Enrique Dussel: Grupos evangélicos son la nueva arma de EE.UU. para los golpes en Latinoamérica

El filósofo y teólogo Enrique Dussel sostiene que Estados Unidos propicia una “guerra santa” para provocar derrocamientos en la región. “Se propone que el hombre deje sus costumbres ancestrales y se proponga trabajar y entrar en la sociedad consumista capitalista burguesa”, reflexionó.

Nov 21, 2019 | Opiniones |

 

No hay herramientas intelectuales suficientes para analizar la guerra santa que está utilizando Estados Unidos para sustentar golpes de Estado en países de Latinoamérica. Así puede resumirse la tesis de Enrique Dussel, académico, filósofo, historiador y teólogo, al analizar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia y el panorama político regional.

Entrevistado por la periodista mexicana Carmen Aristegui y replicado por el portal Explícito, Dussel recordó que “Bolivia era el país más pobre junto con Haití, y ha aumentado su porcentaje de riqueza como ningún otro. Nadie podía esperar una reacción ahí. Un primer tema es cómo reacciona un sector de clase que habiendo estado en la pobreza y gracias a los gobiernos progresistas ingresan a una clase media. Tienen otras aspiraciones que no son salir de la pobreza. Hay un cambio en la subjetividad. Se pasa a la subjetividad consumista que cree que ciertos proyectos de derecha pudiesen solucionar sus nuevas aspiraciones”.

“Católicos vs. evangélicos”

Agregó el teólogo que “quienes salieron de la pobreza en Bolivia son sujetos que en el fondo aspiran a ser un consumista neoliberal. Y ahí entra un factor: en un golpe de Estado como el de (el militar chileno Augusto) Pinochet, los que dirigieron ese proceso, lo mismo con los militares argentinos, decían que tenían que afirmar una civilización occidental cristiana católica de derecha contra el comunismo”.

“Un nuevo fenómeno son las iglesias evangélicas que están apoyando el proceso brasileño y en Bolivia, con un hombre desaforado como (Luis Fernando) Camacho, que dice algo esencial: «Vamos a sacar de los lugares públicos la Pachamama y vamos a imponer la Biblia». Pero esa biblia no es la católica, es la de los grupos evangélicos. Toma la cultura popular de los pueblos originarios como un horrible paganismo que el cristianismo debe reemplazar a rajatabla.

Es una biblia evangélica que viene de las sectas norteamericanas que cambia la subjetividad. Se propone que el hombre deje sus costumbres ancestrales, deje las borracheras y se proponga trabajar y entrar en la sociedad consumista capitalista burguesa”, señaló Dussel.

Además, racismo

Sumados a estos factores, señala Russel que “en Bolivia se da por un lado la blanquitud, el blanco que desprecia al indígena, a las cholas, que consigue con la doctrina de la OEA de (su secretario general Luis) Almagro. Eso da un panorama en América Latina que hay que abordar con mucha seriedad”.

“Las tradiciones aymaras, que además vienen siendo influenciadas por cinco siglos de catolicismo, se enfrentan ahora con los evangélicos. Va a ser una especie de lucha religiosa pero que es esencialmente política. Eso explica otra cosa: la teología de la liberación, que es cristiana pero se apoya en los pobres contra los ricos. «Bienaventurados los pobres, malditos los ricos». Eso es invertido en los grupos evangélicos. Eso supone toda una revisión histórica teórica que la izquierda no está habituada, porque proponía el ateísmo como condición de ser transformador. Se encaraba al indígena y como éste tenía toda su condición religiosa no sabía cómo tratarlo y se lo rechazó. Y ahora hay que asumirlo y enfrentarlo a un evangelismo pronorteamericano”.

Evangélicos y la OEA

Los evangélicos, señala Dussel, “le dan un sentido: «Deja todas esas costumbres nefastas, hazte un hombre austero, trabajador, bien organizado y saldrás de la pobreza porque Dios te va a bendecir con una riqueza aceptable». La riqueza es considerada como en el antiguo calvinismo como una bendición de Dios. La Pachamama es el origen de la pobreza”.

“Esa biblia reinterpretada desde un hombre moderno norteamericano es el origen de la posibilidad de una nueva Biblia, eso es hoy usado por la OEA y la nueva política norteamericana que se está retirando de Medio Oriente. Se habían alejado de América Latina, pero como en Irak e Irán han sido derrotados, vuelven a Latinoamérica y la quieren recuperar. Eran sutiles los métodos pero hemos vuelto a los golpes de Estado”, remató Dussel.

Enrique Dussel

Enrique Domingo Dussel Ambrosini (n. 24 de diciembre de 1934, departamento de La Paz, Provincia de Mendoza, Argentina) es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino, naturalizado mexicano. ​ Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ​

Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la Ética, la Filosofía Política, la Filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la Filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la Teología de la liberación. ​ Su vasto conocimiento en Filosofía, Política, Historia y Religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos –muchos de ellos traducidos en más de seis idiomas–, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de la modernidad apelando a un “nuevo” momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de “giro descolonizador” o “giro descolonial”. Investigador Nacional Emérito​

Fuente:Conclusion

El derecho de las amas de casa a recibir una jubilación

El trabajo hogareño no remunerado de las mujeres oficia de subsidio a la totalidad de la economía. Contribuye también a mejorar la competitividad de la economía. El antecedente de las mujeres en la mita en la economía colonial americana entre los siglos XVI y XVIII.

Por Antonio Galarza *

Una política de ampliación de derechos debe sostener el reconocimiento de la “jubilación de amas de casa”.  

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Imagen: Carolina Camps

En el transcurso del 2019 se puso en debate, una vez más, la llamada “jubilación de las amas de casa”. En el contexto de discusión de la prórroga de la moratoria (que permite a las mujeres sin los 30 años de aportes requeridos por el sistema previsional, acceder al beneficio de la jubilación) volvió a sonar fuertemente desde distintas voces de la sociedad y, en particular, desde el gobierno de Cambiemos, el discurso de que “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”.

Esta afirmación, además de culpar a la víctima (la trabajadora) de su propia precarización, impuesta en realidad por su empleador, resulta una falacia aún en los casos en que las mujeres se hallaran “desocupadas” o, en realidad, a cargo de tareas “hogareñas” no remuneradas por el mercado. 

Ningún historiador se hallaría habilitado a relativizar la gravitación que la minería potosina tuvo sobre la economía colonial americana entre los siglos XVI y XVIII. La mano de obra que abastecía a Potosí provenía de la mita, un sistema de trabajo que combinaba trabajo libre y forzado, mediante el cual la Corona obligaba a las comunidades indígenas de los Andes a enviar hombres a trabajar en las minas. 

La mita impulsaba así un inmenso volumen de migrantes que concurrían, por tandas, a tributar con su trabajo en los socavones del Cerro Rico. Sin embargo, los mineros no se trasladaban solos, ni perdían totalmente contacto con su comunidad de origen. Los varones mitayos se trasladaban a la ciudad de Potosí con sus familias, llevando pertrechos para el consumo durante el viaje y su estadía como tributarios mineros. De este modo, mientras los hombres laboraban en los túneles en busca de filones de plata, las mujeres eran las encargadas de la adquisición y preparación de alimentos, de la crianza de los niños, de cuidar de los animales (de granja, de carga) de adquirir y/o confeccionar vestimentas, de conseguir crédito y pignorar bienes con comerciantes urbanos e incluso de colaborar en algunas tareas mineras sin recibir paga (sobre todo el traslado de material).

La minería potosina recibía un significativo subsidio por parte de la economía campesina: los trabajadores migraban con bienes de consumo que producían esas sociedades, pero sobre todo llevaban consigo mujeres. Éstas constituían, entonces, un engranaje irreemplazable en el sistema de la mita: los jornales que los trabajadores recibían por sus labores mineras sólo permitían la supervivencia y reproducción familiar porque las mujeres realizaban un sinfín de tareas sin recibir jornal alguno. De este modo, aunque limitada en teoría al empleo de hombres en la minería, la mita potosina se convirtió en polea de transmisión de una explotación que se extendía a la totalidad de la sociedad campesino-indígena en los Andes y recaía con gran peso no sólo sobre los varones (que solían morir en las minas) sino también sobre las mujeres.

Actualmente el trabajo hogareño no remunerado de las mujeres sigue oficiando de subsidio a la totalidad de la economía, permitiendo que los ingresos registrados de los restantes integrantes de su núcleo familiar (o de ellas mismas) sean más bajos que si esas actividades tuvieran que ser abonadas. Aunque las amas de casa no realicen aportes dinerarios al sistema de seguridad social, sí contribuyen a mejorar la competitividad de la economía y, sobre todo, al aumento de los márgenes de ganancias de algunos sectores empresariales que ven reducidos sus costos laborales. Resulta entonces imperativo por parte del Estado, en el marco de una política de ampliación de derechos, sostener el reconocimiento que la “jubilación de amas de casa” constituye para todo un sector de la sociedad y economía históricamente subyugado e invisibilizado.

* Investigador de Conicet - UNMdP.

Fuente:Pagina/12

El agravio a los muertos en Bolivia

Por Alvaro García Linera

 

 Fuente:Pagina/12
“Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si este vence…..”
--W. Benjamin
Un multitudinario cortejo fúnebre recorre las calles de El Alto y La Paz. Por delante van dos féretros y detrás miles y miles de dolientes. Son gente humilde; pobladores de El Alto, artesanos, campesinos, vecinos, madres, indígenas de las provincias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. Han caminado con su dolor cerca de diez kilómetros, y a su paso salen trabajadores, comerciantes y estudiantes llorosos que se persignan, aplauden y entregan agua y pan a los que marchan. La ciudad está paralizada, y la gente de los barrios populares está de luto. Ayer, en la zona de Senkata ocho pobladores fueron asesinados con armas de fuego militar, más de un centenar fueron heridos de bala, llegando a treina y cuatro los muertos en los últimos nueve días del golpe de Estado en Bolivia.

Han bajado desde El Alto para reclamar justicia por sus muertos; han caminado tanto para que las personas vean lo que está pasando, ya que los medios de comunicación amordazados no hablan de la tragedia sufrida; marchan horas y horas para decirle al mundo que no son terroristas ni vándalos; que ellos son el pueblo.
Y es que desde el día del golpe de Estado todas las movilizaciones de sectores populares y campesinos que salieron a defender la democracia y el respeto al voto ciudadano fueron objeto de una feroz campaña de desprestigio que desbordó las redes y los medios de comunicación. No se hablaba de obreros, ni de vecinos, ni de indígenas. Se trataba de “peligrosas hordas”, de “vándalos” que amenazan la paz social. Y cuando los habitantes de la valiente ciudad de El Alto y los indígenas y campesinos bloquearon carreteras, un rabioso lenguaje se apoderó de los golpistas y medios de comunicación: “terroristas”, “narcotraficantes”, “salvajes”, “criminales”, “turbas borrachas” “saqueadores” y otros adjetivos fueron utilizados para descalificar y criminalizar la protesta de las clases menesterosas.
Desde entonces, mujeres de pollera con hijos en la espalda, niñas escolares que acompañan a sus padres, jóvenes universitarios, obreros soldadores, campesinos de poncho y vendedores de helados son el nuevo rostro de los “peligrosos sediciosos” que quieren incendiar el país. Esta estigmatización de la plebe sublevada, especialmente si son indios, no es nueva. Durante la Colonia, en el siglo XVI, Fray Ginés de Sepúlveda comparó a los indígenas con los monos; el cura Tomás Ortíz los calificó de “bestias”; en el siglo XIX se hablaba de “razas degeneradas”; y las dictaduras del siglo XX mutaron hacia la delincuentización del indio insurrecto, calificándolo de “subversivo“, “sedicioso”, que quiere poner en riesgo la propiedad, el orden y la religión.
Ahora, las clases medias tradicionales realizan una vergonzosa fusión verbal entre el lenguaje colonial con el de contrainsurgencia. Ni sus intelectuales orgánicos educados en universidades extranjeras pueden escapar a este llamado de la sangre y el prejuicio racial. Para ellos las marchas de vecinos son reuniones de “delincuentes borrachos”, los bloqueos de caminos de campesinos son actos de “terrorismo” y los asesinados por la bala militar son ajustes de cuentas entre “maleantes”. La forzada mesura con la que todos estos años los escribas conservadores habían calificado a los indios empoderados, hoy se desbocan como un torbellino de prejuicios, insultos y descalificaciones racializadas.
Habían aguardado toda una década mordiéndose los dientes para no escupir sobre los indios y mostrarles su desprecio; y ahora, amparados en las bayonetas, no dudan en descargar todo su odio de casta. Es el tiempo de la venganza y lo hacen enfurecidos. Es como si quisieran borrar no sólo la presencia del indio que los derrotó, y por eso son capaces de matar con tal de que Evo no sea candidato; además desean arrancar su huella de la memoria de las clases humildes asesinando, encarcelando, torturando, amenazando a quienes pronuncien su nombre. Por eso queman la Wiphala que Evo introdujo en las instituciones del Estado; por eso queman las escuelas que él hizo construir en los barrios populares; por eso aplauden y brindan por la militarización de las ciudades. Ya no hay espacio para la dignidad ni el decoro de una clase que se revuelca frenéticamente en el lodo del autoritarismo, la intolerancia y el racismo.
Y es contra ello que marchan las clases humildes de El Alto y las provincias. Bajan por miles, doscientos mil, trescientos mil. El número ya no importa. El poder que ellas defienden no es el de una persona ni el que Weber teorizó como capacidad de influir en el comportamiento de otro. Para las clases populares la experiencia de poder de estos últimos catorce años es el de ser reconocidas como iguales, el de tener derecho al agua, a la educación, al trabajo, a la salud en similares condiciones que el resto de los ciudadanos. El ejercicio del poder para el pueblo ganado en las urnas, más que la de una capacidad de mando ha sido la de una experiencia corporal diaria de poder mirar de frente a los demás sin tener que avergonzarse del color de piel o la pollera de madre; es haber sido tomados en cuenta como seres humanos; es el poder vender en el mercado, labrar la tierra o ser autoridad sin ninguna barrera de apellido. De ahí que, si bien la experiencia del poder estatal para las clases subalternas -como lo vio Gramsci- es, en primer lugar, la construcción práctica de su unidad como bloque social, la manera de verbalizar y comprender moralmente ese poder ha sido la conquista de la dignidad, es decir, su experiencia de pueblo como cuerpo colectivo autodignificado.
Por eso la mujer de pollera y el obrero lloran cuando el fascismo quema la Wiphala, lloran cuando Evo es expulsado, lloran cuando son impedidos de entrar a las ciudades. Lloran porque están despedazando el cuerpo simbólico y real de su unidad y de su poder social. Y cuando llevan sus muertos por delante en medio de miles de crespones negros y boleros de caballería fúnebres, lo hacen para pedir a las clases pudientes el respeto a sus muertos, a esos muertos que son el umbral último donde los vivos, sea de la clase o condición social que sean, deben detener su orgía de sangre y odio, para venerar la virtud de la vida.
Pero la respuesta de los golpistas es atroz, inmoral, dantesca. Disparan gases lacrimógenos, disparan balas, desplazan sus tanquetas y los féretros quedan en el piso, envueltos en una nube de gases escoltados por gente que se arrodilla y se arriesga a la asfixia antes que abandonarlos.
”No respetan ni a los muertos” grita la gente. No es una frase de protesta, es una sentencia histórica. La misma que pronunciaron los padres de los agredidos de hoy, cuando otro golpe militar en el fatídico noviembre de 1979 ametralló desde unos aviones norteamericanos Mustang a los dolientes que rezaban y hacían ofrendas a los familiares difuntos en el día de los muertos o “todos santos”. Los aventureros del golpe militar de entonces, después de su efímera borrachera de victoria, quedaron aparcados en la cloaca de la historia, lugar en el que con toda seguridad estarán pronto los golpistas de hoy. No se puede agraviar impunemente a los muertos, porque en la cultura del pueblo ellos forman parte de los principios básicos reguladores del destino de los vivos.
La brutalidad de los golpistas hoy obtiene el miedo de la gente, pero ha abierto las puertas de un resentimiento generalizado. Las suturas con las que las seculares grietas clasistas, regionales y raciales habían sido cerradas han estallado por los aires dejando unas heridas sociales sangrantes. Hoy hay odio por todos lados, de unos contra otros. Las clases medias tradicionales quisieran ver el cadáver de Evo arrastrado por las calles, como el del expresidente Villarroel en 1946. Las clases plebeyas quisieran ver a los ricos cercados en sus barrios padeciendo de hambre por la falta de alimento. Una nueva guerra de razas anida en el espíritu de un país desgarrado por la felonía de una clase que halló en el prejuicio colonial de superioridad la defensa de sus privilegios.

Ya lo dijimos, la fascistización de la clase media tradicional es la respuesta conservadora a su decadencia social fruto de la devaluación de sus aptitudes, capitales, oportunidades y saberes legítimos frente a la “invasión“ de una nueva clase media de origen popular e indígena con repertorios de ascenso social más eficaces en el Estado indianizado de la última década. No es que han tenido una depreciación de su patrimonio -que de hecho aumentó pasivamente debido a la expansión económica generalizada del país- sino de sus oportunidades y apuestas sociales de mayor ascenso social aprovechando el crecimiento exponencial de la riqueza nacional.
Pero esto no ha limitado un hecho relevante de las estructuras de clases sociales y de los procesos de hegemonía política: la irradiación estatal de las clases medias. En sentido estricto el Estado es, en su regularidad, el monopolio del sentido común de una sociedad. En tanto que el poder político es, con mucho, la creencia y convicción de unos del poder de otros, es en cierto modo también un tipo de sensación intersubjetiva. Se trata del espeso mundo de las narraciones profundas con efecto estatal. La “opinión pública”, esto es, las narrativas, símbolos y sentidos de comprensión de la legitimidad que pugna por realinear el sentido común político, en gran parte es concentrada por las clases medias tradicionales por disposición de tiempo, recursos y especialización laboral.
En Bolivia, el ascenso social de nuevas clases medias indígena-populares ha venido acompañado por nuevas narrativas y sentidos de realidad pero no con la suficiente solidez como para irradiarse o contraponer la racialización del discurso de las clases conservadoras y ser soporte de una nueva “opinión pública” predominante. Las clases medias tradicionales poseen la experiencia en las formaciones discursivas y en los sedimentos históricos del sentido común dominante, lo que les ha permitido expandir retazos de su modo de ver el mundo más allá de la frontera de clase, incluso en partes de las nuevas clases medias y sectores populares. De hecho, la nueva clase media más que una clase social con existencia pública movilizada es una clase estadística, es decir, aún no es una clase con irradiación estatal.
De ahí las dramáticas formas con las que las fuerzas indígena-populares intentan escenificar y narrar sus resistencias. Se trata de otras maneras de construcción de opinión pública y de articulación del sentido común que se irradia a otros sectores sociales, pero a raíz del hecho de fuerza del golpe de Estado, ahora subalternizadas, fragmentadas.
Mientras tanto, el fascismo cabalga como un jinete enloquecido al interior de las murallas de los clásicos barrios de clase media. Ahí, la cultura y las razones han sido erradicadas sin disimulo por el prejuicio y la revancha. Y parece ser que sólo el estupor fruto de un nuevo estallido social o de la debacle económica que asoman en el horizonte, producto de tanto odio y destrucción, podrá agrietar tanta irracionalidad escupida como discurso.

Gasas, no gases

Por Andrea Homene

 

 

 

He sido concurrente y luego residente, jefe de residentes e instructora de residentes en hospitales públicos, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones de trabajo siempre fueron precarias, los concurrentes deben, por ejemplo, pagarse su propio seguro de mala praxis y en el caso de la provincia de Buenos Aires, abonar mensualmente matrícula y aportes jubilatorios, aun cuando trabajan ad honorem. Las becas de residencia en provincia no efectúan aportes previsionales, por lo que en muchos casos se trabaja durante 4 o 5 años, que se pierden a la hora de los cómputos jubilatorios.

Los médicos son quienes peor lo pasan tanto en uno como en otro régimen, ya que deben cubrir todos los baches dejados por la falta de designaciones de médicos de planta, multiplicando las guardias, prestando servicios por una cantidad de horas por fuera de todo convenio laboral. El trato hacia los residentes en muchos hospitales es denigratorio y reproduce históricamente un modelo de explotación y maltrato, en donde el R1 es el último orejón del tarro, vapuleado por todos.

Qué decir de la comida que se suministra para los residentes en sus días de guardia: he probado cucarachas, cabellos de origen incierto, huesos dentro de las empanadas, y demás "sorpresas" que llevaron a muchos de nosotros a pasar las guardias con una manzana traída de casa.

Quienes hemos transitado esos años de concurrencias y residencias sabemos al menos un par de cosas: como lugar de formación y aprendizaje, el hospital público es inigualable e insustituible. Como espacio laboral, es para todos un ámbito en el que la falta de respeto por las leyes laborales es una constante.

He visto compañeros enfermarse gravemente; he visto amigos perder la vida; he visto colegas con descompensaciones psiquiátricas como consecuencia del estrés; los estudios internacionales demuestran que los niveles de alcoholismo y adicciones entre los médicos duplica a la población general. La automedicación es muy frecuente, insomnio y trastornos de la alimentación proliferan entre los profesionales de la salud.

La desinversión en infraestructura es alarmante; encontrar un baño en condiciones de higiene para los profesionales es una hazaña; pocas sillas tienen sus cuatro patas y su respaldo. Faltan vidrios en las ventanas, y todo tipo de insectos y roedores nos acompañan a diario. Los salarios apenas alcanzan el límite de la pobreza, y los tiempos dedicados al hospital y el bloqueo del título impiden desempeñar tareas en otros ámbitos.

Aun así, la apuesta por lo público es inclaudicable. La defensa del hospital, una causa de todos quienes pisamos sus pasillos y dormimos en sus camas sin colchones.

En el día en que se votaba una ley de residencias, la respuesta de la policía de la ciudad al genuino reclamo de los profesionales fue palos y gases.

Reivindico la lucha de los compañeros/compañeras, que día a día dejan la piel en cada hospital público, en casa salita, en cada centro de salud, a pesar de todo. Porque más que gases y palos, faltan gasas y vacunas; porque más que leyes de escritorio es necesario escuchar a los profesionales y porque en esta época de gran crisis, donde una parte enorme de la población ha perdido su empleo y por lo tanto su cobertura médica, el hospital público es la mejor respuesta en salud que le podemos ofrecer a los ciudadanos. 

Andrea Homene fue concurrente del Hospital Francisco J. Muñiz y residente del Hospital Paroissien.

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos alcanzado por los balines de la represión. Ya son 300 las personas afectadas por traumas oculares, un evento sin paralelos en todo el mundo. Gatica se convirtió en el símbolo de la lucha contra el autoritarismo. Desde el hospital mandó su mensaje: "Regalé mis ojos para que la gente despierte".

Por Andrea Guzmán

 

 

Gustavo Gatica se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la represión. 

Desde Santiago
Tras el anuncio de la Clínica Santa María de que el joven Gustavo Gatica había perdido la visión de ambos ojos de forma permanente después de 17 días de hospitalización, la capital chilena respondió con un cacerolazo masivo en su honor. El pasado 8 de noviembre, el estudiante de psicología de 21 años se encontraba sacando fotos de las manifestaciones en Plaza Italia, el centro de la capital chilena, cuando fue impactado en los ojos por perdigones antidisturbios que carabineros ya tiene como costumbre utilizar para dispersar a los manifestantes en Chile.

 La gravedad de su caso, que los chilenos han seguido de cerca, lo ha convertido en un áspero símbolo de los excesos policiales sistemáticos en el país durante las últimas seis semanas, desde el estallido de las manifestaciones sociales con la marcha de un millón de personas el 18 de octubre.
 “La misma gente tuvo que sacarlo de la plaza, usando escudos, porque Carabineros seguía disparando. Gustavo no es el único afectado, tenemos médicos, observadores de derechos humanos, estudiantes, muchos heridos por la policía”, dice Enrique Gatica, su hermano mayor. “El protocolo de carabineros es disparar al suelo. Mi hermano mide 1.80, creemos que es imposible que se trate de un rebote o un error. Sabemos que hay una política de amedrentamiento a los manifestantes a través del terror”, agrega.
Gustavo Gatica, hijo y hermano de profesores escolares, cursa tercer año de psicología en la Universidad de Humanismo Cristiano en Santiago, es activista por los derechos de los animales y, hasta el momento del ataque, participaba de un programa de trabajo social con niños en la comuna de Peñaolén. Ese día buscaba reencontrarse con un amigo de la facultad que había perdido en la turba de Plaza Italia, el lugar más álgido de las movilizaciones en Santiago, ahora rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Había comprado una cámara fotográfica hacía un mes, y con ella registraba las marchas que desfilan hasta hoy por los distintos barrios de la ciudad. No hubo provocación alguna de su parte.

Su historia, junto a las de las casi 300 personas afectadas hoy por traumas oculares durante las protestas, son testimonios clave que contradicen la versión oficial del gobierno acerca de los excesos policiales como hechos aislados.
Así lo corroboró la semana pasada el informe de Amnistía Internacional que denunció la intención de las fuerzas de seguridad por “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes" y así también, lo hizo el día de ayer el organismo de Human Rights Watch, que denunció “graves violaciones a los derechos humanos” y recomendó al gobierno reformar la institución de carabineros.
Hace semanas, los manifestantes empezaron a salir a la calles de Santiago con un ojo vendado en solidaridad con la víctimas que han perdido sus ojos en las protestas. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, hay 294 casos reportados hasta el momento de personas con trauma ocular severo, muchos de ellos, con pérdida total de uno de sus globos oculares, una emergencia sanitaria sin precedentes en Chile que sugiere que la policía está incumpliendo los protocolos disparando perdigones y bombas lacrimógenas directo a la cara de los manifestantes. Los perdigones de las escopetas antidisturbios fueron suspendidos la semana pasada, después de que un estudio de la Universidad de Chile comprobara que no están compuestos de goma, sino que contienen metales de alta dureza, incluido plomo, pero a pesar de la medida, hubo al menos 10 casos registrados desde entonces.

“Le hemos transmitido el apoyo y la solidaridad que envía la gente todos los días a Gustavo, algo que lo ayuda a llevar este momento es la conciencia de que él estaba luchando por causas que considera justas”, señaló Enrique Gatica, horas antes del alta de Gustavo. Solo después de una segunda cirugía, los médicos pudieron extraer los perdigones alojados en sus ojos, pero aseguran que no será la última.
Durante los 17 días que Gatica estuvo hospitalizado, las puertas de la clínica estuvieron cubiertas de pancartas, flores y fotografías en su apoyo. “Como familia vamos a buscar justicia por todos los responsables. Vamos a buscar a quién apretó el gatillo pero también las responsabilidades políticas correspondientes. Claramente, no estamos hablando de un funcionario que se tomó atribuciones. Las cifras y la cantidad de heridos comprueban que esto ha sido sistemático”, señala el hermano mayor. El abogado de la familia, ex fiscal Carlos Gajardo, presentó una querella por lesiones graves gravísimas en la que pidió que se cite a declarar al ministro de interior Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas.

https://www.youtube.com/watch?v=xRcsUDbUKwo

Durante su primera tarde en el hospital, Gustavo Gatica, que está protegido por sus cercanos y no habla a los medios de comunicación, envió a través de su madre un mensaje que conmovió a los chilenos. Rápidamente, se convirtió en viral de redes sociales, en pasacalles e incluso en el nombre de una canción pop de un músico local. El mensaje es, sin embargo, profundamente injusto: “regalé mis ojos para que la gente despierte”.
Fuente:Pagina/12

Los integrantes de la delegación argentina en Bolivia cuentan el horror que registraron

"Abrieron la caja de pandora y salió el odio", grafican. El ministro de Gobierno Arturo Murillo, los amenazó públicamente: "Anden con cuidado, los estamos vigilando".

La comisión recogió testimonios de víctimas y familiares. 

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Imagen: Pablo Añelli

"Este gobierno ha desatado un odio racial enorme. Abrieron la caja de pandora y salieron mil demonios que se están expresando en situaciones de profunda violencia" , dice el jurista Luis Arias, uno de los integrantes de la comitiva argentina que viajó a Bolivia. El jueves, un grupo de cuarenta dirigentes sociales y de derechos humanos arribó al país vecino con el objetivo de elaborar un registro de las muertes y abusos sufridos por la población desde que se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales. Desapariciones, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas y hospitales que se rehusan a atender a los heridos de la represión fueron algunos de los hechos registrados durante la primera jornada de trabajo. Fueron retenidos y patoteados en el aeropuerto. Luego el ministro de Gobierno de Añez, Arturo Murillo, salió a amenazarlos públicamente: "Anden con cuidado, los estamos vigilando".

Desde el momento que pisó el suelo boliviano, la comitiva -compuesta por Juan Grabois (CTEP), el abogado Roberto Carlés, Pablo Pimentel y Mauricio Rojas (APDH), Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad), Daniel Catalano (ATE), Marianela Navarro (FOL), Sergio Smietniansky (CADEP), entre muchos otros y otras - debió enfrentarse a los ataques, amenazas y recelos del gobierno de facto de Jeanine Añez. El jueves a la noche, los integrantes de la delegación arribaron al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, para hacer combinación con otro avión a La Paz. Al llegar, la policía boliviana los retuvo, los separó del resto de los viajantes e identificó, por nombre y apellido, a 12 de los integrantes de la comitiva y los llevó a otra habitación para hacerles unas preguntas. "Nos estaban esperando", aseguró Carles y agregó: "Seleccionaron a las personas cuyos nombres habían aparecido en la prensa y los sometieron a un interrogatorio". "Nos empezaron a preguntar por nuestro recorrido en el país, a dónde ibamos a ir y a quién ibamos a visitar. Nos trataron con mucha hostilidad y después de unas horas nos dejaron ir", detalló Arias, que se encontraba en este grupo.
De camino a la zona de embarque, fueron interrumpidos por una patota de diez personas vestidas de civil. "No sabíamos si eran fuerzas de choque o gente vinculada a Luis Fernando Camacho. Nos empezaron a insultar, a amenazar, a preguntarnos qué hacíamos en Bolivia. Nos llamaban 'gauchos comunistas' y 'homosexuales'. Hacían referencia a los cartoneros, estaba claro que querían hacernos saber que sabían quiénes eramos y provocarnos para que reaccionásemos. El lugar estaba desierto: habían liberado la zona", narró Carlés. En un momento, empezaron a empujarlos y golpearlos, y el Secretario General de ATE, Daniel Catalano, ligó una patada. "Por los borcegos que usaron suponemos que eran fuerzas policiales de civil. Mientras tanto, la policía uniformada estaba al lado presenciando todo el hostigamiento y no hacía nada", precisó Catalano.
Tras este recibimiento, desde el gobierno de facto hubo otro más preocupante: "Anden con cuidado, los estamos vigilando", les dijo el ministro de Gobierno a través de declaraciones a la prensa, calificándolos como "esos extranjeros que están llegando para tratar de incendiar el país". “El primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se la van a ver con la policía", amenazó. Luego de estas declaraciones, algunos de los integrantes de la comitiva visitaron la embajada argentina en Bolivia para pedir protección; les concedieron unos autos para trasladarse. "Estamos completamente vigilados todo el tiempo", aseguró Carlés.
A pesar de estos inconvenientes, la delegación continuó con la agenda y pasó el día entero en El Alto recopilando testimonios de familiares de víctimas que sufrieron en carne propia las violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad. "Las historias son aterradoras", contó Arias a Página/12. Existen denuncias de desapariciones, detenciones arbitrarias - entre las que se encuentra el caso de tres jóvenes con síndrome Down -, torturas a niños y niñas, asesinatos como producto del accionar represivo de las fuerzas policiales, heridos por bala de plomo, incendios, ente otros. 
Gran parte del relevamiento se realizó en la Iglesia San Francisco de Asís, lugar donde habían sido velados los muertos producidos por la represión en Senkata. "La situación es muy terrible, las familias denuncian no ser atendidas en los hospitales. Muchos de los heridos están en las casas porque cuando asisten a los hospitales les arman causas por terrorismo y sedición", indicó Marianela Navarro, delegada del Frente Organizaciones en Lucha. Según la comisión, no son sólo las fuerzas de seguridad quienes están atacando a la población, sino que hay numerosas instituciones que también están reproduciendo el odio racista que atraviesa la violencia del gobierno de facto. "Los hospitales públicos no quieren atender a los heridos y la defensorías oficiales no quieren defender a las víctimas. Existe un profundo odio racial que se dirige especialmente contra los sectores más vulnerables y las mujeres", precisó Arias.

La comisión identificó, además, que existe un profundo ensañamiento contra las "mujeres de pollera". Se han registrado numerosos casos de violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas indígenas, atacadas en vida y luego de su muerte. A su vez, han existido denuncias que aseguran haber visto cuerpos mutilados y desmembrados.
"La gente está muy necesitada de que la escuchen, de que el mundo sepa la verdad de lo que está sucediendo, porque acá hay un enorme silenciamiento", dijo Arias, haciendo referencia al silencio de los medios de comunicación bolivianos, que cumplieron un rol importante en la legitimación del gobierno de facto. "Nos piden ayuda, nos piden justicia. Lo que ellos han sufrido ha sido prácticamente ignorado por la comunidad internacional. Y se sienten solos", finalizó Carlés.
Informe: María Cafferata
Fuente:Pagina/12

Diez años de la Asignación Universal por Hijo

La cantidad de beneficiarios de AUH suma 3.968.963. El 98 por ciento de las titulares son mujeres.

El análisis de una década de AUH concluye que tuvo un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la indigencia, en disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso,  en aumentar la escolarización, en mejorar la salud de los niños alcanzados y en reducir el trabajo infantil.

Por Rubén Telechea *

Con la AUH aumentó la escolarización de niños y adolescentes. 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la iniciativa más importante de la Argentina de los últimos años en el campo de la protección social. Garantizó una importante reducción en los índices de pobreza e indigencia y realizó una contribución muy significativa tendiente a lograr una más justa redistribución de ingresos.

Eso era su objetivo: atender la situación de los menores pertenecientes a familias no alcanzadas por el régimen de asignaciones familiares de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.714 para trabajadores formales. Al momento de la implementación de la AUH, un 42 por ciento de los hogares con hijos no recibían asignaciones familiares, aunque no todos los casos eran por encontrarse desempleados o trabajando en la informalidad, sino que también estaban (y así siguen), aquellos que no lo percibían porque su remuneración superaba el tope hasta el cual se pagan las asignaciones.

La AUH pretendió de ese modo atender la situación de vulnerabilidad de sectores de la población que, debido a la precariedad de su inserción en el mercado laboral, no recibían los beneficios que sí eran percibidos por sus pares en puestos de trabajo formales.

En lo que se refiere a las condicionalidades exigidas, éstas fueron tener hasta 18 años (sin ese límite cuando se trate de personas con discapacidad), cumplir con el calendario de vacunación obligatorio y con los controles sanitarios y acreditar la concurrencia a establecimientos educativos públicos. Así fue originalmente pero después se resolvió la extensión de los pagos para los alumnos que asistan a colegios privados que cuenten con subsidio estatal y cumplan algunos requisitos de necesidad. 

Las condicionalidades son controladas a través de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación. Para su certificación, la responsabilidad recae en gran parte sobre los titulares, que deben encargarse de completar la libreta (en las escuelas y los centros de salud) y presentarla ante la Anses para el cobro del 20 por ciento de la transferencia que se ha ido acumulando a lo largo del año, porque durante cada meses perciben el 80 por ciento del haber y hasta que no demuestran el cumplimiento de las condicionalidades, no cobran ese 20 por ciento restante. Además, otro de los objetivos del programa es inducir la registración de los nacimientos, ya que para acreditar la identidad de los niños, se debe presentar su DNI.

En 2011 se amplió a las embarazadas, al crearse la “Asignación Universal por Embarazo (AUE) para protección social y se extendió el beneficio a los alumnos que concurren a establecimientos públicos de gestión privada.

Lejos de lo que pueda pensarse, el gobierno de Mauricio Macri no solo mantuvo el programa sino que lo amplió. Comenzaron a percibirlo también los hijos de monotributistas y de empleados con contratos temporales. Pero lo más sorprendente es que también se eliminó la restricción para acceder a su cobro a aquellos que son beneficiarios de otros planes sociales, contradiciendo el espíritu original de este programa (y muy probablemente el pensamiento de sus votantes).

A marzo de 2019,  la cantidad de beneficiarios era 3.968.963, casi doscientos cincuenta mil más que los que había en diciembre de 2015. El 98 por ciento de las titulares son mujeres. 

El tiempo transcurrido resulta suficiente como para poder extraer algunas conclusiones y determinar los resultados alcanzados con la implementación del programa. En primer lugar, mejoras en el ingreso familiar, particularmente de los sectores más vulnerables, lo que a su vez se traduce en aumentos en el consumo. Especialmente se destaca la certeza del cobro con regularidad y estabilidad. Estudios realizados concluyeron que quienes comenzaron a percibir la AUH agregaron una comida diaria a la dieta familiar y mejoraron la calidad de los alimentos, por ejemplo consumiendo más carne.

Además se dio una mejora en la redistribución del ingreso. Trabajos realizados sobre el tema demostraron que más del 60 por ciento de los beneficiarios pertenece al quintil más pobre de la Argentina y del 85 por ciento al 40 por ciento de los hogares de más bajos recursos. Recibe la AUH el 82 por ciento de los hogares con chicos pertenecientes al decil de menores ingresos.

También originó una baja en los índices de pobreza y especialmente en los de indigencia, como lo demuestran los sucesivos informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. En los primeros años de aplicación redujo la indigencia a la mitad.

Otro aspecto positivo es el aumento de la escolarización de los niños y adolescentes, con el consiguiente acercamiento de los padres restableciendo el vínculo con la escuela, siempre positivo. Además, si bien no se ha podido medir adecuadamente, es posible que esto implique una baja en la tasa de trabajo infantil, al tener que dedicar los niños y adolescentes parte de su tiempo a concurrir a clases y estudiar.

Por último, pero no por ello menos importante, se produjo una mejora en el sistema de salud detectado en el rango etario de los beneficiarios debido a la obligación de cumplir con la aplicación de las vacunas obligatorias. Además quienes perciben la asignación agregaron elementos de higiene y limpieza en sus hogares, lo que también redunda en mejoras en la salud de la familia.

En conclusión, el análisis del impacto sobre la pobreza, la indigencia y la desigualdad en la distribución del ingreso, el aumento de la escolarización, las mejoras en salud de los niños alcanzados, la baja en el trabajo infantil, unido a la ya muy escasa cantidad de personas que discute las bondades del sistema, son suficientes razones para sentenciar que el programa de la Asignación Universal por Hijo ha sido la medida de política social más importante de los últimos 50 años en Argentina.

(*) Docente UNLZ y UNQ.

Fuente:Pagina/12

La verdadera causa de la decadencia argentina: ¿el peronismo o el neoliberalismo?

Debate de historiadores sobre el origen de las crisis argentinas. El Profesor Emérito de la UBA, Mario Rapoport, analiza el círculo vicioso del neoliberalismo nacional, lejos de la mirada de Roberto Cortés Conde, que fija el foco en la política de sustitución de importaciones impulsada por el peronismo.

Por Mario Rapoport

 

 

José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y Mauricio Macri, los une la responsabilidad por la decadencia de la economía argentina a partir de la década del '70. 

No hay que recurrir a la teoría económica neoliberal predominante en el mundo para entender las características del neoliberalismo criollo. Entre nosotros existe una avanzada de esa teoría que tiene el mérito de tratar de partir de la historia económica argentina y el error de tomar los intereses del sector interno dominante como base de sus ideas. Para los teóricos neoliberales de las grandes potencias, estas tienen por fundamento en sus políticas la expansión de sus economías, su comercio, sus industrias y sus finanzas a través de los procesos de globalización y constituyen una plataforma ideológica para dominar el mundo. La versión criolla, más modesta, propone, en cambio, mantenernos siempre dependientes de aquellas.

Es el caso, por ejemplo, de un autor con una extensa y respetable obra compuesta por numerosos libros y trabajos escritos, cargos en instituciones nacionales o internacionales en el ámbito académico, y una gran influencia entre historiadores y economistas, como Roberto Cortés Conde. Un reciente artículo periodístico suyo, al igual que otros en el pasado, van más directamente al fondo de sus ideas y a ellos nos referiremos principalmente.

Inflación

Para él, el mal de la Argentina es la inflación y ésta, según sus palabras, fue introducida por la industrialización promovida por las políticas económicas del primer peronismo. El 31 de octubre, publicó “El círculo vicioso de las recurrentes crisis económicas” en La Nación, que continua, en realidad, otro artículo publicado el 14 de mayo de 2010 en ese mismo diario titulado “Casi un siglo de caída económica”.

En éste afirma que la Argentina creció entre 1870 y 1914 a un 3 por ciento anual, mucho más que la generalidad de los países del mundo, y entró luego en una profunda decadencia, marcada por la Primera Guerra Mundial y por la crisis de los años 30, fenómenos que cerraron la economía produciendo una caída de las exportaciones y de los ingresos de los gobiernos y, sobre todo, un aislamiento del mercado internacional de capitales. Esto fue, para él, el resultado de factores externos -en verdad internos al modelo agroexportador ya desfalleciente-, como las crisis y la guerra mundial, que no pudieron evitarse. Pero luego predominaron otros de orden exclusivamente internos como consecuencia de las políticas proteccionistas e industrialistas adoptadas a partir de la llegada del peronismo al poder que fueron la causa inicial de un proceso inflacionario -tras medio siglo de estabilidad previo a la Segunda Guerra Mundial- que continua hasta el presente. “No se trata -dice en su artículo más reciente- de que el argentino tenga una perversa adhesión al dólar, sino de que la inflación reiterada durante 70 años le hizo perder al peso todo su valor”. Algo que también escuchamos del presidente Macri.

Según su punto de vista el problema principal es que se conformó una economía cerrada con sectores industriales de escaso capital, tecnologías obsoletas, baja productividad, importaciones de insumos y combustibles, y salarios más elevados. Para ello se usó el Banco Central que financió los déficits estatales y realizó transferencias de divisas del sector agropecuario al sector industrial. Se inició así la llamada restricción externa y las reiteradas crisis de la balanza de pagos que comenzaron en 1949 y siguieron en años posteriores. Ese sería el origen de los problemas económicos argentinos, aunque a la inflación le siguió algo nuevo: los default desde los años 80 del siglo XX.

Endeudamiento externo

Y aquí comete el error de dar continuidad hacia adelante a los ciclos económicos inflacionarios y obviar aquellos que vienen de muy atrás. En el período agroexportador de fines del siglo XIX, que el autor exalta, hubo también fuertes inflaciones, crisis de balanza de pagos y en algún caso default de la deuda externa, como en 1873, 1885, 1890 y 1913. Esas crisis tuvieron por causa principal, como plantean autores reconocidos (Williams, Ford, Prebisch), el endeudamiento externo. Salvo Cortés Conde que las atribuye a fenómenos de expectativas monetarias.

Los excesos de emisión de gobiernos como el de Juárez Celman, que decía que el Estado era un mal administrador y había que entregarle el manejo de la economía a las empresas privadas, se basaba en ese endeudamiento. El déficit fiscal causado por la gigantesca deuda sólo logró conjurarse a principios del siglo XX. Sin embargo, el endeudamiento continuó y al final de ese período, incluso con saldos positivos en la balanza comercial entre 1900 y 1912 -cuando se afirmó el patrón oro- los servicios de la deuda consumieron anualmente más de un 30 por ciento de las divisas obtenidas por las exportaciones, provocando otra crisis en 1913, al caer aquellas marcando ya los limites del modelo. Por otra parte, volver al patrón oro fue, en verdad, una forma de devaluar el peso sin decirlo, dado que la revaluación en pesos de las exportaciones por su expansión no convenía a los exportadores. En cambio, estabilizar su valor permitía aumentar el precio del oro y consolidar la fortuna de ese sector.

La oligarquía

Nadie niega que la Argentina tuvo una aceptable tasa de crecimiento económico en aquella época, aunque es más discutible la idea de que llegara a ser uno de los países más ricos de entonces y cabría preguntarse si su crecimiento se debió a una dirigencia clarividente. Más bien, fue el resultado de diversos factores. En primer término, de una renta agraria diferencial de carácter internacional gracias a las riquezas naturales de la pampa húmeda, que se tradujo en masivas exportaciones agropecuarias de las cuales se obtuvieron las divisas necesarias para importar los bienes manufacturados y los capitales que faltaban. El financiamiento se dio en el marco de una coyuntura internacional que favoreció el endeudamiento externo; mercados mundiales que requerían nuestros productos agrarios (en ambos casos, en especial Gran Bretaña) y la presencia de mano de obra barata como consecuencia, sobre todo, de la inmigración de poblaciones de países en crisis en Europa. Gracias a estos factores se pudieron obtener las divisas que impulsaron, atravesando períodos muy turbulentos, como la crisis de 1890, ese crecimiento, e hicieron posible, en especial, el enriquecimiento de una elite: la llamada oligarquía terrateniente.

Esa oligarquía no cedió un gramo de sus beneficios a la sociedad, lo que generó en los años 40 la legislación social del peronismo, plenamente justificada. Ninguna ley social importante se había dictado hasta entonces. Pero el gasto público con esos fines para el neoliberalismo criollo no es necesario. Lo mismo ocurre con las políticas para impulsar el proceso de industrialización, cuando en el mundo fueron éstas las que llevaron al desarrollo económico de los países que hoy conforman el círculo de los exitosos. Así sucedió con Canadá y Australia quienes comenzaron su inserción en la economía mundial como espacios vacíos al mismo tiempo que la Argentina y eran también agroexportadores. Ahora nos superan ampliamente en sus niveles de desarrollo.

En su artículo de 2010 Cortés Conde afirma que con el peronismo los objetivos de proteger la industria y asegurar el pleno empleo fueron contradictorios. Agregando que la salida populista consistió en mantener el poder de compra del salario bajando lo precios de los alimentos y de los servicios de transporte y energía “con sus consecuencias sobre el estancamiento de exportaciones y el déficit, lo que concluyó en inflación y reiteradas crisis”. Una tesis controvertida, porque la experiencia de los últimos años muestra lo contrario: el aumento de tarifas del macrismo fue una de las causas principales de la inflación actual. 

El peronismo pudo haber dado pasos errados en la industrialización del país, pero se encontró con formidables obstáculos externos e internos para ese proceso. Por el lado de las importaciones, el obstáculo fue la inconvertibilidad de la libra, porque hasta ese entonces, Gran Bretaña era el principal socio comercial. Esto afectó las compras en Estados Unidos, el proveedor casi exclusivo de la época. Por el lado de las exportaciones el mayor problema fue el Plan Marshall que cerró los mercados europeos a la Argentina. Es cierto que en 1949 se produjo un quiebre en la sustitución de importaciones y por eso la crisis. Pero no fue originada como en las crisis posteriores o anteriores por el endeudamiento externo sino por la insuficiencia de equipamientos y maquinarias -que ya venía de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial- y por dos sequías consecutivas. Lo más remarcable es que se salió de ella con los más bajos índices inflacionarios de la historia reciente (salvo el abismo deflacionario del uno a uno), el 4 por ciento en 1953 y el 3,8 por ciento en 1954, con un crecimiento del 5,4 y 4,4 por ciento, respectivamente. Es decir que la economía no andaba tan mal. La crisis no afectó mayormente la política de ingresos de los trabajadores. La participación de los asalariados en el ingreso nacional alcanzó en todo el período los mayores niveles de la historia económica argentina.

Populismo

No obstante, serían la industrialización y el populismo –según afirma la revista británica The Economist (14/2/2014)- los responsables de la inflación y del declive del país. Una tesis con la cual el neoliberalismo criollo coincide. Pero cuando uno observa las cifras concretas, en el período que va de 1945 a 1975, esa inflación fue entre un 20 y un 30 por ciento anual, salvo años en que se aplicaron planes de estabilización del FMI. Una inflación promedio alta para los países desarrollados pero muy baja con respecto a la Argentina que vendría después, lo que Cortés Conde reconoce. También acepta que entre 1964 y 1974 la tasa de crecimiento fue del 5 por ciento anual, mientras continuaba la industrialización sin crisis. Sin embargo, del mismo modo que olvida mencionar los procesos inflacionarios del período agroexportador para él existe una especie de continuidad hacia delante entre la inflación que se habría iniciado en los años 40, y la generada por las políticas neoliberales impuestas por la dictadura militar de 1976 que siguieron gobiernos posteriores.

Aquí pone bajo un mismo techo dos etapas económicas completamente diferentes y se oculta el inicio de la verdadera decadencia del país con la implementación de las políticas neoliberales. A partir del ’76 se revierte el proceso de industrialización, tratando de volver al pasado agroexportador de endeudamiento externo y apertura total de la economía. La inflación pasó (ya en 1975 con el Rodrigazo) a ser de tres dígitos, hubo formidables crisis en la balanza de pagos, hiperinflación, cuasi dolarización de la economía con el uno a uno y la convertibilidad (un remedo trágico del patrón oro), y políticas de ajuste con altas tasas de desocupación y pobreza. En este caso, el endeudamiento externo tuvo de nuevo un rol decisivo, y nos llevó directamente a la crisis de 2001, acompañado por un crecimiento nulo o negativo de la economía para todo el período. Luego, desde 2015 la vuelta del neoliberalismo creó la fantasía de poder llegar a ser un hipermercado del mundo, acentuando la desindustrialización y conduciendo a la crisis actual.

Lo que Argentina no tuvo es una clase dirigente identificada con el desarrollo industrial. Las recurrentes crisis inflacionarias que sufrió el país fueron por esa puja de los intereses agroexportadores y del capital internacional con aquellos que pretendieron cambiar las reglas del juego predominantes en la economía argentina desde el siglo XIX, culminando con la aceptación del Consenso de Washington y los consejos del Fondo Monetario Internacional, corresponsable de las últimas crisis argentinas.

* Profesor Emérito de la UBA y del ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación).

La recuperación de la autoestima: El principal legado de Lula

Por Luis Hornstein

Fuente:Pagina/12

 

Imagen: AFP

La autoestima es una experiencia íntima: es lo que pienso y siento sobre mí mismo, no lo que piensa o siente otra persona acerca de mí. Mi familia, mi pareja y mis amigos pueden amarme, y aun así puede que yo me vea como alguien insignificante. Puedo proyectar una imagen de seguridad que “engañe” a todo el mundo y aun así temblar por mis sentimientos de insuficiencia. Puedo satisfacer las expectativas de otros y aun así fracasar en mi propia vida. Puedo ganar todos los honores y aun así sentir que no he conseguido nada. Muchas personas pueden admirarme y aun así me levanto cada mañana con un sentimiento de vacío interno. Conseguir el éxito sin lograr una autoestima equilibrada es condenarse a sentirse un impostor y a sufrir esperando que la verdad salga a la luz.
La admiración de los demás no crea nuestra autoestima, ni tampoco la erudición, ni las posesiones materiales, las conquistas sexuales o la cirugía estética. La autoestima actúa como el sistema inmunológico del psiquismo, proporcionándonos fortaleza y capacidad de recuperación. Una baja autoestima vulnera nuestra resistencia ante los problemas de la vida. Si no creemos en nosotros mismos el mundo es un lugar aterrador.
La autoestima es un termostato emocional que modula el impacto de emociones negativas, evitando que se extiendan al resto de la vida. Es probable que un éxito o un fracaso en un sector tengan consecuencias en los otros. Un desengaño amoroso acarreará una vivencia de pérdida de valor personal. A la inversa, un éxito en un campo determinado puede beneficiar la autoestima.
¿Quién soy?¿De qué soy capaz? ¿Cuáles son mis éxitos y mis fracasos, mis habilidades y mis limitaciones? ¿Cuánto valgo para mí y para la gente que me importa? ¿Merezco el afecto, el amor y respeto de los demás o siento que no puedo ser querido, valorado y amado? ¿Siento una brecha enorme entre lo que quisiera ser y lo que creo que soy?
Existen vínculos estrechos entre los problemas de autoestima y la mayoría de los trastornos psíquicos: depresiones, ansiedad, recurso al alcohol, a las drogas, trastornos alimentarios (bulimia, anorexia) y, más generalmente, vulnerabilidad ante los acontecimientos vitales traumatizantes.
La crianza consiste en dar a un hijo primero raíces (para crecer) y luego alas (para volar). En las primeras relaciones un bebé puede experimentar la seguridad o bien el terror y la inestabilidad. En las posteriores un niño puede tener la experiencia de ser aceptado y respetado o rechazado. Algunos niños experimentan un equilibrio entre protección y libertad. Otros, una sobreprotección que los infantiliza. Padres que dan pescado en vez de enseñar a pescar. Otros niños están subprotegidos, es decir sobreexigidos.
Algunas personas realizan enormes esfuerzos para proteger la autoestima: negación de la realidad, evasión, agresividad hacia los demás, sacrificando diversos aspectos de la calidad de vida y se torturan ante exigencias por expectativas propias y ajenas.
La construcción de la autoestima requiere considerar tres perspectivas. La primera se refiere al nivel singular. En el extremo opuesto está la perspectiva universal que engloba las características comunes al género humano. Hay un nivel intermedio que detecta elementos comunes a sujetos que comparten cierto bagaje cultural.
La crisis de valores no es sólo la de los valores heredados de las confesiones religiosas, sino también la de los valores laicos que les sucedieron (ciencia, progreso, emancipación de los pueblos, ideales solidarios y humanistas). En un mundo fascinado por el éxito individual, el rendimiento y la excelencia, hay tensiones muy fuertes entre las imágenes ideales y la realidad de lo que se vive. Algunos actúan como si los únicos valores fueran el poder económico, el estatus profesional o el reconocimiento mediático.
La autoestima se lesiona cuando la sociedad “maltrata” al sujeto y se desmantelan soportes que fundan el reconocimiento colectivo. ¿Cómo recuperar una credibilidad apuntalada por valores compartidos y compartibles? La falta de brújulas éticas tiene consecuencias en la autoestima.
Lula afirmó, al concluir su mandato en 2010, que su principal logro había sido que “en Brasil, las personas recuperaron la autoestima [...]El legado que quiero dejarles es la certeza de que no hay un ser humano inferior a otro”. Las tres claves de su éxito fueron: el equilibrio político, la cautela en materia económica y la osadía en el plano social para reducir las desigualdades mediante programas educativos. Considerar los condicionamientos sociales aporta un esclarecimiento particular sobre los conflictos “personales”. Vivimos en un cóctel cuyos ingredientes son las condiciones sociales, psicológicas, culturales y familiares. Estamos sumergidos en una crisis multidimensional (política, social, económica y ética). Esperemos que nuestro futuro gobierno pueda lograr, como Lula, que en nuestro país “las personas recuperaron la autoestima”.
Luis Hornstein es médico psicoanalista. Premio Konex de Platino en psicoanalisis, década 1906-2006. Su último libro es Ser analista hoy (Paidós, 2018).

Colombia llora la muerte de Dilan

Un símbolo de la represión de la protesta social 

Las jornadas del Paro Nacional han resultado gravemente reprimidas. Sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Vigilia por Dilan Cruz en Bogotá. Su familia pidió prudencia. 

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Imagen: AFP

Desde Bogotá

Dilan se marchó. El disparo que le propició el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) le dejó apenas 50 horas de vida. Muerte cerebral, primero. “Lo mataron. ¡Lo maataaaaron! Gritan los muchachos que corrieron a socorrerlo. Dylan estaba tendido en su último aliento de conciencia. “Vamos, graben, graben”. En los videos se evidencia que el agente 003478 disparó de frente una granada de gas lacrimógeno a la cabeza del muchachito.

“Paciente se agravó en las últimas horas y entró en un estado crítico irreversible estamos esperando evolución de curso final”, decía el comunicado no. 7 del Hospital San Ignacio, de la Universidad Javeriana. En sus aceras, donde los últimos meses este mismo escuadrón ha atacado las manifestaciones pacíficas de estudiantes, la gente oró a una sola voz por la vida del joven. Su familia pidió prudencia y que nadie justificara en su tragedia acto de violencia alguno. Dilan Cruz tenía 18 años y se recibía del colegio la semana en que lo mataron. Las jornadas del Paro Nacional han resultado gravemente reprimidas. Sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional. El asesinato de Dilan Cruz indignó a una Colombia que recibió de respuesta del gobierno Duque la exención del impuesto IVA durante tres días.

Hacia las diez de la noche del lunes 25 de noviembre después de tres cuatro días de pelear con la muerte Dilan se marchó. “Comunicado No. 8. Con pesar informarnos, que no obstante la atención brindada durante estos días, en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos, Dilan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de fallecer. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él”. Entonces, ayer las calles se llenaron una vez más. El Hospital San Ignacio se copó de gente conmovida.

Esto abrió un debate por los desmanes históricos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que ha asesinado no solo a Dilan sino a muchos jóvenes que estaban, legítimamente como lo promueve nuestra Constitución, reclamando un derecho: El pliego del Paro Nacional que no se detiene y comenzó con marchas y cacerolazos desde el pasado jueves van desde el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el rechazo las reformas provisional y laboral del país, la exigencia por la protección de indígenas y líderes sociales, y la urgencia de un diálogo con los sectores sociales -no empresariales-.

El exceso de la fuerza no son suposiciones o señalamientos. Son escenas en videos y fotos logradas por celular o por reporteros gráficos como los de Casa Editorial El Tiempo -hoy amenazados- que evidencian la brutalidad policial. La gente la está viviendo junto al pánico generado, según consta también en videos, por la misma policías. Los agentes uniformados se ven protegiendo a encapuchados, se observan golpeando y destruyendo vidrios y edificaciones, atacando con brutalidad mujeres indefensas, o disparando por la espalda como sucedió con Dilan.

Cuenta el columnista y médico internacionalista Víctor De Currea Lugo: "me llegaron audios super confidenciales y 100 por ciento fiables diciendo que los vándalos iban a atacar entre las dos y las cinco de la mañana. “En Bogotá, en la tarde del 22, como sucedió en Cali del día anterior, los rumores de violencia organizada contra la ciudadanía fueron creciendo”, escribió. “Luego llegaron las noticias de saqueos en un almacén Ara, en otro punto de la ciudad. Curioso que al igual que el saqueo en Cali de un almacén Herpo. Pero en ambos casos uno ve que la policía los persigue, pero de manera más que obvia, no los detiene ¿por qué? El almacén Ara es violentado usando un bus de servicio público; la policía aparece en el momento justo para garantizar la noticia de saqueos sin que pase a mayores.

Sobre el papel que está jugando la policía en este Paro Nacional, el que muchos tildan de criminal, Victor De Currea le dijo a Página/12 que “el problema central es la doctrina militar. Mientras eso no se modifique no va a ver cambios de fondo en el comportamiento de la fuerza pública”.

Ayer los congresistas Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, de los partidos opositores, denunciaron ante la Fiscalía a la Fuerza Pública y el Estado por homicidio, concierto para delinquir, pánico, uso desproporcionado de la fuerza y otros abusos en 25 casos de personas heridas entre el 21 y 23 de noviembre. La acción penal señala de máximos responsables del abuso policial Oscar Atehortua Duque, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog); Jorge Luís Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En las redes sociales la gente pide al Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que responda. También al Presidente Duque y todo su gabinete.

El parlamento citará a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la cúpula de la Policía Nacional para que den explicaciones de la cadena de hechos de extrema gravedad (vandálicos y conspirativos) dirigidos desde sus despachos, al parecer. Pues los hechos no han sido aislados. La demanda será puntualmente por la presunta comisión de los delitos de: homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura; concierto para delinquir; pánico y calumnia, y por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.

Se anexaron más de 30 vídeos y fotografías de denuncias ciudadanas en los que se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y complicidad. Hubo, según el documento, 831 casos de retenciones a ciudadanos, entre el 21 y 23 de noviembre, también 25 casos de personas heridas. Y podría existir un gran subregistro en la violación de derechos humanos. Solo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional. También se entró en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente:Pagina/12

Chile: Paros, marchas y víspera de huelga general

Responden a un decreto de Piñera con una movilización social

El mandatario defendió el proyecto de ley destinado a que Fuerzas Armadas protejan la "infraestructura crítica" del país. Mientras tanto, su desaprobación crece a niveles históricos.

 

La protesta continua en el centro de Santiago con banderas chilenas y mapuches. 

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Imagen: AFP

Chile amaneció con una serie de paros y movilizaciones sectoriales, en la víspera de la huelga general convocada para el martes. Trabajadores del área de la salud, docentes, empleados portuarios, transportistas y colectivos feministas se sumaron a la jornada de protesta exigiendo que Piñera escuche los reclamos populares. El presidente defendió el proyecto de ley destinado a que las Fuerzas Armadas protejan la "infraestructura crítica", y dijo que será enviado al Congreso en las próximas horas. La desaprobación a su gestión crece a niveles históricos.
Durante el día, el sistema público de buses presentó un servicio reducido mientras varias líneas de subte debieron interrumpir su servicio en algunas estaciones. Tal como ocurrió el 18 de octubre, estudiantes protestaron sentándose en los andenes del metro, con las piernas apuntando a la vía, para impedir su avance.

La Unión Portuaria de Chile indicó que los 24 puertos donde el gremio tiene presencia adhirieron a la huelga sectorial. Por su parte Mario Aguilar, presidente del sindicato de maestros, remarcó el acatamiento general de las medidas: "El lunes 25 se cumple movilización en todo el país y el martes 26 es la huelga general de la cual los profesores vamos a adherir".
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, expresó que la actividad también busca denunciar la impunidad frente a la feroz represión desatada por los agentes de seguridad del Estado. "Exigimos que el gobierno de Sebastián Piñera asuma la responsabilidad frente a las violaciones de derechos humanos desde el primer día del estallido social", indicó.
A partir de las 17 horas, cientos de mujeres se concentraron en la Plaza Italia para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Las feministas no es la primera vez que estamos en las calles. Hace tiempo que venimos reflejando el descontento social y mostrando que la violencia es estructural", dijo Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera destacó que buscará ingresar al Congreso en las próximas horas el proyecto para modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, con el fin de permitir que militares puedan salir a proteger la infraestructura crítica del país.
"Lo que busca la ley no es que los militares salgan a las calles como dicen algunos, es permitir que los militares puedan colaborar en la protección de lo que se llama infraestructura crítica y esto poder hacerlo sin necesidad de decretar Estado de Emergencia, y sin restringir las libertades y los derechos de todos los chilenos", expuso el mandatario desde el Palacio de la Moneda.

Piñera busca hacer frente a la crisis dándole cada vez mayor respaldo a las fuerzas militares y policiales. Este lunes se supo que su nivel desaprobación trepó hasta el 81 por ciento, el peor registro obtenido por un mandatario chileno desde el retorno a la democracia en 1990. Los datos surgen de un sondeo realizado por la encuestadora Cadem, que además registra un crecimiento en la popularidad de las movilizaciones como forma de protesta.
Fuente:Pagina/12