Esta semana los firmantes del documento “Justicia
Legítima” debatirán en la Biblioteca Nacional. El temario incluye la
redefinición de la independencia, los mecanismos de ingreso,
participación ciudadana y rendición de cuentas. Aquí, un adelanto.
Por Irina Hauser
OMAR PALERMO, JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE MENDOZA
“Cuando decimos que el Poder Judicial tiene que ser un servicio para
la gente, esto incluye a los penados. En Mendoza el Poder Judicial
sanciona la reincidencia, pero no garantiza las condiciones de
cumplimiento de la pena, no se hace cargo de cuidar las garantías de las
personas privadas de su libertad. Y así como deja afuera a los
vulnerables, también lo hace con las víctimas: en los juicios de
derechos humanos los familiares tuvieron que ocuparse ellos mismos de la
contención de las víctimas. Estas cosas, a mi modo de ver, hacen a
conseguir una Justicia legítima”, dice Omar Palermo, juez de la Corte
Suprema de Mendoza.
–¿Son decisiones exclusivamente del Poder Judicial?
–Una discusión interna al menos es necesaria. El sistema penal deja afuera a los sectores más vulnerables, condenados, los procesados y víctimas. Se los invisibiliza y se los deja sin voz. El Estado tampoco se hace cargo de los niños y adolescentes. Los campesinos que viven en los campos son usurpadores, cuando es al revés el proceso penal naufraga, se criminaliza y se usa el sistema penal en contra de los más vulnerables, los pueblos originarios. Haría falta una Justicia más territorial que se ponga cerca de la gente. ¿Por qué alguien se tiene que tomar cinco micros para ser escuchado? En Mendoza, desde que se descentralizaron los juzgados de familia, creció mucho la demanda. Es significativo.
–Cuando el sistema desatiende esto, ¿se está ocupando de otra cosa?
–En el sistema penal se ve así: se castiga más el hurto o robo agravado con armas que la administración fraudulenta. Esto es así en el propio Código Penal, que pone penas menores para la corrupción. Pero también es evidente que al Poder Judicial no le interesa apoyar el desarrollo de un sistema acusatorio, importante para democratizar.
–¿Por qué no quieren sistema acusatorio?
–Porque es un sistema donde la investigación está a cargo de los fiscales, que producen la prueba. El juez sólo cumple una función de límite y controla el cumplimiento y respeto de las garantías. Eso permite garantizar en mayor medida el derecho de defensa. Además ofrece sistemas alternativos de solución de conflictos, distintos de la pena. Y es el propio Estado el que decide en qué delitos focaliza la persecución: lo que se llama principio de oportunidad. Lo que sucede es que los jueces no quieren resignar la cuota de poder de tener el manejo y el control del proceso. Es una razón política. Hoy el juez se queda con la investigación cuando quiere, y cuando no la quiere la delega. En Mendoza hay sistema acusatorio, pero el problema es que no hay Defensoría, que quedó subsumida en la Procuración, con el Ministerio Público Fiscal.
–¿Por qué el sistema acusatorio sería democratizador?
–Porque pone al juez en un lugar de garante, y así rompe con el sistema inquisitivo. A lo que se suma que supone la oralidad del proceso, lo pone a la vista.
Sectores vulnerables y víctimas
–¿Son decisiones exclusivamente del Poder Judicial?
–Una discusión interna al menos es necesaria. El sistema penal deja afuera a los sectores más vulnerables, condenados, los procesados y víctimas. Se los invisibiliza y se los deja sin voz. El Estado tampoco se hace cargo de los niños y adolescentes. Los campesinos que viven en los campos son usurpadores, cuando es al revés el proceso penal naufraga, se criminaliza y se usa el sistema penal en contra de los más vulnerables, los pueblos originarios. Haría falta una Justicia más territorial que se ponga cerca de la gente. ¿Por qué alguien se tiene que tomar cinco micros para ser escuchado? En Mendoza, desde que se descentralizaron los juzgados de familia, creció mucho la demanda. Es significativo.
–Cuando el sistema desatiende esto, ¿se está ocupando de otra cosa?
–En el sistema penal se ve así: se castiga más el hurto o robo agravado con armas que la administración fraudulenta. Esto es así en el propio Código Penal, que pone penas menores para la corrupción. Pero también es evidente que al Poder Judicial no le interesa apoyar el desarrollo de un sistema acusatorio, importante para democratizar.
–¿Por qué no quieren sistema acusatorio?
–Porque es un sistema donde la investigación está a cargo de los fiscales, que producen la prueba. El juez sólo cumple una función de límite y controla el cumplimiento y respeto de las garantías. Eso permite garantizar en mayor medida el derecho de defensa. Además ofrece sistemas alternativos de solución de conflictos, distintos de la pena. Y es el propio Estado el que decide en qué delitos focaliza la persecución: lo que se llama principio de oportunidad. Lo que sucede es que los jueces no quieren resignar la cuota de poder de tener el manejo y el control del proceso. Es una razón política. Hoy el juez se queda con la investigación cuando quiere, y cuando no la quiere la delega. En Mendoza hay sistema acusatorio, pero el problema es que no hay Defensoría, que quedó subsumida en la Procuración, con el Ministerio Público Fiscal.
–¿Por qué el sistema acusatorio sería democratizador?
–Porque pone al juez en un lugar de garante, y así rompe con el sistema inquisitivo. A lo que se suma que supone la oralidad del proceso, lo pone a la vista.
DANIEL ERBETTA, JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE SANTA FE
“El debate de la democratización no es en contra de nadie, sino a
favor de instrumentos que permitan mejorar la legitimidad de origen,
pero también la de ejercicio del Poder Judicial. Se trata de superar la
desconexión que muchas veces existe entre una organización y sus
prácticas, entre el Poder Judicial y las demandas sociales. Como dijo
Raúl Zaffaroni, los argentinos nos hemos dedicado muy poco a pensar y
repensar esto”, reflexiona el juez de la Corte santafesina Daniel
Erbetta. “También hay que tener en cuenta que hay realidades y
problemáticas particulares de la Justicia federal, de la ordinaria y
según cada provincia. En Santa Fe, por ejemplo, tenemos un proceso de
reforma procesal penal en marcha que podría representar un cambio
verdadero, para que el Poder Judicial deje de dar misa a espaldas de la
gente. Está en plena implementación”, explica.
–¿En qué aspecto sería democratizador?
–En Santa Fe los jueces ya no tienen despacho, tienen un colegio con una oficina común para todos. Va a haber una oficina de gestión judicial, donde están los empleados y allí se armará la agenda de audiencias. Llamarán al juez y le dirán cuándo tiene audiencia. El juez no necesita nada más, además no tiene que estar contaminado con elementos de la causa. El feudo de este modo de-saparece. Es una reforma (viene del peronismo y la está poniendo en marcha el socialismo) pensada para ser implementada a partir de septiembre u octubre de este año. Desde ya que va a costar, hay resistencias no explícitas. En este contexto, una de las cuestiones que hay que discutir es el contenido y alcance de la garantía de independencia judicial. Esto supone rechazar cualquier disciplinamiento ya sea que venga del poder político, del económico, de las corporaciones, de las partes del litigio, los medios, los poderes fácticos y de la propia estructura judicial. Dentro de un juzgado, por ejemplo, la sola delegación de funciones en un sumariante atenta contra la independencia. Es una de las cuestiones que tratamos de erradicar con los sistemas acusatorios basados en procesos orales.
–¿Por qué este tipo de reformas sólo se impulsan para la Justicia penal?
–Habría que extenderla, es cierto, a los procesos civiles. El fuero penal es la vidriera del sistema de Justicia. Pero la Justicia civil también tiene la responsabilidad de asumir un derecho o más protector de los débiles y vulnerables. La falta de una respuesta penal se traduce en impunidad.
–¿Y un amparo que lleva tres o cuatro años en la Corte, no es impunidad?
–Sí, hay un correlato. A veces la Justicia se confunde con un abuso cautelar del proceso, que posterga indefinidamente la discusión sobre el fondo del asunto. El Poder Judicial debe proteger los derechos individuales y colectivos, y poner límites a los otros poderes. Para asegurar eso, en la Justicia penal, hay que cambiar la selectividad estructural del sistema, la que va dirigida contra los sectores más vulnerables. Que se ocupe de los delitos. Y de reducir los niveles de impunidad, de falta de respuesta institucional.
Independencia y reforma penal
–¿En qué aspecto sería democratizador?
–En Santa Fe los jueces ya no tienen despacho, tienen un colegio con una oficina común para todos. Va a haber una oficina de gestión judicial, donde están los empleados y allí se armará la agenda de audiencias. Llamarán al juez y le dirán cuándo tiene audiencia. El juez no necesita nada más, además no tiene que estar contaminado con elementos de la causa. El feudo de este modo de-saparece. Es una reforma (viene del peronismo y la está poniendo en marcha el socialismo) pensada para ser implementada a partir de septiembre u octubre de este año. Desde ya que va a costar, hay resistencias no explícitas. En este contexto, una de las cuestiones que hay que discutir es el contenido y alcance de la garantía de independencia judicial. Esto supone rechazar cualquier disciplinamiento ya sea que venga del poder político, del económico, de las corporaciones, de las partes del litigio, los medios, los poderes fácticos y de la propia estructura judicial. Dentro de un juzgado, por ejemplo, la sola delegación de funciones en un sumariante atenta contra la independencia. Es una de las cuestiones que tratamos de erradicar con los sistemas acusatorios basados en procesos orales.
–¿Por qué este tipo de reformas sólo se impulsan para la Justicia penal?
–Habría que extenderla, es cierto, a los procesos civiles. El fuero penal es la vidriera del sistema de Justicia. Pero la Justicia civil también tiene la responsabilidad de asumir un derecho o más protector de los débiles y vulnerables. La falta de una respuesta penal se traduce en impunidad.
–¿Y un amparo que lleva tres o cuatro años en la Corte, no es impunidad?
–Sí, hay un correlato. A veces la Justicia se confunde con un abuso cautelar del proceso, que posterga indefinidamente la discusión sobre el fondo del asunto. El Poder Judicial debe proteger los derechos individuales y colectivos, y poner límites a los otros poderes. Para asegurar eso, en la Justicia penal, hay que cambiar la selectividad estructural del sistema, la que va dirigida contra los sectores más vulnerables. Que se ocupe de los delitos. Y de reducir los niveles de impunidad, de falta de respuesta institucional.
ALEJANDRO ALAGIA, FISCAL
“Tenemos que reflexionar sobre el gobierno de los jueces”, propone
el fiscal Alejandro Alagia. “Los jueces gobiernan sin estar legitimados
por el voto popular. En el último tiempo varios hechos demostraron que
el Poder Judicial es un gobierno. Administra el castigo, las
reparaciones, priva y concede derechos. Lo del caso Clarín fue
clarísimo: los jueces de la Cámara Civil y Comercial se alzaron contra
una de las leyes quizá más democráticas, por la discusión previa a su
aprobación que tuvo y los años que llevó. Lo mismo cuando la Corte
Suprema, esta vez a favor de demandas generales, declara la
inconstitucionalidad de la amnistía de los crímenes de la dictadura,
también es un acto de gobierno. En este caso mejora la vida de todos, en
el caso Clarín, la empeora.”
–En el caso de la Corte, ¿no son esperables ese tipo de decisiones?
–La Corte gobierna. Para gobernar un país y estar legitimado hace falta el voto popular. Hay una falla de origen. Incluso en la teoría política el gobierno judicial se piensa como un “gobierno contramayoritario”, a favor de las minorías, para que las mayorías no las priven de sus derechos. Pero esa naturaleza contramayoritaria es posible que haya colocado siempre al Poder Judicial a espaldas de la población, en el caso Clarín, por ejemplo, representa a las corporaciones. La historia del Poder Judicial está más vinculada con la aristocracia y los poderes económicos y es de difícil democratización. Podríamos pensar en que la Corte sea elegida democráticamente. En Bolivia se intenta saldar esta problemática con la elección popular de jueces.
–¿La salida es ésa, la elección popular de jueces?
–Hay ciertos cargos o funcionarios judiciales que pueden ser elegidos democráticamente. La Corte creo que sí. Si (Ricardo) Lorenzetti quiere hacer política, que lo elijan. Es un desafío para el futuro pensarlo. La salida anglosajona es que si bien hay un poder contramayoritario, está la participación de los jurados como modo de participación popular para los grandes temas al menos. Por ejemplo, en Derecho Penal, sería algún caso donde esté en juego la libertad de una persona por muchos años. Los temas de gravedad civiles o constitucionales, también podrían ser. No los pueden decidir tres jueces encerrados entre cuatro paredes. El jurado aligera el carácter contramayoritario. La elección popular de jueces contravencionales, para los pequeños conflictos en la comunidad y el territorio, también es una alternativa. Siempre pensando en impedir la demagogia punitiva. Que la salida electoral tampoco sea que los jueces se monten a una competencia a ver quién castiga más.
–¿Cómo evitarlo?
–Algunos tribunales pueden tener una competencia técnica. Desde un director de hospital o el capitán de un barco. Pero el grueso del Poder Judicial podría tener la participación de jurados. Igual la Justicia argentina está tan atrasada desde el punto de vista de su democratización, que se debería empezar por otras reformas.
–¿Conoce algún país donde la Justicia sea plenamente democrática?
–En casi todas partes el Poder Judicial es una instancia aristocrática y de secretismo, como el antiguo régimen. Incluso en materia de derechos humanos nuestro Poder Judicial es un ejemplo en el mundo. Es el único que juzga a sus genocidas con jueces de su propio país.
–Entonces, ¿por qué reformas empezaría?
–Desde la eliminación de privilegios impositivos; abrir el acceso a la población a los cargos judiciales; instalar juicios orales y públicos para la Justicia civil y comercial, que se haga más visible lo que hacen los jueces. Y en cuanto a la independencia, tener presente que no sólo tiene que ver con que los jueces, fiscales y defensores sean independientes de los grandes poderes económicos sino de otras cosas, como evitar criminalizar a la población vulnerable, como si los delitos sólo los cometieran los pobres. Esto también tiene que ver con la independencia, y el concepto de igualdad como contenido también de la democracia.
Elección popular de jueces
–En el caso de la Corte, ¿no son esperables ese tipo de decisiones?
–La Corte gobierna. Para gobernar un país y estar legitimado hace falta el voto popular. Hay una falla de origen. Incluso en la teoría política el gobierno judicial se piensa como un “gobierno contramayoritario”, a favor de las minorías, para que las mayorías no las priven de sus derechos. Pero esa naturaleza contramayoritaria es posible que haya colocado siempre al Poder Judicial a espaldas de la población, en el caso Clarín, por ejemplo, representa a las corporaciones. La historia del Poder Judicial está más vinculada con la aristocracia y los poderes económicos y es de difícil democratización. Podríamos pensar en que la Corte sea elegida democráticamente. En Bolivia se intenta saldar esta problemática con la elección popular de jueces.
–¿La salida es ésa, la elección popular de jueces?
–Hay ciertos cargos o funcionarios judiciales que pueden ser elegidos democráticamente. La Corte creo que sí. Si (Ricardo) Lorenzetti quiere hacer política, que lo elijan. Es un desafío para el futuro pensarlo. La salida anglosajona es que si bien hay un poder contramayoritario, está la participación de los jurados como modo de participación popular para los grandes temas al menos. Por ejemplo, en Derecho Penal, sería algún caso donde esté en juego la libertad de una persona por muchos años. Los temas de gravedad civiles o constitucionales, también podrían ser. No los pueden decidir tres jueces encerrados entre cuatro paredes. El jurado aligera el carácter contramayoritario. La elección popular de jueces contravencionales, para los pequeños conflictos en la comunidad y el territorio, también es una alternativa. Siempre pensando en impedir la demagogia punitiva. Que la salida electoral tampoco sea que los jueces se monten a una competencia a ver quién castiga más.
–¿Cómo evitarlo?
–Algunos tribunales pueden tener una competencia técnica. Desde un director de hospital o el capitán de un barco. Pero el grueso del Poder Judicial podría tener la participación de jurados. Igual la Justicia argentina está tan atrasada desde el punto de vista de su democratización, que se debería empezar por otras reformas.
–¿Conoce algún país donde la Justicia sea plenamente democrática?
–En casi todas partes el Poder Judicial es una instancia aristocrática y de secretismo, como el antiguo régimen. Incluso en materia de derechos humanos nuestro Poder Judicial es un ejemplo en el mundo. Es el único que juzga a sus genocidas con jueces de su propio país.
–Entonces, ¿por qué reformas empezaría?
–Desde la eliminación de privilegios impositivos; abrir el acceso a la población a los cargos judiciales; instalar juicios orales y públicos para la Justicia civil y comercial, que se haga más visible lo que hacen los jueces. Y en cuanto a la independencia, tener presente que no sólo tiene que ver con que los jueces, fiscales y defensores sean independientes de los grandes poderes económicos sino de otras cosas, como evitar criminalizar a la población vulnerable, como si los delitos sólo los cometieran los pobres. Esto también tiene que ver con la independencia, y el concepto de igualdad como contenido también de la democracia.
MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI, PRESIDENTA DE LA CAMARA CRIMINAL
“La Justicia es secreta, palaciega, y hay que abrirla. Eso es
democratizar”, define María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la
Cámara en lo Criminal y Correccional. “A los jueces, los abogados nos
dicen Su Señoría o Vuestra Excelencia, y a nadie le llama la atención,
como si no fuéramos trabajadores jurídicos que tenemos que aplicar la
ley cuando hay un conflicto entre personas. Los jueces se creen señores
feudales y no pueden asumir que son una burocracia. Nos reprochan la
morosidad en las causas, y esto es gravísimo, pero no existe la
comprensión de que estamos prestando un servicio. Si usted es un
colectivero, tiene que cumplir un horario y eso está fuera de discusión;
a nosotros es como si no nos importara. En nuestra capacitación se nos
ha inculcado que estamos más allá del bien y del mal”, advierte.
“Tenemos la expectativa que nuestra crítica pública llegue a los lugares
de decisión”, dijo la jueza.
–¿Cómo se rompe esa cultura del secreto?
–Por lo pronto, tendríamos que rendir cuentas de nuestro trabajo, de lo que hicimos, y eso es así por reglamento de la Corte. Pero los organismos de control entre nosotros no funcionan, en parte porque somos nosotros mismos. Tal vez hay juzgados que completan las planillas de las causas tramitadas, pero después nadie las revisa ni se sienta a ver qué está pasando en cada fuero. Por ejemplo, desde hace unos cinco años se duplicaron los contratos. ¿Pero se duplicó el trabajo? ¿Se producen más sentencias? Tampoco tenemos un estudio de nuestra capacidad laboral. Si un juzgado tiene cuatro mil causas en trámite, y otro trescientas, algo falla.
–¿Quién controlaría la rendición de cuentas?
–El Consejo de la Magistratura principalmente. Pero el Consejo, cuando alguien presenta alguna queja, por ejemplo sobre demoras, el mensaje que transmite es que está en la privacidad del juez atender cuando quiera y como quiera. Ni la Corte ni la Cámara de Casación cumplen con los plazos procesales. A pesar de que hubo una modificación legislativa que dice que las apelaciones deben ser orales, sólo la aplica la Cámara Penal. La razón de aquella modificación, además, es que la oralidad modifica (reduce) el tiempo de trabajo y la forma de apreciar. Pero la mayoría de las cámaras sólo lo hacen a pedido de parte. A los jueces no les gusta la audiencia oral porque los obliga a sentarse y también a discutir entre ellos. A pesar de todo nadie planteó la nulidad de aquellas audiencias que no cumplen con las formas que la ley establece. En el resto de los fueros ni siquiera hay oralidad, todo es escritural y críptico, es secreto y nadie lo controla. Cada juzgado es un feudo.
–Si impartir justicia es un trabajo que los jueces no asumen como tal, ¿qué propone?
–La currícula de la Facultad de Derecho no contempla el trabajo jurídico como tal. Ahí es donde hay que empezar a introducir la democratización del trabajo judicial. Y en la selección de jueces. ¿Quién nos elige? Otros jueces. Aunque en el Consejo participen otros poderes del Estado, los jurados están integrados por jueces a quienes ni siquiera se les pide que hayan accedido a sus cargos por concurso. Todo esto es cuestionable.
–¿Cambiaría el modo de acceso al resto de los cargos en el Poder Judicial?
–Sí. La Corte eliminó los meritorios, que muchas veces se reclutaban en la facultad, o a veces entre los hijos de los amigos. Ahora que ya no hay pasantes se invita a los hijos de los amigos o los parientes a trabajar, y acrecentamos el nepotismo. Invitemos a todos los que quieran, que demuestren que saben escribir en computadora y no tienen faltas de ortografía, o que tienen determinados conocimientos. Quizás esto no le quita al juez la posibilidad de nombrar al hijo del amigo, pero le brinda a otro estar en igualdad de condiciones.
Rendición de cuentas
–¿Cómo se rompe esa cultura del secreto?
–Por lo pronto, tendríamos que rendir cuentas de nuestro trabajo, de lo que hicimos, y eso es así por reglamento de la Corte. Pero los organismos de control entre nosotros no funcionan, en parte porque somos nosotros mismos. Tal vez hay juzgados que completan las planillas de las causas tramitadas, pero después nadie las revisa ni se sienta a ver qué está pasando en cada fuero. Por ejemplo, desde hace unos cinco años se duplicaron los contratos. ¿Pero se duplicó el trabajo? ¿Se producen más sentencias? Tampoco tenemos un estudio de nuestra capacidad laboral. Si un juzgado tiene cuatro mil causas en trámite, y otro trescientas, algo falla.
–¿Quién controlaría la rendición de cuentas?
–El Consejo de la Magistratura principalmente. Pero el Consejo, cuando alguien presenta alguna queja, por ejemplo sobre demoras, el mensaje que transmite es que está en la privacidad del juez atender cuando quiera y como quiera. Ni la Corte ni la Cámara de Casación cumplen con los plazos procesales. A pesar de que hubo una modificación legislativa que dice que las apelaciones deben ser orales, sólo la aplica la Cámara Penal. La razón de aquella modificación, además, es que la oralidad modifica (reduce) el tiempo de trabajo y la forma de apreciar. Pero la mayoría de las cámaras sólo lo hacen a pedido de parte. A los jueces no les gusta la audiencia oral porque los obliga a sentarse y también a discutir entre ellos. A pesar de todo nadie planteó la nulidad de aquellas audiencias que no cumplen con las formas que la ley establece. En el resto de los fueros ni siquiera hay oralidad, todo es escritural y críptico, es secreto y nadie lo controla. Cada juzgado es un feudo.
–Si impartir justicia es un trabajo que los jueces no asumen como tal, ¿qué propone?
–La currícula de la Facultad de Derecho no contempla el trabajo jurídico como tal. Ahí es donde hay que empezar a introducir la democratización del trabajo judicial. Y en la selección de jueces. ¿Quién nos elige? Otros jueces. Aunque en el Consejo participen otros poderes del Estado, los jurados están integrados por jueces a quienes ni siquiera se les pide que hayan accedido a sus cargos por concurso. Todo esto es cuestionable.
–¿Cambiaría el modo de acceso al resto de los cargos en el Poder Judicial?
–Sí. La Corte eliminó los meritorios, que muchas veces se reclutaban en la facultad, o a veces entre los hijos de los amigos. Ahora que ya no hay pasantes se invita a los hijos de los amigos o los parientes a trabajar, y acrecentamos el nepotismo. Invitemos a todos los que quieran, que demuestren que saben escribir en computadora y no tienen faltas de ortografía, o que tienen determinados conocimientos. Quizás esto no le quita al juez la posibilidad de nombrar al hijo del amigo, pero le brinda a otro estar en igualdad de condiciones.
ALICIA RUIZ, JUEZA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE LA CABA
“Hay un discurso que habla de la independencia de los jueces
respecto del poder político: esa es la primera falacia, porque nosotros
somos un poder político. El papel del Derecho no es el de reproducir lo
que está dado, no se agota en una decisión, es coral. Tendríamos que
asumir ese lugar político que nos toca”, reflexiona Alicia Ruiz, jueza
del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. “El Poder Judicial
–explica– ejerce un poder efectivo en cada decisión que se toma: ahí
resignifica las reglas y el discurso, construye realidad, y puede –por
ejemplo– instalar una idea sobre la distribución del poder o de una
mejor distribución de todos los bienes en la sociedad. Todos los
reclamos de mayores derechos pasan porque el Derecho como sistema de
reglas los reconozca. También es una decisión política y moral aceptar
ciertas prebendas.”
–¿A qué se refiere con “prebendas”?
–El ejemplo paradigmático es el de los viajes de Certal (la entidad vinculada con el grupo Clarín que invitó a jueces de la Cámara Civil y Comercial a una cumbre en Miami). Los jueces pertenecen o se relacionan con ciertas asociaciones que invitan a viajes, que ofrecen cursos de entrenamiento de todo tipo de cosas.
–¿Eso es moneda corriente?
–Es más frecuente de lo que parece. Contado así puede parecer fantástico, parece una manera de formarse. Pero es con un modo de actuar que sirve a intereses hegemónicos. Como dice Foucault, el poder es más importante cuando seduce que cuando castiga. Debería ser una preocupación de las estructuras mismas del Poder Judicial prestar atención a qué intereses o grupos están sosteniendo estas asociaciones variadas que los invitan a congresos. Es algo similar a lo que sucede con los médicos y los laboratorios. El Poder Judicial tiene que ser independiente de otros poderes, pero también de los grupos hegemónicos (económicos y mediáticos, organizaciones religiosas) que atraviesan la sociedad y al propio Poder Judicial con su capacidad de dominio. Van cooptando y generando una malla, los que nos salimos de ella decimos que no nos representan. Democratizar implica acabar con todo tipo de privilegios.
–¿La exención del pago de Impuesto a las Ganancias, por ejemplo?
–Claro. Siempre dije que los jueces tenemos que pagarlo, es inadmisible que no lo paguemos y no entiendo qué tiene que ver con la intangibilidad. Si el trabajo deber ser gravado o no con un impuesto, es una discusión aparte. En un sistema de derecho en el cual el impuesto al trabajo existe, y grava con alícuotas altas a los que más ganan, no es tolerable que los jueces no tributen, somos ciudadanos igual que otros. Tributar no afecta el salario. Si no, por ejemplo, ante cualquier situación inflacionaria que deprecie el salario los jueces reclamarían que les conserven el salario real. Es un privilegio inaceptable.
–¿De qué otros privilegios goza el Poder Judicial?
–Hay algunos menos visibles. La gente que ingresa al Poder Judicial siente que más que ingresar a un poder del Estado que brinda un servicio, ingresa a una élite, lo cual es bastante incompatible con un sistema democrático que funcione bien. Yo estoy convencida de que la gente del Poder Judicial se cree esto de la majestad de la Justicia, que la credencial de juez te habilita a pedir lo que no podrías como ciudadano común. Genera una cultura de mirar hacia adentro y preservar lo que se tiene. Como si estuvieran “los otros” y los que tenemos que decidir sobre la vida de “los otros”.
–¿Cómo se sale de ese modelo?
–Una cuestión clave es cómo se forma en las escuelas de Derecho: una cosa es enseñar que el Derecho es un conjunto de normas y otra cosas es decir que el Derecho es un discurso que da sentido y tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad. Puede querer preservar el estado de situación, pero reconoce subjetividades, identidades, voces. Los jueces somos un poder político y tenemos que saber esto. El Poder Judicial sigue teniendo estructura autoritaria y vertical, pero hay que generar espacios de discusión. Y democratizar implica también ir borrando marcas de la dictadura, todavía queda incluso mucha gente nombrada en esa época. Esto no es menor siendo que el Poder Judicial define el sentido de las reglas del Derecho. Tiene que tener un compromiso indiscutible con los derechos humanos, además de abrir el ingreso y no admitir ninguna forma de discriminación.
Fuente: Página/12
Privilegios e independencia
–¿A qué se refiere con “prebendas”?
–El ejemplo paradigmático es el de los viajes de Certal (la entidad vinculada con el grupo Clarín que invitó a jueces de la Cámara Civil y Comercial a una cumbre en Miami). Los jueces pertenecen o se relacionan con ciertas asociaciones que invitan a viajes, que ofrecen cursos de entrenamiento de todo tipo de cosas.
–¿Eso es moneda corriente?
–Es más frecuente de lo que parece. Contado así puede parecer fantástico, parece una manera de formarse. Pero es con un modo de actuar que sirve a intereses hegemónicos. Como dice Foucault, el poder es más importante cuando seduce que cuando castiga. Debería ser una preocupación de las estructuras mismas del Poder Judicial prestar atención a qué intereses o grupos están sosteniendo estas asociaciones variadas que los invitan a congresos. Es algo similar a lo que sucede con los médicos y los laboratorios. El Poder Judicial tiene que ser independiente de otros poderes, pero también de los grupos hegemónicos (económicos y mediáticos, organizaciones religiosas) que atraviesan la sociedad y al propio Poder Judicial con su capacidad de dominio. Van cooptando y generando una malla, los que nos salimos de ella decimos que no nos representan. Democratizar implica acabar con todo tipo de privilegios.
–¿La exención del pago de Impuesto a las Ganancias, por ejemplo?
–Claro. Siempre dije que los jueces tenemos que pagarlo, es inadmisible que no lo paguemos y no entiendo qué tiene que ver con la intangibilidad. Si el trabajo deber ser gravado o no con un impuesto, es una discusión aparte. En un sistema de derecho en el cual el impuesto al trabajo existe, y grava con alícuotas altas a los que más ganan, no es tolerable que los jueces no tributen, somos ciudadanos igual que otros. Tributar no afecta el salario. Si no, por ejemplo, ante cualquier situación inflacionaria que deprecie el salario los jueces reclamarían que les conserven el salario real. Es un privilegio inaceptable.
–¿De qué otros privilegios goza el Poder Judicial?
–Hay algunos menos visibles. La gente que ingresa al Poder Judicial siente que más que ingresar a un poder del Estado que brinda un servicio, ingresa a una élite, lo cual es bastante incompatible con un sistema democrático que funcione bien. Yo estoy convencida de que la gente del Poder Judicial se cree esto de la majestad de la Justicia, que la credencial de juez te habilita a pedir lo que no podrías como ciudadano común. Genera una cultura de mirar hacia adentro y preservar lo que se tiene. Como si estuvieran “los otros” y los que tenemos que decidir sobre la vida de “los otros”.
–¿Cómo se sale de ese modelo?
–Una cuestión clave es cómo se forma en las escuelas de Derecho: una cosa es enseñar que el Derecho es un conjunto de normas y otra cosas es decir que el Derecho es un discurso que da sentido y tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad. Puede querer preservar el estado de situación, pero reconoce subjetividades, identidades, voces. Los jueces somos un poder político y tenemos que saber esto. El Poder Judicial sigue teniendo estructura autoritaria y vertical, pero hay que generar espacios de discusión. Y democratizar implica también ir borrando marcas de la dictadura, todavía queda incluso mucha gente nombrada en esa época. Esto no es menor siendo que el Poder Judicial define el sentido de las reglas del Derecho. Tiene que tener un compromiso indiscutible con los derechos humanos, además de abrir el ingreso y no admitir ninguna forma de discriminación.
Fuente: Página/12
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