El 21 de febrero, el primer ministro español le reclamará al británico Cameron que abra las negociaciones por el Peñón de Gibraltar. Argentina sigue con atención el conflicto que replica lo que sucede en las Malvinas.
Por Martín GranovskyEl reclamo se concretará el 21 en Londres. Ese día el primer ministro David Cameron recibirá este mensaje: el Reino Unido debe negociar la soberanía porque así lo marcan pactos previos y el derecho internacional. No se trata, sin embargo, de la soberanía de las islas Malvinas. Tampoco serán portadores de este mensaje ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni su canciller, Héctor Timerman, sino el propio Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español. Rajoy se propone elevar a Cameron la cuestión de Gibraltar.
Rajoy es conservador como Cameron. Comparten la mirada sobre la crisis europea –resolver los problemas con la menor dosis posible de regulaciones–, aunque el primero debe lidiar con el cepo de euro, que no afecta a Londres porque sus gobernantes nunca quisieron abandonar la libra.
Pero el nuevo primer ministro español no llegará a Londres con buenas perspectivas. Cameron acaba de ser con Rajoy tan duro como con el estado argentino, cuando acusó al gobierno de Cristina de “colonialista” porque no respetaba el presunto derecho de autodeterminación de los isleños.
El jueves último expuso la posición británica el ministro de Asuntos Europeos, David Lidington.
Su postura incluyó dos puntos:
- El primero, que Londres no cambiará el estado legal de Gibraltar sin la aprobación expresa de sus habitantes.
- El segundo, que si las autoridades de Gibraltar no acuerdan con ello, ni siquiera comenzará una negociación sobre la soberanía.
Lidington habló en un foro delante de empresarios.
Pero Cameron se le adelantó. Para que no queden dudas sobre la posición oficial, reivindicó el “derecho de autodeterminación” de los gibraltareños. El mismo punto de vista de los británicos sobre los habitantes de Malvinas. Tanto los de Gibraltar como los de las islas están a favor, naturalmente, de seguir bajo la Corona británica.
José Manuel García-Margallo, el canciller de España, dijo que la opinión de Lidington contradice “de manera absoluta” el llamado Proceso de Bruselas de 1984. En ese momento los dos países se comprometieron a negociar la soberanía. Según García-Margallo, la posición del gobierno de Cameron también viola el Tratado de Utretch de 1713.
El Proceso de Bruselas, firmado durante el primer gobierno del socialista Felipe González, que inició su mandato en 1982, fijaba un marco de negociación sólo bilateral. Excluía de la decisión final a los habitantes de Gibraltar, aunque les daba derecho a voz en las tratativas y hacía menos estrictas las restricciones para ellos. España aceptó aflojar el rigor como parte del proceso de entrada a la entonces existente Comunidad Económica Europea. Ablandar las condiciones de vida de los gibraltareños era una de las exigencias inglesas para levantar el veto a la integración española.
Luego otro socialista, el recientemente derrotado José Luis Rodríguez Zapatero, en 2006 firmó acuerdos que flexibilizan la vida cotidiana de los habitantes de Gibraltar, en una forma de acercamiento que de hecho convirtió el esquema bipartito en uno tripartito: Londres, Madrid y Gibraltar. El anuncio de 2006 establecía mecanismos para el tránsito de fronteras entre Algeciras y Gibraltar, el uso del aeropuerto y facilidades en telecomunicaciones.
Durante la campaña electoral, Rajoy ya había anunciado que volvería al criterio de Bruselas ’84.
El Tratado de Utretch, por el cual España cedió Gibraltar, se firmó después de una derrota marítima española luego de la cual el Reino Unido ya se había apoderado del Peñón que vigila el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo.
Desde su constitución de 2006, Gibraltar tiene elecciones parlamentarias. Las últimas, el 8 de diciembre, las ganó Fabián Picardo al frente de una coalición del Partido Socialista Laborista de Gibraltar y los Liberales. El padrón es de 21 mil personas sobre una población de 29 mil habitantes, o sea diez más que los residentes en Malvinas. Picardo está a punto de cumplir 40 años y es un abogado doctorado en Oxford. Es nieto de una española que huyó después de la derrota republicana ante Francisco Franco en la Guerra Civil y se refugió en Gibraltar, donde se casó con un hombre nacido en el Peñón.
Picardo rechaza cualquier negociación de soberanía sobre Gibraltar, de modo que completa así la postura de Cameron. Sucede lo mismo que en Malvinas.
El canciller español dijo a su colega británico William Hague que ni el Tratado de Utrecht ni la jurisprudencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre descolonización habla del derecho de autodeterminación de los habitantes de un territorio colonial.
Gibraltar es la última colonia existente en Europa.
Aun conociendo las diferencias históricas y políticas, el gobierno argentino sigue con atención las idas y vueltas entre dos socios como España y el Reino Unido, que estuvieron juntos nada menos que en operaciones militares conjuntas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Funcionarios del Gobierno que pidieron reserva de identidad dijeron que para la Argentina es buena noticia cuando otro estado formula un reclamo similar para comenzar las discusiones de soberanía con Gran Bretaña.
La administración de Cristina Fernández de Kirchner viene desplegando una escalada diplomática que deja de lado cualquier guiño al militarismo. En los discursos de la misma presidenta y de su canciller, Héctor Timerman, sólo figura la promesa de seguir actuando por la vía diplomática y la exigencia de abrir una mesa bilateral de negociaciones sobre la soberanía. Para sumar masa crítica de apoyo, el Gobierno ya consiguió que los países del Mercosur se nieguen a que barcos con bandera que diga “Falkland” recalen en sus puertos y ahora trata de repetir un acuerdo igual con Chile por los aviones que van de Malvinas a Punta Arenas, en el sur de los vecinos.
También apoyan a la Argentina la Unión Suramericana de Naciones y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Cameron, al frente de una coalición de conservadores y liberales, busca mostrarse duro. Parece querer mirarse en el mismo espejo de Margaret Thatcher. Quien haya visto en estos días La Dama de Hierro, la película protagonizada por Merryl Streep que no es un documental pero tampoco pura ficción salvo en las fantasías de una Thatcher ya senil, puede fijarse en algunas escenas. Por ejemplo, la determinación con la que Thatcher, electa primera ministra en 1979, combate las huelgas de los sindicatos de recolectores de basura y las protestas mineras. Y también el énfasis con el que ordena tanto el envío de la flota después del desembarco en Malvinas resuelto por la dictadura, el 2 de abril de 1982, como el hundimiento del crucero argentino General Belgrano. Thatcher y la Marina, cuyo plan adoptó Leopoldo Fortunato Galtieri, querían sí o sí la guerra.
Lo que no está en la película es que hasta sólo un año antes del enfrentamiento militar, Thatcher había autorizado la continuidad de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido. Le dio mandato a Nicholas Ridley, que incluso barajó la chance de presencia compartida, lograda en 1974 después de un proceso que había comenzado con la resolución 2065 de Naciones Unidas, una idea del embajador de Arturo Illia en la ONU, el ya fallecido Lucio García del Solar.
La 2065 invoca el proceso de “poner fin al colonialismo en todas partes” e “invita” a los dos países a “proseguir sin demora” las negociaciones.
También llama a tener en cuenta los “intereses” de los habitantes de las islas. La palabra tiene su miga. La ONU no habla de deseos sino de intereses. Los deseos no pueden ser expresados por otros. El Reino Unido, por caso. Los intereses, en cambio, sí, y entonces no cuenta el derecho a la autodeterminación de los isleños sino la discusión bilateral entre Londres y Buenos Aires que la guerra abortó y ahora la Argentina quiere recuperar con 28 años de democracia ya cumplidos.
Fuente: Diario Página/12
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