El impulso del programa ATP, para el pago de
salarios, y del IFE, para trabajadores informales, llegó a un pico en
mayo y junio, pero tenderá a caer en los próximos meses.
No alcanza el esfuerzo fiscal para sostener los
ingresos de las personas y ayudar a las empresas a sobrevivir al bajón
económico que significa la pandemia. Calcúlese que un mes de actividad
económica puede significar un giro de riqueza de unos dos billones de
pesos. Y con todos los esfuerzos acumulados, el gobierno trasladó a
planes y programas no más de un billón de pesos en tres meses. Y ya está
dando señales de agotamiento: este viernes, el presidente Alberto
Fernández anunció que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se acotará
a las regiones en las que perdure el aislamiento social obligatorio.
El fuerte incremento del déficit fiscal de mayo confirmó que el
coronavirus y la prolongación de la cuarentena causaron un fuerte
impacto en la caja del Estado. Según el informe oficial del Ministerio
de Economía, en mayo el resultado primario del sector público nacional
fue negativo en $ 251.287 millones. Los ingresos totalizaron $ 328.120
millones, mientras que los egresos fueron de $ 579.507 millones. Entre
estos últimos no se contabilizan los intereses de la deuda pública. Si
se los incluye, el déficit total escala a $ 308.219 millones.
El efecto obedece a dos razones simultáneas. La entrada de
dinero casi no tuvo variantes en términos nominales con la misma época
del año pasado (apenas subió 2,4%), mientras que la salida se duplicó
(96,8% interanual). Como referencia, la inflación de los últimos 12
meses los precios al consumidor subieron 43,4%.
La explicación oficial fue que el bajón de los recursos está dado
“por los efectos contractivos del ASPO (aislamiento social preventivo
obligatorio) sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y
comercio exterior”. En tanto, los mayores gastos responden “a las
medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para sostener los
ingresos de las familias, sostener el empleo y la producción y compensar
la caída de recaudación de las administraciones provinciales”.
En el gobierno hay preocupación por la situación fiscal. De allí que
el gabinete económico, presidido por el jefe de gabinete, Santiago
Cafiero, e integrado entre otros por los titulares de los ministerios de
Economía, Desarrollo Productivo, Trabajo, el Banco Central y la AFIP,
haya resuelto la reducción del paquete de ayuda diseñado por el gobierno
en los últimos meses. Esa “sintonía fina”, como la llaman, está
destinada principalmente al programa ATP (Asistencia al Trabajo y a la
Producción), con el que el gobierno se hizo cargo en los meses de abril y
mayo del 50% de los sueldos en las compañías del sector privado que así
lo solicitaron. Según el informe de Hacienda, el ATP y el IFE
significaron el mes pasado una erogación aproximada de $ 80 mil
millones.
Sin desactivar el ATP, porque hay consenso de que muchas
empresas y empleos caerían sin esa ayuda, el ajuste implicó tanto la
reducción de dos salarios mínimos a uno el tope que se paga por empleado
en los sectores económicos y geográficos en los que la actividad ya se
recuperó.
La incógnita es cuándo se podrá revertir la tendencia, habida cuenta
de que en los cinco primeros meses del año el déficit primario acumulado
ya es de $ 643 mil millones, alrededor de 2,5% del PBI. El economista
Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF, le dijo a Tiempo
que en este marco, la ayuda oficial no va a ser eterna: “Todo tiene su
límite. Es el límite de la enfermedad, que no va a durar cien años. Es
larga la pandemia, pero no va a ser siempre así”.
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