“Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Mientras Cristina Kirchner esté en política no va a haber paz nacional. La señora está sola”, dijo el conductor Baby Etchecopar la semana pasada en la mesa de Mirtha Legrand que ahora conduce su nieta Juana Viale. Sus palabras fueron repudiadas y le valieron una denuncia ante la Defensoría del Público , lo que hizo que el conductor radial pidiera unas lavadas disculpas de ocasión. Pero no fue un simple exabrupto ni un hecho aislado. Los mensajes violentos contra adversarios políticos se multiplican. Más si son mujeres. Y no hace falta que sean políticas para que las mujeres reciban violencia en los medios. No es un fenómeno nuevo, pero sí actual, lo que provoca el regreso de interrogantes nunca del todo saldados. ¿Qué hay que hacer cuando desde los medios de comunicación o en las redes sociales aparecen discursos agresivos, misóginos o discriminadores? La difusión implica su propagación y puede amplificarlos, pero, por otro lado los mensajes no desaparecen si no los mencionamos, se ventilan en otros lugares, probablemente sin contexto ni repudio. ¿Cómo se logra un equilibro? ¿Penalizarlos viola la libertad de expresión?

“Hay una diferencia cuando este tipo de discursos aparecen en los medios tradicionales (y regulados por diferentes normas) y en las redes sociales. En el primer caso la responsabilidad de quienes están al frente es tratar de contextualizarlos, no contribuir a su divulgación y explicar las razones por las cuales esos contenidos lesionan derechos de otras personas. A su vez, hay organismos pertinentes para encauzar debates y acciones institucionales, como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual o el INADI. Cuando el soporte de estos mensajes son redes sociales lo mejor es evitar la contribución a su propagación y viralización. Lo mejor es ser más "toreros y toreras" que "toros", dice Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador UBA, UNQ, UdeSa y Usal.
“Yegua, puta, montonera”, estos latiguillos son repetidos al hartazgo en redes sociales, especialmente contra la ex presidenta. Pero también allí es común ver el transversal “feminazi” para cualquier mujer que aborde problemáticas vinculadas con las mujeres o cualquiera de relevancia pública.
“Hay una política del odio como hay una brutalización de la política. Es una estrategia que alguna vez pudo utilizar la izquierda o algunos populismos pero es sobre todo propiciada por las derechas”, señala Luis Alberto Quevedo, sociólogo y director de FLACSO Argentina. Quevedo explica que este discurso del odio político opera haciendo que el señalado como enemigo sea el origen de todos los males y simplifica la política hasta reducirla a un único problema: “Por eso el odio no tiene un objeto definido y estable, antepone el discurso del odio por encima del objeto odiado y eso es algo que hace mucho Baby Etchecopar, salta de un odio a otro: el negro, el extranjero, el cabeza, las feministas, los zurdos”.
El director del FLACSO Argentina sostiene se trata de un fenómeno con mucha historia, en particular en la modernidad, tanto en el país como en el mundo, pero que en la Argentina de los últimos años se puede observar una estrategia muy deliberada de producir odio hacia Cristina Kirchner y el kirchnerismo. “Esto no es algo que se haga desde las redes sociales –señala--, lo hace, por ejemplo, La Nación todos los días en su canal de TV o en el diario. Así, el modo de derrotar a Cristina Kirchner no es debatir políticamente, no hay una forma democrática de otredad, sino que el modo de derrotarla es colocándola puramente en un plano de odio, excluida de la sociedad, esa es la operación que la derecha mediática y no mediática ha desarrollado. Y estas políticas son dadoras de identidad: a las personas se le arma un mundo ordenado y eso les da una certeza absoluta. Esta simplificación es transversal, está en todos los sectores económicos, es un corte más cultural. Antes se hizo con los extranjeros y también se hace con las feministas, pero la derecha argentina se volvió mucho más agresiva a partir de 2008, los grandes grupos económicos encontraron un modo de vincular sus intereses a una política cultural, la política cultural del odio”.
A pesar del repudio que pueden generar estos mensajes desde algunos espacios políticos y sociales, se prende la alarma cuando el racismo, la xenofobia o la misoginia parecen ser celebrados con un crecimiento de audiencia o incluso sirven como plataforma de lanzamiento electoral. Donald Trump y Jair Bolsonaro son ejemplos para tener en cuenta. ¿La penalización de estos discursos es válida? ¿Debe haber límites a la libertad de expresión?
El Procurador fiscal ante la Corte y profesor de la UBA Víctor Abramovich, que fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explica que “las convenciones de derechos humanos firmadas por la Argentina obligan a prohibir y sancionar el discurso de odio en sentido estricto”, que es aquel que incita a la violencia, o busca la creación de clima de hostigamiento o persecución directa de un grupo social determinado. “Lo complejo –agrega- es diferenciar este tipo de expresiones de otras que tienen contenido discriminatorio, agraviante, estigmatizador o denigrante, que reproducen estereotipos y favorecen la discriminación pero que no incitan directamente a la realización de acciones violentas. Los Estados están en un dilema ante este tipo de expresiones, pues están obligados a intervenir para combatir la discriminación, pero deben hacerlo dentro del sistema de garantías de la libertad de expresión. El conflicto es más difícil de resolver cuando esas expresiones integran debates sobre asuntos públicos, o se formulan como una crítica política. En ese marco, creo que hay que buscar formas de intervención que no afecten la libertad de expresión. Puede pensarse en mecanismos que faciliten la difusión de versiones alternativas que ayuden a desmontar los estereotipos negativos, incluso procedimientos de réplica que sirvan para reparar el daño causado. Algunos de estos mecanismos están en proyectos de reforma de la legislación antidiscriminatoria que podrían ser tratados por el Congreso”.
Los especialistas coinciden en que se debe ser muy cuidadoso con la sanción penal. La titular del INADI, Victoria Donda, sostiene, como Abramovich, que las medidas que limitan la libertad de expresión en general siempre se vuelven en contra de los sectores populares y disidentes. “Hay que lograr construir medios en los que los comunicadores sepan que tienen una responsabilidad social que cumplir. Los conductores y la producción tienen que hacerse cargo de que hay mensajes que generan odio. La sociedad vive un momento grave en el que no debería haber lugar para ejercer violencia política contra las mujeres cuando muere una mujer cada 26 horas”, dice Donda. Miriam Lewin, flamante Defensora del Público, asegura que la libertad de expresión es una piedra basal del sistema democrático y que los derechos humanos deben aplicarse de manera tal que el ejercicio de un derecho no implique el menoscabo de otro derecho de igual valor. “La violencia política mediática hacia las mujeres --afirma-- puede llevarlas a abandonar la actividad política y reproduce estereotipos nocivos para la igualdad de género. La difusión y reproducción de discursos agresivos, misóginos, estigmatizantes y discriminatorios también implica una vulneración de los derechos de las audiencias a una comunicación respetuosa de los derechos humanos. Mi perspectiva es que hay que trabajar desde la promoción de los derechos. Tenemos un rol en materia de capacitación, sensibilización, formación y construcción de una comunicación igualitaria y democrática. Queremos un cambio cultural, para que sea posible un diálogo amplio y respetuoso de derechos. Estamos impulsando fuertemente la paridad y el cupo laboral trans en los medios así como la implementación de la ‘Ley Micaela’”.
La educación y la responsabilidad individual son claramente centrales para acabar con los discursos del odio, pero recostarse en las buenas prácticas periodísticas puede parecer insuficiente si desde algunos sectores hay una estrategia deliberada que responde a intereses concretos. Donda agrega, en ese sentido, que hay un camino que recorrer que no implica una causa penal pero si sanciones a los medios. También hay distintas formas de reparación, como se hizo en el caso de Gustavo Cordera cuando se concedió la suspensión del juicio a prueba a cambio de algunas medidas como la retractación, el pedido de disculpas y la capacitación en violencia de género.
“El INADI todavía no puede establecer sanciones pero, sin prejuzgar, en un caso como el de Etchecopar sospecho que lo haríamos. De todas formas, dice la titular del organismo, lo central sigue siendo construir masa crítica que haga que Baby tenga menos audiencia y no más. Eso se hace dando lugar a todas las voces y generando buenos contenidos en medios de comunicación”. Lewin coincide con esta visión: “Es a través del activismo y de la pedagogía que vamos a construir buenos resultados. La trayectoria de los organismos de derechos humanos y del movimiento de mujeres marcan el camino”