lunes, 1 de marzo de 2021

"Las grandes fortunas son una amenaza para la libertad". Entrevista a Daniel Raventós

 

Daniel Raventós 

Fuente:Sin.Permiso

26/02/2021

La crisis económica y la pandemia han puesto la renta básica de actualidad. ¿Pero qué significa realmente? ¿Cómo se financia? ¿A quién beneficia más? Con su ameno estilo, el Doctor en Ciencias Económicas de la UB y presidente de la Red Renta Básica resolverá todas las dudas en el marco del XVIII Seminari de Pensament per la Pau de la Unipau, que este año lleva el título de' Treball remunerat: subsistència o vida'.

La entrevista para El Periódico la realizó Gemma Tramullas.

 

Afirma que con la renta básica seríamos más libres. ¿El dinero da la libertad?

Que se lo pregunten a un pobre.

Cierto.

Para los que venimos de la vieja tradición republicana, una persona no es libre si no tiene la existencia material garantizada. Por lo tanto, un pobre no es ni puede ser libre. Eso no quiere decir que solo con la renta básica seas libre, pero sí que es la condición para poderlo ser.

¿De qué sirve si tienes que invertirlo todo en el alquiler?

Evidentemente la renta básica no soluciona todos los problemas sociales. La vivienda es un problema social de primer orden y requiere políticas específicas.

Compara la renta básica con la abolición de la esclavitud o el sufragio universal. ¿Desde cuándo se habla de un ingreso universal?

El precedente histórico más famoso es la asignación única que defendía Thomas Payne a finales del siglo XVIII, pero la renta básica tal como la entendemos hoy en día, es decir una asignación monetaria incondicional a toda la población, nació en 1986 con la asociación europea Red Renta Básica. Fue precisamente en Barcelona, en 2002, cuando la asociación pasó a ser mundial y a llamarse Basic Income Earth Network.

Martin Luther King también la defendía para abolir la pobreza, ¿no?

Ya me gustaría, pero no queda claro por sus discursos si se refería a una renta para pobres o a una renta básica para todo el mundo.

¿El proyecto piloto B-Mincome en Barcelona tiene que ver con la renta básica o solo con una renta mínima?

Es combinado. Uno de los cuatro grupos de control sí recibe una renta básica. Una de las cosas que me han sorprendido es que todos los experimentos que se están haciendo últimamente (en Barcelona, Namibia, Finlandia o India) constatan que la salud mental de la gente mejora.

Entonces la renta básica no nos haría más libres, sino más felices.

Más felices o al menos no tan desgraciados. Si te liberas de la lucha por la existencia y por un trabajo precario, la gente se ve capaz de hacer muchas más cosas.

Desde la derecha también se han hecho propuestas para una renta básica.

Sí y esto puede parecer extraño, pero el secreto está en la diferencia a la hora de financiarla.  El proyecto de financiación que hemos hecho unos cuantos economistas de la Red Renta Básica es mediante una reforma fiscal y una gran redistribución de la renta del 20% de la población más rica al 80% restante, es decir que ni tan siquiera hay creación de masa monetaria. La renta básica la recibiría todo el mundo, pero no todo el mundo saldría ganando.

¿Ah no?

No. Yo, por ejemplo, como profesor titular de una universidad pública, perdería un poco. Y si formara parte del 2% más rico de la población perdería mucho.

¿Por qué?

La idea sencilla, que luego se complica, es calcular cuánto ganas, restarle el 50% de IRPF y entonces añadirle la renta básica, que no está sujeta al IRPF. Haga números.

¿Y cuánto sería la renta básica?

A efectos prácticos serían como mínimo los 750 euros del umbral de la pobreza. De esta forma, quien más gana proporcionalmente es el que no tiene nada porque le entra una renta básica y no tiene que pagar IRPF.

No es extraño que no se haya aplicado aún…

¡Cuidado! En Alaska se aplica, aunque se financia de otra forma. Existe una fundación público-privada que una vez al año reparte los beneficios del petróleo entre la población. El año de la renta más alta fueron 2.000 dólares, lo que significa más de 10.000 dólares para una familia de cinco, aparte de lo que ganen. Allí todo el mundo está a favor de la renta básica, menos las petroleras.

¿Si aquí quisiéramos repartirnos los beneficios del turismo no generaría aún más presión turística y problemas medioambientales?

Dicho así, sí. Pero en el caso de Estados Unidos el gobernador que impulsó la renta básica, que no era de izquierdas, lo hizo precisamente para garantizar que las futuras generaciones pudieran seguir disfrutando de la naturaleza en Alaska.

¿Satisfecho con el resultado de las elecciones en Catalunya respecto a la renta básica?

Solo hay un partido que la defiende, la CUP, junto con la renta máxima. Y En Comú Podem y ERC están a favor de la renta garantizada de ciudadanía, esta porquería que tenemos en Catalunya, y quieren mejorarla solo faltaría, pero en cualquier caso hablan de avanzar hacia la renta básica. En este sentido, estamos mejor que hace un año.

¿Cómo funciona la renta máxima?

Significa que a partir de determinada cantidad no puedes ganar más y todo es para el estado. Esto se implantó entre los años 30 y 70 del siglo pasado en Estados Unidos, aunque no era exactamente un 100%, como quería Roosevelt, pero sí más del 90%.

Eso es casi confiscatorio.

Pues se aplicó en Estados Unidos, que es un país comunista como todo el mundo sabe… Las grandes fortunas son una amenaza para la libertad. Louis Brandeis, que fue juez adjunto del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los años 20 y 30 decía que se pueden tener grandes riquezas y se puede tener democracia, pero las dos cosas a la vez no. Más claro el agua y no lo dijo precisamente un bolchevique.

 
editor de Sin Permiso. Su último libro es "Renta Básica: ¿Por qué y para qué?” (Ed. Catarata, 2021)

lunes, 22 de febrero de 2021

Rafael Correa denunció "un golpe de Estado" en Ecuador

 

 
Imagen: EFE
Fuente:Página /12

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció “un golpe de Estado” luego de que la Fiscalía General del país decidiera retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer "una pericia informática forense". El empresario y candidato presidencial Guillermo Lasso también repudió la decisión del organismo estatal.

"Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial", afirmó Correa en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Poco antes, Andrés Arauz, candidato presidencial del correismo y ganador en la primera vuelta electoral, realizó la misma denuncia en sus redes sociales.

"Enviamos una alerta al mundo. Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia. ¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?", tuiteó Arauz.

Apenas se conocieron los resultados oficiales que dieron como ganador a Arauz y confirmaron que el empresario Guillermo Lasso será su rival en el balotaje del 11 de abril próximo, la Fiscalía General de Ecuador emitió un comunicado a la prensa y en sus redes sociales para ordenar la "recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral".

El objetivo, según la Fiscalía es "preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral con corte a la fecha" y "generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral de Guayas", un distrito donde se revisarán unas 26 actas, aunque el candidato que quedó tercero, muy cerca de Lasso, el indigenista Yaku Pérez, había pedido un recuento total, tras denunciar un "intento de fraude electoral" por parte de "la derecha".

La decisión de la Fiscalía fue repudiada también por Lasso quien afirmó que retirar las computadoras son "hechos que deberían alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador" y advirtió en su cuenta de Twitter: "No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares”.



viernes, 12 de febrero de 2021

LAWFARE(FIERROS JUDICIALES) la Sala I de la Cámara de Casación llama audiencia a la vicepresidenta ya lbogernador de buenos aires en día de inicio de seisiones parlamentarias

 

Dólar futuro: Cristina Kirchner y Axel Kicillof harán su alegato y piden cambiar la fecha

El abogado de la vicepresidente remarcó que es "público y notorio" que ese día es la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso. Además, solicitó que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof harán su alegato en la causa dólar futuro.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof harán su alegato en la causa dólar futuro. 
Imagen: NA

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner le hizo saber a la Sala I de la Cámara de Casación que la propia vicepresidente será la que haga el alegato respecto de la causa llamada dólar futuro y lo propio se anticipa respecto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Como los jueces convocaron para lunes 1 de marzo, el abogado Carlos Beraldi reclamó que se ponga una nueva fecha porque “como es público y notorio en esa jornada se produce la apertura de sesiones del Congreso Nacional”. Además, Beraldi reiteró su pedido de que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación.

Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña deben resolver, de hecho, si se hace o no el juicio que corresponde a ese expediente, abierto con bombos y platillos por varios referentes de Cambiemos. Como anticipó Página/12 la acusación fue demolida por una pericia, firmada de manera unánime, en la que se concluyó que no hubo ningún perjuicio para el estado, que el Banco Central igual tuvo ganancias en 2015, que incluso tuvo más ganancias que en 2016, que se trató de una política destinada a evitar una corrida cambiaria y que permitió conservar reservas. Tras semejante dictamen, parece obvio que corresponde la inexistencia de delito y asoma como delirante la realización de un juicio que va a durar dos años. 

No obstante, el fiscal Diego Velasco insistió en que el juicio se debe hacer y dos de los tres jueces del Tribunal Oral le dieron la razón. El recurso llega ahora a la Cámara de Casación.

No sólo CFK va a hablar en la audiencia sino también el otro acusado estrella, el gobernador Kicillof, por entonces ministro de Economía. No se sabe cuál será el contenido de ambos alegatos, pero una de las cuestiones más evidentes es que los únicos beneficiarios de Dólar Futuro, los únicos que tuvieron ganancias, fueron empresarios y consultores de Cambiemos -Mario Quintana, Nicolás Caputo, Gustavo Lopetegui, entre muchos otros-, luego convertidos en ministros, que produjeron una fuerte devaluación con la que se beneficiaron ellos mismos. El obvio instructor de la causa, el fallecido Claudio Bonadío, autorizó a pagarles las ganancias, demostrando que la política había sido legal.

Por lo pronto, el defensor de CFK, Beraldi, presentó este viernes un escrito pidiendo el cambio de fecha por el inicio de sesiones, tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura Bonaerense. Además, el letrado pidió que se tenga en cuenta que los lunes y martes debe atender a las audiencias de la causa por la obra pública en Santa Cruz. Finalmente, Beraldi reiteró un pedido que ya hizo hace un tiempo: que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación.

La lógica indica que Petrone, Figueroa y Barroetaveña podrían inclinarse por la inexistencia de delito, tal como lo señala la pericia hecha por contadores del Banco Central. Del otro lado está la coalición político-judicial-mediática alineada con Cambiemos y con sede en Comodoro Py, que pulseará para ver a CFK, Kicillof, el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y muchos otros en el banquillo de los acusados. Sin embargo, ni los denunciantes originarios del PRO -Mario Negri y Federico Pinedo- ponen ahora el acento en este expediente. A esta altura quedó claro que fue pura persecución política y ocupar las tapas de los diarios.

sábado, 30 de enero de 2021

Lucha contra la inflación, actores y la experiencia del Hogar Obrero

 

Uno de los aspectos que hablamos cuando analizamos el capitalismo es el precio de las cosas. Ya sea de un alimento, un electrodomestico o un trabajo a realizar. La pregunta que se debate es como se establece dicho precio. Si nos ponemos a reflexionar podriamos decir que el hecho de poner cuanto sale un determinado producto en realidad es una condicion relativamente novedosa. Es decir el hecho de entrar a un negocio y ver el precio de determinado producto en una góndola y que sea ese el precio .

Ya que por ejemplo, aunque en un sentido común general,  uno piensa en las culturas de Oriente o del Medio Oriente con aquellos planteos de los Bazares del Regateo o cobrar algun segun quien es el cliente y el producto donde no hay precio si no que hay acuerdos de donde se sale un valor y se convalida en su compra. Aunque podemos decir que esta ,cuestión de la falta de precios, sigue vigente ya hoy no todos los negocios ponen sus precios. Si uno se pone a relfexionar en realidad no hay precio o es decir el precio se establece de ese acuerdo.Acuerdo que se establece en base a las posibilidades que uno tenga: un vaso en un desierto no es lo mismo que el mismo vaso de agua en un río de agua dulce y potable.

Claro uno podrá decir , Marx hace una expliacion del valor de las mercancias analizando el trabajo objetivado y su orientación al consumo , mientras que los liberales nos diran el valor de las cosas es un valor subjetivo y se mide en este juego de oferta y demanda, de la mano invisible del mercado. Donde  ambas tienen razón. Aunque habria que clarificar algunos aspectos entre costos y la mano invisible.En  un aspecto que la mano no es tan invisible, ya que cuando hay monopolios es bien visible, pero tambien el algunos casos la diversidad de actores hace dificil encontrar en donde se puede producir la distorsiín de los precios.  Y donde cada actor siempre va a tender a tratar de obtener el mayor beneficio posible con el menor esfuerzo.

En este sentido, un tema central en la Argentina, es la inflación. La misma, tiene varias aristas pero entre ellas, la central, es la puja distributiva mediada por el rol del Estado. El cual se espera de él ,según sus herramientas y el poder que tenga, que incline la balanza hacia un sector u otro. 

 Sin embargo, nos parece importante remarcar, que muchas veces con el Estado solo no alcanza,aunque claro que es un factor importante, y la voluntad individual de los ciudadaanos  puede ser escasa. Es ahí donde cobra relevancia el rol de las organizaciones y la solidaridad .En este sentido, nos interesa remarcar una de aquellas experiencias que de aguna manera sirvieron para contener la inflación y que durante los 80 se las desmantelo para que llegaramos al contexto actual. En este sentido nos interesa recordar la experiencia del Hogat Obrero.


 

 

El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda.

El Hogar Obrero (EHO) fue creado en 1905 por iniciativa de los médicos Juan Bautista Justo y Nicolás Repetto, además de otros diecisiete fundadores vinculados al socialismo, con el propósito de contribuir primeramente a la solución del problema de la vivienda obrera. Con el transcurso del tiempo, desarrolló también secciones de crédito, consumo (la más conocida) y una importante actividad educativa y cultural mediante el Instituto de Educación Cooperativa y sus casi treinta filiales. Es un hito en la historia argentina del cooperativismo argentino no solo por su vasta trayectoria, sino también por su contribución a la organización del movimiento cooperativo en general. Cuando en el año 1905, Justo planteó a un numeroso grupo de trabajadores la creación de una cooperativa de obreros,  el tipógrafo Manuel T. López, al considerar la gran cantidad de lotes de terreno a mensualidades que se vendían y el excesivo precio del dinero que se solicitaba en hipoteca, propuso que dicha cooperativa fuera de préstamos para la construcción de casas modestas. EHO se estableció, entonces, con el fin de construir “casas económicas para los trabajadores”, sobre la base del modelo de la Sociedad de Dayton, Ohio, en los Estados Unidos. Tres meses después, se llamó a una asamblea constitutiva ; concurrieron cuarenta y ocho personas que aprobaron el estatuto, eligieron el primer directorio y cotizaron las primeras cuotas de capital para integrar las acciones. La aspiración era lograr una vivienda higiénica y confortable cuyo alquiler no fuera mayor a un tercio del salario de los trabajadores.


La visión de sus fundadores destacaba también la importancia del desarrollo del cooperativismo de consumo por considerarlo una manifestación elocuente del poder económico de la clase obrera. Acorde con esa visión, incorporaron en 1913 una sección de consumo. Aunque esta actividad se inició en una coyuntura de crisis económica, logró consolidarse y paulatinamente transformó a EHO en la cooperativa de consumo más grande del país.


En forma paralela a su desarrollo comercial, EHO expresó una preocupación institucional permanente por la observancia de los principios cooperativos. Así, en 1919, colaboró con el Museo Social Argentino en la convocatoria y organización del Primer Congreso Argentino de las Cooperativas; y en 1923, celebró el Día Internacional de la Cooperación en su sede social: esa fecha fue establecida en el mismo año por la Alianza Cooperativa Internacional al recomendar celebrar y propagar la cooperación para demostrar al mundo la “solidaridad de los cooperadores y la eficiencia de sus organizaciones como medio de emancipación económica y prenda de paz mundial”. También en 1923, el EHO puso en funcionamiento una caja de ahorro en la que depositaron sus fondos cerca de veinte sociedades obreras. El dinero se invirtió en títulos nacionales de renta y acciones del Banco Popular Argentino, institución bancaria de esencia cooperativa. Esta iniciativa impulsó un sorprendente crecimiento para las décadas subsiguientes.


En los años 1989 y 1990, la cooperativa alcanzó el sexto lugar en el ranking de las empresas argentinas del sector comercio y servicios. Desde su fundación y hasta 1991, logró una significativa presencia en la escena socioeconómica nacional: edificó alrededor de 5000 viviendas familiares, instaló 300 autoservicios y supermercados distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y 14 provincias, creó cerca de 14.500 puestos de trabajo y contó con 2.000.000 de asociados.


El 7 de marzo de 1991, ante una aguda situación de iliquidez financiera como secuela de la hiperinflación y de la confiscación de depósitos bancarios y su sustitución por el Plan Bonex decretada por el Gobierno nacional el 28 de diciembre de 1989 (además de la posterior negativa de ese mismo Gobierno para auxiliar financieramente a la mayor empresa social de la época), EHO se presentó en concurso preventivo de acreedores. Esta situación arrojó a la entidad a una crisis atentatoria contra su patrimonio acumulado a lo largo de ochenta y seis años de intensa labor. Atravesada por tal coyuntura, la cooperativa cumplió con lo dispuesto por las leyes argentinas en materia concursal y logró evitar la quiebra. Para ello, puso a disposición de sus acreedores gran parte de su patrimonio, transitó por innumerables vaivenes judiciales, políticos y económicos que la pusieron al borde de su desaparición. Pero, aferrándose a sus principios fundacionales inconmovibles, nunca perdió de vista el objetivo final de honrar las deudas, evitar su desaparición y reanudar resueltamente su vida socioeconómica. Finalmente, el 11 de mayo de 2012, vía sentencia judicial, se dio por cumplido el acuerdo homologado, lo que disparó su renacer institucional.


Actualmente, y siempre orientada por los valores y principios de la cooperación libre, EHO edifica y financia viviendas totalmente en pesos para sus asociados. Bajo la premisa de colaboración interinstitucional, brinda, en convenio con destacadas instituciones del mundo de la cultura y de la economía solidaria, servicios de turismo, actividades recreativas y culturales para sus asociados. Asimismo, ha comenzado a trabajar en la elaboración de un plan integral de actividades para sus asociados y su comunidad de influencia. En el sector comercial, en su condición de propietaria genuina de la marca COOP en el territorio de la República Argentina, EHO ha otorgado una licencia de uso exclusivo a la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda de Bahía Blanca, que ha comenzado a aplicarla en productos de consumo familiar, electrodomésticos y bicicletas que se distribuyen bajo dicha marca.


Con todo esto, El Hogar Obrero contribuye al lema de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el año 2012, Año Internacional de las Cooperativas: “Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor”.

Fuente:rutacoop.com.ar

miércoles, 20 de enero de 2021

Ley de Teletrabajo: los principales puntos de la reglamentación

 

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen Legal del Contrato del Teletrabajo, aprobado el 30 de julio del año pasado por el Senado. La reglamentación de la ley 27.555 fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 27/2021, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El primer artículo establece que "las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular". Tampoco "en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional".

En el anexo publicado este miércoles, se detalla que los artículos 2°, 3° y 4° vinculados al contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones y la jornada laboral quedaron sin reglamentar.

Derecho a la desconexión

La normativa establece un claro "derecho a la desconexión digital", para evitar que las jornadas de actividad laboral de los trabajadores se excedan más allá de las horas pactadas de trabajo a diario.

El artículo 5° precisa que cuando "la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral".

"En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada, salvo que concurran los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)", dice la normativa y aclara que "no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión".

"Los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos", puntualiza el texto.

Tareas de cuidado

La persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuando esta finaliza.

En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva.

Los elementos de trabajo

Sobre la provisión de elementos de trabajo, se remarca que "no es remuneratoria, lo cual se extiende a la compensación de gastos, aún sin comprobantes" por lo que "no integran la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social".

Además, siempre y cuando la relación entre ambas partes "no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación de una convención colectiva", pueden acordar entre ellas las pautas para su determinación.

Cómo revertir la modalidad de teletrabajo

Respecto de la reversibilidad, deberá "ajustarse a los deberes impuestos en los artículos 9º y 10° del Código Civil y Comercial de la Nación y 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo".

Recibida la solicitud de la persona que trabaja, con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, el empleador o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación del o de los establecimientos al momento del pedido; en ningún caso dicho plazo podrá ser superior a 30 días.

"A los efectos de evaluar la imposibilidad de cumplir con esta obligación se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo", añade el decreto.

Por otra parte, los empleados que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral "no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales".

Representación sindical

En tanto, el artículo 13°, sobre la representación sindical, sostiene que "en los casos en que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, aquella debe llevarse a cabo previa consulta con la entidad sindical".

Y añade que la representación de quienes antes prestaban servicios presenciales continuará siendo en el establecimiento laboral.

El Lisandro de La Torre fue Juan Perón

 Acto homenaje a 60 años de la toma del Frigorífico Lisandro De La Torre -  Avispados

La toma del frigorífico Lisandro de La Torre, constituyó un hito en la lucha del movimiento obrero contra las políticas de privatización y ajuste, e inauguró además una etapa de choque de clases entre trabajadores y patrones, encabezados por el peronismo proscripto, contra el presidente Arturo Frondizi y sus sucesores

El establecimiento producía un millón y medio de kilos de carne por día, además de cortes de ovejas, cabras y cerdos. En 1925 Marcelo T. de Alvear lo había creado para regular el mercado de carnes dominado por británicos y estadounidenses, que ganaron su control la década siguiente. Juan Perón había nacionalizado el matadero en su primer gobierno y lo pasó a la Municipalidad porteña.

El frigorífico permitía al Estado fijar precios internos y acumular divisas provenientes de las cuotas de exportación. En 1959 Arturo Frondizi acordó con el FMI su privatización, que terminó en manos de la Corporación Argentina de Productores de Carne, una entidad vinculada a terratenientes y empresas multinacionales.

Frondizi había ganado las elecciones de 1958 por un acuerdo con Perón --exilado y proscripto-- por el cual se comprometía a legalizar los sindicatos y otorgar un aumento salarial del 60 por ciento. Su gobierno propició recortes en la administración estatal, congelamiento de salarios, reducción de obras públicas y un prolijo cronograma de pagos con los organismos internacionales de crédito.
El 14 enero de 1959, el Congreso aprobó la privatización del frigorífico, lo que desató la reacción de sus 9.000 empleados.

El Sindicato de la Carne, con Sebastián Borro al frente, movilizó a los trabajadores, quienes en asamblea decidieron la toma del establecimiento y se declararon en huelga. La medida concitó el apoyo de los vecinos de los barrios de Mataderos, Lugano, Villa Luro y Floresta, que en solidaridad con la huelga se congregaron en la entrada del frigorífico. En la madrugada del 17, el gobierno envió 1.500 efectivos de la Federal, Gendarmería y Ejército, que desalojaron violentamente a obreros y vecinos, con el apoyo de tanques que derribaron la entrada. Según cuenta en “La clase obrera peronista” Roberto Baschetti, “Busquet Serra, presidente de la CAP, de la oligarquía terrateniente, le hizo saber a Borro y demás gremialistas que disponía de 25 millones de pesos para “negociar”: lo mandaron al carajo.” Honor a una generación de militantes sin dobleces.

Los principales dirigentes de la toma fueron presos y fueron echados 5.000 trabajadores. Un día después, la CGT del dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor convoca a una huelga general por tiempo indeterminado que tuvo una alta adhesión, pero que fue levantada el 20 de enero.

Berisso, Ensenada, Avellaneda y Dock Sud, localidades en las cuales se concentraban los establecimientos más importantes de la industria de la carne, fueron ocupadas por efectivos militarizados para reprimir las protestas. La agitación se extendió en fábricas de Capital, Gran Buenos Aires y Rosario; los paros siguieron hasta el 24 de enero.

El historiador Ernesto Salas señaló que “fue una huelga de fábrica que terminó insurreccionando el barrio de Mataderos, y en un momento preciso de la Resistencia Peronista, no en cualquier momento, por eso es recordada esa huelga aunque hubo muchas huelgas que no son tan recordadas”. La toma del frigorífico “significó un quiebre, un clivaje, entre lo que sería la etapa de la insurrección y la etapa de la guerrilla, porque se probó en esos días que la insurrección no funcionaba, porque hubo huelga general, atentados, distintos tipos de acciones violentas que no voltearon sino que por el contrario consolidaron al gobierno de Frondizi porque los dirigentes sindicales sintieron que era mejor que los militares”, explicó Salas.

La toma del Lisandro de la Torre (antes “Juan Perón”) fue una derrota para los trabajadores, porque no pudieron frenar la privatización, pero la medida de fuerza marcó el inicio de un período de alta conflictividad sindical. A lo largo de 1959 se perdieron dos millones de jornadas laborales como consecuencia de las acciones directas de los gremios, y al año siguiente, el gobierno puso en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) por el cual miles de trabajadores resultaron movilizados y militarizados.

En 1962 hubo elecciones legislativas y para gobernadores; el peronismo ganó en Buenos Aires y otras nueve provincias, pero Frondizi anuló esos comicios presionado por las tres armas. El 29 de marzo, el Presidente fue derrocado y colocaron en su puesto a José María Guido, que volvió a la proscripción y represión al peronismo dictadas siete años antes por el dictador Pedro Eugenio Aramburu. Guido era presidente de la Corte Suprema…

Contra ello, y en apoyo del conflicto, los comandantes de la difusa “Resistencia Peronista” hicieron estallar cientos de “caños” y sembraron de “miguelitos” las calles en Buenos Aires y otros puntos del país. La táctica de combate fue desautorizada por la contundente entrada en escena del movimiento obrero organizado. En enero de 1963 se realizó el Congreso Normalizador de la CGT, en el que se eligió la nueva conducción con dirigentes de las 62 y de los Independientes en partes iguales y se decide la realización de un plan de lucha. Buscaban reivindicaciones, económicas, sociales y políticas, todo un programa de gobierno. En su segunda etapa, el Plan de Lucha de 1964 iniciado en fábricas textiles y metalúrgicas movilizó millones de trabajadores en la ocupación de 11.000 establecimientos.

Cien años no es nada

 

El 29 de enero se cumple un siglo del estallido de la huelga de La Forestal en el lejano norte santafesino. Una reacción obrera a la explotación extrema a que eran sometidos los trabajadores de la empresa inglesa dedicada a la explotación del quebracho colorado. La huelga venía precedida de conflictos parciales desarrollados por los sindicatos de la FORA que exigían mejores salarios y condiciones de trabajo más humanas, empezando por las ocho horas de trabajo. A instancias del gobierno radical de Hipólito Irigoyen se había firmado un convenio colectivo que respondía a estos reclamos invariablemente incumplidos por la compañía.

La compañía inglesa de tierras, maderas y ferrocarriles, llegó con el siglo XX a Santa Fe. Monopolizó la producción y la distribución nacional e internacional del quebracho y puso fin a los intentos de convertir el norte boscoso en colonia agrícola. La Forestal fue un núcleo productivo integrado donde todo era de ellos: ferrocarriles, puertos, y hasta el mercado paralelo de la provista, ya que pagaban a sus trabajadores con vales en forma de “pagarés” que debían canjear en los almacenes de la misma empresa.

Legisladores denunciaban reiteradamente que La Forestal estafaba al fisco, defraudaba al Estado y reducía aborígenes y criollos a la esclavitud. La situación social era ocasionada por la miseria extrema, la mala calidad de la vivienda, las precarias condiciones de salud e higiene y la escasa alimentación. Las huelgas de La Forestal fueron conflictos olvidados (afortunadamente rescatados por el cine setentista y la película Quebracho); siempre medio perdidas entre las huelgas de la Patagónia Rebelde y la de los talleres Vasena que originaron la Semana Trágica porteña.

El trabajo de las mujeres es el gran ausente de la memoria colectiva como lo señalan varios autores. Empleadas domésticas, costureras, hacheras, telefonistas, empleadas de almacenes de ramos generales, enfermeras, y maestras, y hasta prostitutas se desempeñaban en los pueblos del quebracho. En el imaginario el universo productivo de La Forestal es “macho”. A ellas, arte y parte, su reconocimiento.

La Forestal había adquirido a precio vil 2 millones de hectáreas de en el norte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero y del Territorio Nacional del Chaco. Llevaba construidos 400 kilómetros de ferrocarriles y conectados distintos pueblos incluidos en el área de explotación como Villa Ana, Villa Guillermina, Florencia, donde armó las distintas fábricas que industrializaban los rollizos de quebracho. Llegó a tener moneda propia, policía uniformada (los famosos cardenales como se conocía a la gendarmería volante) y un ejército de patotas civiles organizados por la Liga Patriótica, especializada en perseguir sindicalistas y activistas y que terminó concretando en el año 1921 una masacre donde asesinaron entre 500 y 600 trabajadores.

Comercio cautivo: los vales moneda propia y pagarés eran parte del negocio.

El incumplimiento de los acuerdos previos desató aquel 29 de enero de 1921 la declaración de la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo y desató la represión que se convirtió en una verdadera cacería dado que los huelguistas se lanzaron hacia el monte para resistir, muchos de ellos acompañados de sus familias. Ahí los fueron a buscar los “Cardenales” y la Liga Patriótica. Medio siglo después repetirían la historia en el taco de la bota santafesina, contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Entonces se llamaron los “Pumas” y Triple A. Recorrer la historia desde la memoria sirve para entender cómo funciona la política y cómo juegan los intereses de clase. Ignorar esta perspectiva nos llena de asombro frente a los discursos irracionales de la derecha extrema, el comportamiento de los dirigentes nos parece increíble y vemos como novedoso lo más repetido de la historia.  

Fuente:¨Pagina/12

lunes, 18 de enero de 2021

El debate sobre el Ingreso Ciudadano en la Argentina: ¿La tercera es la vencida?

 

Fuente:ramble tamble blog
 

La crisis sanitaria, económica y social ha generado, en la Argentina, una amplia producción que podemos identificar como la tercera onda de debate sobre renta básica (RB) o ingreso ciudadano (IC).

La primera onda, durante los años noventa y hasta comienzos de los años 2000, se dio en el contexto de la transformación estructural de la economía argentina al amparo del proyecto neoliberal encabezado por Carlos Menem (PJ) y continuado por Fernando de la Rua (Alianza), que llevó al país a un colapso social sin precedentes: 1 de cada tres personas con problemas de empleo y más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. En ese contexto, se generaron dos movimientos con escaso grado de convergencia. Por un lado, la producción académica de investigadores ligados en su gran mayoría al CIEPP y la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, verdaderos pioneros de la discusión en la Argentina, planteando la necesidad de superar las falencias estructurales de la arquitectura del bienestar en el país, la implementación de una transferencia universal y no condicionada a la infancia y la defensa de una reforma fiscal orientada a unificar “los dos brazos del Estado”, el que recauda y el que gasta (Barbeito & Lo Vuolo, 1995; 1999). Por otro lado, la militancia activa de la Central de los Trabajadores Argentinos promoviendo la implementación de una asignación universal a la niñez, un seguro de capacitación y empleo para la vida adulta y la garantía de una jubilación para los adultos mayores. Las políticas públicas fueron en el sentido contrario: acotadas y focalizadas durante los años '90; ampliadas, pero con carácter temporal y sujetas a la contrapartida laboral típicas de programas de workfare en la post-crisis de la convertibilidad.

El período entre inicios de los años 2000 y mediados de la década siguiente puede ser identificado como un segundo momento del debate sobre renta básica en la Argentina. De modo concomitante a la producción IC a la niñez, surge una producción que tiene como foco de análisis los programas de transferencias implementadas, en particular, a la niñez y adolescencia (primero, el programa Familias para la Inclusión Social y luego la Asignación Universal por Hijo) y a las y los adultos mayores (moratorias provisionales que permitieron a las personas que no habían contribuido o a quienes les faltaban aporte acceder a una jubilación ordinaria del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). A pesar de la ampliación de las transferencias monetarias, los trabajos destacan el carácter segmentado del sistema de protección, que divide “beneficios” en función de la participación o marginación del mercado de empleo asalariado (Lozano y Lo Vuolo, 2009) como también la persistencia de las condicionalidades.

La crisis actual dio lugar a un tercer momento y ha dado lugar a un crecimiento significativo de la producción sobre RB. En parte, por lo que podemos llamar las excepcionalidades de la Argentina. En primer lugar, el país alterna, desde 2011, años de bajas tasas de crecimiento con otros de caída del producto. El debilitamiento del proyecto productivo-distribucionista (Kulfas, 2016) y la solución ortodoxa propuesta por la coalición de gobierno encabezada por Mauricio Macri (PRO), de claro sesgo conservador, han confluido en una situación drástica, caracterizada por aumento del desempleo y la informalidad y caída de los salarios reales. De hecho, datos del primer semestre de 2020, dan cuenta que 4 de cada 10 personas vive bajo la línea de pobreza. En segundo lugar, las debilidades de una economía con amplios sectores dominados por oligopolios, con alta inflación, expresión de la puja distributiva.

La crisis del COVID encontró a la coalición de gobierno con limitados márgenes de actuación, fundamentalmente por el alto endeudamiento público. En ese sentido, las respuestas expresaron la lógica dual del sistema de protección: tres pagos de una transferencia monetaria de $ 10.000 a desempleados e informales; 9 pagos de un subsidio a las empresas para afrontar parte de los salarios en el caso de los trabajadores formales. Al mismo tiempo, se aumentó el valor de las diversas transferencias monetarias. A pesar del activismo estatal, la magnitud de la crisis vuelve la inversión insuficiente (Lozano y Horwitz, 2020).

En ese contexto, se han esbozado diferentes propuestas como la necesidad de un "salario social" para desempleados e informales (Hagman, 2020), el estudio del trabajo garantizado (Mario, 2020) o la adopción de un IC o RB. Los trabajos analizan las ventajas de una propuesta universal e incondicional que son conocidas por los lectores de Sin Permiso: brindar protección social ex-ante y sentar las bases para la libertad real de las personas.

¿Cuán cerca está la Argentina de la adopción de un IC? Existen elementos que llaman al pesimismo, en particular el fuerte arraigo del trabajismo que asocia protección a empleo asalariado y el carácter poco articulado de una arquitectura del bienestar caracterizada por la fragmentación de programas en los tres niveles de gobierno con bajos grados de coordinación.

Por otro lado, podemos identificar ventajas para afirmar que el escenario es propicio para plantear la propuesta. Una de tipo coyuntural: por primera vez en mucho tiempo, sectores que están contra la intervención del Estado y que suelen tener una postura despectiva respecto de las personas contempladas por los programas asistenciales, han sentido los efectos de las carencias materiales en carne propia. Eso aumenta, aunque no sabemos en qué grado, los niveles de empatía, algo necesario para generar coaliciones de apoyo. Las otras, de tipo estructural: por un lado, el gasto social en Argentina no es bajo; por otro, el país tiene una larga tradición de incorporación social con políticas universales (Garcés, 2020).

Avanzar hacia la implementación de un IC demanda responder una serie de cuestionamientos: en primer lugar, cómo garantizar su financiamiento y, relacionado con ese punto, cómo fortalecer la capacidad fiscal del Estado. Es decir, cómo llevar a cabo reformas tributarias progresivas y controlar los diferentes mecanismos de fuga y evasión de las elites locales, acostumbradas a imponer su poder de veto sobre la agenda distributiva. En segundo lugar, cómo realizar una articulación virtuosa con la institucionalidad existente en materia de protección social que alcanza un amplio número de agencias y actores de los diferentes niveles de gobierno. Por último, pero no menos importante, cómo generar una amplia coalición de apoyo que venza resistencias ideológicas de los actores políticos y sociales necesarios para llevar adelante una propuesta como esta: políticos, burocracias, sindicatos, movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos. En última instancia, se trata de ir a contracorriente de la larga institucionalización basada sobre el empleo.

La suerte no está echada y los hombres y mujeres somos artífices de nuestra historia. Si al pesimismo de la razón le anteponemos el optimismo de la voluntad, la defensa de un ingreso ciudadano puede ser la base para la conformación de un sistema de protección basado en un criterio de justicia social.

Fuente: Este artículo es una versión reducida del Documento de Trabajo n. 106 del CIEPP intitulado “La Renta Básica (o Ingreso Ciudadano) Universal e Incondicional. El Debate en la Argentina”. Disponible en: https://bit.ly/3pWGSmO.

Referencias

Barbeito, A. y Lo Vuolo, R. Contra la exclusión: La propuesta del ingreso ciudadano, CIEPP-Miño y Dávila, Buenos Aires,1995.

Garcés, L. La oportunidad de un ingreso ciudadano universal. Octavo Monográfico Sin Permiso, 2020, pp. 130-132.

Hagman, I. “Llegó el momento del salario universal?” Panamá Revista, 10 Abril de 2020. Disponible en: https://bit.ly/36Xetac. Acceso en: 20 Nov. 2020.

Lo Vuolo, R., Barbeito, A., Pautassi, L. y Rodríguez Enríquez, C. La pobreza de la política contra la pobreza. CIEPP-Miño y Dávila, Buenos Aires, 1999.

Lozano, C. y Lo Vuolo, R. Dosssier. “La encrucijada del IC universal en la Argentina”. I Monográfico Sin Permiso, 2013, pp. 158-162. 1 de noviembre de 2009.

Lozano, C. y Horwitz, S. “Políticas alimentarias y de transferencias de ingresos. Análisis del alcance de los programas que buscan atender el hambre y la pobreza en nuestro territorio”. Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, Central de los Trabajadores Argentinos, Buenos Aires, 2020.

Mario, A. Teoría del empleo moderno y empleo de última instancia. Cómo la Argentina puede usar el pleno empleo para controlar la inflación. Moreno, Editorial de la Universidad Nacional de Moreno, 2020.
 
Profesor de la Universidade Federal da Integração Latino-americana
       Cecilia del Bono 
 Profesora de la Universidad de Buenos Aire

domingo, 27 de diciembre de 2020

Economistas pronosticadores: "vayan a buscar otro trabajo"

 El ejercicio tradicional de Página/12 de cotejar las proyecciones 2020 con la realidad se hizo a partir de los datos posteriores al estallido de la crisis del coronavirus en el país. Igual la mayoría de esos economistas se equivocó con la evolución del dólar, la inflación, el PIB, las cuentas fiscales, la tasa de desempleo, las reservas del BCRA, el balance comercial.

En este año tienen la excusa de la pandemia. Los pronósticos económicos de fines de 2019 para el 2020 no pueden ser referencias para realizar el ejercicio que, de repetirlo desde hace bastante en cada fin de diciembre, puede ser evaluado por los protagonistas como acoso. No lo es.

Esta tarea higiénica no ingresa en esa categoría; en realidad se trata de retirar el velo del inmenso dispositivo de engaño deliberado y de construcción de expectativas sociales con inconfundibles objetivos de legitimar medidas regresivas y políticas conservadoras. 

Los economistas pronosticadores gozan de tal impunidad que muy pocos observadores o consumidores de sus informes se toman el trabajo de comparar lo que decían y lo que en la práctica sucedió. Si ese estudio básico de cotejar se realizara, se diluiría ese espacio privilegiado que ocupan en la interpretación de la cuestión económica.

Eso no va a pasar. Esa comunidad de mercaderes de información económica tiene una amplia red de cómplices para ocultar sus desaciertos. Tiene la desconcertante fortuna de que sus miembros siguen siendo contratados por empresas y bancos para sentenciar qué pasará en la economía, cuando la realidad los desmiente una y otra vez.

Es habitual que los medios de comunicación tradicionales los consulten para conocer sus chapucerías. La costumbre de este diario, en cambio, es revisar las estimaciones que hacen de las principales variables económicas y, pasados tantos años, se ha convertido en un potente estímulo de curiosidad periodística. Y, valga la confesión, también es un incentivo para interpelar esa absurda convención de pretender conocer el futuro guiados por economistas.

Pesimistas

La pandemia puede ser utilizada como pretexto para archivar las estimaciones realizadas a fines de 2019. Por ese motivo, en esta ocasión, no se tomarán en cuenta las primeras proyecciones, presentadas el 3 de enero por el Banco Central cuando difundió los pronósticos 2020 de 24 consultoras y centros de investigación locales, 14 entidades financieras argentinas y analistas extranjeros. Esos datos constituyen el reporte conocido como Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central, donde se indica cuál sería el recorrido de la economía según esos supuestos expertos.

Una de esas proyecciones, antes del coronavirus, decía que la evolución promedio del Producto Interno Bruto sería una caída de 1,6 por ciento. Era una cifra que mostraba el sesgo pesimista con el gobierno de Alberto Fernández. Tendencia opuesta a la demostrada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Un revelador informe del economista Emmanuel Álvarez Agis, de septiembre pasado, deja al descubierto ese comportamiento. Menciona que el pesimismo observado en el REM para el gobierno de Fernández contrasta con los registros 2016-2019 durante el macrismo. Muestra que, en dicho período, las expectativas de inflación y de evolución del tipo de cambio se ubicaron en forma persistente por debajo de las variaciones observadas de esas variables.

Precisa que durante 2017 el promedio de la variación esperada de los precios para los siguientes doce meses fue +17,7 por ciento, y la evolución esperada del tipo de cambio nominal para el mismo período osciló en torno a +16,0 por ciento.

En 2018, la crisis cambiaria llevó a un aumento del tipo de cambio y aceleración de la evolución de los precios. Sin embargo, las proyecciones del REM anticipaban una desaceleración en la nominalidad. Nuevamente en 2019 la variación observada del tipo de cambio nominal y el IPC superó a las expectativas.

Este análisis del REM es otra prueba contundente de que los pronósticos económicos dominantes tienen escasa rigurosidad científica y casi nada de seriedad analítica, y que sólo son instrumentos de intervención política para promover medidas económicas de preservación de privilegios de poderosos y para apoyar fuerzas conservadoras.

No se escapan

Si los pronósticos de diciembre de 2019 para este año quedan invalidados por la pandemia, en cambio los realizados cuando el coronavirus ya estaba presente adquieren valor para emprender la tarea de comparar. Entonces el cotejo será con los pronósticos entregados en abril. La crisis global ya estaba desatada y los impactos en la economía local eran fulminantes.

Sin importar el incremento de la incertidumbre general y sin considerar la rápida reacción del Gobierno para atender la emergencia sanitaria y para diseñar una red de protección de empresas y trabajadores, la secta de economistas pronosticadores siguió con su tradicional trabajo. Y el saldo no fue distinto: una sucesión de errores en cada uno de los recorridos de las variables estimadas.

En la tarea de evaluar el comportamiento de los denominados gurúes de la city se consideraron las siguientes variables principales: inflación, dólar y reservas con fuente FocusEconomics, REM-BCRA, Indec y BCRA. Pero también se analizaron los datos de la balanza comercial, exportaciones, Producto Interno Bruto, producción industrial, desempleo.

Pocos se acercaron al dato real y muchos exhibieron que la elaboración de estimaciones está guiada por el deseo y las anteojeras ideológicas más que por una evaluación seria.

Una variable sensible para la población es la tasa de inflación. No es un dato menor en la definición de las expectativas sociales y también políticas. Las equivocaciones fueron groseras. Sin tener en cuenta la impresionante recesión con caída de la demanda, la política oficial de administración de precios y la estrategia cambiaria, Econométrica y el estudio de Orlando Ferreres estimaron una inflación superior a la del último año de Macri (53,8 por ciento), la más alta desde el estallido de la convertibilidad.


Uno de los economistas del establishment más cotizados, Miguel Ángel Broda, no se inhibió en vaticinar que "vamos a tasas de inflación en el último trimestre de este año como las que tuvimos en los '80. El año dará 50-55 por ciento, pero el último trimestre será muy alto".

Broda es consecuente con su trayectoria: se equivocó, pero este año ingresó en un estadio superior de desatinos analíticos al comparar la situación argentina con la de Irak, Venezuela y el Líbano.


Sacachispas los goleó

No sólo han errado en las proyecciones de variables macroeconómicas, sino que también han tenido una manifiesta debilidad analítica cuando tuvieron que opinar acerca de la marcha de las negociaciones con los acreedores externos privados.

Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se enfrentaba a los más poderosos fondos de inversión del mundo, la mayoría de los economistas mediáticos descalificaba la labor del representante de los intereses de Argentina.

En una actitud infrecuente, este año el consultor Carlos Melconian tuvo declaraciones agresivas hacia un titular del Palacio de Hacienda. Eligió como blanco a Guzmán hasta decirle que era mentiroso. No le fue bien entre sus afirmaciones destempladas y la implacable realidad.

En relación a la negociación de la deuda había sentenciado: “Si la visión presidencial está 100 por ciento alineada ideológicamente con la del ministro de Economía, el default parece inevitable. El ministro Martín Guzmán está en las antípodas de los mercados de capitales. Estamos entre el pragmatismo y la ideología”.

No hubo default y el acuerdo de la deuda recibió la aprobación del 99 por ciento de los acreedores en los tramos externo y local.

El otro frente en que esos economistas quedaron descolocados fue en el cambiario. Apostaron a una devaluación brusca y aconsejaron a sus clientes realizar coberturas por un salto fuerte del tipo de cambio. Les hicieron perder mucho dinero. Algunos decían con una seguridad pasmosa de que el dólar superaría los 200 pesos. Guzmán ganó esa compleja batalla con gran parte de los economistas mediáticos en contra.

"Virus, cuarentena y vacunas"

En un año terrible en varios aspectos hubo economistas mediáticos que, no satisfechos con hacer papelones con el análisis económico, también se atribuyeron capacidad de opinar sobre curvas epidemiológicas, estrategias sanitarias y cuarentenas.

Del mismo modo en que confunden a sus interlocutores en la interpretación de los fenómenos económicos, en la pandemia pasaron a la categoría de charlatanes del coronavirus.

Si con pronósticos sesgados van construyendo expectativas sociales negativas, en este caso, con ignorancia y relativizando la crisis sanitaria, fueron una pieza importante para debilitar la estrategia oficial de salud pública.

La secta de economistas mediáticos completó de ese modo un combo perfecto: como si hubieran cursado la materia optativa en la Facultad "Virus, cuarentena y vacunas", opinaron con la misma soberbia de la ignorancia sobre el coronavirus como lo hacen con la economía.

No pasó

Un agudo observador de la acción de estos charlatanes que desprestigian una carrera y profesión fabulosa señaló que no es soberbia, sino que no se dejan engañar por las evidencias.

Como en años anteriores, en éste fueron varias las evidencias que desmoronaron sus sentencias, entre las principales se destacan:

* La economía se encaminaba a la hiperinflación; no pasó.

* La tasa de inflación se desbordaría; no pasó.

* Las cuentas fiscales tendrían un déficit descontrolado; no pasó.

* El dólar blue superaría los 200 pesos y el Gobierno estaría obligado a aplicar una devaluación brusca; no pasó

* El Producto Interno Bruto se derrumbaría más del 12 por ciento; no pasó.

* La fuerte expansión monetaria provocaría un shock inflacionario; no pasó.

* El default de la deuda sería inevitable; no pasó.


"Supongamos..."

Estos economistas tienen un atajo para eludir las críticas a sus persistentes equivocaciones. La historia que construye el engaño es la siguiente: cuentan que un granjero acude a un economista para pedirle consejos sobre cómo aumentar la producción de leche de sus vacas. 

Después de analizar con modelos y complejas ecuaciones la inquietud, el economista convoca al granjero para decirle que ha encontrado la respuesta. Le dice: “¿puede venir a mi oficina para escuchar la presentación de mi solución a su problema?”. 

En el día acordado, el granjero concurre al moderno edificio donde el experto trabaja, quien delante de un enorme pizarrón comienza la exposición que sorprenderá al granjero. En el inicio de la explicación el economista dibuja un gran círculo y dice: "Para empezar supongamos una vaca esférica".

Así van construyendo las proyecciones los economistas pronosticadores. Parten de una premisa desvariada que terminará con resultados fallidos.

Pero no son sólo errores en las proyecciones de las cifras de variables clave y de análisis económicos errados. También le suman previsiones político-sociales desacertadas por un sesgo ideológico conservador.

Está terminando diciembre, mes que se caracteriza por fuertes tensiones, y no hubo turbulencias económicas ni desbordes sociales pese a los impactos devastadores de la pandemia.

El 2020 ha sido otro fiasco para los economistas pronosticadores. Pero como se trata de un negocio extraño donde el consumidor de esas proyecciones paga muy bien y con gusto para ser engañado, las cifras para el 2021 ya están siendo anotadas para seguir este juego de comparar dentro de doce meses. En versión libre de la frase disruptiva de CFK en La Plata, se podría decir a estos economistas: "vayan a buscar otro trabajo".

viernes, 18 de diciembre de 2020

El agua cotiza en bolsa de futuros, ¿y después?

 


El peligro de imaginar

Hace más de treinta años que escribo historias para niños y jóvenes. Se me ocurre que la peor pesadilla de un autor es que las cosas imposibles que escribe con su imaginación más volada, se cumplan. Haciéndole pensar que quizás, si no las hubiera escrito, no hubieran sucedido.

En los 90, pleno gobierno del señor que no se nombraba pero que tiene un apellido que empieza y termina con M, ante la indignación por las privatizaciones de las empresas del Estado, empecé a escribir una novela para jóvenes. Para no spoilear, solo les cuento que en la historia, los países poderosos sufrían la falta de los rayos directos del sol. Entonces “compraban” sol a un pequeño país pobre pero cálido, que tenía una “deuda eterna” (un simple juego de palabras sacándole la x a la deuda que hace tanto nos perturba). Para que esto fuera posible, los medios de comunicación engañaban con variadas mentiras a la sociedad para convencerla de que el sol era malo para la salud...

Solo hasta aquí cuento lo que despertaron en mi imaginación los años menemistas (cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia).

Pasó el tiempo, hubo cambios de gobierno y dejé la historia. Un poco porque me esperanzó un país mejor... Otro poco porque a veces las novelas necesitan exactamente eso: que uno las abandone y las retome años después.

Cuando sentí que los 90 volvían de la mano de otro innombrable cuyo apellido también empieza con M (ojo que mi apellido empieza con M y es una letra muy íntegra y sin culpa) volví a mi novela con más ímpetu, con la desesperación de sentir que se repetía la historia. En enero de 2017 El secreto de la cúpula llegó a las librerías gracias a la Editorial Norma y yo sentí al menos el desahogo de haber dicho “algo” a los jóvenes sobre las privatizaciones cargadas de sombras y corrupción.

--¿Vender los rayos del sol? ¡Eso es un disparate! --dirán algunos...

--¿Y que “el agua empezó a cotizar en la bolsa de futuros de materias primas debido a su escasez”? ¿Qué es? --me pregunté leyendo los diarios de la semana pasada.

¡Menos mal que no lo anticipé en ninguna novela! Tengo imaginación, pero no tanta.

Será que tendremos que pagar... ¿Para hervir unos fideos? ¿Para bañar a un recién nacido? ¿Para calmar la sed de un anciano? Pienso en este verano y en las pistolas de agua con la que los chicos se sacan el calor. ¿Habrá que decirles que no la derrochen?

¡Ya me la venía venir yo cuando en la playa empezaron a cobrar el agua caliente para el mate!

¿Y dónde van a guardar las acciones del agua los poderosos? ¿En sus piscinas? ¿En cajas fuertes blindadas e impermeables? ¿O, como hacen siempre, se la van a tomar toda?

Y los dueños del agua... ¿serán dueños también de los peces?

Y si los seres humanos somos el setenta por ciento de agua... ¡Qué miedo!

Mientras escribo estas palabras empieza a llover. ¿Tendrá dueño esta lluvia?

¡Ah! Ahora sí que tuve una idea genial... compremos baldes para juntar el agua de lluvia y así hacernos aguanarios (que sería algo así como millonarios, pero de agua).

Tal vez mi idea haga subir la cotización de los baldes futuro... ¿O los baldes son pasado? ¿Cotizarán también en Wall Street?

Ay... estoy muy confundida...

¡Es que no sé nada de acciones! Mis dos actividades, la docencia y la escritura, solo me han permitido especular con el atún que ayer encontré barato en el súper y compré cinco latas para las fiestas. Y si hablamos de bolsa, solo conozco la que llevo a la feria y viene cada vez más liviana.

Y bue... aquí me quedo imaginando que quizás algún día para calmar la sed o para darte un baño haya que pensar si te lo permite la billetera.

Y quien te dice... si el agua cotiza, capaz que llega el día en que los rayos del sol también sean mercancía y me acusen de bruja. Ya puedo imaginarme ardiendo en la hoguera y que nadie disponga de agua gratis para apagarme.

 

Es el costo de la imaginación. ¿Cotizará también en la bolsa alguna vez? 

* Margarita Mainé es escritora.

miércoles, 9 de diciembre de 2020

35 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: "Señores jueces, Nunca Más"

Las condenas dictadas el 9 de diciembre de 1985 fueron un mojón en la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado. Después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de la última dictadura. El sociólogo Diego Galante, que dedicó su tesis doctoral a analizar ese hito, explicó a PáginaI12 por qué una parte de la valoración de aquel momento histórico “aún está en disputa” .

León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces.
 
León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces. 

El 9 de diciembre de 1985 León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces y, a través de ellos, la sociedad argentina: los secuestros, las torturas, las desapariciones, las muertes, los robos, de la última dictadura cívico militar eran crímenes y sus responsables debían ser condenados. Aquel día, después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de aquel golpe de Estado por aquellos hechos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera incluidos, y la sentencia, si bien estableció una base para comprender aquellos hechos (un piso del que nadie podía bajar) no logró zanjar los conflictos que por entonces fragmentaban al país en cuanto a la lectura de ese pasado que le respiraba en la nuca. Para el sociólogo Diego Galante, 35 años después, la valoración de aquel momento histórico “aún está en disputa”. “La valoración del juicio y la condena a las juntas militares en la historia de la democracia argentina está en disputa: una línea plantea que fueron los padres fundadores de la democracia y de la lucha contra la impunidad, el primer paso del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad actuales a pesar de la elipsis de más de una década; otra, que son los juicios actuales lo que en forma retrospectiva permitieron una recuperación, una especie de rescate de aquel juicio y aquella condena”, propone Galante, invitado por este diario a seguir reflexionando sobre aquel proceso mucho más que judicial que analizó para su tesis doctoral en Ciencias Sociales y de cuya conclusión, mañana, se cumplen 35 años. 800 palabras leyó, más o menos, Arslanián aquel 9 de diciembre. La sala estaba llena. Los integrantes de las tres juntas militares que habían deshecho el país poquísimos años antes, presentes: de trajes civiles, peinados a la gomina, jóvenes, culpables de punta a punta. El fallo unánime de los seis camaristas federales --Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio además de Arslanian-- habló de “detenciones violentas”, de “mantenimiento de las personas en detención clandestina”, de “interrogatorios bajo tormentos” y “eliminación física” de personas, de “saqueo de bienes”. Y también habló de “bandas terroristas”, de la “responsabilidad” de las Fuerzas Armadas en “la represión de la subversión”. Condenó a Videla y a Massera a prisión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de cárcel; a Armando Lambruschini a 8; a Orlando Agosti a 4 años y seis meses de encierro. Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya resultaron absueltos



La sentencia llegó tras ocho meses de juicio, “un fenómeno colectivo, mucho más que un evento jurídico concreto”, en el que participaron actores múltiples y sobre el que “se entretejieron múltiples lecturas sobre el pasado dictatorial y su criminalidad, y poniendo en foco sus memorias y conflictos sobre el presente y lo que se esperaba de él”, aclara el doctor en Ciencias Sociales que basó su tesis de doctorado en este proceso, el juicio a las Juntas. El trabajo fue publicado bajo el título: El Juicio a las Juntas. Discursos entre política y justicia en la transición argentina.

La sorpresa

En ese marco, “la condena suscitó sorpresa --resalta Galante--. Fue sorprendente para la escena judicial, para un amplio espectro político y en definitiva para la sociedad en general el hecho de que finalmente la Argentina de la transición lograra concluir un acto jurídico sobre ese pasado criminal que aún estaba muy presente y, más aún, con una condena”. Hay una imagen que lo ilustra: el silencio que se apropió de la sala de audiencias tras la lectura de Arslanián. Propone el investigador de Memorias Sociales del Instituto Gino Germani: “Por contraposición al estruendo de aplausos que acompañó el cierre del alegato de (el fiscal Julio César) Strassera, el silencio que llegó tras la sentencia es representativo del impacto que generó. En la sociedad que dejó mudos a todos”. --¿Sorprendió para bien o para mal?--La sorpresa debe entenderse en el contexto de la sociedad argentina de la transición, tan conflictiva como fragmentada. El juicio estuvo acompañado de amenazas permanentes a fiscales, jueces, funcionarios, secuestro de testigos, amenazas de bomba. Alfonsín había tenido que decretar un Estado de sitio. El estupor tuvo que ver en parte, también, con cierta desazón que causaron las condenas sobre todo en las agrupaciones de derechos humanos, si bien en la mayor parte del espectro político la sentencia fue celebrada. Los organismos no esperaban máximas condenas para algunos jerarcas de las juntas, pero tampoco las absoluciones. Y esa desazón luego se abre en diferentes caminos. Las Madres emiten un comunicado muy duro en el que vincula el juicio a las Juntas con la falta de voluntad del Gobierno de perseguir penalmente a los militares. Le llaman “simulacro”. En otros organismos, como CELS o la APDH, a pesar de las absoluciones, que fueron condenadas, se valoró mucho el avance judicial como el primer registro de que aquel había sido un comportamiento criminal, sistemático y planificado. Y subrayan el punto 30 de la sentencia, en el que la Cámara Federal ordena continuar investigando la participación de grados subalternos a los jefes de las fuerzas. No obstante, la sospecha de que una salida “política”, fuera amnistía u otra, no se apagaba.


 “La alerta sobre la salida política era permanente, incluso antes del juicio. Y justificada además, porque durante el desarrollo del juicio emergen varias informaciones cruzadas desde el Gobierno. Algunos funcionarios hablaban a favor del desarrollo de la Justicia y otros planteaban que era necesario ‘cerrar la cortina’” del pasado con amnistías. Alfonsín mismo debe salir a responder políticamente”. Los temores, no obstante, no eran infundados: no llegó una amnistía, pero sí las leyes de Punto Final, de Obediencia debida y, finalmente, los indultos. 

Legado y deudas

Hay un legado de esa sentencia que perdura hasta nuestros días. Y ese es el “reconocimiento del carácter criminal de un régimen que se concibió al margen de la ley y que implementó prácticas de lo más inhumanas para reprimir”, puntualiza el especialista. Porque, opina, “tras el Juicio a las Juntas nadie puede negar en buena fe lo que ocurrió en la dictadura, se acabaron las estrategias negacionistas, o quedan en eso, negacionismo, los desaparecidos de ninguna manera están en Europa como hasta entonces creía gran parte de la sociedad. La sentencia viene a sancionar con la fuerza de la verdad que lo que sucedió fue un crimen”.

 Sin embargo, aquello estuvo lejos de zanjar las divisiones que fragmentaban a la sociedad argentina de la transición democrática. “Por el contrario, las amplifica”, asegura Galante. “El juicio y la sentencia amplificaron los conflictos existentes, funcionaron como caja de resonancia en donde quedaban expuestas las representaciones divergentes sobre el pasado que estaba bajo análisis y sobre lo que debía esperarse por venir”. --¿Por qué esto es así?-- Pues porque si bien en términos jurídicos, la sentencia no pone en duda el carácter criminal de los métodos elegidos por las Juntas, “se apropia de los conflictos culturales persistentes en la sociedad y, en su análisis, los vuelca”. Amplía Galante: “En la primera parte de la sentencia está argumentado en términos históricos lo acontecido en el país bajo los términos de una guerra antisubversiva, los jueces apelan al lenguaje militar para describir los hechos: hablan de terrorismo subversivo, términos que no son cuestionados”. Sus repercusiones hacia adentro y hacia afuera de los derechos humanos.

Más allá de que la condena haya dejado en claro el cáracter criminal del desempeño de los militares, y de que tras lo ocurrido durante ocho meses en la sala de audiencias los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem hayan barrido --por presiones, por incapacidad de resolver los conflictos que atravesaban a la sociedad, o el motivo que fuere-- con las condenas logradas, hubo un aspecto de lo ocurrido durante la dictadura al que el proceso de enjuiciamiento a las Juntas no alcanzó siquiera a desarmar para revisar: el carácter político y económico del Golpe y de sus crímenes; el modelo de país que se buscaba instalar a partir de los secuestros, desapariciones y asesinatos. “Haber roto con el ciclo iniciado en 1930 de golpes de Estado y democracias débiles se lo debemos al juicio a las juntas y a su condena, a esa transición de los 80. Sin embargo, hubo entonces cierto contraste entre la condena moral que existía sobre los crímenes de los militares y la dificultad que había para condenar el golpe per sé. Había una dificultad de parte de la sociedad para reconocer el carácter político de los crímenes condenados en el Juicio a las Juntas, así como el proyecto político y económico regresivo que buscó la dictadura con ellos”, sostiene Galante. 

La condena sirvió como “puntapié de recuperación de los derechos humanos como valor de la democracia, algo que cae durante el Gobierno de Carlos Menem y empieza a resurgir en 2003”. También como “antecedente penal para la lucha por la Justicia” en relación a los crímenes de lesa humanidad no solo en Argentina sino también en otros países. Es que, no solo la condena se fundó sobre pruebas que, aún en los juicios de hoy, siguen impactando --testimonios ofrecidos en aquel proceso, sobre todo--, sino que “lo que quedó fuera de esa condena, trunco, por decirlo así, se reabre el camino hacia la persecución de justicia”, propone el sociólogo. Sigue: “Durante el período de la impunidad, la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia comienza a escribirse en los márgenes de aquello que había escrito la condena del juicio a las Juntas Militares, en permanente interacción. Fue su piedra basal”.

Un mojón contra el olvido

En la constitución de la memoria colectiva en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, la condena de diciembre de 1985 también fue un mojón, que por supuesto no hubiera existido sin la persistencia de los organismos de derechos humanos que empezaron a reclamar verdad en el mismo momento en que el gobierno dictatorial y sus aliados en cada espacio del campo sociocultural, medios de comunicación a la cabeza, insistía en escribir mentiras.

“Fue un elemento fundamental en la construcción de memoria, en la conformación de una serie de enunciados básicos, compartidos por amplios sectores de la sociedad que no concuerdan con otras representaciones de ese pasado, pero sí en aquella verdad que habían empezado a plantear el movimiento de derechos humanos y la Conadep luego: los de la dictadura fueron crímenes. No obstante, en medio del camino transicional, había quienes estaban apurados, incluso desde la panza del Gobierno radical, en transitar el proceso judicial con rapidez para poder, finalmente, olvidar", dice Galante, quien cita en su trabajo una declaración del entonces secretario general de la Presidencia, Germán López, sobre la supuesta necesidad  de “concluir rápidamente con esto, para que la sociedad se repliegue sobre sí misma, haga la reflexión necesaria, se sancione lo que corresponda, y se baje la cortina sobre esta situación dramática”. 

Suponiendo que la condena del Juicio a las Juntas no hubiera sido anulada con las leyes de impunidad, ¿habría sido posible el cierre inmediato del capítulo? Es difícil imaginarse esa solución a la luz de lo que ocurrió. De hecho, al comprobar judicialmente lo que había ocurrido hubiera sido difícil persuadir sobre la clausura. Una vez comprobada la existencia del delito ¿con qué argumento se puede invitar a su olvido?

¿Es posible legislar las soluciones frente al Lawfare?

 

El mundo sufre, y mucho.

Nuestro país está, además, fragmentado. Son muy pocos quienes están dispuestos a acercarse a algún interlocutor del otro bando.

Hace unos pocos días se publicó en Alemania el libro homenaje a uno de mis más queridos maestros, el profesor Marcelo Sancinetti. Ello fue en ocasión de su cumpleaños número setenta. El título de ese libro es Brücken bauen, que en alemán significa construir puentes. Se trata de un modo conmovedor de definir la tarea de Sancinetti entre los mundos culturales de Argentina y Alemania y de explicar aquello que falta en nuestro país.

Un puente es un diálogo. Allá vamos: sólo pretendemos sugerir caminos que nos aseguren el resguardo del estado de derecho para todos, y para siempre.

No es una novedad que hace mucho tiempo que el sistema penal es selectivo.

Las brujas eran, en la Edad Media, mujeres. Los presos normalmente son pobres. En los EE.UU la presión policial sobre los negros y latinos es enormemente mas violenta, etc, etc.

Tampoco es novedad que ello implica la lesión al principio de igualdad ante la ley.

En las últimas décadas esa selectividad se ha orientado ideológica o políticamente.

De eso se trata el Lawfare: utilización del sistema penal para la persecución de un conjunto de personas seleccionadas por su afiliación política o ideología, violando en esa persecución un conjunto muy relevante de los principios y garantías constitucionales propios del estado de derecho.

Aquello que diagnostica el Lawfare no es otra cosa que decisiones judiciales que deben ser revisadas.

El objetivo del Lawfare, a no dudarlo, es que hacia el futuro esa persecución discriminadora no suceda más y, hacia atrás, que esas decisiones, al haber violado principios esenciales de nuestra cultura jurídica, sean corregidas.

Ahora bien, ¿se trata de una categoría exótica? ¿Se refiere el lawfare a fenómenos desconocidos por nuestra cultura jurídica? ¡Claro que no!. Veamos.

Para referirse a lo que llamamos Lawfare, uno puede valerse de instrumentos, por así decirlo, tradicionales.

Hoy nadie cuestionaría la razonabilidad jurídica de que exista una acción o recurso de “inaplicabilidad de ley”, para casos en los cuales, se verifique la existencia de un precedente que sea contradictorio a la doctrina establecida por una sentencia impugnada. Como ha quedado claro desde hace mucho tiempo, la finalidad del recurso de inaplicabilidad de ley es establecer un amplio contralor de legalidad para lograr la uniformidad de la jurisprudencia, en particular en lo que respecta al no alejamiento infundado de ciertos puntos de partida orginados en principios y garantías constitucionales.

Ello es exactamente lo que abogados, organismos de derechos humanos, el sistema universal de las Naciones Unidas o el sistema regional de América Latina, vienen denunciando en lo que ha implicado una sorpresiva, pero sistemática y radical lesión, siempre orientada política o ideológicamente, de los principios de oralidad, juicio previo, legalidad, culpabilidad, in dubio pro reo, defensa, proporcionalidad, dignidad de la persona humana, igualdad de armas en el proceso, publicidad, igualdad ante la ley, división de poderes en el proceso penal, etc., etc.

Una y otra vez, los sistemas ortodoxos, no extraordinarios, que debían asegurar ese control procesal no han cumplido su rol [ni las cámaras de apelaciones —en particular la Federal—, ni la Cámara Nacional de Casación Penal, ni –mucho menos- la Corte Suprema de Justicia].

Pero, incluso existen otros institutos eventualmente más polémicos que permiten volver sobre sus pasos al sistema de justicia cuando, más allá de lo hermético de los cierres procesales, hay una convicción fundada de que detrás de una sentencia hay una marcada injusticia material.

Para reabrir procesos finiquitados, para colmo de males en contra del acusado, se echó mano al concepto de cosa juzgada írrita. Según se afirmaba con alegre convicción la cosa juzgada irrita o fraudulenta era aquella que resulta de un juicio en el que no se habían respetado las reglas del debido proceso o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad.

Ahora bien, si garantías de la fortaleza histórica y cultural de la cosa juzgada pueden ser dejadas de lado para seguir un proceso frente a un acusado ya declarado en su inocencia, ¿qué puede impedir que, ahora a favor del acusado, re evalúemos decisiones que al haber significado una lesión principista pero en contra del imputado deberían implicar un nivel más —o varios— de irritación procesal?

Por último, que nada está escrito para siempre si se encuentra una injusticia o un error o nuevas constancias en el proceso penal, lo demuestra el propio y conocido recurso de revisión. Sólo para que lo recordemos, el artículo 366 del nuevo Código Procesal Penal Federal, establece que: “La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado, por los motivos siguientes:

a. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueran inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable;

b. La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable, o resulte evidente aunque no exista un procedimiento posterior;

c. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable;

d. Después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hicieran evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, que el hecho cometido no es punible o encuadra en una norma penal más favorable;…”.

La función de reconstruir la seguridad jurídica —confirmación de valores ético-sociales y de la confianza en las normas— que cumple la decisión definitiva, en algunos casos, debe ceder en aras de valores superiores; por ello se permite la revisión del procedimiento cerrado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada mediante el recurso de revisión a favor del condenado, en supuestos excepcionales en los cuales, en verdad, el mantenimiento de la decisión no contribuiría a esos objetivos. La finalidad de este recurso es no someter a una persona inocente a una pena o medida de seguridad que no merece, o a un condenado a una pena o medida de seguridad mayor a la que merece.

Como lo dijo uno de los más importantes procesalistas del mundo, Florián [Elementos de derecho procesal penal, Ed. Bosch, Madrid, p. 460]: “La exigencia de que la sentencia sea conforme a la realidad lo más posible es tan fuerte que se alza contra la sentencia donde no se verifique esto por muy perfecta que sea formalmente. Al interés social de que la cosa juzgada sea respetada e intangible como presunción absoluta de verdad, se sobrepone el interés, individual y social al mismo tiempo, de que la verdad efectiva triunfe y que la inocencia no sea inmolada sobre el altar de una justicia simbólica y aparente. Y ésta es la razón de la revisión...”.

Ahora bien, visto el fenómeno de nuestro país sobre estas bases, ¿qué hace pensar a algunos constitucionalistas y filósofos que el Lawfare no existe o no puede ser comprendido en categorías jurídicas? ¿Qué hace pensar que no puede ser legislado? ¿Porqué prejuzgamos que se trata de un artilugio destinado a los más inmorales objetivos? ¿Qué pasará en la Argentina si un día decidimos leer, argumentar y trabajar, unos y otros, a favor de la reconstrucción del estado de derecho?