.
De no ser posible prestar desde éstas una adecuada atención, la que se
sitúe, con carácter de excepción, en los Parques Nacionales se limitará a
lo indispensable para no alterar las condiciones del estado natural de
éstos. A tales fines y siempre que resulte justificado en virtud de un
interés general manifiesto, el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de
la Administración de Parques Nacionales que exprese que no significará
una modificación substancial del ecosistema del lugar, podrá acordar,
mediante Decreto singular, autorización para construir edificios o
instalaciones destinados a la actividad turística, y, en tal caso, se
faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar -con todos los mencionados
recaudos- concesiones de uso, de hasta treinta años.”
Mauricio Macri no vio ninguna necesidad de borrar el artículo. Ni
siquiera modificó su redacción. Con la remanida excusa de modernizar el
Estado, desconcentrar la toma de decisiones y simplificar procesos
burocráticos, asignó las competencias de este artículo de la Ley al
Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo sustentable, Rabino
Sergio Bergman.
Es
decir, al bajar el rango de la decisión sobre cómo deben otorgarse
estas concesiones, en la práctica y con la habitual lógica de mercado
que el gobierno usa para administrar el Estado, Macri le bajó el precio a
un negocio que se hará a costa de nuestros parques nacionales. ¿Por qué
lo hizo? Necesitaba acelerar, simplificar y abaratar la entrega de
concesiones para inversores que están interesados en aprovechar el
concurso público “Oportunidades Naturales”. Este programa pretende
habilitar la construcción y concesión hasta por 30 años (y sin pagar
nada al Estado por 5 años), de emprendimientos de infraestructura
hotelera y gastronómica de élite dentro de 19 de nuestros parques.
La aplicación del artículo 6 de la Ley tal como estaba tornaba engorroso
el trámite para una entrega que debe concluir antes del fin del mandato
presidencial. Ahora, con la sola firma del secretario que gusta
disfrazarse de árbol, más la anuencia de los otros ex CEOS que integran
el actual directorio de Parques Nacionales, podrán habilitar en cada
parque la concesión de hasta 30 unidades turísticas, que pueden ser:
Camping con comodidades (en la actualidad se conoce como “Glamping”, una
fresca conjunción de las palabras camping y glamour), Ecolodge,
Cabañas, Hosterías, Servicios gastronómicos y otras iniciativas. Eso sí,
sólo podrán ubicar 16 unidades por hectárea y la zona gastronómica debe
ser una sola para todos.
La oferta internacional, que se parece más a un remate que a un
concurso, tiene un sugerente subtítulo “Escenarios de una belleza única
para el desarrollo de servicios turísticos en la naturaleza”. Lo
complementa con un pintoresco párrafo en el que se explica el sentido
filosófico de la propuesta: “Descubrí de Norte a Sur, en el Litoral de
los grandes ríos, entre selvas de altura y valles encantados, bajo un
cielo de mil estrellas, entre antiguos paisajes que parecen de otro
planeta, en las serranías del Centro y atravesando bosques como de
cuentos, con lagos turquesas custodiados por cumbres emblemáticas,
rodeados de glaciares, por caminos que llevan hasta el fin del mundo, el
lugar para tu próxima inversión: Argentina, destino de naturaleza.”
Tal como lo señalan los propios trabajadores de Parques Nacionales en un
comunicado “en el mundo desde hace tiempo se evita hacer construcciones
dentro de las áreas protegidas por el gran impacto que generan, y se
fomentan en sus alrededores para dar oportunidades de desarrollo a las
comunidades vecinas”. Este concurso público permitirá diversificar un
nicho de negocios muy seductor para ciertos capitales privados: el
turismo de élite. En la web oficial explican que “se trata de brindar
prestaciones de hospedaje con servicios personalizados e instalaciones
confortables integradas a la identidad cultural y regional donde se
emplazarán, fomentando el contacto con el entorno natural. Su
arquitectura debe integrarse con el medio ambiente que rodea utilizando
materiales sustentables para su construcción, con una impronta
contemporánea”. O sea, instalaciones de descanso para ricos
indirectamente subsidiadas por todos los ciudadanos argentinos mediante
exenciones impositivas y cánones ridículos, pero que sean cool.
Si bien el repudio de los trabajadores de Parques Nacionales aún no ha
podido trascender el ámbito de las redes sociales y algunos medios
locales o regionales, ya despertó el rechazo de un puñado de senadoras
nacionales que lo plasmaron en un proyecto de declaración ingresado a la
cámara alta el pasado 30 de mayo.
¿Quién administra Parques Nacionales?
La Administración Nacional está integrada por un presidente y un vice,
más un vocal por cada uno de los ministerios o secretarías de gobierno
que tienen injerencia en la cuestión, a saber: secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable; secretaría de Turismo, ministerio de Defensa y
ministerio del Interior. Es de suponer que los funcionarios afectados a
tan noble tarea de proteger estas áreas del patrimonio natural y
cultural de todos los argentinos deberían tener los suficientes
antecedentes para la función. Pues parece que no.
Veamos lo que dice la web oficial de Parques Nacionales. El presidente
es Eugenio Bréard, un hombre de negocios que fue vicepresidente de la
filial argentina de la tabacalera Phillip Morris y también fue
presidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero, un millonario
negocio inmobiliario nacido al calor de la década menemista.
Quien secunda a Bréard sí tiene una relación con la cuestión ambiental.
Se trata de Emiliano Ezcurra, que fue director de Campañas de la
multinacional ecologista Greenpeace y dueño de la fundación Banco de
Bosques, que trata de “salvar” bosques nativos en riesgo mediante la
búsqueda de financiamiento voluntario.
El vocal designado por la secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable es el licenciado en Comercialización Pablo Galli, egresado
de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con posgrados en las
universidades estadounidenses de Chicago y Columbia, que entre sus
múltiples roles de CEO y director cuenta haber sido decisor en las
empresas Pepsicola, Telefe S.A., Canal 9 y Capital Intelectual S.A. e
integrante de Managing Partner de Newlink Group en Argentina, “empresa
dedicada a la consultoría estratégica y comunicaciones en América Latina
con fuerte énfasis en las industrias de Turismo, Tecnología, Finanzas y
Alimentación”.
La secretaría de Turismo nombró a Roberto Brea, un licenciado en
Administración de Empresas de la UCA, que fue directivo en varios grupos
inmobiliarios y actualmente ocupa la presidencia de la farmacéutica
Laboratorios Andrómaco S.A.
El ministerio de Defensa de la Nación delegó la tarea en el arquitecto
Gerardo Bianchi, quien entre 1980 y 1992 tuvo a cargo la dirección y
ejecución de Obras en la Casa Central y en los Parques Nacionales Los
Glaciares, Tierra del Fuego, Los Alerces, Calilegua e Iguazú, entre
otros. En 1992, tras desempeñarse como arquitecto en la Secretaría de
Agricultura y Ganadería de la Nación, abandonó la función pública y se
dedicó de lleno a la actividad privada.
El representante que se designó en representación del ministerio de
Interior que conduce Rogelio Frigerio es Luis E. Giménez Tournier, un
Máster en Administración de Negocios que fundó y gerencia actualmente la
empresa Omnigraphics Argentina S. A., además ser socio director en
Inalambrik S. A., una compañía dedicada al desarrollo de software
mobile.
Como se ve, es muy difícil advertir en ese perfil de directores planes
de políticas públicas destinadas a garantizar la preservación en función
social y científica de nuestras reservas naturales para el conjunto de
las generaciones actuales y venideras.
Fueron dejando sus huellas
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, varias son las señales
de alerta que se encendieron para poder advertir la trama de lo que hoy
ocurre en distintos Parque Nacionales de la Argentina:
Los intentos de expulsión violenta de comunidades originarias que
pretenden resguardar su relación con la naturaleza, lejos de cualquier
interés de aprovechamiento económico. Ejemplo de esta nefasta decisión
fue el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido tras una manda de desalojo
pedida por el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Un acelerado interés en la promoción para designar patrimonios de la
humanidad o maravillas naturales a sitios que pueden ser altamente
promocionados para el ecoturismo y su aliado preferido, el turismo
exclusivo o de élite. Esto se logra generalmente con el acuerdo de
dirigentes y empresarios locales, pero sin los mecanismos mínimos de
consulta a las comunidades aledañas a los parques.
Un marcado desinterés por los avances de interacción social, económica y
política que se habían logrado con organizaciones propias de los
pobladores de los parques nacionales, que están allí incluso desde antes
de la creación de los mismos.
La reducción de recursos presupuestarios para el desarrollo normal de la tarea de los guardaparques.
Una creciente restricción al uso de zonas de acampe libre, senderos
públicos y accesos al disfrute de zonas de alto interés para el conjunto
de los ciudadanos, independientemente de su condición económica. Esto
tiene variaciones en los diferentes parques y muchas veces cuenta a su
favor con un bienintencionado afán conservacionista de los responsables
administrativos territoriales de los mismos y la desidia o desinterés de
los responsables políticos de comunidades cercanas.
Sin dudas hay muchos elementos más para señalar respecto a esta grave
situación. Hay serias y fundadas denuncias realizadas por los
trabajadores de Parques Nacionales de todo el país. Pero la principal
denuncia debe necesariamente surgir de las propias comunidades que
interactúan permanentemente con estas áreas de conservación. Son sus
ciudadanos y sus autoridades las que deben empezar a frenar
definitivamente este nuevo intento por entregar al usufructo de unos
pocos privados vinculados al poder un bien que nos es común a todos.
Fuente: Enestosdías.
Fuente:Pagina/12
No hay comentarios:
Publicar un comentario