Fuente:ramble tamble
El coronavirus está impulsando la digitalización. El Sur global corre el
riesgo de convertirse en el perdedor de este proceso. Los países
desarrollados tienen parte de la responsabilidad.
La crisis actual no reconoce demasiados ganadores, pero hay algunos
beneficiarios. Es probable que la digitalización esté entre los
beneficiados por la pandemia. Debido a las interrupciones actuales en
las cadenas de valor «analógicas», las empresas multinacionales esperan
un nuevo crecimiento en el comercio digital. La mayor digitalización de
las cadenas mundiales de suministro podría convertir el comercio
electrónico en la norma, tal como opina, por ejemplo, la empresa de
software Route4Me.
Incluso antes del brote de Covid-19 se cifraban grandes esperanzas para
el Sur global fundadas en el comercio y la economía digitales. La
creación de nuevos mercados digitales está asociada a altas tasas de
crecimiento y trae un mayor bienestar, afirman unánimemente las
compañías tecnológicas y los actores claves en la cooperación para el
desarrollo.
Desde su aparición a mediados de la década de 1990, el comercio digital
se desarrolló de manera más dinámica e innovadora que el comercio
tradicional. Las tasas de crecimiento del comercio electrónico son
significativamente más altas que las del comercio analógico. Mientras
que el comercio mundial está creciendo actualmente menos de 3% anual,
las tasas de crecimiento en el comercio electrónico son de dos dígitos.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en inglés), el comercio online mueve por sí solo
cada año 29.000 millones de dólares en todo el mundo.
Hasta el momento, son básicamente dos países los que se han beneficiado
con este proceso: 90% del valor de mercado de las 70 plataformas más
grandes corresponde a Estados Unidos y China. Europa tiene 3,6%. Los
países en desarrollo y emergentes, por otro lado, se quedan en gran
medida con las manos vacías; al resto de Asia le corresponde solo 5%; a
África, 1,3%. La participación de América Latina es muy pequeña a pesar
de contar con tres países del G-20: Argentina, Brasil y México. Este
desequilibrio regional podría acentuarse más, ya que los grandes grupos
empresariales desean expandir sus inversiones hacia la economía digital.
Motivo: el Covid-19. Las empresas transnacionales de Estados Unidos ya
han anunciado que digitalizarán aún más sus cadenas de valor globales
debido a la crisis del coronavirus, para estar mejor preparadas ante
posibles pandemias futuras.
Desde sus inicios, el comercio digital no solo creció rápidamente, sino
que también experimentó profundos cambios. Dada su creciente importancia
económica, no es sorprendente que los acuerdos comerciales regulen cada
vez más aspectos del comercio digital, incluido el intercambio de
datos. La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio el primer paso.
Uno de los acuerdos más importantes de la OMC es el Acuerdo de
Tecnología de la Información (ITA, por sus siglas en inglés). Estipula
la reducción de aranceles sobre los bienes de tecnología de la
información, desde las PC hasta los teléfonos celulares. Entró en
vigencia ya en 1998. Desde entonces, ha sido firmado por 81 países. Las
consecuencias del acuerdo para los países del Sur global son claras a la
luz del ejemplo de la India: como resultado de la eliminación de
aranceles, el país fue inundado por importaciones de empresas
multinacionales de telecomunicaciones y electrónica de consumo que
importaban cada vez más productos baratos de China y desplazaban a los
fabricantes y proveedores indios. Las importaciones de TI contribuyeron
al alto déficit de cuenta corriente del país.
La pérdida de ingresos debido a la eliminación de los derechos aduaneros
es particularmente problemática para el grupo de países menos
desarrollados, ya que sus presupuestos nacionales dependen en gran
medida de ellos. Se calcula que en Togo, Benín, Sierra Leona o Mali los
derechos aduaneros superan el 40% de los ingresos fiscales.
Los países en desarrollo también desempeñan un papel secundario en el
comercio de productos intangibles como libros electrónicos, videojuegos,
películas, música y software. Ni un solo país del Sur global se
encuentra entre los diez principales mercados de productos transferibles
electrónicamente. En cuanto al comercio transfronterizo de productos
intangibles, China ocupa cómodamente el primer lugar (13.000 millones de
dólares), seguida de Alemania (8.000 millones) y Estados Unidos (6.000
millones).
La marginación también se expresa en términos monetarios. Un estudio de
la UNCTAD ubica el comercio mundial de bienes intangibles en 63.000
millones de dólares en 2015. China ha logrado excedentes comerciales
relevantes en esta categoría de productos, mientras que muchos países en
desarrollo y emergentes solo eran importadores netos de productos
transmitidos digitalmente y algunos tienen altos déficits comerciales.
Hay incluso países emergentes entre los llamados importadores netos. En
México, por ejemplo, el déficit comercial fue de casi 600 millones de
dólares. Tailandia, Sudáfrica, Chile y Brasil tienen, por su parte,
déficits de más de 200 millones de dólares cada uno.
Hasta ahora, el ITA ha sido una moratoria de los derechos aduaneros. En
las reuniones ministeriales de la OMC, los Estados miembros deben
acordar una prórroga de la reducción de derechos aduaneros. Los países
industrializados donde están las casas matrices de los grandes grupos
empresariales de TI vienen presionando desde hace algún tiempo para
convertirlo en una moratoria indefinida y permanente.
Este propósito ha recibido críticas de los países en desarrollo. Los
países del Sur global ven sus propios mercados en riesgo. Los mercados
regionales, por ejemplo, son indispensables para las empresas
industriales africanas porque allí venden una gran parte de su
producción. Los canales de venta seguros son un motivo central para el
establecimiento del Área Continental Africana de Libre Comercio (CFTA,
por sus siglas en inglés). Si no existe una protección externa adecuada
para controlar el comercio electrónico de productos digitales, estos
esfuerzos podrían fracasar al menos parcialmente.
No solo hay regulaciones sobre el comercio digital en la OMC. Desde el
cambio de milenio, el número de acuerdos comerciales bilaterales que
contienen normas de este tipo ha ido en aumento. Casi 20 acuerdos ya
contienen incluso regulaciones controvertidas sobre la transferencia de
datos, a menudo en relación con la muy polémica prohibición de los
requisitos de localización. En consecuencia, los Estados tienen
prohibido obligar a las empresas transnacionales a almacenar y procesar
datos en servidores locales.
A pesar de las críticas de numerosos países en desarrollo contra la
prohibición permanente de los derechos aduaneros y la liberalización
integral del comercio digital, desde hace dos años los principales
países industrializados promueven un acuerdo integral en el marco de la
OMC. Los llamados «Amigos del Comercio Electrónico» incluyen más de 80
países, entre ellos los de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón,
pero también China y algunos países emergentes. Su objetivo común es
recibir el correspondiente mandato de negociación de la OMC. Su deseo ha
experimentado una nueva dinámica a causa de la crisis del coronavirus.
Debido al crecimiento que se espera para la economía digital, sus
demandas para una mayor liberalización del comercio electrónico en los
acuerdos comerciales son cada vez más fuertes.
Teniendo en cuenta la experiencia de los últimos 20 años, la UNCTAD
advierte contra la promulgación de normas apresuradas que den un mayor
impulso al comercio digital. La liberalización de las relaciones
comerciales siempre es a expensas de los países y regiones que se
encuentran en un nivel más bajo de desarrollo. En particular, durante la
crisis del coronavirus, no se debe seguir impulsando o tomando
decisiones en el espacio virtual, como lo están haciendo los «Amigos del
Comercio Electrónico». Para muchos países en desarrollo, participar en
los procesos de negociación digital no es factible debido a la brecha
digital y a la necesidad de concentrar todos los recursos públicos en la
salud pública.
El desarrollo futuro de la economía digital en el Sur global no solo se
decide en forma de contratos comerciales. Mientras más economías se
conviertan en economías de datos, más importante será la cuestión de
quién tiene los datos. ¿A qué servidores van a parar? ¿Quién los evalúa y
los monetiza?
The Economist lo resumió así: los datos son el nuevo petróleo crudo. Las
estructuras y las dependencias estructurales en la economía de datos
son similares a las de las economías basadas en la extracción de
materias primas. En ambos casos, no son los países de origen de las
materias primas los que se benefician con su explotación, sino aquellos
actores que poseen la infraestructura. En las economías de datos, esta
consiste en, por ejemplo, cables submarinos, nodos de red, centros de
datos y cálculo y algoritmos de inteligencia artificial.
Para no depender unilateralmente de la infraestructura de empresas
transnacionales de tecnología de información y comunicación (TIC), los
países en desarrollo y emergentes deben estar facultados para construir y
expandir una infraestructura pública de datos en su territorio. La
comunidad internacional tiene el desafío de apoyarlos. Son especialmente
los países industrializados los que deben poner a disposición los
recursos necesarios, desde apoyo financiero hasta transferencia de
conocimiento y tecnología.
Para fortalecer la participación económica en el Sur global, también se
deben crear condiciones marco para el control y la regulación de los
monopolios y sus transacciones (digitales) de bienes físicos e
intangibles.
En el pasado, la Unión Europea ha tomado varias medidas y presentado
propuestas para limitar la posición dominante de las empresas
estadounidenses y asiáticas en el mercado: desde multas por miles de
millones por violaciones a las regulaciones antimonopolio hasta el
debate sobre la desinversión de grupos empresariales, pasando por la
idea de introducir un impuesto digital. La nueva Comisión de la Unión
Europea también está avanzando significativamente en el desarrollo de
una estrategia digital independiente que se centre en fortalecer la
competitividad de la región.
La Comisión anterior ya había tomado una decisión innovadora a
principios de 2018, cuando declaró que el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) era legalmente vinculante como parte de
futuros acuerdos comerciales y de inversión. Sin embargo, esta
encomiable medida no cambia la dirección general de la política
comercial europea. Su característica distintiva sigue siendo la
desregulación. La Comisión criticó los planes de la India de almacenar
por lo menos una copia de datos personales en servidores del país
tildándolos de «innecesarios» y «potencialmente dañinos».
Hasta ahora, la Unión Europea ha utilizado un doble estándar según
evalúe sus propios intereses y los de sus ciudadanos, o los de los
habitantes de otras regiones del mundo. Mientras que los datos son para
Europa un bien valioso y digno de protección, esa protección es
(des)calificada en terceros países como un obstáculo para las
actividades económicas de las empresas europeas. La Unión Europea solo
estará a la altura de su pretensión de una comunidad de valores si su
voluntad de dar lugar a una digitalización orientada a los ciudadanos y
al bien común no termina en el mar Mediterráneo. Bruselas debe tomar
este desafío como una tarea global.
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