El
plan integral "Argentina sin hambre", presentado por el candidato
Alberto Fernández es el preanuncio de lo que será una política de Estado
si se confirma la victoria de Frente de Todos (FdT). La propuesta
incluyó la creación de un consejo federal entendido como "nuevo ámbito
institucional de articulación intersectorial y de gestión asociada del
Estado con sectores sociales, iglesias, sindicatos y sectores
económicos-productivos" que tendría la responsabilidad de fijar los
lineamientos para diseñar y aplicar una política alimentaria federal. A
otro nivel se crearía un observatorio para el monitoreo, seguimiento y
evaluación del plan con la participación de universidades y centros de
estudios. En un tercer ámbito se prevé la "participación activa de
referentes sociales nacionales, provinciales y municipales, y medios de
comunicación". Si bien falta conocer los detalles acerca del
funcionamiento de estas instancias la sola mención de las mismas está
insinuando la decisión política -coherente con otras propuestas del FdT y
de su candidato presidencial- de ampliar los márgenes de participación
social tanto en la construcción de la agenda de gobierno como en la
gestión de las políticas públicas.
Habrá que esperar
precisiones respecto de la idea que obra en la cabeza de quienes están
diseñando el mencionado plan, pero la propuesta guarda alguna similitud
con el Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS),
organismo creado en el 2002 para supervisar lo que entonces se denominó
plan “Jefes y Jefas de Hogar”, una respuesta a la crisis del 2001. Ese
plan puede considerarse el paso previo a lo que luego se
institucionalizara como la Asignación Universal por Hijo (AUH) por el
decreto 1602/0929 de octubre de 2009. El espacio del CCNPS, diferente
del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales que intenta integrar
las acciones a nivel de gobierno, estuvo constituido entonces por
representantes de los diferentes sectores (empresarios, organizaciones
de trabajadores, organizaciones y movimientos sociales, iglesias)
quienes, junto a funcionarios de los distintos ministerios cumplieron la
labor de supervisar la aplicación de los planes sociales, pero también
de proponer modificaciones a las políticas y sugerir nuevas iniciativas.
El espacio -que llegó a tener reuniones semanales durante todo el
mandato de Néstor Kirchner- sirvió como ámbito de concertación entre los
diferentes sectores, para acercar posiciones y promover iniciativas.
Sin embargo, una de sus principales limitaciones consistió en la
condición de no vinculante que tuvieron las recomendaciones de dicho
consejo. En consecuencia, los acuerdos y las propuestas quedaron siempre
limitadas al simple nivel de sugerencias sometidas a la decisión final y
al arbitrio del Poder Ejecutivo a través de los funcionarios encargados
de cada una de las áreas de aplicación.
Esta circunstancia
generó un progresivo desgaste de la participación, dado que los actores
sentados a la mesa veían que sus acuerdos y propuestas quedaban en
muchos casos desestimadas o se diluían por diferentes razones -no todas
ellas atendibles- por determinación de los responsables de la gestión.
La "Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública" (2009) estableció el "derecho de participación ciudadana en la
gestión pública" señalando que lo anterior "conlleva establecer
mecanismos para ello, complementarios a los previstos para la
representación política en el Estado". Porque, señala el mismo documento
aprobado en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, "la gestión pública participativa contribuye al desarrollo de
los países, favoreciendo la inclusión y la cohesión social".
Próximo al inicio de una nueva etapa política en el país -si se
confirman la previsiones respecto del triunfo electoral del FdT- el tema
de la participación efectiva de los actores de la sociedad civil en la
formulación, diseño y gestión de las políticas públicas, puede ser un
capítulo importante para considerar. El anuncio -aun sin precisiones- de
Alberto Fernández parece abonar ese camino. En tal caso será importante
aprender de la experiencia. En consecuencia el componente de
participación plural y diversa debe atarse a la vincularidad de las
decisiones que se adopten en los espacios de concertación o mesas de
gestión asociada de los que también participen con mandato
representantes del gobierno. Será primordial además la impronta federal
con la que Alberto Fernández ha teñido su campaña y la promesa de que la
misma se transforme en un distintivo de su eventual gestión
presidencial.
Porque, como también señala la citada Carta, "la
participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de
construcción social de las políticas públicas". Se trata, agrega, de "un
derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos
tradicionales de representación política".
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