En esta interesante revista podemos ver unos artíiculos que contribuyen al debate actual en torno a las actividades productivas se los dejamos
Número 02 - marzo/abril de 2012
Sobre el contenido de este número
En los últimos meses se reavivó la discusión en torno del papel que debe jugar la minería en el desarrollo del país, a raíz de la reacción que provocó la posible explotación minera del cerro Famatina. En este contexto adquiere particular relevancia el artículo de Federico Basualdo, que estudia las particularidades del sector minero metalífero partiendo de una caracterización de la estructura jurídica que lo regula y del desempeño reciente del sector, para continuar con un análisis de la distribución de la renta minera y de la tasa de ganancia en base al estudio de dos casos: el de la Minera Alumbrera en la provincia de Catamarca y la Minera Argentina Gold S. A. en San Juan.
El autor concluye que las políticas esbozadas en la última dictadura y profundizadas durante los noventa -entre las que se cuentan el establecimiento de importantes exenciones impositivas y la subvención estatal a la inversión privada en el sector- brindaron, acompañadas por el crecimiento de los precios internacionales de los metales, una situación privilegiada a las empresas multinacionales para la realización de proyectos de gran envergadura con escasa participación estatal tanto en el desarrollo de la actividad, como en su regulación y la distribución de la renta. Los resultados presentados en el trabajo a partir del estudio de estos dos casos dan cuenta de la extraordinaria rentabilidad de estas empresas, bien por encima de la obtenida en promedio por las empresas más grandes del país. A esto se suma la magnitud de la apropiación privada de la renta minera (82,3% en el caso de la minera aurífera y 55,2% en el caso de la cuprífera). En este marco, es amplio el margen de acción para el Estado si la intención es incorporar a la minería a la dinámica económica nacional. Basualdo resalta la necesidad de reformar el marco normativo como un primer paso imprescindible, junto con una mayor participación estatal tanto en la distribución de la renta minera como en la explotación y el control ambiental.
Otro de los temas candentes en estos días se relaciona con la situación crítica en la que se encuentra sector hidrocarburífero -resultado de años de sobreexplotación y subexploración- que llevan a que el sector energético, altamente dependiente de combustibles fósiles, se encuentre en un estado preocupante. De este tema se ocupa el segundo artículo de este número, a cargo de Mariano Barrera. En él se realiza un recorrido por las discusiones en relación con los hidrocarburos y las políticas orientadas al sector desde mediados de los años setenta y en particular la retirada del Estado de la escena en la década del noventa. El autor muestra cómo la desregulación del sector redundó en la obtención de importantes ganancias por parte de las empresas privadas transnacionales a partir de la explotación a bajo costo de reservas descubiertas por la otrora estatal YPF. A su vez, el marco normativo vigente posibilitó la operación de empresas que realizaron una escasa reinversión de utilidades, de manera que la falta de exploración redundó en una caída de las reservas y la producción. También en este caso se afirma que es indispensable una modificación de las regulaciones que encaucen el accionar de las empresas, junto con una renacionalización del sector y la concepción de los recursos hidrocarburíferos como estratégicos para el desarrollo nacional.
Una de las alternativas que plantea Barrera es la reestatización de la actual Repsol-YPF, aunque resalta ciertos inconvenientes de importancia: el precio de mercado de la empresa es el doble que cuando se privatizó, pero cuenta con un tercio de las reservas de petróleo y un cuarto de las de gas, respecto de las que tenía en ese momento. Otra alternativa propuesta es la formación de una empresa estatal mixta con participación de las provincias, a partir de la reversión de concesiones de explotación en los casos de empresas que no hayan cumplido con los compromisos asumidos o tengan permisos de explotación y exploración excedentes. Finalmente, el autor enfatiza que no debe soslayarse la importancia de desarrollar fuentes alternativas que tiendan a independizar la matriz energética de los hidrocarburos.
El número cierra con un artículo de Martín Schorr y Andrés Wainer que trata otro tema de fundamental importancia: la inserción de la industria nacional en el mercado mundial. A partir del análisis del intercambio comercial de manufacturas los autores se proponen corroborar o refutar la existencia un proceso de sustitución de importaciones y un cambio cualitativo en la inserción internacional de la industria argentina durante la posconvertibilidad, discutiendo la posición oficial expresada por el Ministerio de Industria. Proponen asimismo algunos lineamientos para pensar la política industrial. Schorr y Wainer plantean que mientras que el nivel del tipo de cambio real y la evolución de los precios internacionales de los productos que Argentina exporta permitieron superar la restricción externa en este período, el incremento de las exportaciones no fue acompañado por una mejora cualitativa de las mismas en términos de valor agregado y contenido tecnológico. A su vez, en esta etapa no se revirtió el proceso de concentración y extranjerización de las exportaciones en general y de la industria en particular. A partir del estudio del saldo comercial de las manufacturas, que es positivo en los segmentos de bajo y mediano-bajo contenido tecnológico y deficitario en los de alto y mediano-alto contenido tecnológico, los autores muestran que la dependencia tecnológica no se redujo.
El artículo concluye que el desarrollo y la competitividad en sectores de mayor complejidad tecnológica requiere incentivar la producción de bienes finales de alto contenido tecnológico sin dejar de lado una cuestión de importancia crucial: estas políticas deben tender a promocionar también la creación de eslabonamientos hacia atrás en esos sectores. Finalmente, una estrategia de desarrollo de largo plazo debe apuntar también al desarrollo local de tecnologías de avanzada con vistas a "modificar el rol de la Argentina en la división internacional del trabajo de modo de generar mayor valor y, con ello, mayores niveles de empleo y, sobre todo, de ingresos".
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