Los jueces consideraron que no había pruebas y
dejaron sin condena el caso Marita Verón. La madre, Susana Trimarco,
dijo que pedirá su juicio político. Llamado de Cristina Kirchner.
Por Soledad Vallejos
Desde San Miguel de Tucumán
Absueltos. Anoche un tribunal tucumano resolvió, “por unanimidad”,
que ninguno de los trece imputados por el secuestro y la promoción de la
prostitución de Marita Verón debía ser condenado. Cuatro horas después
de lo anunciado inicialmente, tras esperar bajo el calor espeso del fin
de la tarde en las escaleras del Palacio de Justicia, Susana Trimarco
escuchó que la Sala II de la Cámara en lo Penal absolvía a los acusados
para quienes la fiscalía había pedido entre 25 y 12 años y medio de
prisión, en función de las responsabilidades adjudicadas. La lectura de
la resolución no llevó más de diez minutos. La secretaria del juzgado
leyó: no se hacía lugar a la acción civil, todos resultaban absueltos.
Antes de que se terminara de escuchar el veredicto, la sala donde se
realizaba la audiencia estalló: Gonzalo “Chenguita” Gómez gritó
“¡mamá!”; Irma Medina quiso abrazarlo; Fernando “Chenga” Gómez rompió en
llanto. Los familiares y amigos del resto de los imputados sollozaron
entre gritos. La lectura de quiénes quedaban absueltos debió recomenzar.
Eran todos. Hubo un instante de silencio. Susana Trimarco permaneció
mirando al frente, en silencio. Desde un banco detrás de ella, Rosa
Schonfeld, madre del estudiante Miguel Bru, no contuvo un sonoro “¡hijos
de puta!”. Y la sala estalló. La policía de-salojó el lugar en tiempo
record.
En la cabina de una camioneta, acompañada por los abogados Carlos
Varela Alvarez y José D’Antona, Susana Trimarco dejó el lugar; en la
caja del vehículo, el diputado nacional Horacio Pietragalla sollozaba.
Minutos después, en la Fundación María de los Angeles, el abogado
Varela Alvarez advirtió que “esto no termina acá”. “Es una vergüenza,
una estafa” y “la van a pagar”, dijo a continuación Trimarco, quien
segundos antes había pedido a una abogada de la Fundación y amiga de
Marita que dejara de llorar. “La adversidad nos hace fuertes”, arremetió
el abogado D’Antona, quien reiteró lo que había contado Trimarco: al
conocer la noticia, Micaela, la hija de Marita, ya adolescente, lloró.
“El Poder Judicial de Tucumán está podrido”, señaló, antes de adelantar
que “las lágrimas de Micaela las van a pagar con el cargo”. “No pararé
hasta pedir el juicio político a los jueces”, dijo Trimarco. D’Antona
añadió que el Poder Judicial de Tucumán debe ser “intervenido” porque el
fallo “es un acto de corrupción”.
Trimarco relató entonces que había recibido un llamado de Cristina
Kirchner: “No puedo creer lo que hicieron, contá conmigo”, contó que le
había dicho.
El veredicto estaba anunciado para las cinco de la tarde. Minutos
antes de dar esa hora, la cita fue pospuesta para las siete. Los jueces
Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo
Antonio Romero Lascano permanecían en el Palacio de Justicia desde el
fin de la instancia de últimas palabras de los imputados, a media
mañana. A quince minutos de las siete, Susana Trimarco cruzaba la plaza
de los tribunales escoltada por los abogados, Varela Alvarez, D’Antona,
Carlos Garmendia y Germán Díaz. Le seguían los pasos funcionarios
nacionales, provinciales, diputados. Al verla, las decenas de personas
de organizaciones sociales y partidos políticos que se concentraban en
el lugar comenzaron a aplaudir. Poco después, todos entonaban “Todavía
cantamos”, cuya letra el abogado Varela Alvarez había repartido.
Siete y media, Trimarco esperaba ante las puertas de los tribunales.
El calor tucumano apretaba. Por la cuadra y las escaleras rondaban
haciendo tiempo los diputados Pietragalla y Stella Maris Córdoba; la
coordinadora del Programa Nacional de Rescate a víctimas de trata, Zaida
Gatti, la legisladora (MC) Vilma Ripoll, el jefe de la División Trata
de Personas de la policía tucumana, Julio Fernández; el subsecretario de
Política Criminal de la Nación, Juan Mena. La espera se extendía, pero
no había palabras que la explicara. A la vuelta de la esquina, sobre
otra calle, los imputados esperaban también que les franquearan el
ingreso. Juan Derobertis esperaba bajo un árbol; Chenguita Gómez se
apoyaba sobre una valla mientras su novia le acariciaba la cabeza.
Recién poco después de las ocho, a instancias de uno de los abogados
de la querella, la policía judicial permitió a Trimarco ingresar al
edificio, pero sólo cuarenta minutos después le permitieron el paso a la
sala de audiencias. Desde las escaleras donde primero habían tomado
asiento, la madre de Marita Verón comenzaba a inquietarse. A instancias
del abogado D’Antona, integrantes de la policía judicial intermediaron
con personal del juzgado. “No nos tengan miedo. Vamos a escuchar
cualquier resultado. Hace diez años que esperamos y necesitamos una
respuesta”, dijo desde la escalera Varela Alvarez, que pedía que alguien
comunicara sus palabras a los jueces. “Si la respuesta es adversa,
haremos lo necesario. Le pedimos a la Justicia tucumana que no nos tenga
miedo”.
Minutos después, permitieron que Trimarco y su equipo subiera el
tramo de escaleras que faltaba. Los imputados y todos sus abogados ya se
encontraban allí. La imputada Medina tenía los ojos colorados, la
imputada Milhein lloraba, el menor de los imputados Gómez a duras penas
se contenía.
Eran las nueve y diez y en la Sala II de la Cámara en lo Penal no
volaba una mosca. La fila de bancos más cercana a la puerta cobijaba a
Trimarco, integrantes de la Fundación María de los Angeles,
representantes de instituciones y organizaciones sociales. Entre una y
otra fila, policías. Contra las paredes, policías; entre el banco para
la prensa y el sector de los imputados, policías. La secretaria del
juzgado dijo “de pie”, la puerta de la salita de los jueces se abrió y
el aire se cortaba con un cuchillo.
Lo que estaba por leer la secretaria del juzgado, adelantó el
presidente del tribunal, Piedrabuena, era “una breve síntesis” cuyos
fundamentos serían dados a conocer el 18. La funcionaria judicial
anunció que las decisiones habían sido tomadas por unanimidad y leyó:
que los hermanos María Jesús y Víctor Angel Rivero, Daniela Milhein y
Andrés Alejandro González eran absueltos; que también lo era el ex
policía Pascual Andrada; que Derobertis, Fernando Gómez, Azucena
Márquez...
–¡Mamá! –gritó entonces Chenguita, y en la sala empezó a crecer un
murmullo. Le siguió un ruido. La lectura del veredicto ya no se
escuchaba.
La secretaria retomó. La lista de absueltos continuaba con Mariana Bustos, Carlos Luna, Paola Gaitán, Gonzalo Gómez.
–¡Gracias dios mío! –estalló Chenga.
A metros, desde la fila de bancos tras Trimarco se escuchaban tantos
sollozos como desde la fila de familiares y amigos de los imputados.
La secretaria leyó que el tribunal no hacía a lugar a la acción
civil. Que remitía “las piezas procesales pertinentes” a una fiscalía de
instrucción en el caso de Milhein y González, y al Juzgado de
Instrucción Nº 3 en el caso de Medina, sus hijos, Bustos, Luna, Gaitán,
Márquez y Andrada para “la correspondiente investigación de las
eventuales conductas criminosas”.
Rosa Schonfeld gritó “¡hijos de puta!”. Todo el público se puso de pie en un segundo. La policía de-salojó la sala.
La plaza ante tribunales estallaba en cánticos que pedían justicia.
Al cabo de media hora, en la Fundación María de los Angeles reinaban el
silencio, los ojos llorosos.
Flanqueada por sus abogados, acompañada por los diputados y
funcionarios nacionales y provinciales, Trimarco dijo que “ya tenía
información de que La Chancha (Rubén) Ale ha sacado los dólares debajo
del colchón y les puso a ellos”, en referencia a los jueces, a quienes
ella y los abogados sindicaron de “corruptos”. “No puede ser esto. Es
una vergüenza, es una estafa. Estafaron a todas las pobres víctimas que
se sentaron a decir lo que les hicieron”, dijo. Y señaló que “estoy más
firme que nunca, así –y sin levantarse de la silla marcó el paso con dos
fuertes pisadas–, como un soldado. No voy a parar hasta que estos tres
delincuentes estén donde tengan que estar”.
Habían quedado atrás diez años de investigación; diez meses de debate oral; cuatro horas de espera en plena calle.
Fuente : Página/12
No hay comentarios:
Publicar un comentario