Por Daniel Feierstein - En revista Sin Permiso
17/12/2017
Ya hubo indicios
en marzo de este año, con la profusión mediática de cuestionamientos a
la continuidad del juzgamiento a los genocidas argentinos, de la mano de
la defensa de la legitimidad de la represión ante quienes
vulneran el orden. Parecía una discusión sobre el pasado, pero no lo era. Se buscaba quebrar un consenso construido desde 1983: la no aceptación de la represión abierta ante la protesta social.
Luego fue el ataque a
los indígenas mapuches, en el sur del país, que se cobró el primero de
septiembre un desaparecido (Santiago Maldonado), quien luego apareció
ahogado en el río en circunstancias todavía no aclaradas. Durante los
largos meses de su búsqueda, se lanzó una campaña de persecución a los
docentes que intentaban preguntarse en escuelas de todo el país, dónde
estaba Santiago Maldonado. Se planteó que dicha pregunta era
políticay se instó a padres y estudiantes a denunciar a los docentes que mencionaban la situación en el aula. Se desató una campaña de delación en redes sociales, se creó un número de teléfono del aparato estatal para llevar a cabo las denuncias y se sancionó a algunos docentes.
Al
mismo tiempo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmaba que
no relevaría a ningún oficial de la fuerza sospechada (Gendarmería) y
circulaba versiones sobre que Maldonado estaba en Chile, habiendo pasado
a la clandestinidad con fuerzas
terroristas, de todo lo cual no se aportó ninguna información fidedigna.
El
25 de noviembre, en otro operativo en el sur del país, la Prefectura
asesinó a Rafael Nahuel, un joven mapuche. Otra vez la versión oficial
fue que se trató de un
enfrentamientocon
grupos terroristasque atacaron con
lanzas, boleadoras y gritos de guerray se afirmó que contaban con
armas de grueso calibre. Las pruebas forenses sobre el cuerpo de Nahuel demostraron que el tiro había ingresado por la espalda y las pericias en el lugar del hecho no pudieron encontrar vainas de otros disparos que los de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, sostuvo que había que otorgar el
beneficio de la dudaa las fuerzas de seguridad. Y no hubo una sola declaración gubernamental de condena.
El
intento de aprobar una reforma previsional que le quita al sistema de
jubilaciones y pensiones y a los beneficiarios de ayudas sociales
alrededor de 100 mil millones de pesos trajo la lógica represiva desde
el sur hasta el propio centro de Buenos Aires, donde ya se había
ejercitado en pruebas previas durante todo el año.
Este 13
de diciembre un conjunto de organizaciones sociales marcharon por la
Avenida 9 de Julio y se encontraron con la represión de la Gendarmería
con perros, gases lacrimógenos y balas de goma, hiriendo entre otros a
dos diputados nacionales de distintos partidos de oposición: Leonardo
Grosso y Victoria Donda.
Pero eran apenas los preparativos del día
del tratamiento de la ley, el 14 de diciembre, cuando estaba anunciada
una movilización masiva ante el Congreso para expresar el disgusto
popular. Los gases lacrimógenos, balas de goma, gas pimienta y
detenciones se sucedieron durante toda la tarde y siguen al momento de
escribir esta nota. La novedad con respecto a otras situaciones de
tensión ha sido el ataque indiscriminado a representantes populares,
incluso en momentos en que intentaban ingresar al Parlamento para
participar del debate. Los diputados Pietragalla, Mendoza, Rodríguez,
Huss y Moreau sufrieron distintos tipos de agresiones.
Mientras el jefe de Gabinete, Marcos Peña, justificaba la represión y acusaba a los diputados opositores de
piqueteros, se podían observar las imágenes de la represión masiva en las inmediaciones del Congreso con decenas de detenidos, rociados por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones para luego ser
cazadosal desconcentrarse. Los organismos de derechos humanos no están obteniendo respuesta de las autoridades acerca de los lugares de detención de las personas a las que masivamente están arrestando las fuerzas de seguridad, al tiempo que circulan informaciones de todo tipo y hay decenas de heridos.
Lo más preocupante es que hasta el
momento de la represión masiva, muy pocos medios de comunicación
transmitían lo que ocurría en las inmediaciones del Congreso, luego de
una fuerte ofensiva de dos años que ha limitado drásticamente la
pluralidad de voces en el universo mediático argentino.
El
gobierno macrista fue legitimado en las urnas hace menos de dos meses y
ha leído dicha legitimación como una autorización para avanzar sobre los
límites de la democracia argentina, enfrentando cualquier protesta
social con una represión abierta y creciente, dispuesta incluso a tomar
vidas, como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. El huevo de la
serpiente corroe por dentro a la democracia argentina y sólo una
respuesta rápida, masiva y contundente podrá impedir su destrucción.
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