La ciudad capitalista: un valor de uso complejo

 

 Algunos elementos para  comprendender la Ciudad

Francisco Samaniego González

Topalov, Christian. La Urbanización Capitalista, algunos elementos para su análisis, la ed. Edit. Edicol, México. 1979 (Colección diseño: ruptura y alternativas).

La Sociología Urbana, al igual que el conjunto de las Ciencias Sociales, se encuentra ante su gran disyuntiva de desarrollo: continuar desarrollándose como conocimiento tecnocrático (destinado a la planificación, cuantificación, diseño de proyectos reformistas, etc.) al servicio del Estado y de la empresa capitalistas, o bien, romper con los marcos "académicos" tradicionales para desarrollarse como un auténtico conocimiento científico (que estudie la relación causa-efecto de la problemática urbana) que esclarezca
los procesos de las luchas populares.
Christian Topalov, expone las rupturas que la "nueva sociología urbana" —como él la denomina— ha tenido que efectuar al orientarse en el camino de esa segunda alternativa, y, a partir de ello, somete a debate
"(. . .) un conjunto de proposiciones teóricas sobre la urbanización capitalista,elaboradas a partir de la experiencia europea y principalmente francesa"
1 . El texto que nos ocupa es interesante para todo tipo de investigadores sociales y fundamental para los estudiosos de la sociología urbana; tiene su origen en un curso impartido por el autor en el Centro de Estudios Económicos  y Demográficos de E l Colegio de México, durante enero-febrero de 1978. Además de utilizar los aportes del marxismo clásico, Topalov recoge las aportaciones de Patrice Grevet, Susanna Magri, y Edmond Préteceille. Desde su primera afirmación, Topalov es tajante: " L a ciudad capitalista
está en c r i s i s "
2 , dondequiera se llevan a cabo luchas populares contra los efectos de esa crisis (subempleo, pobreza, carencia de viviendas y de equipamientos colectivos, solución, opresión en todos los aspectos de la
vida cotidiana) y, en ocasiones, contra sus mismas raíces. En virtud de ello, afirma, el rechazo a la explotación indirecta en la ciudad puede coincidir con el rechazo a la explotación directa en la empresa; en el camino de esta convergencia se encuentra el propio cambio social, la marcha hacia
el socialismo.
En ese contexto —plantea— el análisis de los fenómenos urbanos haconocido una profunda renovación, con la inquietud común de vincular t e o r í a y praxis bajo un mismo m é t o d o : la utilización de los instrumentos analíticos del materialismo histórico para combatir las ideologías oficiales, paia sobrepasar lo aparencial. Tras esa advertencia, Topalov procede a explicar el desarrollo de la sociología urbana. Manifiesta que, a fines de los 60's, al iniciarse la nueva sociología urbana francesa su preocupación fundamental es: considerar la ciudad como un producto, como el resultado de un proceso de producción,
y no solamente como objeto de consumo material y simbólico; de tal modo que la sociología urbana académica dejase de ser lo que en esa época era: una psicosociología de las necesidades humanas (que se encargara de estudiar los comportamientos y actitudes de los habitantes del medio urbano), en un contexto dado de condiciones urbanas que pudiese más o menos satisfacerlas, es decir, se trataba de una  psicosociología ecológica (ocupada de estudiar el equilibrio entre el hombre de la ciudad y su medio
ambiente). Ese papel asignado a la sociología urbana académica respondía a una doble sumisión: por una parte a los requerimientos de la economía marginalista (la cual le asigna el estudio de lo residual, o sea, lo subjetivo), y, por otra parte, a las demandas del Estado francés (que la utiliza para el establecimiento de las normas de equipamiento que definen las necesidades en materia de espacio, aulas escolares, espacios verdes, de superficie de comercio por habitante, etc).
De esta "sociología de los consumos urbanos", surge una primera ruptura "(. . .) efectuada por una nueva corriente de investigadores que tratan de utilizar el materialismo histórico como método de trabajo; tratan de
partir de la producción, de estudiar la ciudad como el resultado de procesos de urbanización capitalista y no de considerarla como una realidad ya dada. A l hacerlo, es toda la c o n s t r u c c i ó n académica de la e c o n o m í a espacial y de la sociología urbana en el corte economía/sociología e investigaci ó n / p o l í t i c a que se cuestiona"
3. A este primer cuestionamiento le acompaña una segunda ruptura, referente al papel del Estado. Para las disciplinas académicas el Estado está siempre fuera del campo de análisis, constituye una "variable independiente" (concepción que es coherente con la ideología práctica de la planificación en general y de la urbana en particular); para la nueva sociología urbana el Estado no es un sujeto dotado de voluntad, sino que es un conjunto de aparatos que realizan, por un proceso cierto, por un proceso sin sujeto, el interés general de la clase dominante.
4 Concebir al Estado como clasista, implica que la política urbana no puede reducirse a una actividad
de planificación, sino que se convierte en un momento de un proceso social complejo el de las luchas de clase , donde se incluyen los movimientos sociales urbanos. La problemática de base del texto que reseñamos, tesis fundamental a desarrollar, es el reconocimiento de una contradicción: la contradicción
entre el movimiento de socialización de las fuerzas productivas y el carácter, de apropiación privada, de las relaciones sociales de producción capitalista;como lo expresa Topalov: "Esta contradicción es la fundamental, expresada en el espacio de ese modo de producción, pues va a producir históricamente formas siempre nuevas de socialización: la estatal y monopolista de la formación de los valores de uso urbano. Pero al mismo tiempo, va a reproducir límites siempre nuevos a esta socialización de las fuerzas productivas. Estos límites se expresan en las luchas de clase, así como en las crisis urbanas de las metrópolis capitalistas".
5.
Topalov plantea que la ciudad es el resultado de la división social del trabajo y es, al mismo tiempo, una forma desarrollada de la cooperación entre unidades de producción; la ciudad es una fuerza productiva (porque concentra las condiciones generales de la producción y de la circulación del capital, y de la producción de la fuerza de trabajo), razón por la cual, para el capital, es un valor de uso complejo que nace del sistema espacial, de la articulación en el espacio de valores de uso elementales. Nuestro autor define la urbanización del siguiente modo: "(. . .) la urbanización capitalista es, ante todo, una multitud de procesos privados de apropiación del espacio" 6 ; consecuentemente, por el carácter de las relaciones
de producción, es imposible garantizar la reproducción de las condiciones generales, urbanas, de producción. De allí surge la contradicción. Las condiciones generales de producción (que son la fuerza productiva nueva, específica que constituye la ciudad y, más ampliamente, el espacio capitalista), son clasificadas en dos tipos:
1. Las condiciones generales de la producción y de la circulación del
capital.
2. Las condiciones de la reproducción de la fuerza de trabajo.

1. La ciudad supone la existencia, funcionamiento, mantenimiento y expansión de un conjunto de medios de producción preconstituidos que requieren las empresas industriales (suministro de agua y de energía, medios
de transporte de las mercancías, etc.); con ello permite que el capital no se ocupe de los sectores no-rentables para él, pero que le son necesarios para el proceso de la producción.2. La ciudad es, fundamentalmente, una concentración de mano de obra disponible en las diversas calificaciones que la producción requiera; esta fuerza de trabajo se produce y se reproduce gracias a la existencia de medios de consumo socializados, así como de formación, de aculturación y encuadramiento, de transporte hacia los centros productivos, etc. "Sobre esta doble base de la reserva de mano de obra y de las infraestructuras industriales, la fuerza productiva de la ciudad es el resultado, en fin de la conexión espacial de las propias empresas industriales (. . . ) " .
7 Es de esta manera, cómo la ciudad va a posibilitar una disminución de los gastos generales de la circulación del capital y una reducción de los tiempos de circulación dentro y fuera de la producción; en efecto, la urbanización modifica no sólo las condiciones de la producción, sino también las de la circulación del capital.
Una hipótesis de trabajo —para los análisis concretos— que nos parece muy útil, es propuesta por Topalov; consiste en considerar la organización espacial como una superposición y una articulación de varios tipos de espacios de producción, cada uno de los cuales correspondería a una fase de la división capitalista del trabajo; previamente se reconoce que, evidentemente, en una sociedad concreta pueden estar presentes, al mismo tiempo, varias etapas de la división capitalista del trabajo, e incluso que puedan subsistir en ella relaciones de producción precapitalistas. Por otro lado, para Topalov la ciudad no es una mercancía similar a la materia prima, ya que ningún polo de acumulación controla la formación (prefiere denominarla formación y no producción) de los valores de uso complejo; la denomina formación en virtud de que es el resultado "de un proceso ciego y problemático". Es problemático, porque varias contradicciones se oponen a esta formación:

l o . El capital no producirá ciertos elementos necesariarios al valor de
uso complejo: los que no le sean rentables.
2o. La coordinación espacial de los elementos de valor de uso tropieza con el hecho de que cada uno de ellos es producido y circula autónomamente.
3o. El carácter no reproducible y monopolizable de los efectos útiles de la aglomeración (valores de uso complejos) va a tener como consecuencia la fijación de las sobreganancias de localización en forma de rentas. Estas rentas del suelo van a devolver al capital el reflejo de su propio movimiento, o imponer a cada capital particular los límites de la sobreganancia localizada."

Esta serie de planteamientos serán el punto de partida (las contradicciones de la urbanización capitalista) para que Topalov analice la relación entre urbanización y reproducción de la fuerza de trabajo (en torno a las
contradicciones de la fuerza de trabajo-mercancía y fundamento del sistema público de mantenimiento), las contradicciones de la socialización capitalista del consumo, y las políticas estatales de equipamientos colectivos refiriéndose concretamente al nacimiento de la vivienda pública en Francia o Inglaterra. Así como también, es punto de referencia para analizar el ciclo del capital en el sector inmobiliario, exponer un análisis histórico de los sistemas de producción de la vivienda en Francia e Inglaterra, y, finalmonte, para estudiar la formación de los precios del suelo en la ciudad capitalista (como una introducción al problema de la renta del suelo urbano.
Fuente:http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/10160/2/margen2-10.pdf

Enfoque: Pacto o estancamiento

 

 Por Claudio Scaletta

La principal explicación de la inflación para los economistas heterodoxos es la puja distributiva. Existen, por supuesto, múltiples causas concomitantes en diversos contextos, desde el derrame de precios internacionales hasta, si se quiere agregar un factor monetario –herejía–, las bajas tasas de interés. Pero la explicación principal, de fondo, es la lucha por el reparto del ingreso generado en el momento de la producción. Por eso, precisamente, el aumento generalizado de precios suele ser un fenómeno asociado al crecimiento económico. Y por eso la deflación es propia de las recesiones. Ello es así porque el crecimiento supone una mayor demanda en el mercado de trabajo, el principal factor de empoderamiento de los trabajadores, organizados o no.

Un ortodoxo sagaz preguntará inmediatamente qué pasó, por ejemplo, en 2012, cuando el crecimiento se estancó pero la inflación no. La respuesta es sencilla: los trabajadores no perdieron su poder de negociación. La puja distributiva no se detuvo. Los procesos sociales, económicos, tienen inercia; no son automáticos.

Regresando al principio, entonces, cuando la economía crece aumenta la demanda de trabajo y, por lo tanto, antes o después, suele aumentar su precio. Visto desde el empleador ello significa mayores costos, los que, por lo general, se trasladan al precio final del producto. Este es el ciclo en estado puro. En el medio ocurren fenómenos múltiples vinculados a poderes relativos, desde la capacidad de negociación de algunos gremios a la concentración de algunos mercados. Pero, de nuevo, son fenómenos acotados y concomitantes. Por ejemplo, puede haber ampliación de la tasa de ganancia vía remarcación en un momento acotado del tiempo, pero la tasa de ganancia es un promedio social, no la determina un remarcador individual ni ocurre, por mucho tiempo, sólo en un mercado particular. En consecuencia, no es la remarcación en mercados oligopólicos lo que explica la inflación, como se sostiene en algunas facultades latinoamericanas.

El mercado es un ámbito de disputa donde hay actores con distinta capacidad para imponer su voluntad. El que tiene más poder seguramente se llevará una porción mayor del ingreso, pero lo que no puede hacer vía precios es aumentar sus ingresos constantemente. Los empresarios no son los únicos responsables de la inflación. No se trata de un fenómeno de empresarios remarcadores malos, así como tampoco lo es de gremios voraces abusando de su remozado poder de negociación. No hay nada peor para el análisis económico –y esto debería repetirse hasta el infinito– que la división entre buenos y malos. Lo que hay es un mercado con diferentes actores con distinto poder, pero también un regulador, efectivo o potencial: el Estado. Cada una de estas partes cumple su función en los aumentos de precios.

Empezando por el principio. Los salarios no pueden tener aumentos reales de, por ejemplo, el 25 por ciento todos los años sin –por decirlo de alguna manera– violentar los principios que sustentan un modo de producción que no depende de un solo país. En mayor o menor medida, dependiendo del contexto macroeconómico, ese aumento será trasladado a precios y licuado total o parcialmente. Un sindicalista que diga estar preocupado por la inflación no puede, al mismo tiempo, demandar aumentos salariales del 30 por ciento en paritarias. Salvo, claro, que su objetivo sea desestabilizar el proyecto político. Abundan los ejemplos. No alcanza el argumento de recuperar lo perdido en el ciclo anterior. Niveles de aumentos de salarios por encima de su productividad durante períodos sucesivos retroalimentan el ciclo inflacionario.

En paralelo, el poder de mercado del sector empresario inducirá intentos de recuperar ingresos más allá de los aumentos nominales de salarios, avanzando incluso sobre la parte que corresponde a mejoras por productividad, tarea que se simplifica en períodos de expansión y alta inflación, dada la menor resistencia social para convalidar precios más altos.

Para evitar esta dinámica, la tarea del regulador se vuelve central. Si el Estado no interviene ni en paritarias ni en el control de precios, el proceso inflacionario seguirá naturalmente y revaluará la moneda. En determinado momento, aparecerá la alternativa de la devaluación, acción que ajustará de manera inmediata las pujas distributivas precedentes, no precisamente en favor de los asalariados. Si se insiste en no revaluar, se harán necesarias entonces las restricciones cambiarias. Cualquiera sea el caso, el proceso no puede durar para siempre.

Aunque abunden los ejemplos locales de la dinámica descripta, se trata de un fenómeno universal. Su solución no requiere originalidad. Las opciones principales son dos:

- La primera es un pacto social, o como quiera llamársele, entre los representantes de los asalariados y los empleadores para encauzar la puja entre salarios y precios. Como se trata de conciliar intereses y poderes contrapuestos, es una tarea del regulador, de la política. La actual dispersión en la representación de los trabajadores dificulta este camino. Frente a esta limitación, el Gobierno optó por el control de precios en las grandes bocas de distribución minorista. Más allá de la escasa efectividad en la gestión de estas medidas en el pasado, parece una alternativa lógica. Se trata de generar expectativas de menores aumentos para evitar desbordes desestabilizadores en las paritarias. La tarea no es sencilla, pero dentro del actual proyecto político la búsqueda, por distintos caminos, de este pacto aparece como la mejor opción. Vale insistir en que los controles de precios solos, suponiéndolos más eficientes, no alcanzan; también es necesario sentar a la mesa a los sindicatos. Otra vez aparece el problema del poder, en este caso el del Estado para disciplinar a todos los actores.

- La segunda receta también es conocida, es la que más se aplicó a lo largo de la historia económica local: el ajuste y la recesión. Mayor desempleo, caída del poder de negociación de los asalariados y fin de las presiones sobre los precios

Fuente: Suplemento Cash Pagina/12

El Estado, los gobiernos y los trabajadores

Un recuento de las medidas laborales implementadas en la Argentina durante los 90 deja al desnudo la idea de que el Estado Liberal es neutral, no interviene y son las fuerzas del mercado las encargadas de regular. El Estado interviene siempre, el tema es si favorece a muchos o a unos pocos.

Es una verdad de perogrullo que el Estado no es el gobierno, pero no es menos cierto que la administración del Estado sí la ejercen los gobiernos y, en tal sentido, las políticas que la representación estatal ejerza van a ir en la dirección ideológica de quien, en determinado momento, esté al frente de esa representación.

Hay una idea que el Estado Liberal deja librado todo o casi todo a las fuerzas del mercado y que él mismo no realiza regulaciones, sino precisamente, son la oferta y la demanda las que, en definitiva, van definiendo los designios de una sociedad que se irá nivelando asimismo, conjuntamente, con la superación individual transformada en “sana competencia”.

Ello ha traído como consecuencia errores conceptuales, como ser el Estado Liberal es “Neutral” o aquel concepto que, inclusive, se utiliza para hacerle imputaciones y que se da a conocer como la “retirada” del Estado.

Nada más lejos de ello, ni el Estado Liberal es neutral, ni se retira, por el contrario interviene e interviene fuertemente.

La experiencia Argentina demuestra a las claras y sin cortapisas esta cuestión.

Lo singular de todo ello es que la mayor regulación del estado liberal se da en dos campos fundamentales para la concepción de una sociedad y, donde paradójicamente, “dice” no intervenir.   Estos son: los campos de la economía y el trabajo (o sea en el Capital y el Trabajo).

"El ejercicio del Poder del Estado en clave liberal no se retira, ni es neutral, interviene e interviene fuertemente a favor del Capital Concentrado, Financiero y Multinacional, apuntando indirecta pero, efectivamente, contra el poder sindical y de los trabajadores."

Haciendo un somero racconto veremos que, a partir de 1989, cuando se profundiza el ideario político liberal en la práctica política argentina reciente, el Estado produjo las siguientes medidas y acciones:

• Sanción de las ley de Reforma del Estado y Emergencia Económica, estas fueron las piedras angulares de todas las privatizaciones que vinieron, posteriormente, cuyas consecuencias fueron la desnacionalización de las empresas estratégicas del Estado a manos privadas o estatales extranjeras, pero también de la expulsión de centenares de miles de trabajadores de la estructura laboral.

• Sanción de la ley 24.013 –la mal llamada Ley de Empleo– que introdujo los contratos “promocionados”, comúnmente llamados en la jerga laboral “contratos basura”.

• Dictado del Decreto 1772/91 con el que se permitía que los buques de bandera argentina dejaran el registro para optar por otros registros como los panameños y liberianos en términos de eludir toda normativa laboral según la bandera del nuevo registro.

• Dictado del Decreto 817/92 que dejo sin efectos los convenios colectivos de trabajo para la actividad marítima; portuaria y fluvial.

• Privatización del Régimen de Jubilación con el dictado de la ley 24.241.

• Privatización de los accidentes de trabajo y flexibilización de los mismos en términos de prevención y reparación con topes incumplibles mediante la ley 24.557.

• Eliminación de las normas convencionales para que las empresas que entraran en concurso preventivo.

• Desfinanciación de la Seguridad Social mediante la reducción de aportes patronales.

• Reducciones salariales, entre muchísimas otras de índole laboral.

Todas estas medidas dirigidas al mundo del trabajo fueron para flexibilizar, precarizar y degradar el empleo y maximizar las ganancias de las empresas del poder económico concentrado en un contexto donde el mercado interno se restringía y la desocupación avanzaba sin cesar año a año.
Obviamente, el poder de los trabajadores quedaba reducido, porque la capacidad de movilización colectiva era, claramente, disciplinada por las medidas enunciadas.

"Por supuesto que hay otra intervención, no neutral y a favor de los trabajadores, de los excluidos que, asimismo, recrea al movimiento obrero como parte fundamental de la política."

Como se puede avizorar el ejercicio del Poder del Estado en clave liberal no se retira, ni es neutral, interviene e interviene fuertemente a favor del Capital Concentrado, Financiero y Multinacional, apuntando indirecta pero, efectivamente, contra el poder sindical y de los trabajadores.

Por supuesto que hay otra intervención, no neutral y a favor de los trabajadores, de los excluidos que, asimismo, recrea al movimiento obrero como parte fundamental de la política.

Cuando las medidas van dirigidas a eliminar los contratos basura; a imponer aumentos por decreto para posteriormente restablecer la negociación colectiva; a incentivar el mercado interno; a incluir políticas activas para dinamizar el trabajo productivo no especulativo; a combatir –con sus más y sus menos– el trabajo ilegal; a generar leyes y programas que implican, conceptualmente, la creación de nuevos puestos de trabajo como la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual; como el programa de promoción del Software y de sustitución de importaciones; como la nacionalización de empresas estratégicas para realizar mayores inversiones o el programa de nuevas redes ferroviarias con material argentino.

Cuando ello ocurre estamos en presencia de un Estado distinto al Estado Liberal: estamos en presencia de un Estado que quiere fortalecer la capacidad productiva de un país en clave nacional, teniendo como eje principal a los trabajadores, logrando refortalecer a un movimiento obrero organizado que ha sido y es el más potente de Latinoamérica.

La visión coyuntural del sindicalismo argentino puede y, hasta inclusive debe tener diferencias, respecto de ciertas visiones del Estado puesto que defiende intereses de clases. Ahora bien, teniendo en cuenta los hechos repasados, lo que no puede tener este movimiento obrero es una diferente visión estratégica respecto de la misión del Estado. 

Fuente: Telam

Miles de usuarios fuera de juego

 Desde Grupo Sociología nos preguntamos ¿como podría llamarse esta situación? donde nos encontramos que los sujetos que deberían defender a los afectados terminan defendiendo a los que estafan, convencidos, casi con una mirada ingenua y no solo eso sino que también estan convencidos de que son perseguidos. Cuando en realidad son parte de una estafa Esto,¿se llamara anomia?¿dominación?

SEIS ACUERDOS ENTRE BANCOS Y UNA ENTIDAD DE CONSUMIDORES PRIVARON A MILLONES DE UNA REPARACION

 

Adecua firmó acuerdos con seis bancos y financieras que cerraron juicios por indemnizaciones millonarias en favor de 1,7 millón de usuarios. Los convenios terminaron librando a las empresas de pagar 367 millones y el 99 por ciento se quedó sin nada.

Por David Cufré

El consejo asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de usuarios volverá a reunirse en los próximos días para evaluar el comportamiento de Adecua, entidad que preside Sandra González. El encuentro se hará a pedido de María “Pimpi” Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor. El motivo será analizar seis acuerdos que firmó Adecua en sede judicial con bancos y financieras de primera línea, supuestamente en defensa de miles de clientes de esas empresas, a quienes les habrían cobrado de más por cargos y seguros en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con tarjetas de crédito. Los convenios, sin embargo, resultaron un fiasco para los consumidores y un desahogo para los bancos. Las entidades financieras lograron evadir el pago de indemnizaciones millonarias, estimadas en 367 millones de pesos, mientras que la inmensa mayoría de los usuarios se quedó sin recuperar un peso. El 99,1 por ciento de los afectados no cobró nada, porque en definitiva los acuerdos, que interrumpieron los juicios colectivos que había iniciado la propia Adecua contra esos bancos y financieras, les “bloquearon” el derecho a un resarcimiento. Los abogados de la asociación, pese a ello, embolsaron 15,6 millones de pesos en concepto de honorarios, pagados por los bancos.

Adecua celebró esos convenios entre 2010 y 2012 con los bancos Santander Río, Galicia, la financiera GMAC, el Banco Privado de Inversiones, la tarjeta CMR de Falabella y la Tarjeta Naranja. Como se indicó más arriba, los arreglos en sede judicial frenaron juicios colectivos en defensa de los usuarios que promovió la entidad que encabeza González.
Los montos de las reparaciones para los clientes no eran significativos en términos individuales –entre 27 y 2 mil pesos, según el caso–, pero el agregado de miles de cuentas les habría costado a los bancos cifras muy elevadas. En la investigación sobre Adecua que lleva adelante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor hay estimaciones sobre el punto. El Santander Río se ahorró de pagar alrededor de 131 millones de pesos, el Banco Galicia, 81 millones; la financiera GMAC, 73 millones; el Banco Privado de Inversiones, 65 millones; la tarjeta CMR de Falabella, 16 millones; y la Tarjeta Naranja, una cifra que aún no está determinada. El monto salvado por los bancos ascendió a 367 millones de pesos. Los usuarios recuperaron apenas 1,7 millón de ese total, el 0,5 por ciento, pero los abogados de Adecua cobraron en concepto de honorarios 15,6 millones de pesos, abonados por quienes antes eran los sujetos de las demandas. Esta última información surge de las respuestas que cinco de los seis bancos y financieras entregaron a la subsecretaría en el expediente que abrió para evaluar el desempeño de la asociación.
Sobre un universo de 1.736.499 clientes afectados en cinco de las entidades involucradas –Tarjeta Naranja aún no precisó el número de clientes potenciales que habrían tenido derecho a una reparación–, lograron que les devolvieran lo que les habían cobrado de más apenas 15.672, el 0,9 por ciento. Ese es el punto más vulnerable de Adecua, no en términos legales sino de comportamiento ético, según las razones que expondrá el gobierno para convocar otra vez al comité correspondiente.
La asociación de consumidores usa como escudo frente a eventuales reclamos judiciales el hecho de que los acuerdos que firmó con los bancos fueron homologados por un juez. Sería una defensa sólida, al menos en principio. Sin embargo, a Adecua le cuesta más explicar por qué no se ajustó a la misma Ley de Defensa del Consumidor que invocó para iniciar las causas. Allí dice taxativamente que, frente a demandas colectivas, todos los clientes tienen que recuperar el dinero que les cobraron de modo irregular con el mismo mecanismo que se usó cuando se efectuó el pago. Es decir, si fue un débito de la caja de ahorro –como ocurrió en la casi totalidad de los casos–, debió haber sido un crédito automático en la misma cuenta sin necesidad de que el usuario tuviera que someterse a ningún trámite. Esa es la razón de ser de los juicios colectivos: facilitar el cobro de indemnizaciones por montos bajos que de otro modo difícilmente serían recuperados, y evitar situaciones de abuso de las empresas, según coinciden especialistas en la materia y la mayoría de las asociaciones de consumidores.

Antecedentes

La investigación oficial comenzó en mayo del año pasado –Página/12 dio cuenta de ella por primera vez en diciembre–, a partir de la denuncia de una clienta del banco Santander Río ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, quien se consideró estafada por el acuerdo de Adecua con la entidad financiera. Ella había tomado un crédito prendario a 60 cuotas. Cuando recibió el resumen de la cuota 52, descubrió que el ítem “gestión de contratación y cobertura de seguro” había bajado a 8,3 pesos, desde los 42,3 pesos que le cobraban hasta entonces. Consultó con el banco y le dijeron que el cargo había sido mal aplicado todo ese tiempo, y que de allí en más el “error” sería subsanado. La usuaria exigió que le devolvieran lo que le habían cobrado de más a lo largo de cuatro años y tres meses, con los intereses correspondientes. La cuenta daba unos dos mil pesos. Pero el banco le respondió que había perdido la oportunidad de reclamar el dinero, porque había vencido el plazo del acuerdo que firmó con Adecua para resarcir a los damnificados. La clienta no había tenido hasta entonces ninguna información sobre la existencia del arreglo.
Como se explicó al comienzo, la Ley de Defensa del Consumidor consagró el derecho de las asociaciones de usuarios a litigar ante la Justicia en representación de todos los clientes de una empresa. Esas acciones colectivas buscan evitar que cada uno tenga que iniciar una causa por montos que por lo general son bajos. Por ejemplo, la indemnización tras un corte de electricidad extendido o, como en los casos bajo análisis, cargos y seguros mal cobrados por los bancos. El juicio colectivo tiene la virtud de poner a usuarios y a empresas en igualdad de condiciones. Adecua se amparó en esa ley para iniciar las seis causas contra el Santander Río, Galicia, Falabella, el Banco Privado de Inversiones, la financiera GMAC (hoy GPAT) y la Tarjeta Naranja.
La causa contra el Santander Río marchaba a buen paso hasta que en esa instancia avanzada hubo un acuerdo entre el banco y la asociación de consumidores. La empresa aceptó bajar los montos que venía cobrando de seguros y comisiones, y reintegrar el dinero mal facturado, pero sólo con un retroactivo de tres años, cuando la demanda original era por diez. De todos modos, el punto más polémico no es ése sino el que sigue: la entidad financiera pactó con Adecua que sólo cobrarían el dinero los clientes que fueran a reclamarlo a sus sucursales, para lo cual se fijó un plazo de sesenta días corridos. La información del convenio se publicó en dos pequeños edictos en diarios de tirada nacional. Muy pocos se enteraron. Casi nadie. El Santander Río admitió que había 615.500 personas en condiciones de pedir reintegros. Sin embargo, sólo se presentaron 109, el 0,017 por ciento. Cobraron un promedio de 214 pesos cada uno. Es decir, el banco desembolsó apenas 23.328 pesos, sobre una proyección de 131,7 millones que hubieran correspondido para atender a todos los clientes, como marca la ley y el sentido común.
El acuerdo también estableció el monto de los honorarios para los abogados de Adecua: se pactaron cinco millones de pesos, que fueron cubiertos por el Santander Río, según reconoció el banco ante la dependencia que encabeza Pimpi Colombo. En conclusión, sólo 109 clientes pudieron recuperar 23 mil pesos, 615.391 no cobraron nada, los abogados de Adecua embolsaron 5 millones y el Santander Río se “ahorró” 131,7 millones. Esa dinámica es la que Defensa del Consumidor puso bajo análisis, y que será evaluada por el consejo asesor que integran unas 25 asociaciones de consumidores en los próximos días (ver aparte).

Los otros casos

Los acuerdos con los otros bancos y entidades financieras siguen la misma lógica, con resultados calcados. También son por cargos y seguros mal aplicados, y los convenios restringieron a entre 60 y 90 días el plazo para reclamar una reparación, siempre con el mecanismo de la difusión de los arreglos a través de pequeños avisos en dos diarios nacionales, que una minoría muy acotada pudo registrar.
El juicio colectivo contra el Galicia que terminó en un arreglo antes de llegar a la sentencia involucraba a un millón de usuarios. Sin embargo, hicieron el trámite exigido por el convenio apenas 6098 personas, que fueron quienes se enteraron de la existencia del arreglo. Sólo el 0,6 por ciento del total de afectados. Recibieron como indemnización un promedio de 81,27 pesos cada uno, lo que amasó un global de 495 mil pesos. Si la reparación se hubiese efectuado de manera automática, el Galicia habría gastado 81 millones de pesos. Los abogados de Adecua cobraron en este caso 5.657.390 pesos en honorarios, pagados por el Galicia, según precisó el banco.
Según indicaron a este diario desde otras asociaciones, es usual que en juicios colectivos los honorarios los asuma la empresa acusada, dado que la entidad tiene como clientes a miles de consumidores damnificados. Y el monto de los honorarios se fija en proporción a la magnitud de la demanda. Lo que no es usual en ningún caso es que cobren los abogados de la asociación y los usuarios, en abrumadora mayoría, no reciban nada.
El acuerdo con la financiera GMAC limitó a 533 personas el número de quienes obtuvieron una indemnización, sobre un total de 42.566. El monto promedio de las devoluciones fue de 1700 pesos, y la financiera gastó en total 915 mil pesos. Pero si hubieran cobrado todos, el gasto habría escalado a 73 millones de pesos. Este juicio colectivo que terminó en un arreglo homologado por un juez fue encarado por Adecua y Cruzada Cívica. Sus abogados percibieron honorarios por 3.569.100 pesos.
El acuerdo de Adecua con el Banco Privado de Inversiones batió records. Sobre 135 mil usuarios afectados sólo hicieron el trámite para recuperar el dinero 27 personas. Obtuvieron 483 pesos en promedio cada uno. Con reparaciones por esos montos, el BPI tendría que haber desembolsado 65 millones de pesos, de no existir el arreglo con la asociación de consumidores, en caso de un fallo adverso.
Falabella aceptó devolver a los clientes de su tarjeta CMR el dinero cobrado de más. Tuvo 8905 reclamos, sobre un total de 569.836 que estaban en condiciones de pasar por ventanilla. La empresa reintegró 250 mil pesos, sobre 16 millones que hubieran correspondido si el acuerdo con Adecua no hubiera sido tan opaco. Falabella no precisó si pagó o no honorarios a los abogados de la asociación de consumidores.
Por último, la Tarjeta Naranja no informó la cantidad de clientes potenciales, pero admitió que sólo hizo devoluciones a 75 personas. También precisó que pagó a los abogados de Adecua honorarios por 784.525 pesos.
En conclusión, los seis acuerdos alcanzaban –por lo menos– a 1.736.499 usuarios, de los cuales pudieron acceder a una reparación 15.672, por un total de 1.705.822 pesos. Las entidades financieras tendrían que haber desembolsado 367.414.124 pesos para cumplir con todos de manera automática, pero los convenios con Adecua y alguna otra asociación los salvaron de esa situación. Los abogados de Adecua, a su vez, cobraron –al menos– 15.613.305 pesos de honorarios.

 

LA RESPUESTA DE ADECUA A LA INVESTIGACION OFICIAL

“Es una persecución”

Sandra González, titular de Adecua, y Osvaldo Riopedre, abogado de la entidad, remarcan que los convenios fueron legales y acusan al secretario Guillermo Moreno de montar una campaña.

Por David Cufré

“Esto es una persecución. Los acuerdos son legales, tuvieron la intervención de un fiscal y de un juez y permitieron que los usuarios dejaran de pagar de más por seguros y comisiones”, aseguró Sandra González, titular de Adecua, en diálogo con Página/12. La persecución, según sus palabras, sería del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con quien mantuvo un duro cruce en septiembre del año pasado en una audiencia del consejo asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de consumidores, en ese caso para evaluar el desempeño de Consumidores Libres, que comanda el ex diputado Héctor Polino.

Osvaldo Riopedre, mano derecha de González y abogado de Adecua, siguió la misma línea de razonamiento ante la consulta de este diario. Sostuvo que existe una intención de Moreno de expulsar a Adecua del registro nacional de entidades o de quitarle el permiso para operar como tal. Y defendió lo actuado por Adecua en los seis acuerdos con bancos y entidades financieras. “Lo primero que hay que aclarar es que Adecua no le pagó a los abogados, sino que lo hicieron las empresas demandadas, como es costumbre. Los montos de esos pagos están en relación con las causas”, indicó. “El resultado que se perseguía con los acuerdos era que los bancos dejaran de cobrar lo que venían cobrando de más. También que se les restituyera a los clientes ese dinero, con tres años de retroactivos. Lo importante es que a partir de estos convenios la gente pasó a pagar lo que corresponde”, indicó.
–¿Por qué Adecua aceptó que la devolución del dinero cobrado de más se hiciera en un plazo acotado de 60 días, en lugar de pedir que la reparación se efectuara de manera automática, como marca la ley? –preguntó Página/12.
González respondió: “Un acuerdo es una negociación. Los convenios involucraban mucha plata que los bancos estaban cobrando de manera indebida, y lo importante es que gracias a ellos ahora los bancos cobran lo que corresponde”.
En este punto, la mayoría de las asociaciones de usuarios consideran que los acuerdos son una herramienta valiosa, pero a condición de que la solución sea universal. También plantean que no pueden ser un salvoconducto para que bancos o empresas se libren de pagar indemnizaciones millonarias (ver aparte).
González advirtió que Adecua asumió la defensa de los consumidores que debió haber encarado el Estado antes que nadie. “El secretario de Comercio, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, el Banco Central y la Superintendencia de Seguros de la Nación estaban al tanto de estos juicios. No fue nada oculto. Es más, a partir de las acciones que encaró Adecua, la Superintendencia de Seguros dictó una resolución para ajustar los montos de los ‘seguros de vida saldo deudor’”, retrucó.
Riopedre agregó que los acuerdos no niegan la posibilidad de que los usuarios afectados inicien por su cuenta un juicio contra los bancos y financieras para exigir la devolución de lo que estuvo mal cobrado. Admitió que difícilmente consigan un abogado que los represente por montos tan bajos, pero insistió en que Adecua no hizo nada ilegal ni que coarte la libertad de los consumidores para hacer su propio reclamo. Lo que no pueden, aclaró, es exigir que se cumplan los mismos términos que el convenio de Adecua, porque los plazos están vencidos.
González y Riopedre también remarcaron que la mayoría de las asociaciones de consumidores llegan a acuerdos con las empresas demandadas, ya que lo que se busca es acelerar los tiempos. Por último, consideraron que el secretario de Comercio “persigue” a Adecua y le apuntaron al consejo asesor sobre la ética de las entidades. Dijeron que es poco representativo, que está conformado fuera de la ley y que lo integran entidades alineadas con Moreno.

Fuente: Página/12

La unidad latinoamericana en el ideario forjista

Por Juan Godoy*

         

          La Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) nació en plena década infame como una escisión al interior del radicalismo claudicante (“alvearizado”), específicamente el 29 de junio de 1935. Iba a desarrollar su actividad política por poco más de diez años, desintegrándose a menos de dos meses del 17 de octubre de 1945, y como resultado de éste (entre otras cuestiones). En las siguientes líneas, como lo enuncia nuestro título, indagaremos en la noción de la unidad latinoamericana en el ideario de FORJA.

          Así, desde antes del la surgimiento de FORJA iba a quedar en clara su posición a favor del rebasamiento de las fronteras nacionales, de las “patrias chicas” para restablecer una unidad más amplia, perdida luego del proceso de balcanización que siguió a las luchas emancipadoras. Establece Jorge Abelardo Ramos al respecto que “somos un país porque no pudimos integrar una nación, y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos, aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá”.[1]

          Decíamos desde antes de su fundación, pues en el Manifiesto de los Radicales Fuertes, antecedente directo de FORJA, que al mismo tiempo es heredera de la Reforma Universitaria del ’18, antes que se desvirtúe, argumentaba que era necesario “promover la reconquista de la soberanía política (y la económica) de la Nación Argentina y de todas las naciones Latinoamericanas por la anulación absoluta de todas las facultades dadas o reconocidas a todas las instituciones educacionales que no se inspiren en los principios de la Revolución Americana (…) establecer nuevas instituciones, basadas en la colaboración continental y en la seguridad económica y cultural de todos y cada uno de los habitantes”.[2] El cambio que piden los forjistas es radical, hablan de cambiar las instituciones, entre otras las universidades, para que respondan a los intereses de los pueblos latinoamericanos. Estas nuevas instituciones deben ser nuestroamericanas, de cooperación mutua, de complementariedad de sus economías, de modo de asegurar la defensa y el bienestar de las mayorías populares. Latinoamérica en la concepción forjista, no tiene voz, es una impostura de lo europeo, hay que generar entonces el marco para que pueda “gritar” su liberación. No podemos hoy dejar de pensar en los nuevos organismos latinoamericanos, desde la renovación del MERCOSUR, pasando por la UNASUR, el ALBA, y la más reciente CELAC. FORJA rechaza como a estas “nuevas instituciones” el panamericanismo y el monroísmo, como veremos más adelante.

En la declaración inicial como agrupación del mismo día de su fundación, los muchachos de FORJA manifiestan que “el proceso histórico Argentino en particular y Latinoamericano en general, revelan la existencia de una lucha permanente del pueblo en procura de su Soberanía Popular, para la realización de los fines emancipadores de la Revolución Americana, contra las oligarquías como agentes de los imperialismos en su penetración económica, política y cultural, que se oponen al total cumplimiento de los destinos de América”.[3] De esta forma, ponen de relevancia que la lucha por la liberación nacional está integrada a la lucha por la liberación latinoamericana. La emancipación de Nuestra América tiene la misma oposición del imperialismo, y de las oligarquías que son cómplices y beneficiarias del saqueo y la expoliación de nuestros pueblos. La idea de la soberanía popular, que tiene su tradición en la lucha del yrigoyenismo por el voto universal, secreto y obligatorio, encuentra en FORJA una profundización, pues no es la lucha meramente por el voto, sino que va más allá, se relaciona con la lucha porque sea el pueblo quien dirija los destinos de la nación. En el forjismo la nación es el pueblo.

Se trata de hundirse en la historia de las naciones, buscar lazos comunes, tradiciones compartidas, continuidades y rupturas en las luchas, etc. En relación a esta búsqueda los forjistas realizan aportes historiográficos de relevancia, y comienzan a delinear un revisionismo histórico particular, en tanto que éste adquiría (a diferencia del desarrollado por el nacionalismo oligárquico) un contenido popular, anti-imperialista y profundamente latinoamericano[4]. En esta línea los forjistas analizarán y darán a conocer a través de publicaciones, folletos, conferencias, etc., varios aspectos de la historia argentina y latinoamericana, entre los cuales nos interesa aquí algunos cómo ejemplo de la concepción de unión latinoamericana.

Observamos entonces, dos conferencias en las que el forjista Scalabrini Ortíz[5] aborda la cuestión en relación al proceso de balcanización que hiciéramos referencia al comienzo. En ésta Scalabrini da cuenta de la segregación de Bolivia, y la liga a la política porteñista de Rivadavia, y a la influencia (¡cuando no!) de la diplomacia británica. Revela en la misma la fragmentación de nuestro continente, la frustración del “sueño” de la unidad de los libertadores, cómo de una Gran Nación pasó a dividirse en veinte países, que a decir de Methol Ferré: “todos son vecinos de espaldas, hermanos extraños, que se “desarrollan” hacia fuera. Divididos y enajenados”.[6] Acerca de la creación del estado tapón uruguayo Scalabrini dirá que la diplomacia británica “va a trabajar en la fundación de un pequeño estado que por su pobreza de recursos estará forzosamente supeditado y que le servirá de base para someter a las más poderosas Provincias Unidas del Río de la Plata”[7]

Esta diplomacia aparece en la pluma del autor de “Política Británica en el Río de la Plata”, como la “punta de lanza” de la injerencia del imperialismo, la cual se manifiesta a través de intrigas, corrupción, soborno, etc., a partir del fracaso de la colonización por las armas, así “más influencia y territorios conquistó Inglaterra con su diplomacia que con sus tropas o sus flotas. Nosotros mismos, argentinos, somos un ejemplo irrefutable y doloroso. Supimos rechazar sus regimientos invasores, pero no supimos resistir a la penetración económica y a su disgregación diplomática”.[8]

El nacionalismo en FORJA es, pues un nacionalismo latinoamericano y popular. La unidad latinoamericana se justifica por la historia común, porque son los mismos problemas que atañen a los países del continente, por los profundos lazos culturales, tradiciones compartidas, por necesidad proyectual, porque el imperialismo nos trata como una unidad, para enfrentar a este último, etc. La unidad en tanto lucha contra el imperialismo y la oligarquía por la liberación de los pueblos, pues como entidades separadas no es posible liberarse de la opresión. De esta forma, en uno de los cuadernos de FORJA, “plantándose” también contra los factores disgregadores, establecen: “sostenemos la necesidad de instaurar la unión efectiva de las naciones de América para realizar los actos fundamentales de su emancipación, imposible mientras perdure la desarticulación a que han sido conducidas por la influencia continua de los factores antiamericanos que rigen su política, su escuela, su milicia, su vida religiosa, su comercio y su prensa”[9]. La lucha debe ser conjunta, pues “olvidar el problema de los otros es traicionar su propio problema, porque la expoliación sube como una gangrena por el cuerpo americano”.[10]

Decíamos anteriormente, y con esta reflexión terminamos, que FORJA se alejaba de la Doctrina Monroe, del “América para los americanos” (que más bien era “América para los norteamericanos”), del panamericanismo. Ya no se necesitan tutores, nosotros debemos ser artífices de nuestros propios caminos para la liberación. De esta forma, en el periódico forjista Argentinidad sostienen al respecto que “no basta con no aceptar la política del panamericanismo. Debemos luchar por la organización de los pueblos oprimidos de América para su liberación y defensa (…) luchamos por la unidad emancipatoria de la América oprimida”[11]

* El autor es Sociólogo, Universidad de Buenos Aires (UBA) y Profesor de Sociología, Universidad de Buenos Aires (UBA). Becario Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

---

[1] Ramos, Jorge Abelardo. (1986). Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Las masas y las lanzas. Tomo I. Buenos Aires: Hyspamérica, página 15.

[2] Manifiesto de los Radicales Fuertes. Citado en Scenna, Miguel Ángel. (1983). FORJA. Una aventura argentina (de Yrigoyen a Perón). Buenos Aires: Editorial de Belgrano, páginas 50-51.

[3] Declaración aprobada en la Asamblea Constituyente del 29 de junio de 1935. Citado en Jauretche, Arturo. (1976). Forja y la década infame. Con un apéndice de manifiestos, declaraciones y textos volantes. Buenos Aires: Peña Lillo, página 87. Dejamos en claro que cuando los forjistas hablen de América, están excluyendo a Estados Unidos y Canadá. Así Dellepiane argumenta al respecto que: “creo necesario insistir en que, para nosotros, América comienza en la frontera norte de México. Denunciamos la designación intencionada de América, comprendiendo sólo a los Estados Unidos de Norteamérica, como una táctica del imperialismo frente a la conducta de nuestra América. ¡Nuestra América!”. Cuaderno de FORJA Nº 9.En Jaramillo, Ana (Comp.). (2012). Cuadernos de FORJA. Buenos Aires: Ediciones de la UNLA/Colección Pensamiento Nacional, página 354.

[4] Galasso, Norberto. (2011). Historia de la Argentina. Desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner. Buenos Aires: Colihue.

[5] Galasso, Norberto. (2008). Vida de Scalabrini Ortíz. Buenos Aires: Colihue.

[6] Methol Ferré, Alberto. Geopolítica de la Cuenca del Plata. El Uruguay como problema. Buenos Aires: Peña Lillo, página 41

[7] Scalabrini Ortíz, Raúl. (2001).  Política Británica en el Río de La Plata. Buenos Aires: Plus Ultra, página 92.

[8] Scalabrini Ortíz, Raúl. (2001).  Política Británica en el Río de La Plata. Buenos Aires: Plus Ultra, página 43.

[9] Cuaderno de FORJA Nº 10-11-12 (publicados conjuntamente en la edición original).En Jaramillo, Ana (Comp.). (2012). Cuadernos de FORJA. Buenos Aires: Ediciones de la UNLA/Colección Pensamiento Nacional, página 381.

[10] Cuaderno de FORJA Nº 1.En Jaramillo, Ana (Comp.). (2012). Cuadernos de FORJA. Buenos Aires: Ediciones de la UNLA/Colección Pensamiento Nacional, página 31.

[11] Artículo en Argentinidad. Citado en Scenna, Miguel. (1983). Op. Cit., página 249.

Bibliografía

§        Cuadernos de Fuerza de orientación radical de la joven argentina (FORJA). Re-edición facsimilar. Jaramillo, Ana (Comp.). (2012). Cuadernos de FORJA. Buenos Aires: Ediciones de la UNLA/Colección Pensamiento Nacional.

§        Declaración aprobada en la Asamblea Constituyente del 29 de junio de 1935. Reproducido en Jauretche, Arturo. (1976). Forja y la década infame. Con un apéndice de manifiestos, declaraciones y textos volantes. Buenos Aires: Peña Lillo.

§        Galasso, Norberto. (2008). Vida de Scalabrini Ortíz. Buenos Aires: Colihue.

§        Galasso, Norberto. (2011). Historia de la Argentina. Desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner. Buenos Aires: Colihue.

§        Jauretche, Arturo. (1976). Forja y la década infame. Con un apéndice de manifiestos, declaraciones y textos volantes. Buenos Aires: Peña Lillo.

§        Manifiesto de los Radicales Fuertes. Reproducido en Scenna, Miguel Ángel. (1983). FORJA. Una aventura argentina (de Yrigoyen a Perón). Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

§        Methol Ferré, Alberto. Geopolítica de la Cuenca del Plata. El Uruguay como problema. Buenos Aires: Peña Lillo.

§        Ramos, Jorge Abelardo. (1986). Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Las masas y las lanzas. Tomo I. Buenos Aires: Hyspamérica.

§        Scalabrini Ortíz, Raúl. (2001).  Política Británica en el Río de La Plata. Buenos Aires: Plus Ultra.

§        Scenna, Miguel Ángel. (1983). FORJA. Una aventura argentina (de Yrigoyen a Perón). Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

Lo apodan “la Justicia”

Democratización, una consigna que pateó el avispero. El poder más elitista del Estado. Los que piensan que eso es un mérito y algunas ideas para mejorarlo. La familia judicial, habría que agrandar la mesa. Cuestiones de competencia. Horarios y vacaciones, jueces trabajando. Se abrió el debate en un poder poco afecto a la visibilidad.

Por Mario Wainfeld

Al Poder Judicial lo apodan “la Justicia”. Es un uso extendido, casi unánime. El cronista libra una cruzada poco exitosa contra esa sinonimia, propone llamarlo por su nombre, no más. La justicia es un anhelo, una plenitud que las instituciones no logran. La actuación del Poder Judicial, si se la mira bien, no la consigue casi nunca. Y casi no hay que reprocharlo. Su finalidad esencial es restaurar equilibrios supuestamente quebrados. Se orienta prioritariamente a dar certezas, fijar las relaciones, que a aspiraciones más profundas y, ay, más difíciles. Por eso la prescripción que cristaliza un derecho o la impunidad por el mero transcurso del tiempo. Por eso la innumerable cantidad de casos que se resuelven por formalidades. Una apelación presentada un rato después de la hora prevista (o en otro juzgado, por error material) es un mejor camino a la derrota absoluta que la falta de derechos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a “democratizar” el Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, con perdón de la sigla): pateó un avispero. El oficialismo suele obrar así, acomete respecto de poderes cristalizados, intocables o poco tocados. Genera un revuelo descomunal, desata polémicas, batallas culturales. El fallecido ex presidente Néstor Kirchner preguntó “¿qué te pasa Clarín? ¿estás nerviosho?”. Y miren todo lo que sobrevino.

Las revueltas que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran implementaciones perfectas, pueden derrapar a desmesuras, casi siempre son respuesta a necesidades políticas tácticas. Como sucedió con la ley de medios, siembran en terrenos ya arados o en polémicas ya construidas. La diferencia, nada menor, es que quien se pone al frente es un gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.

La convocatoria es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos, desafía a los sectores implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en estos días. Organizaciones de magistrados se arrogaron la representación de todos sus pares y se rasgaron las vestiduras. Muchos de sus colegas reaccionaron contra la movida unanimista, instada por varios integrantes de la Corte Suprema que tiraron la piedra y escondieron la mano. Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se reconocían en sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se reunirán en la Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión contra una cultura del silencio.

- - -

Tropa de elite: Hablamos del único poder del Estado cuyos integrantes son, en principio, vitalicios y no surgen del voto popular. A los jueces se los moteja de “Su Señoría”, un vocablo nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año XIII) chocante a cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del Estado más aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del principio constitucional de intangibilidad de sus salarios.

El elitismo deriva de la propia conformación de la magistratura: sólo la componen abogados. Es una obviedad, dirá usted, por las tareas que desempeñan. Así es, pero el sesgo del elenco judicial no debe pensarse como una virtud o como un rasgo neutral sino como un lastre. Fuerza a tratar de compensar su elitismo y sectarismo, digamos congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los legisladores del Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo tocante a diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.

El cronista se adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio copernicano, “a la boliviana”. Apenas señala un escollo para que un poder público propenda a la diversidad y atenúe su elitismo.

En un trabajo profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?” http://www.sistemas judiciales.org.), el jurista Alberto Binder clava una pica en Flandes. “El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes, gobernadores, intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial Stella Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de prestar “un servicio público digno a la gente”. La mayoría de magistrados y funcionarios no presta atención a los litigantes. Muchos no los ven jamás o casi nunca. La cultura judicial es “leerse” en las valoraciones de sus pares, de los académicos, de los abogados como mucho.

- - -

Lo importante es la familia: La expresión “familia judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con lealtades firmes más allá de lo funcional y a un poder donde las presencias familiares se reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos. Stella Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de los tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia prevaleciente es tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense, en las que se forman jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a un título de grado, serían un buen “semillero” de oxigenación. Más concursos en rangos bajos, una herramienta posible, aunque la entorpece la significativa cantidad de personal contratado que revista en los tribunales federales o nacionales. Los concursos para secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos por la aciaga Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida. Abrir, ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.

- - -

Hablo para que no me entiendas: La jerga forense es otro factor elitista. Está plagada de expresiones ajenas al lenguaje común, poco atentas a la perspectiva del receptor. Otra característica antidemocrática y aun antipopular.

Binder da en la tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de sentencias”: “información irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula, preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante demasiado extendida”. Frente al problema detecta “poco entrenamiento y preocupación”.

A diferencia de legisladores, gobernadores, ministros o presidentes los jueces no dependen para progresar en su carrera, o para mantenerse, de que el judiciable los entienda y les crea.

La notificación judicial de casi cualquier acto es incomprensible aun para una persona con buena formación intelectual que no sea abogado. Una citación no se entiende, un mandato necesita ser traducido al castellano. A nadie se le ocurre predicar que, cuanto menos, en las comunicaciones a las partes se combinen el vocabulario formal con otro inteligible para el vulgo. Toda una señal.

- - -

Cuestiones de (in)competencia: Lo críptico, lo cifrado es un atributo del poder autoritario. Vale también para las reglas de la competencia de los Tribunales. Materia abstrusa que proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear los trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que el fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas minucias, agrava las dificultades. El argumento-pretexto es la gran especialización de los magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre el afán de prestar decorosamente un servicio público. La competencia es muy restrictiva, detallista, restrictiva.

Pero en chocante contrapartida, existe otra institución aun más incomprensible para cualquier lego. Es el “control difuso” que consiste en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley.

Usted, imagino, supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia constitucional de su Cámara Superior o de la misma Corte si han fijado un criterio. Usted piensa con lógica, vade retro: se equivoca. Aunque haya jurisprudencia en contrario, aun en la cúspide del PJ, cualquier juez puede decretar una inconstitucionalidad.

El mecanismo es ensalzado como prueba de autonomía cuando es anárquico, tiende a debilitar a otro estamento del Estado. Edifica una jerarquía “de facto” que nada tiene que ver con la afamada división de poderes. Y genera incerteza, por no decir inseguridad jurídica...

Una solución que (horror) simplificaría sería crear un método por el cual un tribunal constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que pueda declarar inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo sucesivo, que esa ley se ejecutara. Sería una solución imperativa para el resto de los tribunales y para los otros poderes. Julio Maier es un destacado jurista, eminencia en Derecho Procesal Penal, docente universitario, ex juez. Afirma que esa solución es viable y no requiere reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia cree que ese cambio solo podría provenir de una reforma constitucional.

- - -

Cautelar fácil: Caso Clarín mediante, los abusos de medidas cautelares están de moda, también el debate respectivo. La explicación será entonces breve. Un mecanismo de protección se transforma en un sustituto perverso de la sentencia.

Las prisiones preventivas son uno de los abusos más repetidos y más preocupantes de las cautelares. Acá hay que distribuir responsabilidades: “la tribuna”, muchos periodistas, funcionarios y dirigentes políticos claman por detenciones durante el proceso, que deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El saldo de una prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un juez no debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.

- - -

La cultura del trabajo: Un servicio público que, en lo primordial, cierra durante un mes y medio al año es algo chocante... fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un mes y medio de “feria” combina privilegio sectorial con perjuicio a los ciudadanos. Acentúa la prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en invierno.

Según las normas vigentes, el horario de los jueces y secretarios federales y nacionales se extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas semanales durante diez meses y medio es una carga modesta, para gente que hoy día cobra muy buenos sueldos y jubilaciones muy superiores aun respecto de quienes tengan similares ingresos.

Desde luego, es un milagro encontrar a un juez a la hora de iniciación. Más de una vez, organizaciones de abogados hicieron recorridas tempranas que resultaron desoladoras: ausentismo casi perfecto.

Los magistrados afirman que es ocioso llegar tan temprano, que laboran mucho y mejor fuera de hora, amén de llevar trabajo a sus casas. Hay numerosos casos en que es así, hay otros que no. El control sistémico es cero.

- - -

Sean eternos (solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.

La cantidad de jueces puede ser parte de los motivos. La demora en la cobertura de juzgados vacantes (que pesa básicamente sobre el Ejecutivo) también.

Otro núcleo son los códigos procesales. La abrumadora predominancia de lo escrito y del papeleo vicioso. La proliferación de instancias. La existencia de códigos procesales diferentes en surtidas provincias no es el nudo del problema, aunque también lo acentúa.

Y los desempeños de los magistrados quizá sea la principal. Que dos juzgados del mismo lugar y de similar competencia produzcan resultados muy diferentes en calidad de la atención al público, duración de los expedientes y calidad de las sentencia comprueba que los factores personales pesan mucho.

Los plazos para el dictado de sentencias de primera instancia y de Cámara están fijados por ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica jerárquica: no hay tribunal superior que pueda sancionarla. Pero sería un gesto de autoridad y ejemplaridad que la Corte se autorregulara y se los impusiera.

- - -

Y mucho más: Esta nota, que queda corta en temas a abordar, deja entre paréntesis aspectos que sólo podrían corregirse mediante reforma constitucional. No es un punto de vista valorativo sino un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían comenzarse a trabajar.

No habla, tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a satisfacción de nadie.

No se centra en responsabilidades o carencias de otros poderes. No porque no existan sino porque han sido y serán objeto de otros artículos. También hay que señalar otra diferencia. Los integrantes de los poderes políticos son cuestionados y puestos bajo la lupa por sus propios pares. Los dirigentes de distintos partidos señalan sin piedad las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se da todos los días. Es una consecuencia de la competencia democrática, inaplicada en un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.

Ya que de cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las leyes, en los códigos de procedimientos, en los mecanismos de control, en perforar el secretismo judicial. Pero nada cambiará si los magistrados no hacen introspección, se bajan del pedestal, elaboran un mínimo inventario de los beneficios y exenciones especiales de que gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su cerrazón, la escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad sino como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.

Democratizar la democracia siempre es imperioso, en todos los ámbitos. A más oscuridad, a más sectarismo, a menos intervención popular es mayor la necesidad. Con amplio debate público, dentro de la ley, con afán de cambio y oxigenación.

Fuente: Página/12